Enriquecimiento sin precedentes en la Casa Blanca
Por Eric Petry
Desde que volvió al poder, el presidente Trump ha agregado unos $3,000 millones de dólares a su patrimonio neto. Dos tercios de ese aumento provino del incremento astronómico que gozaron sus negocios de criptomonedas, mientras que otros cientos de millones fueron generados tras la reaparición de contratos inmobiliarios internacionales con la marca Trump.
La magnitud de este lucro y la forma en que Trump ha monetizado la Casa Blanca para generar ganancias no tienen precedentes. Muy pocas, o quizá ninguna, de sus complicaciones financieras son técnicamente ilegales, porque el presidente —al igual que los miembros del Congreso y la Corte Suprema— está exento de cumplir las reglas de ética que sí rigen sobre la mayoría de los otros funcionarios del gobierno federal.
Pero, al borrar la distinción entre su cargo público y sus negocios privados y fusionar sistemáticamente su lucro personal con las políticas oficiales, Trump se ha enriquecido a tal nivel que opaca y supera con creces hasta los escándalos más infames de la historia de los Estados Unidos.
Nada ejemplifica mejor las íntimas relaciones entre la presidencia de Trump y sus negociados que la corporación de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, que les ha generado a los Trump una ganancia de aproximadamente $1,000 millones desde su creación, poco tiempo antes de que el presidente asumiera el poder por segunda vez.
Las relaciones de World Liberty con gobiernos extranjeros plantean importantes interrogantes sobre quiénes influyen en las principales políticas exteriores y decisiones de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Por ejemplo, poco antes de la segunda inauguración de Trump, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, compró el 49 por ciento de las acciones de la compañía por $500 millones, lo cual le dio a la familia Trump una ganancia aproximada de $187 millones y otros $31 millones de lucro para las entidades afiliadas al enviado especial de Trump en Medio Oriente, Steve Witkoff.
En mayo, un fondo de inversión, respaldado por el gobierno de los Emiratos Árabes, aceptó usar la criptomoneda estable de World Liberty, USD1, para financiar una inversión de $2,000 millones en la megacompañía de criptomonedas Binance, un negocio que podría generarle a World Liberty una ganancia de hasta $80 millones por año en intereses.
A las dos semanas, la Casa Blanca anunció un acuerdo —negociado por Sheikh Tahnoon con ayuda de Witkoff— que les da a los Emiratos Árabes Unidos el acceso a la tecnología de microchips informáticos de mayor vanguardia y más celosamente guardada de los Estados Unidos, a pesar de las históricas amenazas a nuestra seguridad nacional que plantean los lazos de ese país con China.
El acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos sobre estos microchips es uno de los muchos ejemplos en los que varios compradores y otros socios de World Liberty reciben un trato privilegiado de parte del gobierno de los EE. UU. En octubre, después de que Binance ayudó a lanzar la criptomoneda USD1 y reforzar su credibilidad entre los inversores, Trump indultó al fundador de esta compañía, el multimillonario chino Changpeng Zhao.
Zhao y Binance se habían declarado culpables en 2023 de haber violado las reglas federales de los EE. UU. sobre el lavado de dinero, después de que la compañía permitió que terroristas, cibercriminales y usuarios en Irán y Rusia que había sido sancionados, entre otros, movieran miles de millones de dólares en el mercado.
El pasado febrero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) suspendió su investigación de fraude contra Justin Sun, otro multimillonario chino asociado al mundo de las criptomonedas que había comprado $90 millones en criptomonedas de la familia Trump.
Esta maraña de negocios personales y políticas gubernamentales es un patrón que se repite en todo el accionar de esta administración. Varios gobiernos de países extranjeros que han firmado acuerdos para llevar a cabo nuevos proyectos inmobiliarios multimillonarios con la marca de Trump, tales como Arabia Saudita y Qatar, también han recibido acceso a los microchips de avanzada de los EE. UU., así como también a sistemas de armas (y, en el caso del príncipe Mohammed bin Salman de la corona saudita, la expiación de culpa diplomática por el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018).
En otros países como Vietnam, se exceptuaron a funcionarios de cumplir las reglas y regulaciones normales para acelerar los proyectos inmobiliarios existentes de Trump, incluso mientras negociaban los aranceles aduaneros con el gobierno de EE. UU.
Ninguna otra administración en nuestra historia moderna ha lucrado de esta forma. Por lo general, los presidentes se han esforzado para evitar siquiera la apariencia de comportamientos corruptos y, por eso, han vendido sus activos o los han colocado en fideicomisos ciegos antes de asumir el cargo.
Un caso famoso lo protagonizó el presidente Jimmy Carter con su negocio familiar de maní, o cacahuate. Los ingresos que se le cuestionaban representan menos del 1 por ciento del aumento en el patrimonio neto de Trump desde su asunción al poder el año pasado: en 1975, el negocio de Carter tuvo una ganancia bruta de unos $2.5 millones, el equivalente a $14.3 millones de hoy en día.
Aun cuando las administraciones del pasado enfrentaban escándalos que atraían gran parte de la atención política del momento, la cantidad de dinero que estaba en juego en ese entonces se vuelve insignificante en comparación con las ganancias de Trump.
Muchos republicanos, incluido el presidente Trump, han criticado al presidente Joe Biden y a su familia supuestamente por explotar su cargo público para enriquecerse. Pero el motivo de su indignación —pagos que sumaron $35 millones a lo largo de 10 años— llega apenas al 1 por ciento de las ganancias de Trump de tan solo el año pasado.
El partido demócrata acusó al vicepresidente Dick Cheney de lucrar con la guerra de Iraq por un dinero que recibió de la empresa Halliburton. Pero esos pagos, que alcanzaron los $2 millones (unos $3.6 millones actuales), fueron por una indemnización diferida que Cheney había recibido antes de asumir el poder.
Y si bien la administración Clinton tuvo escándalos de financiación y recaudación de fondos durante su campaña electoral a fines de la década de 1990, se trataba de menos de $10 millones (unos $20 millones de hoy en día) y no estaban vinculados con ninguna participación accionaria personal ni negocios a nombre del presidente.
Ni siquiera los escándalos públicos de corrupción más notorios de la historia de los Estados Unidos se asemejan a las ganancias que está sacando Trump en cuanto a sus montos totales.
Uno de los primeros episodios de corrupción política más escandalosos y gigantescos de la nación, el escándalo de Crédit Mobilier de fines de los años 1860, involucró a ciertos ejecutivos de la corporación de ferrocarriles Union Pacific Railroad por haber pasado sobreprecios fraudulentos en los costos de la construcción de ferrocarriles y haber sobornado a varios miembros del Congreso para evadir inspecciones.
Al final, este fraude, que se extendió durante varios años, estafó al gobierno de los EE. UU. por un total de $44 millones, y varios funcionarios federales aceptaron participaciones accionarias y otros sobornos valuados en $9 millones, lo cual equivale a un total de $1,400 millones de dólares actuales y menos de la mitad de las ganancias de Trump de 2025.
Otro episodio infame, el escándalo de Teapot Dome de inicios de la década de 1920, provocó la condena a prisión del entonces secretario del interior Albert Fall, el primer funcionario del gabinete del gobierno de EE. UU. en ser condenado por un delito mayor.
En 1922, Fall arrendó unos campos de petróleo, propiedad del gobierno federal, en Wyoming y California a dos compañías privadas que recibieron términos muy favorables a cambio de sobornos de unos $400,000, o unos $8 millones de hoy en día. Luego, las petroleras les pagaron $1 millón más, o unos $19 millones actuales, a varios periódicos para evitar que la noticia saliera a la luz.
El componente económico de Watergate, uno de los escándalos de corrupción más corrosivos en la historia de nuestra nación, alcanzó los $22 millones (más de $170 millones de la actualidad) en concepto de contribuciones de campaña ilegales y pagos de soborno para silenciar a los implicados. Hubo otros escándalos de corrupción importantes a lo largo de las últimas décadas —de Abscam, de los cinco de Keating y de Jack Abramoff— que, en su conjunto, sumaron unos $23 millones de dólares de hoy en día.
Cabe aclarar que esta no es una lista exhaustiva de todos los escándalos políticos que han ocurrido en los Estados Unidos. Pero, con una sola excepción, todas las cifras involucradas en estos episodios más sobresalientes son una orden de magnitud menor a lo que el presidente Trump ya ha ganado en lo que va de su segundo mandato. Incluso el escándalo de Crédit Mobilier de hace 160 años, que equivale a la mitad de las ganancias recientes de Trump, empalidece en comparación.
Este estilo de gobierno personalista y lucrativo perjudica la noción de que los cargos públicos merecen la confianza del público. Profundiza la sensación del pueblo estadounidense de que la política y el gobierno son entidades corruptas que solo atienden los intereses de las élites adineradas, en lugar de resolver los problemas que le importa a la mayoría de la gente en su vida diaria.
En el pasado, en especial después de la Edad Dorada y del escándalo Watergate, los escándalos de corrupción generaron tal indignación pública que se tradujeron en reformas. Lo mismo puede pasar hoy día. Pero se precisará de una agenda de reformas audaces y de líderes que prioricen su promulgación.
