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- La magnitud del enriquecimiento personal del presidente Trump no tiene precedentes, al igual que su enfoque abiertamente mercantilista de gobernar.
- La segunda presidencia de Trump deja claro que existen muchos canales —directos e indirectos— a través de los cuales el dinero puede llegar al presidente e influir en la agenda nacional.
Desde que asumió la presidencia en enero de 2025, el presidente Trump ha ingresado un estimado de $3 mil millones procedentes de sus diversas empresas comerciales. Se estima que su familia amasó miles de millones más. Gran parte de este dinero parece provenir de gobiernos extranjeros y otros que buscan ganarse el favor de la Casa Blanca de Trump.
La magnitud del enriquecimiento personal del presidente Trump no tiene precedentes, al igual que su enfoque abiertamente mercantilista de gobernar. En una era dominada por la enorme concentración de riqueza privada y el poder político, la segunda presidencia de Trump deja claro que existen muchos canales —directos e indirectos— a través de los cuales el dinero puede llegar al presidente e influir en la agenda nacional. Las brechas en las normas de ética y la falta de mecanismos reales para su aplicación hacen que muy poco, o nada, de este enriquecimiento sea ilícito, evidenciando la necesidad de reformas significativas.
El presidente no está regido por las mismas normas de ética que otros funcionarios federales.
El presidente está exento de muchas de las normas básicas de ética que se aplican a otros funcionarios federales. Por ejemplo, la mayoría de los empleados de la rama ejecutiva no pueden participar en asuntos gubernamentales que puedan tener un impacto directo en sus finanzas personales o las de sus cónyuges o socios comerciales.
La restricción se extiende hasta situaciones en las cuales un empleado podría parecer tener un conflicto de interés financiero que pone en cuestión su imparcialidad. Cuando la participación en un asunto específico forma parte de las tareas principales del funcionario, las normas de la Oficina de Ética Gubernamental generalmente le exigen vender o deshacerse de los activos correspondientes.
Sin embargo, el presidente está exento de estas reglas, lo cual le da luz verde para utilizar el poder de su presidencia en formas que directamente lo benefician a él y a su familia. Muchos de los ejemplos más notables en el segundo mandato de Trump están relacionados con el sector de las criptomonedas, que ahora son la fuente de mucha de la riqueza personal del presidente.
Trump ha intentado eliminar las restricciones impuestas a la industria y promover sus otras prioridades mientras que ha concedido beneficios a los compradores de sus propios productos de criptomonedas. Esto incluye indultos, otros tratos jurídicos preferenciales a los magnates de la industria y hasta acceso privilegiado a tecnología avanzada estadounidense de chips informáticos, que la administración concedió a los Emiratos Árabes Unidos después de que una de sus empresas respaldadas por el gobierno adquiriera el 49 % de las acciones en World Liberty Financial, la plataforma principal de criptomonedas de la familia Trump.
Asimismo, la mayoría de los empleados de la rama ejecutiva tienen estrictamente prohibido recibir regalos de fuentes que su departamento regula o que tienen un interés financiero directo en su trabajo. De nuevo, el presidente está generalmente exento de ese requisito y tiene la libertad de aceptar regalos de personas y compañías con intereses financieros en las acciones del presidente y su administración.
Cuando Apple, en un intento por proteger sus productos de los aranceles, anunció una gran inversión en el mercado nacional, el CEO de la compañía se reunió con Trump en la Oficina Oval y le regaló una escultura de cristal personalizada montada sobre una base de oro de 24 quilates.
También está la Ley Hatch, la cual prohíbe a los empleados de la rama ejecutiva participar en las actividades políticas mientras están en función para garantizar que el gobierno federal opere de forma no partidista. La Ley Hatch no aplica al presidente y se le permite participar en política partidista. Aunque sus subordinados inmediatos están sujetos a las restricciones de la Ley Hatch, los altos cargos muy rara vez, o casi nunca, son objeto de medidas coercitivas
Hay algunas leyes anticorrupción que sí aplican al presidente.
Existen otras medidas anticorrupción que en teoría se aplican al presidente, pero hay grandes obstáculos que previenen que realmente sirvan como contrapesos a los actos ilícitos.
Divulgación financiera anual
Una regla clave en ética federal sí aplica al presidente: Él está obligado a presentar informes anuales divulgando sus finanzas personales. Estos informes le permiten al público y a las otras ramas de gobierno con igual poder, por lo menos, detectar algunos posibles conflictos de intereses financieros que el presidente pueda tener, aunque existen brechas en la información que los funcionarios están obligados a proporcionar. Los presidentes anteriores también han divulgado voluntariamente sus declaraciones de impuestos personales, pero Trump rompió con esa norma durante sus dos mandatos en la Casa Blanca.
Cláusulas de Emolumentos Extranjeros y Nacionales
La propia Constitución incluye normas destinadas a proteger al presidente de influencias corruptas. Las Cláusulas de Emolumentos Extranjeros prohíbe a todos los funcionarios federales, incluyendo al presidente, aceptar regalos o pagos de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. Las Cláusulas de Emolumentos Nacionales prohíbe solo al presidente recibir regalos y otros beneficios del Congreso o los estados más allá de su salario.
Históricamente, no ha sido necesario implementar estas cláusulas formalmente, ya que los funcionarios federales usualmente toman medidas para cumplirlas de forma voluntaria. Sin embargo, durante su primer mandato, Trump rompió con este precedente y se negó a desligarse de sus nexos comerciales, los cuales recibieron favores y otros beneficios de funcionarios estatales y gobiernos extranjeros.
Estas aparentes violaciones a las cláusulas de emolumentos resultaron en demandas, pero los tribunales nunca consideraron sus méritos: las demandas fracasaron por motivos procesales y fueron desestimadas después de que Trump dejara el cargo en 2021. Esto dejó grandes dudas sobre qué mecanismos existen, o no, para implementar esas disposiciones en ausencia de leyes federales.
Leyes contra el soborno
El presidente, como todos los funcionarios públicos, está supuestamente sujeto a las leyes penales que prohíben los sobornos y conductas similares. En efecto, la propia Constitución describe el soborno como una razón para remover al presidente de su cargo. Además, la prohibición federal de sobornar a los funcionarios públicos aplica específicamente al presidente. Sin embargo, en décadas recientes, la Corte Suprema ha debilitado muchas leyes federales anticorrupción.
La Corte falló que los presidentes cuentan con inmunidad procesal frente a los actos oficiales que realicen y se encuentren “dentro de la exclusiva esfera de su autoridad constitucional”. El soborno, en su esencia, involucra aceptar dinero ilícito a cambio de llevar a cabo un acto denominado oficial. Por ende, el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad genera preguntas sobre si el presidente podría ser investigado y procesado por aceptar sobornos y de qué manera.
Leyes de financiación de las campañas
Los candidatos presidenciales —aunque sean presidentes en función— también se supone que cumplan con las limitadas normas vigentes sobre el gasto durante las elecciones, incluyendo las restricciones sobre quién puede donar a sus campañas, cuánto pueden aportar los donantes y su capacidad de coordinar con grupos externos como los súper-PAC.
Sin embargo, estas reglas a menudo sirven más como lagunas legales que como leyes. Gracias a decisiones como Citizens United, los donantes adinerados pueden destinar fondos ilimitados al sistema político a través de los súper-PAC. Estas entidades se supone que operan independientemente de los candidatos y que divulgan sus donantes, pero en la práctica a menudo terminan trabajando de la mano con los candidatos y obtienen una cantidad substancial de su financiación de grupos de fondos anónimos que mantienen en secreto sus fuentes de financiación.
Incluso las personas y las empresas que poseen miles de millones de dólares en lucrativos contratos gubernamentales tienen, en esencia, libertad para gastar sumas de dinero ilimitadas en las elecciones. El resultado: Un sistema político en el cual los intereses de los ricos tienen un papel desproporcionado en definir las agendas, y el presidente está en el centro de esto.
Mientras que la erosión de las normas de financiación de las campañas precede por mucho a la reelección de Trump, su operación política encontró una manera de llevarlas al límite. MAGA Inc., el principal súper-PAC a favor de Trump, recaudó casi $305 millones desde las elecciones de 2024, casi en su totalidad gracias a las contribuciones millonarias de parte de megadonantes.
La Constitución prohíbe a Trump postularse para un tercer término, entonces no está claro cómo esa enorme cartera será utilizada. Una posibilidad es que el presidente utilice el dinero para respaldar a sus candidatos favoritos en las elecciones de medio término y futuros comicios. Sin embargo, a diferencia de los fondos que se depositan en las cuentas de las campañas tradicionales, el dinero de los súper-PAC puede también ser utilizado para fines no electorales y no gubernamentales, inclusive para cubrir los gastos personales de un candidato como honorarios legales.
Fondos de defensa jurídica
Los presidentes, como otros funcionarios y candidatos federales, pueden abrir fondos personales de defensa jurídica los cuales pueden utilizar para recaudar fondos para cubrir las cuentas legales relacionadas con su reputación o capacidad para ocupar el puesto. Estos fondos, como los comités de campaña, están sujetos a los límites estrictos de las contribuciones y los requisitos de divulgación. Sin embargo, las brechas en la ley a menudo facilitan que los funcionarios de alto perfil, como el presidente, utilicen el dinero de otras fuentes, inclusive de los súper-PAC, para costear sus cuentas jurídicas personales.
En efecto, cuando buscaba la reelección en 2024, Trump utilizó sus PACs para cubrir más de $100 millones en gastos legales que, de otro modo, habría tenido que asumir personalmente. Trump ni siquiera se molestó en abrir un fondo de defensa jurídica tradicional.
Otro camino por el cual las personas y las compañías están gastando dinero para ganarse el favor del presidente es a través de su comité inaugural, su biblioteca presidencial y el proyecto de construcción del salón de baile de la Casa Blanca
El dinero también está siendo utilizado para obtener el favor el presidente a través de muchos otros canales que en su mayoría, sino todos, no están regulados.
Por ejemplo, cuando un presidente se posesiona, típicamente celebra con los eventos organizados por un comité inaugural. Estos comités pueden recaudar fondos ilimitados de compañías y particulares privados (con muy pocas excepciones), convirtiéndolos en opciones atractivas para quienes buscan ganarse el favor de la nueva administración.
Cuando Trump asumió la presidencia en 2025, su comité inaugural recibió más de $245 millones, incluyendo grandes donaciones del sector de big tech, compañías de criptomonedas, la industria farmacéutica, grupos de interés del sector de combustibles fósiles y otros sectores que enfrentan regulaciones.
Del mismo modo, cuando salen de su cargo, los presidentes típicamente organizan una biblioteca presidencial la cual es, en esencia, un museo de documentos y artefactos de su paso por la Casa Blanca, que usualmente tiene la intención de presentar su legado en un contexto amigable. Estas bibliotecas son financiadas totalmente por las donaciones privadas que virtualmente no tienen restricciones en quién puede donar y cuánto pueden contribuir.
Los donantes hasta pueden aportar dinero al fondo de una biblioteca presidencial mientras el presidente está en el cargo. En el primer año de la segunda presidencia de Trump, el fondo de su biblioteca presidencial recibió más de $50 millones. Varias empresas —ABC News, Meta y Paramount— en busca de conciliar demandas judiciales presentadas por el presidente por agravios personales, se comprometieron a destinar decenas de millones de dólares al fondo de la biblioteca. Trump no es el primer presidente en recaudar fondos de donantes que buscan favores especiales. El presidente Bill Clinton, por ejemplo, notoriamente indultó al financiero Marc Rich, cuya exesposa donó $450,000 a la fundación de la biblioteca de Clinton.
La actual administración también destapó nuevas avenidas para que el dinero llegue a la Casa Blanca, literalmente. Ahora avanza la construcción de un nuevo y opulento salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto que el presidente prometió financiar por medio de las donaciones privadas.
Mientras que abundan las preguntas jurídicas sobre su facultad para ordenar este proyecto, la administración, según reportes, recaudó $400 millones para ello. La administración Trump ha permitido a muchos donantes del proyecto permanecer anónimos, pero las compañías que han sido identificadas públicamente —incluyendo Amazon, Google y Palantir— colectivamente tienen miles de millones de dólares en contratos con el gobierno.
La facilidad con la que el dinero privado puede utilizarse para obtener el favor del presidente —y hasta llegar a él directamente— socava los ideales del servicio público y refuerza aún más el sentido generalizado entre los estadounidenses de que la política y las políticas públicas están manipuladas para beneficiar a los intereses de los ricos, en vez de resolver los problemas que más le interesan a la gente en su día a día.
Después de la corrupción de la Edad Dorada, Watergate y otros escándalos, las personas estadounidenses se movilizaron y el Congreso promulgó cambios profundos. Ya es hora de una nueva era de reformas.
Traducción de Laura Gómez
