Nueve soluciones para enfrentar la corrupción política

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• La corrupción será un tema central de debate público en los años venideros. La respuesta no puede ser la apatía, sino la acción.
• Estados Unidos enfrenta hoy una mezcla de poder público y riqueza privada de una magnitud no vista en el último siglo, o quizá nunca antes vista.

Las instituciones públicas de Estados Unidos precisan con urgencia ser reparadas y renovadas. Las elecciones de 2024 fueron las primeras desde el siglo XIX en que el partido político gobernante perdió la Casa Blanca tres veces seguidas. La confianza del público en el gobierno se ha derrumbado a un mínimo histórico. La ciudadanía simplemente se siente defraudada, económicamente desconcertada y descontenta con el gobierno que debería atendernos.

Las crisis pueden generar innovación. Tal como urgió Lincoln, debemos “renovar el pensamiento”. Lo que más importa no es a lo que nos enfrentamos, sino lo que defendemos.

Esta es la primera edición de una serie de iniciativas políticas. En los próximos meses, el Brennan Center publicará propuestas centradas en el voto y la representación, el poder ejecutivo y los tribunales federales. Presentaremos distintos modos de fortalecer al Congreso. Y plantearemos ideas para lograr cambios constitucionales.

Nuestras soluciones deben estar a la altura de la magnitud de los desafíos. Estas soluciones buscan abordar los problemas actuales, no de hace 10 años ni los de 1975. El proyecto reformista debe lograr la participación de los dos partidos políticos y de personas independientes. Las mejores ideas no vienen ni de la izquierda ni de la derecha: reflejan el deseo urgente de una mitad descontenta.

A lo largo de la historia, a los escándalos y las crisis les sigue la reforma, a menudo, pero no siempre. Si actuamos, de los conflictos de hoy en día puede surgir una época de renovación y renacimiento democrático.
—Michael Waldman

Nuestro gobierno ha entrado en una nueva era peligrosa de corrupción. Esa es la razón por la que casi nunca funciona y el motivo del derrumbamiento de la confianza del público. La corrupción será un tema central de debate público en los años venideros. La respuesta no puede ser la apatía, sino la acción.

El peligro que enfrentamos hoy en día es diferente a los de cualquier otro momento en nuestra historia. En el siglo XIX, el gobierno estuvo marcado por el beneficio personal y los sobornos. Luego, en el siglo XX, la política se vio contaminada por la corrupción sistémica del sistema de financiamiento de las campañas políticas. Varias reformas pusieron freno a estos abusos. Pero ahora, han vuelto a surgir con mucha más fuerza y al mismo tiempo.

Primero, gracias al dictamen en el caso Citizens United y otras decisiones judiciales, los donantes más adinerados desempeñan hoy en día un rol casi ilimitado en la financiación y hasta la ejecución de las campañas electorales.

En 2024, el presidente Donald Trump se basó en solo 10 donantes individuales para recaudar casi la mitad de todo el dinero que respaldó su candidatura y luego terminó dándoles a varios de ellos, entre los que se destacó el multimillonario Elon Musk, cargos fundamentales en su administración.

La vicepresidenta Kamala Harris también se financió mediante megadonantes, además de un récord de contribuciones de grupos anónimos de financiación, que no divulgan la identidad de sus donantes. El dinero donado en las elecciones presidenciales por personas que contribuyeron al menos $5 millones llegó a más del doble de lo que alcanzó en 2020 (y probablemente haya sido aún mayor). Los magnates de hoy en día tienen un nivel de influencia sobre el gobierno que ni habrían imaginado los Rockefeller y los Vanderbilt de antaño.

También vemos, en la alta jerarquía del gobierno, una impresionante búsqueda del beneficio personal. Este problema existe en las tres ramas del gobierno federal. Pero la imposición del presidente Trump de un control casi total sobre la rama ejecutiva, que ha utilizado para incrementar su patrimonio neto en aproximadamente $3 mil millones de dólares desde que volvió a asumir la presidencia, exacerba enormemente el problema.

Muy pocos o acaso ninguno de sus enredos financieros son ilegales, porque el presidente —al igual que quienes ocupan escaños en el Congreso y el estrado de la Corte Suprema— está exento de cumplir las reglas de ética que rigen sobre la mayoría de los otros funcionarios del gobierno federal.

En resumidas cuentas, Estados Unidos enfrenta hoy una mezcla de poder público y riqueza privada de una magnitud no vista en el último siglo, o quizá nunca antes vista.

La industria tecnológica personifica esa transformación. La innovación tecnológica impulsa la concentración de riqueza, al igual que ocurrió en la Era Dorada. En la actualidad, cinco corporaciones (Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft) controlan gran parte de la información que recibimos, la forma en que hacemos las compras y el modo en que nos comunicamos y, en el proceso, utilizan una gigantesca cantidad de datos personales que recolectan de los usuarios.

Estas firmas tecnológicas, junto a otras dos —Nvidia y Tesla— representan ahora más de la tercera parte de todo el valor del índice S&P 500, lo cual señala una impresionante concentración de poder en tan solo unas pocas manos.

Varios multimillonarios tecnológicos han aceptado cargos prominentes en la administración Trump, asumido el control de medios de comunicación importantes, logrado cambios políticos favorables a sus intereses y ganado contratos lucrativos, mientras minimizan el control del gobierno sobre sus compañías.

El propio gobierno federal también ha desempeñado un rol clave en la creación de este gigante, que ahora amenaza con controlarlo, mediante protecciones legales especiales aprobadas por el Congreso (como la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, o Communications Decency Act) y a través de un mínimo control regulatorio durante las últimas tres décadas.

Ahora, la industria está presionando enérgicamente para que el gobierno federal les prohíba a los estados regular la inteligencia artificial, coloque el dinero de los contribuyentes en una reserva nacional de criptomonedas y manipule a Europa para que revoque sus propias leyes considerablemente más fuertes, todo al parecer en nombre de la seguridad nacional de los EE. UU.

Si se quieren establecer verdaderas salvaguardas para la vida digital de toda la población estadounidense, será necesario limitar la capacidad de la clase ultrarrica para dictar las políticas. Y al igual que con las grandes corporaciones tecnológicas, lo mismo ocurre con otros sectores poderosos, como el de los combustibles fósiles, las grandes empresas agrícolas y el sector bancario.

El pueblo estadounidense sabe que algo anda mal. La confianza en el gobierno federal sigue rondando niveles mínimos históricos, muy inferiores al punto más bajo durante la época del escándalo Watergate.

En una encuesta, el 70 por ciento de las personas encuestadas dijo creer que la corrupción en el gobierno federal era un problema grave. En otro estudio, el 80 por ciento señaló que los grandes donantes tenían demasiada influencia sobre el Congreso.

El enojo del pueblo estadounidense va más allá del disgusto por ver que el dinero u otros intereses van de mano en mano. Incluye la sensación más amplia de que la política y el gobierno son un aparato corrupto que atiende a los intereses de una élite, en vez de resolver los problemas que le importan a la gente en su vida diaria.

La ciudadanía quiere que el gobierno trabaje para ella y quiere que todos, desde quienes reciben beneficios gubernamentales hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, se ajusten a las mismas reglas y cumplan con la ley en igualdad de condiciones.

Para resolver esta crisis de confianza, se necesitará más que tan solo discursos o eslóganes. Al escándalo le sigue la reforma, pero no siempre. Para que se concrete el cambio, los líderes deben ofrecer alternativas contundentes al statu quo y luego utilizar las herramientas del poder para promulgar soluciones tan audaces como los problemas que buscan confrontar. Solo así el gobierno podrá comenzar a recuperar la confianza del público.

La indignación ante la corrupción y el capitalismo nepotista de la Edad Dorada propició uno de los períodos reformistas más prolongados de nuestra historia, que incluyó la aprobación de nuevas leyes de ética y de financiamiento de campañas políticas; la creación del servicio civil profesional para acabar con el “sistema del amiguismo” en los cargos federales; y la promulgación de dos enmiendas constitucionales para propiciar una mejor rendición de cuentas del gobierno ante el pueblo estadounidense: la Enmienda 17.^a, que estableció la elección de los senadores federales por voto popular, y la Enmienda 19.^a, que garantizó el derecho al voto de la mujer.

Ya es hora de iniciar una nueva era de reformas ambiciosas. Esas reformas deben incluir las siguientes soluciones para combatir la corrupción:

Medio siglo de dictámenes desacertados de la Corte Suprema ha destrozado el sistema de financiación de las campañas políticas. Primero, en el caso Buckley v. Valeo (1976), se declaró que las contribuciones de dinero a las campañas políticas eran equivalentes a la expresión política y merecían el nivel más alto de protección constitucional.

Luego, la causa Citizens United (2010) expandió lo expuesto en Buckley cuando anuló los límites sobre el gasto corporativo y sindical en las campañas políticas y preparó el terreno para la actual era de dominio de los supercomités de acción política, o súper-PAC.

Estos y otros dictámenes han impedido que el Congreso y los estados puedan establecer límites razonables sobre el dinero que se dona a las campañas electorales y convirtieron a los Estados Unidos en un caso atípico entre las democracias más importantes del mundo. La Corte Suprema no muestra ningún indicio de querer reconsiderar su postura.

Por lo tanto, es hora de enmendar la Constitución. El Congreso debe proponer una enmienda que disponga que el gobierno federal y los gobiernos estatales pueden regular y limitar, dentro de lo razonable, las contribuciones y los gastos de campaña, por ejemplo, colocando mayores límites sobre las corporaciones y otras entidades artificiales que sobre las personas naturales.

Claro que las enmiendas constitucionales son difíciles de ratificar. Pero los dictámenes de la Corte Suprema han generado una fuerte oposición del público; y legisladores o votantes en 23 estados ya han aprobado resoluciones que alientan a la enmienda constitucional.

Cada año, el gobierno federal contrata y paga a firmas privadas para que le provean una amplia gama de bienes y servicios. Estos contratos suman $755 mil millones de dólares por año y equivalen a casi la mitad de todo el gasto discrecional del gobierno federal. Ya existen límites estrictos sobre las donaciones de campaña de este tipo de contratistas, exigidos por la ley en docenas de estados y municipalidades.

Varios tribunales han confirmado desde hace tiempo estas protecciones para garantizar que los fondos de los contribuyentes se asignen correctamente, sin derroches y libres de favoritismo.

Las reglas federales actuales supuestamente también prohíben las contribuciones políticas de parte de los contratistas gubernamentales, pero constituyen más vacíos legales que normas. Las personas y las empresas que firman contratos con el gobierno federal no pueden donar dinero a los partidos políticos ni a los candidatos a cargos federales.

Pero las empresas pueden evadir fácilmente esta regla donando dinero a través de compañías afiliadas, al igual que lo pueden hacer sus directivos y accionistas principales.

Elon Musk, por ejemplo, que gastó cientos de millones en las elecciones de 2024, expandió su imperio corporativo usando al menos $38 mil millones generados por contratos que firmó con el gobierno y ahora se prepara para recibir otros miles de millones más con una administración a la que ayudó a llegar al poder y en la que trabajó durante seis meses liderando el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su siglas en inglés).

Los principales contratistas en el sector de defensa y otras industrias suelen gastar millones de dólares apoyando a los candidatos de los dos partidos políticos a través de distintas corporaciones afiliadas.

El Congreso debe promulgar una ley que limite rigurosamente las donaciones de campaña que provengan de los contratistas gubernamentales (incluidas sus contribuciones a los súper-PAC) y que se aplique a cualquier entidad afiliada al titular de un contrato gubernamental valuado en más de $1 millón de dólares, al igual que a sus altos directivos y accionistas principales.

Los directivos y accionistas individuales aún podrían realizar donaciones más pequeñas para expresar su apoyo a los candidatos y las causas de su preferencia, pero ellos y sus compañías no deberían poder donar millones ni decenas de millones de dólares cuando, al mismo tiempo, se benefician de las contribuciones de los impuestos de todo el pueblo estadounidense.

Incluso ahora, la Corte Suprema afirma que la transparencia en la financiación de campañas electorales es esencial. Sin embargo, en los 15 años que pasaron desde su dictamen en el caso Citizens United, los grupos anónimos de financiación han inyectado, como mínimo, $4.3 mil millones en las elecciones federales sin divulgar de dónde venía ese dinero. Solamente en el ciclo electoral de 2024, los fondos anónimos de financiación superaron los $1.9 mil millones.

El Congreso debe aprobar una ley que obligue a todos los grupos que gastan dinero en las campañas electorales federales a divulgar la identidad de sus principales donantes, que regule los avisos políticos publicados en internet que, en su gran mayoría, están exentos de cumplir las reglas de transparencia existentes, y que garantice el cumplimiento de las normas vigentes.

La Cámara de Representantes ha aprobado estas propuestas en repetidas ocasiones durante los últimos años en leyes como la Ley de Divulgación (Disclose Act) y la Ley de Avisos Honestos (Honest Ads Act), pero estos esfuerzos se vieron obstaculizados por el filibusterismo del Senado.

El Congreso debe darles a las personas candidatas a cargos federales una forma de llevar a cabo campañas competitivas sin tener que depender de los grandes donantes. La mejor forma de hacerlo es a través de la financiación pública de las campañas.

El sistema más efectivo en elecciones estatales y locales se basa en un mecanismo de pequeñas donaciones públicas voluntarias, multiplicadas mediante los fondos del gobierno.

En Nueva York, por ejemplo, toda contribución de hasta $250 realizada a un candidato a un cargo estatal puede multiplicarse por un factor de hasta $12 a $1, según el cargo y la cantidad de la donación (cuanto más pequeña, más alto es el factor de multiplicación). En elecciones legislativas, estas contribuciones deben provenir de personas que residen en el mismo distrito que el candidato.

El método de Nueva York es un modelo particularmente eficaz para aplicarlo a nivel federal y representa una mejora con respecto a otras propuestas anteriores. Que las contribuciones deban venir del mismo distrito que el candidato refuerza la participación del electorado sin la mayor polarización que podría generarse si el candidato debe lograr el apoyo de un grupo de donantes nacionales altamente partidistas.

Existen otros sistemas prometedores. Arizona, Connecticut y Maine utilizan un modelo de “dinero limpio”. Todo candidato que demuestre su viabilidad tras cumplir con un nivel mínimo de donaciones privadas puede recibir una suma global de fondos públicos.

Se usó un sistema parecido durante décadas como parte del ahora inactivo sistema de financiación pública para las elecciones presidenciales, que permitió, por ejemplo, que el presidente Ronald Reagan ganara su reelección con una ventaja arrasadora y sin haber organizado una sola campaña de recaudación de fondos.

Ese sistema se podría remodelar y hasta ampliar para usarse en las primarias presidenciales. También se podría adaptar y aplicarse a las elecciones para el Senado, donde los candidatos compiten en electorados de diferentes tamaños, lo cual hace difícil que los candidatos de pequeños estados puedan recaudar suficientes fondos mediante un sistema de pequeñas donaciones provenientes de su mismo estado.

Las leyes federales de ética no se aplican al presidente ni al vicepresidente. (Los miembros del Congreso y jueces federales también están exentos, pero, por lo general, deben cumplir normas similares vigentes para la Cámara de Representantes y el Senado y el código de conducta para la judicatura federal).

Estos vacíos patentes en las leyes federales le permiten a Trump beneficiarse legalmente de la presidencia. Esto debe solucionarse. El presidente, por lo general, debe regirse por las mismas normas que los millones de empleados federales que trabajan para él, con ciertas modificaciones que tengan en cuenta el rol constitucional particular que desempeña el presidente.

Dado que los deberes del presidente suelen hacer imposible que pueda recusarse o delegar ciertas decisiones clave a otras personas, la solución para resolver conflictos graves debe centrarse en el desprendimiento de determinados activos con la opción de transferir las ganancias a un fideicomiso ciego certificado, cuyos activos no son divulgados al beneficiario y son administrados por un fideicomisario independiente.

Debe haber ciertas excepciones que le permitan al presidente mantener los activos que probablemente no causen conflictos de interés, como el dinero en efectivo, los fondos de inversión diversificados y las viviendas privadas.

El Congreso también debe resolver las cuestiones de ética dentro de la Corte Suprema, el único tribunal del país que no tiene reglas de cumplimiento obligatorio. La Corte Suprema publicó directrices voluntarias a fines de 2023 tras las revelaciones públicas de que varios magistrados habían aceptado regalos extravagantes sin divulgar, pero estas reglas son débiles y les permiten a los magistrados supervisarse a sí mismos.

El Congreso debe exigirle a la Corte Suprema que adopte un código de ética vinculante con un proceso transparente para la presentación de denuncias, que refuerce las restricciones sobre la participación en los casos en los que tengan conflictos de interés, que se requieran explicaciones públicas de todas las decisiones de recusamiento, y que se afiancen las reglas sobre la divulgación de las contribuciones financieras y la aceptación de regalos.

Se precisan muchos otros cambios, como la implementación de reglas más eficaces para el personal gubernamental especial temporario, como Musk cuando lideraba DOGE, una mayor inspección de los funcionarios que trabajan en seguridad nacional y requisitos más estrictos de notificación de ingresos y activos para los funcionarios de alto rango.

El Congreso debe crear una fuerte agencia de ética gubernamental nueva. En la actualidad, el cumplimiento de las reglas de ética es débil y esporádico. Una sola agencia debe hacer cumplir las normas éticas fundamentales a nivel federal, tales como las leyes que rigen sobre los conflictos de interés, los límites en la aceptación de regalos, los requisitos de divulgación de ingresos y activos para funcionarios del gobierno federal y las restricciones en el uso de los recursos federales para llevar a cabo actividades políticas partidarias.

Esta agencia debe tener las facultades necesarias para redactar las reglas vinculantes y aplicar sanciones civiles y otros recursos contra cualquiera que viole las reglas. (El Departamento de Justicia retendría su facultad de procesamiento penal).

¿Cómo impedir que esta agencia se neutralice o se convierta en una herramienta partidista? El Congreso podría establecer, con claridad y a través de una ley, las responsabilidades legales que le dificultarían a la administración inmovilizarla o cerrarla funcionalmente.

Esta ley debería incluir protecciones específicas para impedir que los deberes más sensibles se vean contaminados por una interferencia política indebida. Se podrían establecer sanciones civiles o hasta penales para prohibir las conductas indebidas, quizá siguiendo de ejemplo las salvaguardas ya vigentes en el Servicio de Impuestos Internos.

Los directivos de esta agencia deben permanecer en sus cargos durante un período de mandato fijo, y cualquier remoción por parte del presidente antes de terminar un mandato debe estar acompañada de una explicación detallada y por escrito al Congreso para que el despido entre en vigencia.

La agencia también debe estar obligada a presentar informes periódicos al Congreso y solicitudes de presupuesto directamente al Congreso, en lugar de hacerlo a través de la Oficina de Administración y Presupuesto, parte de la Casa Blanca.

Los fundadores de la Constitución le temían a la corrupción y entendían las formas en que erosionaba los gobiernos europeos. Por eso, incorporaron protecciones anticorrupción en la Constitución: la Cláusula de Emolumentos Extranjeros le prohíbe a todo funcionario federal, incluido el presidente, aceptar regalos u otros beneficios de un gobierno extranjero sin el consentimiento del Congreso.

La Cláusula de Emolumentos Nacionales le prohíbe al presidente recibir ingresos u otros beneficios del gobierno federal de los Estados Unidos o de cualquier estado individual, que no sean parte de su salario. Pero los tribunales no han hecho cumplir estas disposiciones como corresponde.

Debe haber una nueva ley que establezca claros mecanismos de cumplimiento y disponga otras medidas para darles plena vigencia a estas salvaguardas de la época de la fundación de nuestra nación.

La Constitución le da al presidente una amplia facultad unilateral de conceder indultos o conmutar sentencias penales. El uso legítimo de esta facultad consiste en ofrecer un mecanismo de compasión en un sistema legal imperfecto. Ha sido y sigue siendo una herramienta esencial para reparar injusticias, como condenas injustas y sentencias excesivas que aún persisten en nuestro sistema de justicia. Debe conservarse para ese propósito.

Al mismo tiempo y con demasiada frecuencia, muchos presidentes han usado los indultos y las conmutaciones de sentencia a favor de sus propios intereses. Tanto Biden como Trump concedieron indultos preventivos a aliados que aún no habían sido condenados de delitos.

Biden indultó a su propio hijo y a otros parientes. Trump indultó o conmutó la pena de personas vinculadas a importantes donantes de su campaña y a todas las personas involucradas en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de los EE. UU. Después de que un antiguo aliado y asesor político intentó convencerlo, Trump hasta indultó al expresidente de Honduras, que había sido condenado por tráfico de armas y de más de 400 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Mientras tanto, cada año hay miles de personas estadounidenses que merecen clemencia y nunca la reciben.

Dado que la facultad de clemencia del presidente es amplia, es probable que cualquier solución viable requiera de una enmienda constitucional propuesta por el Congreso. Una enmienda podría, por ejemplo, quitarle la facultad de clemencia al presidente y dársela a una junta de clemencia independiente, parecida a la que tienen los sistemas en muchos estados y conformada por jueces sénior y otros expertos.

La junta podría crearse para hacer de la clemencia una posibilidad más accesible en la mayoría de los casos y, al mismo tiempo, evitar el favoritismo político. Además, la enmienda también debe prohibir todas las formas preventivas de indulto y la clemencia para las personas allegadas, tales como parientes del presidente, sus socios, sus funcionarios nombrados políticamente y sus principales donantes.

El Congreso debe poner su casa en orden. Los miembros del Congreso tienen acceso a importante información económica que no está a disposición del público; y, en los últimos años, las operaciones desenfrenadas de la compraventa de acciones realizadas por muchos congresistas han provocado la indignación de los dos partidos políticos.

Las reglas actuales exigen que toda persona miembro del Congreso divulgue sus operaciones bursátiles valuadas en más de $1,000. Pero esas reglas son débiles y no han desalentado operaciones bursátiles cuestionables que socavan la confianza del público.

La mejor solución es promulgar una ley clara que les prohíba a los congresistas y a su personal más cercano comprar y vender valores y otros activos similares, como materias primas y criptomonedas. También deben estar obligados a mantener esos activos en holdings financieros que no planteen grandes cuestionamientos éticos (como en fondos de inversión amplios), o bien colocarlos en un fideicomiso ciego certificado.

Por otro lado, también existe una realidad básica: a los congresistas no se les paga lo suficiente. Un congresista común gana $174,000 por año, una suma que no se ha aumentado en casi veinte años, a pesar de haber tenido un 53 por ciento de inflación en ese período. Este salario está muy por debajo de los salarios más altos de otros funcionarios gubernamentales de alto rango, incluido el personal experimentado en el propio Congreso.

Aumentarles el salario a los congresistas raramente recibe apoyo popular. La mayoría de la población estadounidense gana mucho menos que $174,000. Pero ser congresista no es un trabajo común y corriente.

La mayoría tiene la obligación de mantener dos residencias, de las cuales una debe estar en la costosa ciudad de Washington, D.C. No pagarles lo suficiente crea el incentivo de intentar conseguir otras fuentes de ingresos o tener que abandonar el servicio público en busca de otra carrera profesional más lucrativa, por lo general como lobista en el seno del gobierno. Los congresistas deberían concederse un aumento de salario. Pero también deben reducir las posibilidades de utilizar sus cargos para beneficiarse económicamente.

Esta publicación es un proyecto de Brennan Center Ventures, el acelerador de soluciones políticas del Brennan Center para replantear la democracia estadounidense.

Traducción de Ana Lis Salotti