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- La protección más potente contra la corrupción sería la fuerte indignación de todos los que contribuimos con impuestos y cuyo dinero nos han usurpado.
- Hagamos de este un tema fundamental durante la época de campaña y obliguemos a los políticos de los dos partidos a que nos ofrezcan soluciones.
El lunes, Donald Trump retiró su falaz demanda judicial contra el gobierno federal. A cambio, el Departamento de Justicia, bajo su mando, creará un fondo de $1,800 millones para las “víctimas de la instrumentalización y guerra jurídica”, tal como lo describió el fiscal general interino, Todd Blanche. Este será un fondo para el soborno a favor de los aliados de Trump, probablemente los insurrectos del ataque del 6 de enero y otros que ya recibieron indultos.
Se ha creado una zona de ilegalidad en torno a la Oficina Oval, erigida por la Corte Suprema cuando les otorgó a los actuales y anteriores presidentes una inmunidad efectiva al procesamiento judicial si sus actos ilícitos son parte de “acciones oficiales”. Si te robas el dinero de nuestros impuestos y abusas del poder del gobierno para fines corruptos, aquí se te perdona.
La semana pasada, el presidente presentó un informe ante la Oficina de Ética Gubernamental en el que detalló las operaciones bursátiles que realizó este año. Es un cuento novelístico de enriquecimiento, que encuadra bajo el concepto de un uso ilícito de información privilegiada para comprar y vender acciones según todas las aristas que se lo mire, excepto, quizá, según la ley.
La ex fiscal de indultos de los EE. UU. Liz Oyer nos ofrece una guía útil.
Durante los últimos meses, mientras Paramount y Netflix se disputaban la compra de Warner Brothers, Trump compró acciones en las tres compañías. Ahora el Departamento de Justicia está evaluando si aprueba la compra de Warner Brothers por parte de Paramount.
Tal como informó CNBC, Trump “adquirió rápidamente acciones” de la firma de análisis de datos Palantir. Al poco tiempo, salió de repente a elogiar a la compañía. “Palantir Technologies (PLTR) ha demostrado tener grandes capacidades y equipamientos de guerra”, publicó Trump e incluso resaltó su código de cotización en Bolsa. “Si no, ¡¡¡pregúnteles a nuestros enemigos!!!”. Todo eso, mientras Palantir obtenía enormes contratos con el gobierno federal.
También invirtió en Oracle mientras ésta negociaba un acuerdo para comprar TikTok.
Y apenas esta semana, bajó las escaleras del avión presidencial Air Force One en China, flanqueado por los CEO de Nvidia y Boeing. Trump compró millones de dólares en acciones de Boeing justo antes del viaje, que se tradujo en la venta de 200 aviones Boeing para el gobierno de China.
Entre las compras más considerables de Trump, se encuentran las acciones de Nvidia, que han registrado fuertes aumentos después de que el gobierno de los EE. UU. les permitió a 10 empresas chinas comprar sus chips de avanzada, en lo que es un drástico giro con respecto a las preocupaciones anteriores sobre la seguridad nacional.
En suma, tal como lo señala Oyer, “Es difícil no llegar a la conclusión de que, para Donald Trump, gobernar es sinónimo de lucrar”.
Este presidente se rige por las reglas legales más débiles de nuestra historia. Empecemos por el dictamen sobre la inmunidad presidencial en la causa Trump v. United States.Antes de eso, los presidentes sabían que podían ser procesados penalmente si le robaban al gobierno.
El dictamen del presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, prácticamente impide cualquier procesamiento judicial por soborno antes de que empiece, porque prohíbe todo tipo de investigación sobre los motivos del presidente, aun cuando el acto parece y huele a soborno. La magistrada Amy Coney Barrett observó que el dictamen “paralizaría el procesamiento” en un caso de soborno. (Tras haber criticado a la mayoría en desacierto, Barret, para nuestro desconcierto, terminó votando a favor de la mayoría).
De todas formas, las leyes sobre el uso de información privilegiada para comprar y vender acciones son débiles. La Ley del Mercado de Valores (Securities Exchange Act) de 1934 prohíbe el uso de información no pública como guía para realizar operaciones bursátiles, pero su aplicación a quienes ocupan cargos públicos electos continúa siendo ambigua.
En 2012, el Congreso aprobó la Ley de Valores (Stock Act) para evitar el uso de información privilegiada para comprar y vender acciones entre los miembros del Congreso, pero el presidente y el vicepresidente permanecen exentos.
Es una épica corrupción a plena vista. La historia nos enseña que tras el escándalo surge la reforma, a menudo, pero no siempre.
