- El patrimonio neto de Trump se ha incrementado en $3 mil millones de dólares desde que asumió la presidencia.
- Todo esto pone de relieve lo que sucede cuando el servicio público se convierte en un medio para el lucro privado.
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La semana pasada, una delegación de líderes corporativos de Suiza visitó la Oficina Oval para reunirse con el presidente Trump. Trajeron regalos. Los empresarios le regalaron a Trump una barra de oro grabada valuada en más de $130,000, además de un reloj de escritorio Rolex. Trump, que describió la reunión como un “trabajo bien hecho”, acordó reducir los aranceles sobre las importaciones suizas de un 39 a un 15 por ciento.
Hace un año, advertí que un intento de financiar el gobierno mediante aranceles provocaría el inicio de una nueva era de capitalismo nepotista. Ahora estamos con el lodo hasta el cuello. Se parece mucho a la Era Dorada, una época de extravagante corrupción que sucedió a fines del siglo XIX; esta vez las barras de oro se apilan sobre el escritorio presidencial Resolute.
El patrimonio neto de Trump se ha incrementado en $3 mil millones de dólares desde que asumió la presidencia. Sus negocios familiares están ganando millones de dólares en el sector de las criptomonedas, la industria inmobiliaria de lujo y los negocios de inversión en el Medio Oriente.
Según trascendió, la Trump Organization está negociando un acuerdo con Arabia Saudita que podría llevar la marca Trump a un proyecto inmobiliario de lujo financiado por el gobierno saudita, lo cual violaría totalmente la Cláusula de Emolumentos Extranjeros de la Constitución. Mientras tanto, en la Casa Blanca, hoy Trump agasajó al príncipe de la corona saudita Mohammed bin Salman.
Estos casos descarados de corrupción ahora impregnan todo el gobierno federal.
El proyecto de ley que acabó con el cierre del gobierno incluyó una disposición incorporada por lo bajo y a último momento que les permite a los senadores presentar demandas judiciales por $500,000 o más si les investigan sus registros telefónicos sin aviso.
Esta disposición podría darles millones de dólares de nuestros impuestos a ocho senadores sobre los que se emitieron órdenes judiciales para obtener sus registros telefónicos en el marco de la investigación de Jack Smith acerca del intento de anular los resultados de las elecciones de 2020.
Hasta quienes votaron a favor de este proyecto de ley ahora están exigiendo la revocación de esta disposición. Es un momento único de “indignación bipartidista”, tal como lo describió el representante Jamie Raskin (D-MD).
De hecho, este proyecto de ley está lleno de lenguaje impulsado por lobistas. Una de sus disposiciones elimina reglas en materia de seguridad alimentaria, como las regulaciones diseñadas para prevenir la contaminación alimentaria y las enfermedades transmitidas por los alimentos en granjas y restaurantes.
Varios grupos lobistas de la industria alimentaria gastaron millones de dólares durante el último ciclo electoral con el objetivo de promover la desregulación del sector. Entre los beneficiarios de los dos partidos políticos se cuentan las campañas de los senadores Tim Kaine (D-VA), Dick Durbin (D-IL) y Jacky Rosen (D-NV), que fueron tres de los siete demócratas que votaron a favor de la ley de financiación que puso fin al cierre del gobierno.
Todo esto pone de relieve lo que sucede cuando el servicio público se convierte en un medio para el lucro privado. Se vislumbran consecuencias macroeconómicas. La industria de las criptomonedas inundó el Congreso de dinero y ganó el apoyo del gobierno federal; ahora, tal como lo señala David Frum en el Atlantic, los valores extremadamente volátiles e inestables de las criptomonedas podrían representar un riesgo sistémico.
Si estalla una crisis financiera, ¿podrá el pueblo votante relacionar los dos hechos? A lo largo de la historia, la reforma surge tras el escándalo, pero no siempre.
Los cambios trascendentales requieren de la concientización del público. Las condenas morales y el desprecio estético no son suficientes. Tampoco basta un compromiso abstracto con el estado de derecho. Al contrario, la ciudadanía debe comprender, con una claridad específica, las maneras en que un sistema injusto la perjudica.
Al principio, la Era Dorada produjo el levantamiento de los populistas. Este movimiento, en su gran mayoría rural, enseguida se convirtió en nacionalismo e intolerancia a lo diferente.
Pero después vino la Era Progresiva, una respuesta más duradera y significativa a la Era Dorada. Este movimiento de cambios se extendió por todos los niveles del gobierno. Los dos partidos políticos competían por el manto de la reforma. El pueblo estadounidense de los inicios del siglo XX entendió que la respuesta a la corrupción no era solo la protesta, sino la reconstrucción de las instituciones y la creación de un gobierno moderno.
Entre otras cosas, los reformistas consiguieron incorporar enmiendas a la Constitución que establecieron que los senadores federales serían elegidos directamente por el pueblo votante y no por las legislaturas. (Los legisladores estatales solían elegir a los senadores que también actuaban de representantes industriales: los senadores de Montana representaban la industria del cobre; los de Pensilvania, la del acero; los de Nueva York representaban a Wall Street).
Las mujeres ganaron el derecho al voto. La Constitución también se enmendó para reemplazar el régimen corrupto de aranceles por el impuesto a la renta.
Después de asumir la presidencia, Theodore Roosevelt dijo, quizá con algo de exageración: “Tarde o temprano, a menos que haya un reajuste, vendrá un día amotinado, terrible y sangriento de expiación”.
Esperemos no llegar a eso. Se pueden lograr reformas. Los cambios y las soluciones requieren de una participación ciudadana constante, de una creatividad política y de un liderazgo dispuesto a luchar.
Traducción de Ana Lis Salotti
