- Existen varias maneras en que los legisladores pueden responder, incluso iniciativas legislativas destinadas a limitar de inmediato los efectos de Citizens United dentro de la doctrina jurídica existente.
- Las “leyes gatillo” envían una señal más permanente y duradera que los discursos políticos, las manifestaciones y protestas, y otras formas de disidencia ciudadana.
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La decisión sobre Citizens United de la Corte Suprema detonó una explosión de grandes capitales en la política estadounidense. Esta Corte no ha mostrado interés alguno en reconsiderar su decisión, pero una estrategia que le ayudó a los activistas antiaborto en su esfuerzo por anular Roe v. Wade puede también funcionar para la reforma a la financiación de las campañas políticas: aprobar “leyes gatillo” estatales que cuestionen directamente la legitimidad de la decisión del Supremo.
A pesar de ser impopular, anacrónico, antidemocrático y errado, el fallo de la Corte Suprema que sostiene que la Primera Enmienda protege el derecho de las personas adineradas y las corporaciones a gastar montos ilimitados de dinero en las elecciones ya está profundamente arraigado en el panorama jurídico de los Estados Unidos.
Pero eso no significa que los estados tienen que aceptar la decisión sin protestar. Existen varias maneras en que los legisladores pueden responder, incluso iniciativas legislativas destinadas a limitar de inmediato los efectos de Citizens United dentro de la doctrina jurídica existente.
Los esfuerzos para cuestionar directamente la legitimidad de la decisión son también importantes. Y en ese sentido, existe una herramienta que actualmente está poco aprovechada y que los estados pueden emplear para impulsar un cambio jurídico profundo: las “leyes de gatillo”. Estos son estatutos diseñados para, según la doctrina jurídica actual, ser inconstitucionales. Sin embargo, evitan ser anulados al incluir “cláusulas gatillo” que establecen que los estatutos solo entrarán en vigor después de un cambio en la ley constitucional que afirme sus disposiciones.
Revertir Citizens United y los otros fallos erróneos de la Corte sobre la financiación de las campañas tomará probablemente varios años de esfuerzos consistentes. Involucrará académicos, abogados, activistas y funcionarios federales trabajando para lograr concretar un nuevo consenso jurídico. Las legislaturas estatales, iniciativas sometidas a votación, y referendos también jugarán un papel importante al promulgar “leyes gatillo” para oponerse fuertemente a la jurisprudencia de la Corte.
La historia ya nos demuestra cuan efectivo puede ser este abordaje. En particular, el movimiento antiaborto utilizó con gran eficacia las “leyes gatillo” en su campaña para anular la decisión Roe v. Wade. Hace décadas, el movimiento antiaborto identificó las “leyes gatillo” como parte de su “estrategia incremental” para revertir el fallo del caso Roe.
Cuando la decisión en la causa Dobbs eliminó las protecciones federales al aborto, ya eran 13 los estados con “leyes gatillo” promulgadas oficialmente. Estos eran estatutos que inconstitucionalmente restringían o prohibían el aborto y que solo entrarían en vigor si se anulaba Roe. Los estrategas antiaborto atribuyeron a estas “leyes gatillo” el mérito de “crear un entorno que evidencia una creciente voluntad política para” revocar la decisión Roe. De hecho, en Dobbs, la Corte Suprema citó la existencia de leyes estatales que iban en contra de Roe como una razón para abandonar el precedente ya consolidado y revertir esa causa.
Ya que las “leyes gatillo” no entran en vigor una vez promulgadas, están aisladas del control judicial. De este modo, desafían la doctrina jurídica sin darle a los tribunales la oportunidad de anularlas y potencialmente crear una ley aún más perjudicial. Son un complemento importante a otros métodos de desafiar la decisión de Citizens United porque dan a los legisladores la libertad de imaginar, libre de las restricciones de la doctrina jurídica actual, un sistema de financiación de campañas políticas.
Al ser promulgadas oficialmente por los gobiernos estatales, las “leyes gatillo” envían una señal más permanente y duradera que los discursos políticos, las manifestaciones y protestas, y otras formas de disidencia ciudadana. Y, ya que estas proclamaciones generalmente logran más respeto en los tribunales, tienen el potencial de dar resultados en futuras batallas legales.
Citizens United está lejos de ser la única decisión errada sobre la financiación de campañas. La decisión de 2014 de la Corte sobre la causa McCutcheon v. FEC, por ejemplo, invalidó una ley bipartidista que establecía un límite al monto que un individuo podía aportar a un candidato federal en un mismo ciclo electoral.
En 2011, la causa Arizona Free Enterprise Club’s Freedom PAC v. Bennett revocó una parte clave de la Ley de Elecciones Limpias de Arizona, la cual fue promulgada por los votantes para ayudarle a las personas candidatas a hacer campaña de forma competitiva sin la necesidad de depender de megadonantes.
Y, en su sustentación de 1976 en la causa Buckley v. Valeo, la Corte falló que la única razón válida para regular la financiación de las campañas es para prevenir la corrupción quid pro quo y todo lo que aparente serlo —o sea, otras importantes metas, como promover la equidad política, no se pueden abordar.
Los y las legisladoras estatales en pro de la democracia deberían ser ambiciosas y cuestionar estas otras causas desacertadas mientras redactan “leyes gatillo” que refutan la jurisprudencia errónea de la Corte Suprema sobre la financiación de las campañas electorales. Al desafiar todo este conjunto de precedentes jurídicos, las “leyes gatillo” promueven la interpretación más adecuada de la Primera Enmienda, como una que protege el derecho de todas las personas, no solo de unos pocos adinerados, a participar en nuestra democracia.
Una de las características más importantes de estas “leyes gatillo” serán sus disposiciones explicativas, ubicadas en los preámbulos, sus declaraciones de propósito o las conclusiones o intenciones legislativas. En estas secciones, los legisladores estatales no solo harán valoraciones que demuestren que la Corte Suprema se equivocó, sino que explicarán por qué.
Aquí es donde los y las legisladoras estatales crearán el registro de los hechos que demuestra que Citizens United ha socavado la democracia al desatar el gasto político ilimitado por parte de los súper-PAC y permitir a los megadonantes más ricos dominar la política, y acallar las voces de la ciudadanía popular. Aquí es donde refutarán la ingenua (o cínica) afirmación de la Corte Suprema de que pagar por tener “acceso” a los políticos no es corrupción y no socava la democracia.
La Corte erróneamente decidió Citizens United y otras causas sobre la financiación de las campañas políticas. Lamentablemente, ya que es improbable que esta Corte Suprema reconsidere su jurisprudencia a corto plazo, hay pocas probabilidades de que este argumento tenga éxito en un litigio. Pero eso no significa que no deberíamos plantear ese argumento. Las campañas populares para hacer cambios a las leyes constitucionales requieren tiempo, pero cuando se llevan a cabo correctamente —y cuando tienen el respaldo constante de la ciudadanía— funcionan.
Al aprobar “leyes gatillo”, los y las legisladoras estatales darán un paso decisivo en el largo camino hacia la anulación de Citizens United.
Traducción de Laura Gómez
