- Durante la última semana, 800 miembros de la Guardia Nacional de D. C. se movilizaron en operativos en la ciudad, con cientos más de miembros de otros estados en camino, y 500 agentes de inmigración y de otras agencias federales, recién desplegados, que patrullan las calles o han instalado retenes.
Esta columna se publicó originalmente en
Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
Hace una semana, el presidente Donal Trump y miembros de su gabinete anunciaron la toma de las funciones de orden público en Washington D. C. por medio del uso de tres herramientas: el despliegue de elementos de la Guardia Nacional de D. C. (y también tropas de la Guardia Nacional de varios estados cooperantes); invocar un estatuto de poderes de emergencia para la requisición de los servicios del Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad; y un incremento en la presencia de uniformados federales en las calles de la ciudad —incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigaciones y otros agentes federales.
Durante la última semana, 800 miembros de la Guardia Nacional de D. C. se movilizaron en operativos en la ciudad, con cientos más de miembros de otros estados en camino, y 500 agentes de inmigración y de otras agencias federales, recién desplegados, que patrullan las calles o han instalado retenes. Al mismo tiempo, el distrito y la Casa Blanca están en una lucha de poder por el control del departamento de policía de la ciudad.
Según la Casa Blanca, estas movidas son necesarias porque la delincuencia violenta está “fuera del control” en el distrito —una perspectiva que contradice estadísticas municipales y federales que demuestran una tendencia a la baja. Sin embargo, independientemente de los niveles de delincuencia en la ciudad, el uso de las fuerzas de la Guardia Nacional genera serios cuestionamientos jurídicos, incluyendo el espectro de posibles violaciones a la Ley Posse Comitatus.
Además, el ir y venir de la delincuencia local no supone una “emergencia” que puede justificar una toma federal de la policía de D. C. Y como se demostró recientemente en Los Ángeles, el incremento de agentes de seguridad nacional puede conducir a prácticas policiacas agresivas e intensificadas con poca rendición de cuentas o vigilancia.
Al mismo tiempo, el presidente sugirió que D. C. puede ser el campo de prueba para que esta estrategia sea replicada en otras ciudades donde la Casa Blanca ha exagerado los índices de delincuencia y denunciado las leyes santuario y la oposición política. Pero hay salvaguardas jurídicas para tales acciones. La autoridad del presidente sobre las fuerzas estatales de la Guardia Nacional es más limitada que su autoridad sobre la Guardia Nacional de D. C., mientras que la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU. prohíbe al gobierno federal tomar los departamentos de policía en los estados o rehacer sus políticas y prioridades policiacas.
El despliegue federal de la Guardia Nacional de D. C.
Trump empezó el intento de toma de D. C. anunciando dos órdenes ejecutivas. Una fue un memorándum presidencial ordenándole al secretario de defensa desplegar elementos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia a Washington D. C. “para atender la epidemia delictiva en la capital de nuestra nación”. Mientras que el presidente tiene la facultad de comandar la Guardia Nacional de D. C., este uso de la Guardia Nacional para respaldar funciones de orden público en territorio nacional es profundamente preocupante y puede violar el espíritu, si no la letra en sí, de la Ley Posse Comitatus.
Cualquier operativo militar en territorio nacional que involucra a las fuerzas armadas en funciones de orden público debería hacer sonar las alarmas. De hecho, hay una tradición de larga data en la jurisprudencia angloamericana en contra del uso de las fuerzas militares en cuestiones de orden público en territorio nacional.
Como ha explicado el Brennan Center, la línea entre las esferas militares y civiles sirve como una protección crítica para la democracia y las libertades individuales. La historia nos enseña, y los fundadores bien lo sabían, que la habilidad de apuntar el ejército hacia el pueblo estadounidense puede ser un poderoso instrumento para la tiranía o la opresión.
Es más, el personal militar está generalmente entrenado y equipado para ser soldados, no oficiales de policía. Los militares reciben muy poco entrenamiento en cómo responder a la conmoción civil y no están capacitados en labores policiacas municipales. Entonces, utilizar a los militares para ejercer labores de policía expone a los civiles a posibles violaciones de sus derechos en manos de soldados que no están entrenados para ser defensores de los derechos constitucionales.
Por estas razones, que el presidente utilice a los militares para funciones civiles de orden público está normalmente prohibido por la Ley Posse Comitatus, a menos de que sea expresamente autorizado por el Congreso. Sin embargo, hay un posible vacío legal cuando se trata de la Guardia Nacional.
Existen 54 Guardias Nacionales —una para todos los 50 estados, además de Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Ordinariamente, cada Guardia Nacional opera bajo el mando y control del estado o gobernador territorial, a menos de que sea “llamada a llevar a cabo servicios federales”, algo también conocido como ser “federalizada”, por el presidente. Ya que la Ley Posse Comitatus abarca el uso presidencial de las fuerzas militares, las fuerzas de la Guardia Nacional que operan bajo control estatal pueden ser utilizadas para funciones de orden público en la medida que lo permita la ley estatal. Además, están sujetas a la Ley Posse Comitatus solo cuando son federalizadas y traídas bajo el mando y control del presidente.
La única excepción a este marco es la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, la cual siempre ha estado bajo el mando y control del presidente y puede ser movilizada como la presidencia mejor considere, sin necesidad de formalmente convocarla a prestar servicio federal.
Aunque pareciera que la Guardia Nacional de D. C. siempre está efectivamente “federalizada” por virtud de que opera bajo el mando del presidente, del despacho de asesoría jurídica (OLC, por sus siglas in inglés) del Departamento de Justicia ha afirmado durante años que, sin embargo, la Guardia Nacional puede operar en carácter de “milicia” no federal, en cuyo caso no está sujeta a la Ley Posse Comitatus. Según esta interpretación, el presidente puede utilizar la Guardia Nacional de D. C. para llevar a cabo funciones de orden público en el distrito cuando así lo disponga, sin importar las restricciones que aplican en otros lugares del país.
Esta declaración nunca se ha puesto a prueba en los tribunales, y el Congreso tampoco la ha validado con estatutos. La teoría del OLC, que precisó en un memorándum de 1989, también choca con las más recientesdecisiones de tribunales federales, que encuentran que la Ley Posse Comitatus aplica a la Guardia Nacional cuando está bajo mando y control federal.
Dado que la Guardia Nacional de D. C. está bajo control federal permanente, estas decisiones apuntan a que siempre debería estar sujeta a la Ley Posse Comitatus. También se puede argumentar que aun cuando el presidente utilice a la Guardia Nacional de D. C. para labores civiles de policía local, como un gobernador lo haría en uno de los 50 estados, la Ley Posse Comitatus aplica siempre que el presidente la despliegue para fines federales. Según la orden de despliegue emitida en conformidad con el memorándum presidencial del 11 de agosto, el propósito del despliegue incluye la protección a la propiedad federal, y funciones y asistencia para el cumplimiento de leyes federales.
Cabe resaltar que los tribunales han sostenido que la Ley Posse Comitatus aplica solo cuando las fuerzas federales participan directamente en labores policiacas, como dar asistencia logística o vigilar un área. La participación directa ocurre cuando los agentes civiles de policía hacen “uso directo y activo” del personal militar para ejecutar las leyes, cuando las fuerzas militares federales influyen profundamente en operativos de policía civil o cuando las tropas someten a civiles a ejercer facultades militares que son “regulatorias, prescriptivas y compulsorias por naturaleza”.
Aún no está totalmente claro cómo la administración Trump planea utilizar a la Guardia Nacional de D. C. La administración indicó que se esperaba que entre 100 y 200 miembros de la Guardia Nacional de D. C. estuvieran prestando servicio en la ciudad en cualquier momento y que ejecutarían “una gama de tareas tanto administrativas como logísticas y de presencia física en apoyo a la aplicación de la ley". Sin embargo, en por lo menos un caso reportado, un miembro de la Guarda Nacional detuvo a un individuo que aparentemente agredió a un oficial de la policía de Parques Nacionales —un comportamiento claramente prohibido por la Ley Posse Comitatus.
Además, inicialmente, las fuerzas de la Guardia Nacional de D. C. no estaban armadas. Sin embargo, el sábado el diario Wall Street Journalreportó que tanto el personal desplegado de la Guardia Nacional de D. C. como las tropas que están llegando de la Guardia Nacional de otros estados empezarán a estar armadas. (Un informe luego lo confirmó por medio del vocero de la Guardia, el sargento maestro superior del ejército, Craig Clapper).
La decisión de armar a la Guardia Nacional es una escalada significativa e injustificada que abandona las prácticas establecidas por el Departamento de Defensa. Aun cuando Trump y el presidente Joe Biden desplegaron a la Guardia Nacional para proveer seguridad adicional alrededor del Capitolio de los Estados Unidos y los edificios vecinos de oficinas del Congreso, en las semanas y meses después de la insurrección del 6 de enero, esta generalmente no estaba armada. Mientras que armar a las fuerzas de la Guardia Nacional en sí puede que no active la Ley Posse Comitatus, potencialmente augura acciones que por naturaleza son “prescriptivas” o “compulsorias”.
Despliegue de las fuerzas de Guardia Nacional de estados cooperantes
En su memorándum del 11 de agosto, Trump también instruyó al secretario de defensa a “coordinar con gobernadores de los estados y autorizar órdenes para accionar los servicios de miembros adicionales de la Guardia Nacional” en D. C. El sábado, West Virginia se convirtió en el primer estado en anunciar que enviaría tropas de su Guardia Nacional a D. C., seguida rápidamente por Carolina del Sur y Ohio, y luego Misisipi y Luisiana.
Este despliegue de las tropas de la Guardia Nacional de estados cooperantes en apoyo a la vigilancia policiaca del delito en D. C. representa usos jurídicamente cuestionables del llamado carácter del “Título 32”. Y, sin tener en cuenta las amenazas de expandirse, esto no podría replicarse en estados que no den la bienvenida a fuerzas externas al estado.
El personal de la Guardia Nacional que se desplegó en D. C. desde estados cooperantes estará operando en carácter del Título 32, uno de tres diferentes estatutos de servicio bajo los cuales la Guardia Nacional puede operar en cualquier momento dado. En el “carácter de Servicio Activo Estatal”, personal de la Guardia puede llevar a cabo una misión definida por el estado, bajo mando y control estatal, y con fondos y beneficios estatales.
Durante el “carácter de Título 10”, la Guardia es federalizada y acciona misiones federales bajo el mando y control federal, con financiación y beneficio federales. El carácter del Título 32 es un punto medio entre las operaciones exclusivamente estatales y la federalización: la Guardia permanece bajo el mando y control estatal, pero puede llevar a cabo funciones establecidas por el Congreso o solicitadas por la rama ejecutiva y recibe pagos y beneficios federales. Crucialmente, porque el personal de la Guardia en carácter del Título 32 está bajo control estatal, no ha sido federalizado y no está sujeto a la Ley Posse Comitatus.
Según la Sección 502(f) del Título 32 —la autoridad específica que se está utilizando para llevar tropas de la Guardia Nacional desde West Virginia y otros estados a D. C.— los gobernadores pueden desplegar a su Guardia Nacional en carácter del Título 32 para apoyar una misión federal a solicitud del presidente o el secretario de defensa. La primera administración Trump utilizó esta autoridad para llevar a miles de tropas estatales de la Guardia Nacional a Washington D. C. bajo el carácter de Título 32 durante el verano de 2020 para atender las protestas por la muerte de George Floyd en manos de la policía.
No queda claro si la Sección 502(f) autoriza el estado actual de los despliegues de las guardias estatales a D.C. Aunque el texto de la Sección 502(f) es amplio y puede a primera vista parecer permitir a los gobernadores desplegar las fuerzas de sus guardias por cualquier razón identificada por el presidente o secretario de defensa, la historia legislativa de esta disposición —además de su ubicación en una sección de la ley referente a los ejercicios de entrenamiento de la Guardia— fuertemente favorecen una lectura más conservadora de la ley.
Se entiende mejor como una disposición que facilita los pagos federales por acciones que de otro modo están autorizadas bajo el Título 32, además de ciertas funciones tradicionales de la Guardia como la asistencia en casos de desastres naturales.
El despliegue actual de las fuerzas estatales de la Guardia Nacional también despierta preocupaciones por la posibilidad de evadir la Ley Posse Comitatus. Aunque, como asunto jurídico, las fuerzas de la Guardia que llevan a cabo misiones federales bajo la Sección 502(f) siguen estando bajo al mando y control estatal, sí pueden estar en la práctica sujetas a una dirección federal significativa.
Esto es particularmente cierto cuando se accionan para apoyar operativos de la Guardia Nacional de D. C., la cual siempre está bajo el comando y control del presidente. En 2020, las autoridades del Departamento de Defensa confirmaron que las fuerzas estatales de la Guardia respondían a la cadena de comando federal de la Guardia Nacional de D. C. Hay un argumento poderoso de que la Ley Posse Comitatus debería ser leída para aplicar en dichas circunstancias, aun cuando las fuerzas de la Guardia no hayan sido convocadas formalmente a prestar servicio federal.
De cualquier modo, Trump no puede utilizar esa misma maniobra en estados como Nueva York e Illinois, como ha amenazado hacer. Los estados de EE. UU. son entidades soberanas vis a vis y su soberanía es equitativa y delimitada territorialmente. Como la ha explicado la Corte Suprema, “la jurisdicción de un estado se coextiende a su territorio y se coextiende a su poder legislativo”.
Debido a esto, un estado no puede unilateralmente plantarse en otro y ejercer poder gubernamental allí. Una citación judicial de una corte estatal, por ejemplo, no tiene efecto directo en otro estado; en su lugar, la parte que busca hacer cumplir la citación debe presentarla al tribunal de ese estado. Por la misma razón, un estado no puede desplegar sus fuerzas de la Guardia Nacional en otro estado sin un permiso previo de ese estado —es decir, los estados de EE. UU. no se pueden invadir los unos a los otros.
Disponer de las fuerzas de la Guardia Nacional en carácter del Título 32 en vez del carácter de Servicio Activo Estatal no se impone sobre esta barrera de soberanía, y tampoco lo hace la solicitud de apoyo del presidente a un gobernador bajo la Sección 502(f). Como cuestión jurídica, las fuerzas de la Guardia en carácter del Título 32 permanecen bajo mando y control estatal, así como en el carácter de Servicio Activo Estatal.
Órdenes para movilizar y desplegar tropas deben ser emitidas por un gobernador, no un presidente. Eso significa que cualquier personal de la Guardia desplegado en D. C. en carácter del Título 32 no debe ser considerado federalizado y debe continuar operando bajo la autoridad del estado que allí los envió. De hecho, por esta misma razón, los gobernadores están en libertad de negar la solicitud de asistencia del presidente según la Sección 502(f). En la práctica, esto limita el despliegue de fuerzas de la Guardia en carácter del Título 32 a solamente estados donde un gobernador apruebe tal uso.
El gobierno federal se toma al departamento de policía metropolitana
El presidente Trump también ha invocado la Sección 740 de la Ley de Autogobierno de D. C., la cual dispone que “cuando el presidente de los Estados Unidos determine que existen condiciones especiales con carácter de emergencia que requieran el uso de la fuerza de la policía metropolitana, él puede ordenar a la alcaldía a que se las proporcione y la alcaldía debe proveer los servicios de la fuerza de policía metropolitana conforme el presidente considere necesario y apropiado”. La invocación y aplicación de esta disposición por parte de la administración parece exceder de varias formas las facultades que el estatuto contempla.
Para empezar, la facultad se percibe ampliamente —más notoriamente por Trump— para autorizar al presidente a tomar el control del Departamento Metropolitano de Policía (MPD, por sus siglas en inglés). De hecho, la administración inicialmente solicitó destituir a la jefa de policía del departamento y reemplazarla con un oficial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
El texto de la disposición, sin embargo, es menos exhaustivo y solo requiere a la alcaldesa de D.C. que proporcione los servicios de la policía al presidente. Esto necesariamente implica que la alcaldía mantiene el control directo del MPD. En conformidad con esta lectura, un tribunal federal esencialmente obligó a la administración ha llegar a un acuerdo con el distrito bajo el cual el jefe de policía actual, designado por la alcaldesa, mantendrá el mando del MPD mientas que el oficial de la DEA servirá como gestor entre la administración Trump y el gobierno popularmente elegido de D. C.
Aún más fundamental: Todavía no se han cumplido los criterios para invocar la Sección 740. En primer lugar, no existen “condiciones especiales de carácter de emergencia” presentes aquí. La Sección 740 no define el término “emergencia”, y la historia legislativa de la Ley de Autogobierno ofrece muy poca claridad al respecto. Pero la palabra en sí tiene un significado claro. Por definición, una emergencia es una crisis repentida e inesperada. Pero no hay un salto inesperado en la delincuencia en la capital de la nación.
Al contrario, las estadísticas del MPD reflejan una constante tendencia a la baja en la delincuencia desde 2023. Por supuesto, la administración aún puede tomar la postura de que los niveles de delincuencia son demasiado altos. Lo que no puede hacer, sin embargo, es demostrar un cambio repentino en la realidad que pueda alinearse con la bien establecida definición de “emergencia”.
En segundo lugar, la Sección 740 puede ser invocada sólo si el presidente requiere la asistencia del MPD para “fines federales”. La prevención del delito local, aun en el Distrito de Columbia, no es un fin federal. Por el contrario, suprimir una insurrección en contra del gobierno federal o defender la capital de la nación de una invasión por un poder extranjero sí son fines federales fundamentales.
Aunque la administración ha sido cuidadosa en incluir un lenguaje sobre la protección de la propiedad y funciones federales en las órdenes de autorización, sus declaraciones públicas dejan claro que la invocación de la Sección 740 es en respuesta a la supuesta alza local de los delitos. Pero no hay indicación alguna de que los oficiales del MPD estén siendo sistemáticamente sacados de sus áreas residenciales o comerciales de trabajo para ser accionados cerca de edificios o propiedades federales.
Finalmente, la Sección 740(d) impone un tiempo límite de 30 días a la toma de control del presidente sobre el MPD que puede ser extendido solo por medio de una resolución conjunta del Congreso —una resolución que puede estar sujeta al obstruccionismo parlamentario en el Senado. Trump ha asegurado que él de algún modo va a extender el tiempo límite unilateralmente por medio de una declaración de emergencia nacional.
Esta declaración no tiene base jurídica, ya que las 137 facultades estatutarias que se activan con una declaración presidencial de emergencia nacional no incluyen ninguna facultad para esquivar el límite de 30 días incluida en la Sección 740(d). El Departamento de Justicia reconoció en un tribunal federal el viernes que la única manera de extender los 30 días está en manos del Congreso.
Despliegue de fuerzas de seguridad nacional
La Casa Blanca comandó una remontada significativa en las agencias de cumplimiento de las leyes federales, incluyendo a las que forman parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). Las agencias como el Servicio de Protección Federal del DHS, el Buró Federal de Investigaciones y la Administración de Control de Drogas han estado patrullando áreas comerciales, residenciales y de oficinas en D. C.
Grupos de trabajo en seguridad nacional, los cuales fueron destacados la semana pasada durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca, han incrementado operativos antinarcóticos y de cumplimiento de leyes migratorias. Y oficiales de inmigración y la policía de D. C. han administrado retenes conjuntos para aplicar tanto leyes locales como migratorias, resultando en detenciones. Los oficiales de policía locales y federales han detenido a conductores por luces traseras rotas y la patrulla fronteriza participó en el arresto de un conductor de una motocicleta todoterreno que se estrelló contra un vehículo de la policía local.
El incremento sumó al menos 500 nuevos uniformados federales a las calles de D. C., además de aquellos que ya están presentes de manera rutinaria. Para el viernes, la fiscal general anunció cerca de 200 arrestos, 75 de los cuales fueron realizados por oficiales de migración. Solamente el miércoles pasado, 1,650 oficiales —incluyendo a más de 800 agentes federales— participaron en estos operativos conjuntos.
Existen varias posibles bases jurídicas para estos despliegues, aunque la Casa Blanca no ha precisado una justificación exacta. Cuando se alega que está involucrada la propiedad federal, es más probable que el Servicio de Protección Federal (FPS, por sus siglas en inglés) del DHS tome el liderazgo. El FPS está encargado de asegurar la propiedad federal y la gente que allí trabaja o está de visita.
En D. C., en dónde el gobierno federal es dueño del 25 % del territorio, el FPS tiene una huella significativa. Notablemente, la Ley de Seguridad Nacional permite a la policía del FPS llevar a cabo sus funciones más allá de los límites de la propiedad federal “al alcance que sea necesario para proteger a la propiedad federal y a las personas en la propiedad”. El FPS también puede hace cumplir leyes estatales y locales en coordinación con agencias locales. (Si llegar a tal acuerdo y disponer de este es un “servicio” que el presidente puede solicitar bajo la Sección 740 es una crítica, y aún por definir, cuestión legal). El FPS en sí cuenta con unos 1,300 empleados y 13,000 guardias bajo contrato, y puede también accionar hasta 90,000 uniformados de otras agencias del DHS.
El FPS tiene una notable historia de extenderse demasiado, incluyendo represiones agresivas a manifestantes y vigilancia política. En Los Ángeles este verano y en Portland en 2020, fuerzas especiales encapuchadas de la patrulla fronteriza designados como oficiales del FPS se desplegaron en las calles de EE. UU., equipados con armamento y entrenamiento más apto para sus despliegues en la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán.
A principios de año, el DHS pagó para llegar a acuerdos en demandas radicadas por manifestantes en Portland. En Los Ángeles, está pendiente una demanda presentada por manifestantes y periodistas, alegando que fueron atacados por ejercer derechos protegidos constitucionalmente. La agencia también ha utilizado su amplio programa de inteligencia para monitorear a activistas de Occupy Wall Street, manifestaciones universitarias y otros eventos de este tipo, en muchos casos mientras explícitamente desconoce cualquier impacto a la propiedad federal.
Hay otras facultades jurídicas que también pueden jugar un papel aquí. Algunos de los operativos federales en D. C. que involucran a agentes del DHS y el DOJ se han desarrollado lejos de cualquier propiedad federal, como el retén en el corredor comercial en la Calle 14 NW. Sin citar teoría jurídica alguna detrás de estos operativos, el gobierno ha dicho que sirven para atacar la delincuencia en D. C. o aplicar las leyes de inmigración.
Es posible que estas acciones se están llevando a cabo bajo el rubro de un equipo de trabajo conjunto establecido por la Sección 3 de la orden ejecutiva llamada, Haciendo al Distrito de Columbia Bello y Seguro. Alternativamente, pueden ser atribuidos a un grupo de trabajo de seguridad nacional que Trump mencionó durante la rueda de prensa la semana pasada que forma parte de un programa que él creó durante su primer día en el cargo con el propósito de combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacional. Estos grupos de trabajo, administrados en conjunto por la fiscal general y el secretario de seguridad nacional, convocan a uniformados de varias agencias federales y se enfocan en investigaciones relacionadas con la delincuencia ligada a la migración.
La historia ha ilustrado los peligros de los grupos de trabajo en seguridad nacional: modelos de operaciones conjuntas utilizados para atacar el terrorismo han sometido a la ciudadanía a abusos que son el resultado de bajos estándares investigativos y la vigilancia electrónica, sin lograr los resultados prometidos. Además, los oficiales federales en estos grupos de trabajo están aplicando leyes federales y locales, pero carecen de entrenamiento en materia de delincuencia local, exacerbando así el riesgo de abuso o error.
Se necesita más información para evaluar si los uniformados federales desplegados en D. C. han actuado dentro de sus facultades estatutarias relevantes. Por ejemplo, mientras que el FPS tiene un amplio mandato de proteger la propiedad federal, el patrullaje generalizado de la ciudad está fuera de ese alcance.
No está aún claro cuáles agencias han implementado leyes federales versus leyes locales en los retenes de D.C., pero reportes sugieren que los oficiales federales han arrestado a personas por conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, posesión de heroína, agresión, huir de un arresto, conducir con permisos de tránsito revocados y por tener una orden de arresto pendiente en Virginia. Muchas de estas acciones parecen estar fuera del alcance de los uniformados federales.
Además, los retenes han suscitado preocupaciones constitucionales. En 2000, la Corte Suprema de EE. UU. sostuvo en la causa Indianápolis v. Edmond que un retén establecido con el propósito principal de controlar la delincuencia viola la Cuarta Enmienda, a diferencia de los retenes específicos para evaluar la sobriedad de los conductores. Edmond limita la habilidad del gobierno de “construir bloqueos de tránsito para cualquier fin imaginable de orden público”.
Y como la Corte Suprema sostuvo en 1976, mientras que la patrulla fronteriza puede operar a una distancia razonable de la frontera nacional —lo cual incluye las proximidades de las fronteras marítimas como las de D. C.— las paradas de tránsito realizadas por la agencia solo deben prolongarse “con el único propósito” de evaluar el estatus migratorio, no infracciones locales. Los hechos referentes a los retenes en D. C. todavía se están conociendo, pero su legalidad dependerá de si los vehículos han sido detenidos con un fin legítimo o con base a otra razón especifica.
Además de las preocupaciones sobre su legalidad, el despliegue de oficiales del DHS en las calles de la ciudad puede rápidamente resultar en la intensificación de interacciones y conflictos. En Los Ángeles este verano, oficiales del DHS dispararon supuestas “armas menos letales” contra periodistas y activistas en las calles, causando numerosas heridas mientras también suprimían la cobertura mediática y la libertad de expresión.
También, unidades de las fuerzas especiales de la patrulla fronteriza se desplegaron y sumaron a la respuesta a las manifestaciones y el DHS lanzó drones Predator para vigilar la ciudad. En Portland en 2020, cientos de esos mismos accionados agentes de la patrulla fronteriza, operando bajo las facultades del FPS, persiguieron notoriamente a manifestantes por las calles, muy lejos de cualquier propiedad federal, y arrojaron a manifestantes en camionetas sin placas.
Los abusos del DHS se intensifican por débiles infraestructuras de supervisión y rendición de cuentas. Desde la creación del departamento, despachos clave que desarrollan normativas en derechos civiles, libertades civiles y privacidad y las hacen cumplir han estado plagadas de débiles facultades investigativas y han sido frenadas por la falta de jurisdicción directa sobre los componentes como ICE o Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
Esas agencias, que incluyen a la patrulla fronteriza, tienen despachos internos de supervisión que reportan a los mismos oficiales que se supone que vigilen, creando fundamentales conflictos de interés. Y, recientemente, la administración Trump eliminó la “gran mayoría” de documentos públicos sobre derechos civiles de la última década del DHS y deshizo las oficinas centrales de derechos civiles, dejando en el olvido más de 500 quejas. Las organizaciones impactadas han retado esta decisión, pero si se afirma la movida del gobierno quedará garantizado que el despacho permanecerá al margen.
Prospectos de una expansión nacional
Trump sugirió el lunes que ve a la capital de la nación como un campo de prueba para una campaña de ataque a ciudades a nivel nacional, nombrando a lugares como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Oakland y Baltimore. En estas otras jurisdicciones, el presidente carece de tanto el control directo que tiene sobre la Guardia Nacional de D. C. como de la autoridad legal de requisición sobre los servicios de la policía local.
Para hacer uso de la Guardia Nacional de estos estados, el presidente necesitaría federalizarlas. Mientras que el presidente tiene la facultad estatutaria de hacerlo, solo puede ejercerla bajo ciertos criterios. Como demuestra la causa Newsom v. Trump en su avance por los tribunales federales, los estados pueden y van a cuestionar en la Corte la legalidad de la decisión del presidente de federalizar su Guardia Nacional.
Además, mientras que el Congreso empoderó al presidente para hacer uso del departamento de policía de D. C. en circunstancias específicas, la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU. prohibiría está actuación en cualquier otro lugar. Esto se debe a que la Décima Enmienda reserva los poderes que no están expresamente otorgados al gobierno federal a los estados y al pueblo. La disposición no aplica a D. C., el cual no es un estado. La condición de estado es la mejor forma de garantizar el control local de la policía de D. C. —y una solución respaldada por el Brennan Center, donde trabajamos.
Pero en otros lugares, la Décima Enmienda significa que el gobierno federal no puede tomar el control de agencias estatales para que operen a nombre suyo, o a amenazarlas si se rehúsan a hacerlo.
La Décima Enmienda también le prohibiría a Trump deshacer leyes y políticas que prohíben a oficiales locales compartir información sobre personas inmigrantes —algo comúnmente conocido como leyes santuario— tal y como lo prometió hacerlo la semana pasada en la Casa Blanca por medio de la toma de control o la amenaza de desfinanciar o procesar a autoridades locales.
Las practicas santuario involucran a ciudades y estados que escogen no colaborar con ciertos aspectos del cumplimiento federal de las leyes migratorias. Amenazas federales de desfinanciar y procesar a funcionarios locales en retaliación por sus prácticas santuario han fracasado una y otra vez en los tribunales. Hace apenas un mes, un juez federal en Illinois ratificó las leyes santuario del estado. En su fallo, dijo que el Congreso había permitido, pero no requerido, a los estados trabajar con agencias federales en cuestiones de inmigración. El tribunal también dio a entender que tal requisito del Congreso violaría la Décima Enmienda.
Conclusión
Las actuaciones de esta semana en la capital de la nación ilustran los peligros de una administración que está dispuesta a explotar los poderes de emergencia e ignorar los límites a esas facultades.
La administración ha militarizado a la policía en el Distrito. Ha participado en un intento de toma ilegal de la policía local. Y ha abusado de los mandatos flexibles sobre seguridad nacional para reprimir a los residentes de D. C. para hacer una demostración de su poderío contra supuestos opositores políticos.
Dejemos en claro: D. C. es único en que su Guardia Nacional siempre está bajo control federal, y el Congreso ha autorizado un mecanismo mediante el cual el gobierno federal puede, por un periodo breve, asumir un control significativo de la policía local de D. C.
Pero la prolongada comunicación de la administración sobre la oposición política, la delincuencia urbana y las leyes santuario apuntan fuertemente a que el gobierno intentará tácticas similares en otros lugares, poniendo a prueba los límites estatutarios y constitucionales.
Traducción de Laura Gómez
