Esta columna se publicó originalmente en State Court Report
- La administración Trump ha intentado ilegítimamente ejercer control sobre ciertos aspectos de la administración de las elecciones.
- Son los gobiernos locales y estatales los que están encargados de administrar las elecciones, atender al electorado y contar los votos para determinar a quiénes elige el pueblo para que lo representen.
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El presidente no tiene ninguna facultad constitucional sobre la administración de las elecciones federales. En realidad, son los gobiernos locales y estatales los que están encargados de administrar las elecciones, atender al electorado y contar los votos para determinar a quiénes elige el pueblo para que lo representen.
Sin embargo, la administración Trump ha intentado ilegítimamente ejercer control sobre ciertos aspectos de la administración de las elecciones. Por ejemplo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que buscaba establecer nuevas reglas sobre los sistemas de votación y de registro de votantes, entre otros cambios.
La Constitución de los EE. UU. y las constituciones estatales garantizan el desarrollo de elecciones con regularidad y protegen el derecho de participación de todas las personas ciudadanas elegibles. Si bien el presidente tiene cierto poder para influir en el nivel de apoyo que provee el gobierno federal para administrar las elecciones —por ejemplo, cuando proporciona recursos y pericia sobre ciberseguridad para que los estados los usen si lo necesitan—, son los gobiernos locales y estatales los que mayormente establecen las reglas de cómo llevar a cabo las elecciones y los que registran a votantes, administran los sitios de votación y cuentan los votos. Y a pesar de las dificultades de los últimos años, como una pandemia, amenazas de violencia y una presión política extraordinaria, las autoridades electorales locales y estatales de todas las banderas políticas han llevado a cabo elecciones seguras y correctas, con conteos de votos precisos.
La justicia ya ha bloqueado varias de las disposiciones de esa orden ejecutiva. Pero Trump ha amenazado con emitir más órdenes que afectarían la votación por correo, prohibirían el uso de las máquinas de votación e instalarían nuevos requisitos de identificación de votantes.
En noviembre, el pueblo estadounidense elegirá a 180 legisladores estatales y muchos más funcionarios públicos locales. En poco más de un año, el pueblo votará para elegir los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 33 escaños en el Senado y miles de escaños en legislaturas estatales de todo el país. A medida que se acercan las elecciones de medio término de 2026, es posible que hayan nuevos intentos de socavar o interferir en las elecciones. A continuación, explicamos qué es lo que hay que saber sobre quiénes administran nuestras elecciones y qué significa para nuestra democracia.
¿Qué dice la Constitución sobre quiénes deben administrar nuestras elecciones?
La Constitución de los EE. UU. confiere tanto a los estados como al Congreso la responsabilidad de regular las elecciones federales. Conocida como la Cláusula de las Elecciones, la Sección 4 del Artículo I de la Constitución les concede a los estados el poder de establecer los “momentos, sitios y modos” en que se llevarán a cabo las elecciones federales, mientras que el Congreso tiene la facultad de “crear o alterar” esas reglas.
El Congreso ha ejercido su facultad constitucional de aprobar leyes que afectan las elecciones en todos los estados, desde crear un día nacional para realizar las elecciones hasta establecer las normas mínimas que deben cumplir los sistemas electrónicos que cuentan votos y las reglas básicas que se deben seguir cuando se realiza el mantenimiento de las listas de votantes. Pero más allá de ejemplos puntuales como estos, la administración de las elecciones recae principalmente sobre los estados y las localidades.
Claro que el poder de los estados no es ilimitado, ya que la ley estatal no puede violar los derechos protegidos por la Constitución. Por ejemplo, la 14.a enmienda garantiza que todas las personas votantes sean tratadas justa y equitativamente, lo cual significa que los estados no pueden aprobar leyes que discriminen contra determinadas personas votantes.
¿Cuál es el rol de los gobiernos locales y estatales en nuestras elecciones?
Dentro del alcance de las protecciones constitucionales y las normas nacionales establecidas por el Congreso, las leyes estatales establecen los procesos electorales y les encomiendan a los gobiernos locales y estales la tarea de administrar esos procesos.
A nivel estatal, hay un funcionario (por lo general, el secretario de estado) o una junta con miembros de los dos partidos políticos que se desempeña como la mayor autoridad electoral del estado. Si bien la administración de las elecciones varía según el estado, sus responsabilidades son, entre otras, hacer cumplir las políticas electorales, brindar capacitación y asesoría a los funcionarios electorales locales, mantener sistemas nacionales de registro de votantes, establecer normas detalladas para los equipos de votación y confirmar los resultados finales de las elecciones.
Las constituciones y las leyes estatales también determinan reglas para la votación como los plazos para registrarse y los requisitos de identificación de votantes.
A nivel local, aproximadamente más de 10,000 entidades locales administran las elecciones. En la mayoría de los estados, los condados supervisan la administración de las elecciones, pero algunos estados delegan esta tarea a los municipios o permiten que distritos o instituciones especiales (como los consejos escolares) administren sus propias elecciones.
Estos funcionarios deben llevar a cabo las elecciones de acuerdo con las leyes estatales y, al mismo tiempo, encargarse de las responsabilidades que supone administrar las elecciones: registrar a votantes, realizar el mantenimiento de las listas de votantes, o padrones electorales, preparar los sitios de votación, capacitar a los trabajadores electorales, diseñar las boletas, supervisar los votos por correo y en ausencia, y contar y certificar los resultados de las elecciones. A su vez, estas tareas dependen del trabajo de cientos de miles de trabajadores temporales y de tiempo completo.
Esta descentralización es una característica importante de la democracia de Estados Unidos. Debido a que los funcionarios locales se encargan de llevar a cabo la mayoría de las operaciones de las elecciones, pueden ajustar sus procedimientos según las necesidades y la capacidad de sus comunidades. Esa flexibilidad garantiza la transparencia de las elecciones, incluso en circunstancias difíciles, por ejemplo, si ocurren desastres naturales.
Además, tener a funcionarios electorales trabajando en sus propias comunidades crea mejor capacidad de respuesta y una mayor transparencia para el electorado: la gente que te atiende en la oficina electoral y en el sitio de votación son tus vecinos que tienen un verdadero interés en asegurarse de que tu comunidad tenga la oportunidad de hacerse oír.
¿Cuál es el rol del gobierno federal en nuestras elecciones?
Como ya se señaló, la Constitución de los EE. UU. dispone que el Congreso tiene el rol de “crear o alterar” las leyes electorales y de hacer cumplir las protecciones establecidas en las enmiendas relacionadas con las elecciones, es decir, la 14.a enmienda (sobre Protección Igualitaria), la 15.a enmienda (que prohíbe la discriminación racial), la 19.a enmienda (sobre el sufragio de las mujeres), la 24.a enmienda (que prohíbe el pago de impuestos para votar) y la 26.a enmienda (que baja la edad de votar a los 18 años).
Históricamente, el gobierno federal, a través del Congreso y bajo su dirección, ha actuado para proteger el acceso a las urnas y el derecho al voto de las personas votantes, establecer normas nacionales mínimas para garantizar la transparencia, y brindar fondos y servicios a los funcionarios electorales para ayudarles a administrar las elecciones con más eficacia.
El Congreso aprobó leyes como la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) y la Ley para Uniformados y Ciudadanos en el Extranjero (Uniformed and Overseas Citizens Act) con el objetivo de garantizar el acceso a los comicios a grupos de personas ciudadanas a quienes antes se les había negado el derecho al voto o habían tenido obstáculos importantes para votar, y el Departamento de Justicia ha hecho cumplir estas leyes y trabajado para eliminar prácticas discriminatorias durante la votación.
Mediante la Ley de Registro Nacional de Votantes (National Voter Registration Act) y la Ley Ayude a América a Votar (Help America Vote Act), el Congreso estableció las normas nacionales en torno al registro de votantes y a los sistemas de votación para simplificar procesos y reducir errores en la administración de las elecciones que podrían privarle al electorado de su derecho al voto.
Más recientemente, el Congreso y algunas agencias federales como la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) ayudaron a los estados a garantizar la seguridad de la infraestructura electoral al brindarles más fondos y asesoramiento, estableciendo normas de cumplimiento voluntario y ofreciendo un mayor acceso a los servicios y la pericia del gobierno federal.
¿Puede el presidente interferir en la administración de las elecciones?
La Constitución no le delega al presidente ninguna facultad sobre las elecciones, más allá de su rol general de firmar o vetar leyes federales que establecen reglas electorales. El presidente puede emitir órdenes ejecutivas que afectan a las agencias y personal federales que hacen cumplir las leyes electorales federales, pero no puede modificar unilateralmente esas leyes ni alterar las leyes estales sobre la forma en que se administran las elecciones. El presidente no tiene ningún poder de anular los resultados de una elección ni cancelar una elección.
¿Qué puede hacer el pueblo estadounidense para ayudar a que tengamos elecciones libres, seguras y justas en 2026 y en los años venideros?
Nuestra democracia está basada en un sistema de frenos y contrapesos y depende de una amplia participación para garantizar su transparencia. El pueblo estadounidense debe buscar formas de participar de cualquier modo posible: sumándose a grupos cívicos, llamando y enviando correos electrónicos a sus funcionarios electos, anotarse para trabajar en las elecciones y asistir en campañas de registro de votantes dirigidas por grupos establecidos que conocen las reglas. Y lo más importante, ¡votando!
Traducción de Ana Lis Salotti
