- En materia del poder presidencial, el derecho al voto y la financiación de campañas políticas, entre otros temas, nuestra democracia está en riesgo.
- Durante esta sesión, los magistrados no tendrán más remedio que confrontar directa y públicamente las grandes preguntas sobre el poder presidencial.
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Quienes valoramos la Constitución estamos aturdidos. El presidente de los Estados Unidos esta mañana sugirió usar a “las ciudades peligrosas como terrenos de entrenamiento para nuestras fuerzas militares”. La acusación formal contra el exdirector del FBI, James Comey, parece motivada por cuestiones políticas, dudosa e indefendible.
Contamos con que los tribunales defiendan el estado de derecho. Pero esa salvaguarda también es frágil, tal como se nos recuerda especialmente la semana próxima con el inicio de una nueva sesión en la Corte Suprema.
El lunes se cumplen dos décadas desde que John Roberts fue nombrado presidente de la Corte Suprema y, en estos veinte años, la confianza del público en el tribunal supremo ha bajado a niveles récord, según las encuestas. De muchas maneras, en los próximos meses se pondrá a prueba el resto de la credibilidad de la Corte. En materia del poder presidencial, el derecho al voto y la financiación de campañas políticas, entre otros temas, nuestra democracia está en riesgo.
Durante el primer mandato de Donald Trump, por lo general, la Corte rechazó sus peores abusos y se negó a anular su derrota en las elecciones de 2020. Era una corte conservadora, no necesariamente MAGA. Esta vez parece diferente.
El año pasado, el caso Trump v. United States otorgó a la presidencia una nueva e inmensa inmunidad de procesamiento por actos ilegítimos llevados a cabo mientras se ocupa el cargo. El presidente es “la única persona que sola compone toda una rama de gobierno”, escribió Roberts dándole su sello de aprobación, y así la Corte erradicó una de las salvaguardas más potentes contra el abuso de los poderes presidenciales.
Cabe destacar algunos puntos mientras esperamos los alegatos orales, que comenzarán muy pronto.
El primero es que gran parte del daño práctico ya está hecho. La gran cuestión constitucional de hoy en día gira en torno al intento de expandir drásticamente el poder presidencial. Una y otra vez, muchos tribunales inferiores han impedido, obstaculizado o frenado los arrebatos de poder mediante dictámenes impuestos por jueces que nombraron tanto líderes republicanos como demócratas.
Pero, luego, los abogados de Trump comenzaron a acudir a toda prisa a la Corte Suprema, donde los magistrados susurraron cambios constitucionales de magnitudes épicas. Usaron la ahora famosa “lista de casos de emergencia en la sombra”.
Sin mucha o ninguna explicación, los magistrados ni siquiera firmaron sus decisiones con nombre y apellido. Pero se han puesto del lado de Trump en el 85 por ciento de las veces, y le han dado permiso para despedir a personas con cargos nombrados y años de antigüedad en contra de las leyes aprobadas por el Congreso, para comenzar a desmantelar el Departamento de Educación sin la autorización del Congreso, para deportar sumariamente a inmigrantes a países de los que no provenían, para retener miles de millones de fondos ya asignados por el Congreso, para llevar a cabo prácticas de perfilamiento racial, y la lista sigue.
Durante esta sesión, los magistrados no tendrán más remedio que confrontar directa y públicamente las grandes preguntas sobre el poder presidencial. En noviembre, admitirán los alegatos orales sobre si Trump puede imponer enormes aranceles de modo unilateral sobre el comercio internacional, el eje central de su política económica. Cada tribunal inferior involucrado en el caso dictó que Trump había actuado de manera ilegal, porque las leyes correspondientes no le dan el poder de imponer aranceles de importación de forma unilateral.
El exjuez federal de corte conservador Michael McConnell lo ha descrito como “el caso más significativo sobre el poder presidencial desde la causa de incautación de acero en 1952”. En ese caso, Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, una Corte nombrada en su totalidad por presidentes demócratas se opuso al presidente demócrata de turno, Harry Truman.
La historia también juzgará a esta Corte.
Se esperan otros casos importantes sobre el poder presidencial. En una serie de dictámenes de la lista de casos de emergencia, los magistrados dieron indicios de estar dispuestos a anular casi un siglo de jurisprudencia que le prohibía al presidente despedir a comisionados de agencias legalmente independientes.
Pero incluso con estos dictámenes radicales en la lista de casos de emergencia sobre los despidos, los magistrados parecieron encontrar una excepción para la Reserva Federal. ¿Le permitirán a Trump despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Fed? Al momento de esta publicación, esa cuestión espera su dictamen (también en la lista de casos de emergencia, por supuesto). El rol de nuestro país en la economía mundial puede depender de ese resultado.
Se tomarán grandes decisiones sobre el poder del Congreso de controlar la cartera federal, sobre si el presidente puede desplegar tropas militares dentro del país para llevar a cabo funciones de orden público en contra del derecho tradicional y mucho más.
Por último y con malos presagios, es probable que en esta sesión la Corte renueve sus propios ataques contra los valores e instituciones democráticas. Esa predilección le antecede a Trump.
En 2010, la Corte demolió leyes fundamentales de financiación de campañas políticas en el caso Citizens United v. Federal Election Commission. En 2019, en el caso Rucho v. Common Cause, se negó a regular la manipulación partidista de distritos electorales y, así, posibilitó la carrera armamentista partidista que ahora amenaza con sesgar aún más las elecciones.
En 2013, en la causa Shelby County v. Holder, la Corte destrozó la parte más efectiva de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), que obligaba a algunos estados a pedir el permiso del gobierno federal antes de cambiar sus políticas de votación. Roberts nos aseguró que todavía podíamos contar con la Sección 2 de la ley, que permitía presentar demandas posteriores a los hechos.
Ahora, el 15 de octubre, la Corte escuchará un caso que cuestiona la constitucionalidad justamente de esa disposición y de la mismísima Ley de Derecho al Voto. El caso Louisiana v. Callais surge del esfuerzo liderado por un grupo de votantes de raza negra para eliminar un mapa congresual racialmente discriminatorio en Luisiana, conforme a la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. Las implicaciones son más profundas.
Tal como señaló el escrito de amicus curiae presentado ante la Corte por el Brennan Center, “desde la década de 1980, la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto ha desempeñado un rol indispensable a la hora de mejorar la representación en los consejos municipales, consejos escolares, comisiones de condado y otros organismos gubernamentales locales de todo el país. Su impacto ha sido muy transformador, en particular en el sur del país”.
Por supuesto, los magistrados deben confirmar una de las leyes más efectivas en materia de derechos civiles, una ley cuya validez constitucional no se había cuestionado seriamente durante más de medio siglo. Si la Corte se pronuncia imprudentemente, podría obstaculizar la representación política en gran parte del país.
Lo que queda de nuestras leyes de financiación de campañas políticas tampoco está a salvo. Los magistrados decidieron que era momento de considerar la posibilidad de anular las restricciones que desde hace tiempo se han impuesto sobre la coordinación entre las campañas políticas y los comités nacionales de los partidos. Hasta la apariencia de tener leyes de campaña efectivas podría desaparecer.
La Corte es un órgano con una mínima rendición de cuentas, pero con un inmenso poder. En lo que va de este año, no ha usado ese poder para defender la Constitución. Ahora, hay mucho en juego. ¿Aún resistirá nuestro sistema de frenos y contrapesos?
Hasta el mero hecho de hacernos esta pregunta puede reflejar el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Pero, por ahora, yo elijo guardar la esperanza de que la Corte hará lo correcto.
Traducción de Ana Lis Salotti
