- Las demandas en contra de estados y ciudades con prácticas santuario son un intento para castigar a las jurisdicciones santuario y disuadir a otras de sumárseles.
- Como han recalcado expertos de todo el espectro político, las leyes santuario en materia de migración promueven la seguridad, mejoran la participación comunitaria con la policía y fomentan el desarrollo económico.
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El Departamento de Justicia demandó a Los Ángeles la semana pasada por las, así llamadas, leyes santuario, un conjunto de reglamentos que le permiten a la ciudad reservar su derecho a no participar en la exhaustiva campaña federal para intensificar la implementación de las leyes de inmigración.
Pocas semanas después de que las redadas migratorias desataran el caos en una pequeña zona del centro de LA, el gobierno federal ya alega que las políticas públicas de la ciudad —las cuales prohíben a oficiales de policía colaborar activamente en la implementación de los controles migratorios— equivalen a una obstrucción de la ley federal.
La demanda del lunes pasado se suma a por lo menos otras seis demandas federales en contra de estados y ciudades con prácticas santuario. Es probable que se presenten más demandas, ya que el Departamento de Seguridad Nacional no ha moderado su discurso referente a la oposición local a sus políticas. El departamento publicó una lista de aproximadamente 400 supuestas jurisdicciones santuario que parece tener como fin guiar iniciativas federales para intimidar fuertemente a los municipios a que se sometan.
Algunos gobiernos locales refutaron sus designaciones como “jurisdicciones santuario”. El Departamento de Seguridad Nacional eliminó la lista tras generar la oposición de agencias locales de policía.
Estas demandas y otras acciones —como las amenazas de congelar fondos federales a las ciudades santuario o de enjuiciar a sus funcionarios— violan claramente la Décima Enmienda, la cual establece que los poderes no otorgados al gobierno federal están reservados a los estados como soberanos independientes en nuestro sistema federalista.
Mientras que los estados pueden optar por asistir a implementar leyes federales, el gobierno de EE. UU. no puede “apropiarse” de los recursos de los estados exigiendo su participación, o amenazándolos con enjuiciarlos o retener los fondos de los estados que decidan no colaborar. Lo mismo aplica a las ciudades, las cuales legalmente son consideradas partes subordinadas de sus respectivos estados.
Las demandas son un intento para castigar a las jurisdicciones santuario y disuadir a otras de sumárseles. Las leyes santuario varían entre ciudades y estados, pero típicamente involucran una jurisdicción que activamente no asiste en el cumplimiento de normativas federales migratorias.
Estas leyes pueden prohibir la recopilación inicial de información sobre el estatus migratorio, limitar el intercambio de datos de identidad con agencias federales o indicar al personal de las cárceles que rechace las solicitudes para detener a inmigrantes simplemente con el fin de que los agentes de migración los recojan.
Ninguna ley santuario autoriza a los funcionarios de una ciudad o estado a obstruir la aplicación de la ley federal, y muchas incluyen excepciones que permiten el intercambio de información sobre algunos delitos graves. Además, como han recalcado expertos de todo el espectro político, las leyes santuario en materia de migración promueven la seguridad, mejoran la participación comunitaria con la policía y fomentan el desarrollo económico.
A pesar de esto, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en abril socavando la soberanía de las jurisdicciones estatales y locales por medio de ataques a sus esfuerzos para retener el control de sus empleados y limitar su participación en materias migratorias.
La orden declara que las jurisdicciones que activamente no asistan al gobierno a implementar las leyes migratorias están ilegalmente obstruyendo la justicia. Además, instruye a las agencias federales a tomar “acciones pertinentes” —un término sin definir— para detener la implementación de las leyes santuario. Hasta ahora, esto ha implicado presentar demandas federales que buscan que la justicia declare que estas prácticas son ilegales.
La orden también instruye a los departamentos de justicia y de seguridad nacional notificar a las jurisdicciones nombradas sobre su “desafío” a la ley federal y las supuestas “posibles violaciones de la ley penal federal”, lo cual llevó a la publicación de la lista de jurisdicciones santuario por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
No nos equivoquemos: Estas notificaciones servirán como amenazas veladas de retaliación. De hecho, la orden autoriza al gobierno federal a emprender “todas las acciones legales y medidas de cumplimiento necesarias” para someter a las ciudades santuario. Las posibles acciones incluyen la terminación de fondos federales, enjuiciar a funcionarios locales por presunta obstrucción de la ley federal y las investigaciones de programas de beneficios públicos, como los cupones alimentarios, asistencia en efectivo y atención médica.
Dos memorandos recientes del Departamento de Justicia son el fundamento para estas acciones mayores. Los memos describen a la inacción de los estados como “resistencia, obstrucción u otro tipo de incumplimiento” de las “ordenes” federales, a pesar de la prohibición en la Décima Enmienda sobre la apropiación de recursos estatales.
Los memos también asignan personal federal a investigar y procesar a funcionarios locales por supuestamente proteger o traer inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos, o conspirar para hacerlo. Además, para ejecutar las directrices del presidente, el fiscal general ordenó que estas jurisdicciones sean despojadas de toda financiación del Departamento de Justicia, impactando programas que, por ejemplo, asisten a víctimas de agresión sexual o a comunidades afectadas por violencias masivas.
Los tribunales afirmaron durante el primer mandato de Trump que tales medidas punitivas son ilegales. En 2017, un juez federal ordenó que el retiro de fondos, como un medio de castigo, es un intento inconstitucional de apropiarse de los recursos estatales violando la Décima Enmienda. En abril pasado, el mismo juez reafirmó la orden de primera instancia —escribiendo, “Aquí estamos de nuevo” — en una causa presentada por San Francisco y otras ciudades. El gobierno federal apeló. Varias de las otras demandas vigentes en todo el país plantean cuestiones similares.
Siguiéndole los pasos a la rama ejecutiva, el Congreso está considerando una legislación para prohibir a los estados utilizar sus propios fondos para proveer atención médica a inmigrantes indocumentados. Es muy probable que la propuesta también viole la Décima Enmienda al dictarle a los estados cómo gastar su propio dinero.
La retórica política que rodea estas acciones es alarmante, basada en la retaliación y el abuso de poder. Los intentos del gobierno federal de obligar a los estados a implementar las leyes de inmigración son un atentado al sistema federalista estadounidense.
La lista de supuestas jurisdicciones santuarios solo servirá para profundizar estos desafíos. Ante este ataque, es hora de que los jueces, el Congreso y el pueblo afirmen que las ciudades y los estados no están obligados a comprometer sus recursos para la implementación de leyes federales que ellos consideran injustas y perjudiciales para la seguridad y derechos de su ciudadanía.
Traducción de Laura Gómez
