Las autoridades electorales locales están preocupadas por la pérdida de apoyo federal para la seguridad electoral y esperan que los gobiernos estatales y locales intervengan para llenar ese vacío.
La ofensiva militarizada de la administración contra la inmigración está erosionando las libertades civiles, y ocurre en medio de la resistencia de ICE a la supervisión legal del Congreso.