- Si bloquearan los aranceles, sería un golpe tremendo contra la política económica emblemática de Trump.
- Si los aprobaran, sería un golpe tremendo contra la credibilidad de la Corte y nuestro orden constitucional.
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A la medianoche del 8 de abril de 1952, con las tropas militares estadounidenses empantanadas en un estancamiento tras dos años, de la Guerra de Corea, los trabajadores siderúrgicos estadounidenses decidieron hacer huelga. Las negociaciones se interrumpieron, los mediadores renunciaron y las compañías comenzaron a suspender al personal.
En un discurso televisado —uno de los primeros en nuestra historia— el entonces presidente Harry Truman anunció que iba a intervenir la industria siderúrgica y ordenar a las fábricas de acero que reabrieran sus puertas. Unos agentes federales izaron una bandera estadounidense sobre las acerías. El periódico Daily News de Nueva York publicó en su portada: TRUMAN ACTÚA A LO HITLER.
Pero, cuando la Corte Suprema se pronunció, seis magistrados bloquearon la medida de Truman. El caso Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer fue una de las decisiones más importantes en la historia. Truman no tenía el poder de intervenir las acerías, señalaron los magistrados. El poder presidencial tiene sus límites.
Cabe destacar que cada uno de los miembros de esa Corte había sido nominado por Truman, o bien por su predecesor demócrata Franklin D. Roosevelt durante sus largas presidencias. Los magistrados recién habían terminado de pasar por la Segunda Guerra Mundial y habían visto los peligros de una dictadura y los riesgos de los abusos del ejecutivo en el resto del mundo.
Hoy, la Corte Suprema escuchará el caso Learning Resources v. Trump. Los magistrados de hoy evaluarán si la imposición unilateral de los aranceles exorbitantes del presidente Trump —los impuestos de su “Día de la Liberación” que siguen sacudiendo la economía mundial— es legal o no. El juez federal retirado, Michael McConnell, prominente conservador, lo describe como “el caso más importante en torno a los poderes presidenciales desde la causa sobre la intervención de las acerías en 1952”.
Desde comienzos de año, los magistrados del tribunal supremo han intentado esquivar y escabullirse para evitar pronunciarse directamente sobre las épicas usurpaciones de poder de Trump. Esta vez, no tendrán más opción que actuar en público.
Si bloquearan los aranceles, sería un golpe tremendo contra la política económica emblemática de Trump. Si los aprobaran, sería un golpe tremendo contra la credibilidad de la Corte y nuestro orden constitucional.
La Constitución le otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. El Congreso puede delegar ciertos aspectos de ese poder al presidente y así lo ha hecho, pero siempre bajo determinadas condiciones y limitaciones sobre el ejercicio de ese poder. Cada uno de los tribunales que se han pronunciado hasta ahora sobre el caso han dictado que el incremento arancelario de Trump, impuesto por decreto, fue ilegal.
La Casa Blanca alega que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (International Emergency Economic Powers Act) y la Ley de Emergencias Nacionales (National Emergencies Act), leyes que el presidente puede invocar para responder a emergencias, le dan el poder de imponer aranceles mundiales.
Pero, tal como lo explica mi colega Elizabeth Goitein, estas leyes se crearon para limitar los modos en que el presidente puede responder a una emergencia, no expandirlos. Y ciertamente no tenían la intención de autorizar el uso de poderes de emergencia en una situación donde es evidente que no existe ninguna “emergencia” verdadera. “Ningún presidente nunca ha interpretado esta ley como un poder que le autoriza a colocar aranceles y mucho menos aranceles mundiales sobre las importaciones de naciones aliadas”.
El Brennan Center presentó un escrito de amicus curiae sobre estos poderes de emergencia. Allí se argumenta: “Aceptar como válidas estas acciones del presidente podría tener consecuencias profundas que van más allá de este caso. Le daría al presidente la luz verde para usar los poderes de emergencia como un modo de evadir la autoridad del Congreso”.
George F. Will, el venerable columnista conservador del Washington Post, escribió una columna donde citó nuestro escrito. Will se preguntó: “¿Para qué controversia más trascendental se guardaría la Corte el prestigio que le permite cumplir con su deber de poner freno a los excesos de las ramas políticas de gobierno?”.
Tal como lo indica la columna de Will, suenan las alarmas más allá de las diferencias ideológicas. Otros 20 escritos fueron presentados por congresistas, exfuncionarios del gobierno, economistas, empresas y diversos grupos como el Cato Institute, de corte libertario, y el Goldwater Institute, de ideología conservadora. Michael McConnell sintió tanta indignación que se sumó al equipo de abogados que está demandando los aranceles ante la justicia.
Recordemos cuando la Corte desafió a Harry Truman. ¿De qué lado se pronunciará este panel de magistrados en esta épica disputa sobre los poderes presidenciales?
Por otro lado, cuando Joe Biden era presidente, la Corte presidida por Roberts emitía con regularidad rimbombantes pronunciamientos sobre el engrandecimiento del ejecutivo. Solo el Congreso, declararon los magistrados en 2022, puede decidir “cuestiones importantes”. Si alguna vez hubo una “cuestión importante”, el tema de los aranceles multibillonarios sería uno de ellos.
Y, sin embargo, la misma Corte presidida por Roberts le otorgó al presidente una inmunidad enorme, sin precedentes y nunca antes concebida que lo exime del procesamiento penal.
¿Por qué, antes que nada, Trump avanzó a toda máquina con este plan tan ilegal y generalizado? Después de todo, el presidente tiene grandes facultades —aunque no ilimitadas— de imponer aranceles según las leyes de comercio existentes. En su primer mandato, Trump aumentó varias veces los impuestos arancelarios sobre los productos que venían de China, al igual que Biden. Y si Trump cree que las leyes existentes no le dan la suficiente libertad, puede pedirle al Congreso que le dé más.
La mismísima ilegalidad de esta maniobra parece ser un punto de atracción. Es parte de un esfuerzo concertado de quebrar o desmantelar los pocos controles que se colocan sobre el poder ejecutivo.
El magistrado Robert Jackson, que, como fiscal estadounidense en los juicios de Nuremberg por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, conoció los peligros de darle rienda suelta al poder ejecutivo, escribió una famosa opinión concurrente en el caso Youngstown Sheet & Tube.
“Con todos sus defectos, demoras e inconvenientes, los hombres no han descubierto ninguna técnica para preservar a perpetuidad el libre gobierno, que no sea colocando al Ejecutivo bajo el cumplimiento de la ley y creando esa ley mediante deliberaciones parlamentarias”, escribió Jackson. “Estas instituciones podrían estar destinadas a desaparecer. Pero es el deber de la Corte ser la última, no la primera, en darlas por perdidas”.
Traducción de Ana Lis Salotti
