- El término “insurrección” no solo es una tremenda exageración para describir las protestas en Portland, sino también una clara referencia a la Ley de Insurrección (Insurrection Act).
- Lo que sí está cada vez más claro es que el propósito de usar tropas militares es meramente usarlas. Es una intimidación descarada para sembrar miedo.
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Hoy en día, nuestra nación enfrenta cuestiones de poder y abuso tan antiguas como la Constitución.
A medida que el presidente Trump pone la mira primero en Los Ángeles y luego en Portland y Chicago, es muy posible que empieces a oír la palabra “insurrección”. El domingo pasado, Trump dijo que “Portland está en llamas. Hay insurrectos por todos lados”.
Qué descaro decir eso cuando él fue quien inspiró la insurrección del 6 de enero para impedir la certificación de las elecciones de 2020.
Durante el fin de semana, la jueza Karin Immergut —nombrada por Trump— bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional para “calmar en gran medida” la ciudad de Portland. “Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”, escribió la jueza. Como respuesta, el ayudante de la Casa Blanca Stephen Miller la acusó de estar preparando una “insurrección jurídica”.
El término “insurrección” no solo es una tremenda exageración para describir las protestas en Portland, sino también una clara referencia a la Ley de Insurrección (Insurrection Act). Esta ley, enmendada por última vez en la década de 1870, le da al presidente un enorme poder en casos de emergencia.
Trump amenazó con invocarla en 2020, pero desistió cuando el secretario de Defensa Mark Esper se opuso públicamente a la medida.
La Ley de Insurrección es la máxima excepción de la Ley Posse Comitatus, que prohíbe al presidente desplegar fuerzas militares dentro del país para hacer cumplir la ley. La Ley de Insurrección autoriza el despliegue de tropas solo para reprimir una insurrección, rebelión, acto de violencia interna o situaciones parecidas que obstruyen la ley federal o las leyes estatales de derechos civiles. Esta ley se ha utilizado solo 30 veces en los últimos 230 años.
Ayer, Trump hizo la amenaza aún más explícita: “Por algo tenemos una Ley de Insurrección”.
Con el transcurso de las semanas en esta crisis constitucional artificialmente creada, las razones para el uso de las fuerzas armadas dentro del país van cambiando. ¿Es para garantizar el cumplimiento de las leyes federales? ¿Para hacer cumplir las leyes de inmigración? ¿Para combatir el delito? ¿Para contener disturbios inexistentes?
Lo que sí está cada vez más claro es que el propósito de usar tropas militares es meramente usarlas. Es una intimidación descarada para sembrar miedo.
Estos son temas tan antiguos como la república.
Al momento de la ratificación de la Constitución, en Estados Unidos se temía que las fuerzas militares bajo órdenes presidenciales abusaran de su poder.
En El federalista N.° 46, James Madison procuró tranquilizar al pueblo: “Supongamos que se forma un ejército regular, totalmente equivalente a los recursos del país; y supongamos que se encuentra a total merced del gobierno federal; todavía se podría afirmar, sin caer en la exageración, que los gobiernos estatales, con el pueblo de su lado, serían capaces de repeler el peligro”. (Bueno, en realidad, no es muy tranquilizador).
Algunos estados insistieron en lo que luego se convirtió en la Segunda Enmienda, que buscaba garantizar que el gobierno federal no iba a desarmar las “milicias bien reguladas” de los estados.
Los fundadores de nuestra nación se horrorizarían si escucharan a un presidente declarar, frente a casi 800 generales de alto rango, que las ciudades del país deberían ser “terreno de entrenamiento” para una fuerza militar que ahora debería concentrarse en el “enemigo interno”. O decir en un discurso a 10,000 agentes uniformados de la Armada que “tenemos que encargarnos de estos mosquitos que nos andan por los hombros llamados demócratas”.
¿Cuál puede ser la respuesta?
Los gobernadores de California, Illinois y Oregón han vociferado su indignación.
El público debe prepararse para participar en protestas pacíficas.
Los tribunales deben intervenir. La Corte Suprema se ha negado a frenar esta presidencia imperial, pero, si esta vez no hace nada, puede perder la confianza del resto del poder judicial federal y de la mayoría del país también. Y puede poner a nuestra democracia en grave peligro.
El Congreso también debe desempeñar su rol y ejercer su poder. Tanto demócratas como republicanos siempre han comprendido la necesidad de reformar la Ley de Insurrección. El senador Richard Blumenthal (D-CT) ha liderado un proyecto de ley que definiría con más precisión los criterios necesarios para un despliegue militar y reforzaría la función del Congreso y los tribunales como instrumentos de control contra los abusos del ejecutivo. (Su proyecto de ley coincide en gran medida con las propias recomendaciones del Brennan Center).
El senador Rand Paul (R-KY) ha hablado con elocuencia sobre el tema y criticado los despliegues militares internos donde “salen, patean puertas, realizan arrestos, participan en las funciones que, por lo general, llevan a cabo las fuerzas de orden público, las fuerzas civiles de orden público”.
Tal como lo señaló mi colega Liza Goitein el año pasado, “la Ley de Insurrección es una herramienta peligrosa en las manos de cualquier presidente y debería reformarse sin importar quién ocupe la Casa Blanca en 2025”.
Este próximo año, celebramos los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. En ese momento, Thomas Paine escribió: “En Estados Unidos, la ley es el rey”. En esta época surrealista de abusos presidenciales, vamos a ver si sigue siendo verdad.
Traducción de Ana Lis Salotti
