- Las malas decisiones en un tribunal de inmigración pueden tener consecuencias devastadoras para las personas afectadas y sus familias.
- Usar a abogados militares en procedimientos judiciales civiles de inmigración borra aún más la línea entre las correctas funciones militares y un gobierno civil.
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La autorización dada a conocer por parte de la administración Trump para asignar a 600 abogados militares como jueces interinos de inmigración privaría a las personas inmigrantes de una audiencia judicial justa y erosionaría aún más la línea que divide un gobierno civil de un gobierno militar.
Esto es así, más allá del profesionalismo de los abogados militares. Los jueces de inmigración son jueces administrativos especialmente capacitados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que presiden las audiencias de deportación.
A fines de agosto, el DOJ emitió una regla que permite nombrar a “cualquier abogado” como juez interino de inmigración, con lo cual se estaría eliminando el requisito anterior de que los jueces interinos debían tener años de experiencia judicial, litigante o migratoria. A comienzos de septiembre surgieron múltiples artículos periodísticos sobre la autorización de la administración Trump para nombrar a estos abogados militares.
La administración alega que se necesitan abogados militares, a menudo denominados con la sigla “JAG” que en inglés significa “general de asesoría jurídica”, para aliviar una acumulación de casos pendientes, pero otros cambios realizados en la composición del cuerpo de jueces de inmigración desmienten esa alegación.
Desde el comienzo de año, el DOJ ha despedido a más de 80 jueces de inmigración, todos funcionarios gubernamentales de carrera. Querer remplazar a estas personas experimentadas y especializadas indica que el DOJ no está interesado en armar una judicatura imparcial, sino más bien en armar un estrado de jueces que respalden la agenda política del presidente.
Los jueces de inmigración deben conocer el derecho inmigratorio, que la Corte Suprema ha clasificado como un tema “complejo” y una “propia especialización jurídica”. La práctica del DOJ es darle a cada juez de inmigración seis semanas de capacitación, un año de mentoría bajo otro juez con experiencia y dos años de evaluaciones trimestrales llevadas a cabo por supervisores, colegas y litigantes.
Si bien el departamento ha dicho que los jueces interinos de inmigración recibirán la misma capacitación, eso es imposible si solo van a desempeñarse en el cargo durante seis meses. Según ha trascendido, la capacitación se reducirá a solo dos semanas.
Además, las reglas éticas son fundamentales para el estado de derecho, pero las obligaciones legales y éticas de los abogados militares están en conflicto con las de los jueces de inmigración.
Según los reglamentos y las directrices, los jueces de inmigración están obligados a mantenerse imparciales. Los abogados militares estarían sujetos a esas mismas reglas mientras se desempeñan como jueces de inmigración, pero, aun cuando se los traspase al DOJ, estos JAG todavía deben cumplir con el Código Uniforme de la Justicia Militar, que obliga a los JAG a obedecer órdenes legítimas. Su incumplimiento podría ocasionar consecuencias profesionales e incluso una corte marcial. Esta obligación plantea la pregunta de si los JAG no se encontrarían en una posición donde les sería imposible mantenerse verdaderamente imparciales.
Además, según las reglas éticas militares, los JAG no pueden actuar de ninguna forma que sea perjudicial a la administración de justicia, ni tampoco pueden representar a clientes con los que tienen conflictos de intereses. Si el trabajo de un abogado militar suele ser el de representar a las fuerzas militares como fiscal o asesor, ejercer al mismo tiempo un cargo interino de juez —que no representa al gobierno— podría poner a este funcionario en una situación ética muy delicada.
Las obligaciones legales y éticas de los JAG de cumplir órdenes hacen difícil llevar a cabo una audiencia judicial verdaderamente imparcial para las personas inmigrantes que pasan por sus salas de tribunales, todo un dilema con implicaciones constitucionales.
La Quinta Enmienda garantiza el debido proceso, sin importar el estatus migratorio de la persona; este es un derecho que la Corte Suprema reafirmó por unanimidad este año. La Corte también ha dejado en claro que un “juicio justo en un tribunal justo es un requisito básico del debido proceso”.
Un juicio justo en un tribunal justo no puede ser una audiencia frente a un empleado del gobierno que, por lo general, está obligado a cumplir órdenes, que puede tener escasos o nulos conocimientos sobre el derecho inmigratorio o sus procedimientos y que fue seleccionado específicamente por el secretario de defensa a pedido de la fiscalía general.
Las malas decisiones en un tribunal de inmigración pueden tener consecuencias devastadoras para las personas afectadas y sus familias, como su deportación a un país donde serán objeto de persecuciones o la separación de su familia.
Asimismo, asignar a los JAG como jueces de inmigración hará que
desatiendan el trabajo importante para el que fueron capacitados y nombrados, lo cual podría poner en riesgo la capacidad de respuesta militar. Si bien el secretario de Defensa Pete Hegseth despidió a varios JAG experimentados que él consideró “obstáculos” para la agenda política del presidente, los abogados militares brindan importantes salvaguardas legales y asesoría jurídica.
El novedoso plan de asignar a los JAG como jueces de inmigración también plantea dudas sobre si viola la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas federales participar en funciones civiles de orden público, excepto que las autorice expresamente el Congreso. Se han nombrado abogados militares en el pasado para asistir al Departamento de Justicia a la hora de representar al gobierno. Pero esta sería la primera vez que se asignen abogados militares como jueces imparciales que deben tomar decisiones sobre personas civiles.
Dada esta táctica sin precedentes y la poca información pública sobre la facultad jurídica que justificaría estos nombramientos, surgen otras preguntas abiertas sobre su legalidad. Por ejemplo, no queda claro si alguna legislación expresamente autoriza estos nombramientos, si los JAG nombrados permanecerían bajo comando y control militar o si responderían a la fiscal general, cuál sería la magnitud de sus deberes y qué órgano del gobierno financiaría estos nombramientos.
Tampoco se sabe si hay otras limitaciones legales, como la Ley de Economía (Economy Act, que limita el gasto de las agencias a las funciones asignadas por el Congreso), que obliguen al DOJ a reembolsar al Departamento de Defensa por cualquiera de estos nombramientos. De ser así, este podría ser un factor restrictivo importante.
La ley presupuestaria de julio limitó el gasto del DOJ a 800 jueces de inmigración. En la actualidad, hay 685 jueces de inmigración activos, lo cual dejaría espacio para asignar un máximo de 115 JAG.
Además de las preguntas sobre su legalidad, este plan es simplemente una mala idea. Socava la confianza del público en los tribunales de inmigración y en las fuerzas militares, y acentúa la tendencia de Trump de abusar de las fuerzas armadas. El presidente ha usado aviones militares para vuelos de deportación, ha desplegado a la Guardia Nacional y marines para asistir con funciones de control migratorio y ha establecido zonas militarizadas en la frontera.
Usar a abogados militares en procedimientos judiciales civiles de inmigración borra aún más la línea entre las correctas funciones militares y un gobierno civil, y, al mismo tiempo, socava el debido proceso, la administración imparcial de justicia y la capacidad de respuesta militar.
Traducción de Ana Lis Salotti
