Las actividades internas de las fuerzas militares de los EE. UU. están regidas por una red compleja de leyes. Los pilares clave de este marco legal son la Ley Posse Comitatus y la Ley de Insurrección, que no han sido actualizadas de manera significativa desde el siglo XIX.
Diseñadas para un país drásticamente diferente a los Estados Unidos del siglo XXI, estas leyes dan al presidente un poder enorme para usar las fuerzas militares como una fuerza policial interna, en contravención de los principios fundamentales de nuestro país. Los gobernadores de los estados tienen una facultad aún más amplia para desplegar sus propias fuerzas de la guardia nacional.
Además, en algunas áreas, la ley es peligrosamente imprecisa. Y la justicia nunca ha resuelto de manera definitiva ni siquiera la cuestión esencial de si la Constitución le permite al gobierno federal declarar la ley marcial. Esta incertidumbre hace más fácil que actores gubernamentales inescrupulosos puedan esquivar las pocas salvaguardas que sí existen contra el abuso.
Los riesgos del sistema actual se pusieron de relieve cuando el presidente Trump emitió una orden que autorizó la federalización y el despliegue de los soldados de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles en contra de las objeciones del gobernador.
El Brennan Center ha puesto de manifiesto estos temas a través de sus investigaciones. También estamos trabajando con grupos aliados para elaborar y promover reformas que prevengan abusos futuros y, al mismo tiempo, mantengan la capacidad del presidente de desplegar las fuerzas militares dentro del país en respuesta a emergencias genuinas.
