Cuando les dije a mis padres por primera vez que quería ser abogada, se emocionaron tanto que decían que su hija iba a ser la próxima Sonia Sotomayor. Para padres inmigrantes, es el sueño americano hecho realidad: una carrera que ofrece estabilidad, seguridad y prestigio, la vida que siempre habían imaginado para mí.
Estaba orgullosa de contarle a la gente que iba a ser abogada, en especial porque menos del 3 % de quienes practican la abogacía en los Estados Unidos son latinas. Tenía planeado defender los derechos humanos, reformar nuestros sistemas de inmigración y hacer el bien en el mundo.
Pero, este año, por primera vez desde que tengo memoria, ya no estuve tan segura si iba a tener futuro como abogada.
En los meses antes de que iba a comenzar la escuela de derecho, me vi obligada a cuestionar mi elección. La erosión de la independencia de la Corte Suprema como un mecanismo de control constitucional sobre el poder y los ataques políticos contra numerosas firmas de abogados estaban sacudiendo las bases de la profesión de la abogacía y quebrantando mi resolución.
La Corte Suprema ha claudicado en su responsabilidad de salvaguardar la independencia judicial de los poderes ejecutivo y legislativo, una responsabilidad vital para la salud de nuestra democracia. En el caso Trump v. United States, la Corte dictó a favor del presidente Trump y le confirió inmunidad por cualquier conducta ilegal que lleve a cabo en su capacidad “oficial”. La decisión no ofreció ninguna justificación legal creíble; en cambio, estableció un precedente peligrosamente vago para que cualquier presidente en el futuro pueda evadir su responsabilidad por actos delictivos.
En un caso más reciente, la decisión de la Corte Suprema en Trump v. Casa redujo aún más las facultades del poder judicial en un momento en el que pesa una fuerte carga sobre nuestro sistema de frenos y contrapesos. Si bien la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de eliminar la cláusula del derecho a la ciudadanía por nacimiento de la Decimocuarta Enmienda, tal como desea el actual presidente de los Estados Unidos, decidió que los tribunales ya no tienen la autoridad de emitir interdictos universales, lo cual socava aún más los mecanismos judiciales diseñados para proteger los derechos constitucionales.
Ahora, con una menor protección de la rama judicial, la facultad del ejecutivo de ejercer influencia sobre las instituciones y las compañías queda prácticamente sin ningún freno. Las firmas de abogados están recibiendo castigos por su selección de casos pro bono, en especial cuando esos casos se oponen o desagradan a la administración. Muchas otras firmas legales también han sido objeto de investigaciones por parte de la administración; y varias de las firmas más grandes del país han sido investigadas por tener prácticas “con un sesgo de diversidad, equidad e inclusión (DEI)” que tildaron de posibles violaciones al Título VII.
Había estado estudiando mucho para el examen LSAT y trabajando con ganas en mi declaración personal, cuando comencé a seguir de cerca estos acontecimientos en las noticias. A medida que surgían cada vez más cosas, comencé a preguntarme qué podrían significar para mis aspiraciones jurídicas estos ataques contra la profesión de la abogacía.
Sentí la pena de la desilusión, mientras veía como todo se desarrollaba. Justo cuando empezaba a sumergirme en este caos interno, comencé mi práctica profesional en la organización no partidista y sin fines de lucro Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU. En los tiempos muertos de un horario ajetreado, el personal se reunía en la sala principal para compartir almuerzos en sesiones de desarrollo profesional, donde el personal y expertos del Brennan Center abrían el diálogo sobre el trabajo que estaban haciendo.
En una de esas sesiones, se presentó el Consejo de Historiadores, una iniciativa para disputar la tendencia de la Corte Suprema de depender de perspectivas históricas distorsionadas para decidir importantes cuestiones constitucionales. En cada sesión, alguien compartía una historia llena de obstáculos.
Estas historias, que lidiaban con las políticas siempre cambiantes de la administración, estaban repletas de peticiones denegadas, fracasos judiciales, marañas burocráticas y obstáculos interminables. Pero cada historia de lucha venía con una presentación apasionada y un renovado sentido de propósito.
Sentí una inspiración profunda por todo su trabajo, no solo por los resultados, sino por la convicción que los motivaba. Y una vez que la vi en el Brennan, empecé a verla en instituciones y organizaciones de todo el ámbito jurídico.
Esta experiencia me abrió los ojos y pude ver todo un mundo de activismo dentro de la comunidad jurídica. Incluso en el interior de las grandes firmas de abogados, hay abogados y abogadas trabajando para hacer el bien todo este tiempo, solo que su trabajo a menudo se ve eclipsado por los alarmantes titulares.
Hace poco, una nueva generación de activistas jurídicos —abogados asociados de las grandes firmas— se organizaron para escribir y publicar una carta abierta dirigida a sus firmas donde les imploraban condenar las tácticas de intimidación de la administración y dar pelea. En su mayoría, las firmas no respondieron ni tomaron medidas.
Una abogada asociada que participó en la redacción de esa carta tuvo este mensaje para sus colegas: “Es tan malo como lo parece, y de veras hay que actuar diferente”. Ver cómo una abogada asociada joven como ella se oponía tan abiertamente al statu quo me demostró que la integridad en la abogacía es una elección, un acto diario de valentía.
No soy abogada todavía, pero llevé ese principio conmigo en el Brennan Center cuando trabajé en temas muy arraigados, como la privación del derecho al voto, la lucha contra la discriminación y la protección del sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia. En especial en mi carácter de practicante, no sabía cuál sería el resultado ni cuándo lo vería. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de los activistas jurídicos que me rodean, trabajé con esmero y persistencia, sabiendo que este trabajo importa.
El sistema legal es imperfecto, vulnerable a ataques y actos de corrupción. También atrae a personas justas, resilientes y motivadas por un fuerte sentido de propósito que han arriesgado sus carreras para defender la ley.
Después de un larga lucha con mi sentido de propósito, empiezo la facultad de derecho en el otoño del 2025. Entro al campo de la abogacía con la misma pasión y determinación que siempre tuve, pero con una nueva perspectiva y una nueva misión: ser una abogada con integridad. Ahora más que nunca, eso es lo que nuestro sistema de justicia necesita.
