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Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
Los métodos más efectivos para reducir el delito son los dirigidos por el gobierno y la policía locales con el apoyo del gobierno federal.
El delito ha disminuido significativamente en todo el país desde el principio de la pandemia de COVID-19. El año pasado, el índice nacional de homicidios cayó un 16 por ciento, una disminución récord, y otras categorías de delitos también han disminuido.
Pero el gobierno federal está desplegando fuerzas militares en ciudades gobernadas por demócratas con la excusa de frenar la delincuencia y en respuesta a las protestas por las redadas inmigratorias, tácticas que amenazan imponer un estado policial.
En Oregón y en Illinois, los gobernadores Tina Kotek y JB Pritzker tildaron como un abuso de poder el despliegue de la Guardia Nacional de otros estados sin su consentimiento. El intento de la administración Trump de desplegar tropas militares en Portland y Chicago sin justificación legal fue bloqueado por los tribunales.
Pero el presidente Donald Trump ha nombrado muchas otras ciudades como objetivos de su campaña contra la delincuencia, incluida la más grande, la ciudad de Nueva York. Los tribunales, el Congreso y el público en general deben oponerse contundentemente a estas incursiones militares en nuestras ciudades estadounidenses.
Es cierto que el crimen permanece elevado en algunas ciudades. Pero la estrategia de esta administración no es la solución a este problema. La historia ha demostrado que los esfuerzos exitosos de prevención del delito requieren de una planeación cuidadosa en respuesta a las circunstancias y necesidades específicas de cada ciudad.
Los métodos más efectivos de seguridad pública son los dirigidos por el gobierno y la policía locales con el apoyo del gobierno federal, no al revés. Esto se debe a que las autoridades locales conocen la situación real del lugar, qué genera los conflictos que llevan a la delincuencia, qué recursos hay disponibles y quiénes son las voces de confianza en la comunidad, entre otros factores.
Las soluciones que funcionan bien incluyen programas de prevención de la violencia que pueden ayudar a frenar la escalada de conflictos antes de que ocurra un delito, un enfoque que ha contribuido a la reciente reducción de la violencia tanto en Newark como en Chicago. Un programa, por ejemplo, redujo los arrestos por tiroteos y homicidios en más del 60 por ciento entre quienes participaron.
Las inversiones en programas extracurriculares o de trabajos de verano como los implementados en Boston se tradujeron en una reducción del 35 por ciento en los cargos de delitos violentos, porque mantienen a los jóvenes ocupados y lejos de las calles cuando no tienen clases.
Ocupar puestos vacantes de investigadores y detectives es otro paso que puede garantizar que se resuelvan más delitos. Y la reincidencia se puede reducir mediante programas de educación y capacitación laboral llevados a cabo en las prisiones.
En cambio, el gobierno federal está sembrando intimidación y caos en las comunidades locales cuando despliega soldados que, según las leyes federales y por larga tradición, no pueden realizar tareas de orden público dentro del país. Este principio, establecido hace siglos, contra este tipo de participación militar protege nuestra democracia, ya que un ejército que se despliega dentro de un país puede ser un instrumento de opresión poderoso.
Ahora es el momento de invertir en las estrategias comprobadas de prevención del delito y de no debilitar los programas locales de seguridad pública a través de recortes presupuestarios arbitrarios por parte de la administración actual.
También es el momento de presión pública.
El próximo pretexto de usar nuestras fuerzas militares contra el pueblo podría no ser la delincuencia. Pero hay que tener algo muy claro dadas las elecciones que se avecinan: la ley rotundamente prohíbe desplegar tropas militares en los lugares de votación, así como cualquier tipo de interferencia con el voto.
Se le debe hacer claro al presidente Trump que los despliegues militares domésticos tienen un costo político. Se necesita con urgencia una oposición pública arrolladora que se exprese pacíficamente.
