- Durante los alegatos del miércoles en la Corte Suprema, algunos magistrados se mostraron abiertos a la posibilidad de restringir gravemente la Sección 2, o bien eliminarla directamente.
- Dicho de otro modo, la Corte Suprema nos dirá si este hito del movimiento por los derechos civiles y sus décadas de progresos, a la hora de garantizar el derecho al voto, serán ratificados y se botarán a la basura.
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La Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), aclamada como el mayor logro legislativo que coronó la era de la lucha por los derechos civiles, fue aprobada para garantizar que todas las personas estadounidenses gocen del derecho al voto sin importar su raza o etnicidad. El miércoles por la mañana, la Corte Suprema oyó los alegatos de un caso que podría destruir una de las herramientas fundamentales para el cumplimiento de esa ley.
En marzo de 1965 en Selma, Alabama, un grupo pacífico de manifestantes marchaba por el puente Edmund Pettus cuando se vio atacado por la policía estatal; muchos sacrificaron sus vidas para defender la causa por un acceso igualitario a las urnas. La fuerte reacción pública que generaron las imágenes televisadas del incidente obligó al presidente Lyndon Johnson y al Congreso a promulgar la Ley de Derecho al Voto.
Esta ley, aprobada con apoyo de los dos partidos políticos, prohibió toda política estatal o local que negara o impidiera el voto por motivos raciales. Las enmiendas posteriores prohibieron políticas no solo con intenciones discriminatorias sino también con efectos discriminatorios.
Como parte de la “Segunda Reconstrucción”, la Ley de Derecho al Voto buscó resolver la larga lucha por hacer cumplir las promesas consagradas en la Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas de la Constitución, que fueron la respuesta de los Estados Unidos a su pecado original de la esclavitud.
Desde el momento de su adopción, la ley ayudó a crear entidades políticas desde el nivel local al federal y expandió significativamente al electorado. Protegió contra la implementación de nuevas leyes y tácticas electorales discriminatorias que querían diluir el poder de las personas votantes. Y le dio al electorado no blanco el derecho a disputar las reglas existentes que le negaban la igualdad de oportunidades para elegir a los representantes de su preferencia.
Tanto republicanos como demócratas proclamaron la ley en repetidas ocasiones y volvieron a autorizarla por última vez en 2006 (cuando el Partido Republicano controlaba la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso).
Sin embargo, a lo largo de su historia, la Ley de Derecho al Voto también enfrentó ataques. En los últimos años, ha sido debilitada por la Corte Suprema. Por ejemplo, en el caso Shelby County v. Holder de 2013, la Corte eliminó efectivamente la Sección 5 de la ley, una disposición que obligaba a ciertos estados (la mayoría, en el sur del país) a obtener la aprobación del gobierno federal antes de cambiar sus reglas de votación. En su opinión de disenso, la magistrada Ruth Bader Ginsburg dijo célebremente que la decisión de la Corte era como “tirar tu paraguas en una tormenta porque no te estás mojando”.
Se ha demostrado que tenía razón. En los años siguientes, los estados han promulgado docenas de leyes que hacen más difícil votar. Un informe del Brennan Center reveló que, desde 2008, la brecha racial en la participación en las elecciones —es decir, la diferencia de participación en las elecciones entre las personas ciudadanas blancas y no blancas— ha aumentado sin cesar, con un pico de 18 puntos porcentuales en las elecciones de medio término de 2022. Y esta brecha es más pronunciada en los mismos lugares en que se aplicaba la Sección 5.
Pero, en su decisión de eliminar la Sección 5, la Corte Suprema enseguida señaló que la Sección 2 seguía siendo una herramienta válida para hacer cumplir la Ley de Derecho al Voto. Esta afirmación es lo que ahora nos lleva al preocupante caso que ocupó la atención de la Corte Suprema este miércoles.
En la causa Louisiana v. Callais, la Corte ha invitado al debate sobre si la Sección 2 es inconstitucional. Dicho de otro modo, la Corte Suprema nos dirá si este hito del movimiento por los derechos civiles y sus décadas de progresos, a la hora de garantizar el derecho al voto, serán ratificados y se botarán a la basura.
El caso se centra en el mapa congresual de Luisiana. En 2020, el Partido Republicano de ese estado trazó un mapa que dividía y diluía descaradamente al electorado negro. Las personas de raza negra en Luisiana representaban un tercio de la población del estado, pero tenían la posibilidad real de elegir a un candidato de su preferencia en tan solo uno de los seis distritos creados por ese mapa.
Entonces, un grupo de personas votantes negras presentó una demanda conforme a la Sección 2, y un tribunal anuló el mapa, lo cual obligó a los legisladores a volver a trazarlo. El tribunal había ofrecido mapas alternativos que cumplían con la Sección 2, pero los legisladores trazaron un mapa distinto que servía a sus intereses partidistas. Entonces, un grupo de votantes blancos disputó el mapa nuevo bajo el argumento de que estaba motivado principalmente por cuestiones raciales y violaba la Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda.
El año pasado, la Corte Suprema consideró pronunciarse sobre esta disputa, pero, para sorpresa de todos, postergó su decisión e invitó a las partes involucradas a responder a una pregunta peligrosa y de mayor trascendencia: ¿la Sección 2 es inconstitucional?
El estado de Luisiana ahora alega que ni ellos ni otros estados deberían tener que tomar en cuenta ninguna cuestión de raza al trazar sus mapas. Este argumento aplica una interpretación extraña de la Decimocuarta Enmienda, herramienta esencial de la Reconstrucción y la revolución por los derechos civiles, a fin de exigir la suspensión de las protecciones contra las mismas tácticas que la Reconstrucción quería evitar.
Este argumento invita a la regresión a una era en la que la raza era una barrera de entrada para la representación política, la cruel y dolorosa experiencia de la exclusión política que hizo necesaria la aprobación de la Ley de Derecho al Voto en primer lugar.
Cabe aclarar que la discriminación racial en las urnas no es algo meramente del pasado. Una y otra vez en Luisiana, al igual que en varios otros estados durante los últimos años, la justicia ha señalado prácticas tanto con intenciones discriminatorias como con efectos de dilución del voto que han negado la igualdad de oportunidades políticas y contribuido a una mayor brecha racial.
Durante los alegatos del miércoles en la Corte Suprema, algunos magistrados se mostraron abiertos a la posibilidad de restringir gravemente la Sección 2, o bien eliminarla directamente. Si se elimina, el resultado provocaría caos (tal como lo explicamos en nuestro escrito de amicus curiae) en el proceso de distribución de distritos electorales en todos los niveles del gobierno, justo antes de una elección nacional.
Más allá del resultado y a fin de cuentas, sigue siendo nuestra responsabilidad colectiva como estadounidenses defender el derecho igualitario al voto. En 1965, se necesitó del coraje y la determinación de un grupo de manifestantes que marchaban en Selma para garantizar un acceso igualitario a las urnas.
Hoy en día, se necesitará que todo el pueblo participe activamente en todos los niveles del gobierno y provoque un impulso renovado para reafirmar nuestros valores constitucionales más fundamentales.
Traducción de Ana Lis Salotti
