- La justicia exige que los fiscales tomen decisiones con base solo a los hechos y a la ley. Y que lo hagan sin miedos o favoritismos.
- Este nivel de interferencia presidencial en el proceso de toma de decisiones fiscales contradice todo lo que nuestro país ha hecho para protegernos contra la corrupción en el sistema judicial.
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El poder de un fiscal es enorme. Impacta la vida y libertad de aquellos cuyo comportamiento los lleva ante el sistema de justicia penal. Los fiscales deciden a quién acusar y qué delitos imputarles. Hacen recomendaciones influyentes sobre la condena. Por eso es esencial que los fiscales se mantengan independientes de la política. La justicia exige que los fiscales tomen decisiones con base solo a los hechos y a la ley. Y que lo hagan sin miedos o favoritismos. Nadie puede estar por encima de la ley o ser injustamente sometido a ella.
Los nuevos fiscales federales aprenden sobre las opiniones de Robert Jackson, exfiscal general y magistrado de la Corte Suprema, las cuales, a pesar de haber sido divulgadas en 1940, resuenan de forma poderosa hoy en día:
La discreción [del fiscal] es tremenda. Él puede someter a la ciudadanía a investigaciones y, si es ese tipo de persona, puede hacerlo al son de declaraciones públicas y por medio de intimidaciones sutiles o evidentes … El fiscal puede ordenar arrestos, presentar casos ante un gran jurado en una sesión secreta y, con base a su presentación unilateral de los hechos, puede causar que una persona ciudadana sea imputada y detenida para un juicio … Mientras que el fiscal, en su mejor versión, es una de las fuerzas más benévolas en nuestra sociedad, cuando él actúa desde la malicia u otros motivos bajos, él es una de las peores.
Las advertencias de Jackson hicieron eco la semana pasada cuando el Departamento de Justicia imputó a uno de los opositores políticos del presidente. Lindsey Halligan, la exabogada personal del presidente Trump y recién instalada fiscal federal en el distrito judicial Este de Virginia, se presentó ante un gran jurado, aparentemente sola, para imputar a James Comey, exdirector del FBI, por presuntamente mentir ante el Congreso y obstruir una investigación de esa cámara legislativa.
Trump puso su confianza en Halligan luego de que su predecesor —Erik Siebert, un experimentado fiscal de carrera, quien el mismo Trump seleccionó para liderar el despacho— se negó a procesar a Comey porque no había pruebas suficientes. El secretismo del gran jurado significa que no sabemos el raciocinio preciso, pero hay informes creíbles de que los fiscales en el despacho tenían serias preocupaciones sobre el caso. Esto provocó que Trump hiciera una publicación en Truth Social que parece más un mensaje de texto a la fiscal general Pam Bondi que lo que se espera ver de un presiente en las redes sociales.
Pam: he revisado las más de 30 declaraciones y publicaciones que dice que, esencialmente, “es la misma historia de la vez pasada. Mucho hablar, poca acción. No se está haciendo nada. ¿¿¿Qué hay de Comey, Adam Schiff y Leticia??? Todos son culpables por donde lo veas, pero no se va a hacer nada”. Luego casi colocamos a un fiscal federal respaldado por los demócratas en Virginia con un pésimo pasado como republicano. Un republicano de mentiras y progresista que nunca iba a hacer su trabajo. Por eso, dos de los peores senadores demócratas lo PROMOVIERON tanto. Él hasta mintió a los medios y dijo que renunció y que no teníamos ningún caso. No, yo lo despedí. Y tenemos una GRAN CAUSA y muchos abogados y expertos jurídicos así lo rectifican. Lidsey Halligan es una muy buena abogada, y le caes bien, bastante. No podemos demorarnos más. Está matando nuestra reputación y credibilidad. Ya sostuvieron dos juicios políticos en mi contra y me imputaron (¡5 veces!) ¡¡¡POR NADA!!! ¡¡¡LA JUSTICIA DEBE HACERSE VALER, AHORA!!! El presidente DJT.
Este nivel de interferencia presidencial en el proceso de toma de decisiones fiscales contradice todo lo que nuestro país ha hecho desde la era posterior a Watergate para protegernos contra la corrupción en el sistema judicial. Esta no es la primera vez que Trump interfiere con la independencia del DOJ: su administración despidió a los agentes y fiscales del FBI que trabajaban en casos desaprobados por Trump.
Además, el fiscal federal interino del distrito judicial Sur de Nueva York renunció en lugar de acatar una orden de desestimar el caso de corrupción pública contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Pero esta reciente interferencia sí es la más grave. La administración reemplazó a Siebert con una abogada sin experiencia procesal alguna y sin ningún fundamento para anular la evaluación de su predecesor sobre el caso. La administración intervino directamente para imputar a uno de los enemigos personales del presidente después de que él hizo un llamado público para que se hiciera —es más, lo exigió. Esto es lo más lejano que se puede estar de una imputación basada en los hechos y la ley.
Puede que Halligan haya logrado la imputación que el presidente quería, pero refleja el defectuoso proceso que la produjo. Los miembros del gran jurado rechazaron un cargo en la imputación propuesta, que según reportes se refiere a un testimonio falso adicional. Esto sucede rara vez. Eso no da buenas señales sobre la fortaleza de las pruebas del gobierno. Una cosa es lograr que un gran jurado impute. Otra completamente diferente es lograr una sentencia.
Comey enfrenta cargos por mentir durante una audiencia en 2020 en el comité de supervisión del Senado. Pero la disputa se basa principalmente en su testimonio a un comité del Senado en 2017, en el que negó autorizar a cualquier empleado del FBI a ser una “fuente anónima” ante los medios. Ese testimonio está fuera de los cinco años de la ley de prescripción, y el gobierno no puede presentar cargos con base a esas declaraciones. Entonces, los fiscales están utilizando en su lugar el testimonio de Comey del 2020, en el que reafirmó sus declaraciones previas en un intercambio con el senador Ted Cruz, republicano de Texas.
Cruz mencionó en repetidas ocasiones al subdirector de Comey en ese momento, Andy McCabe, y una disputa sobre las declaraciones que McCabe dio a los medios sobre las elecciones presidenciales de 2016. Comey había testificado que él no autorizó que McCabe hiciera esas declaraciones. McCabe dijo públicamente que le informó a Comey sobre sus declaraciones después de haberlas hecho. Una vez se hizo pública la imputación, la mayoría de las personas asumieron que esa era la supuesta mentira por la que se acusaba a Comey.
Pero la imputación solo ofrece una descripción muy imprecisa de las circunstancias que rodean la conducta de Comey. Se alega que Comey “autorizó a alguien más en el FBI a ser una fuente anónima para los reportes mediáticos”. Posteriormente, algunos medios especularon que la imputación actualmente se refiere a uno de los amigos de Comey: Daniel Richman, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, quien compartió algunos de los memorándums de Comey con la prensa poco tiempo después de que Trump despidiera a Comey en 2017.
La divulgación de esa información llevó al nombramiento de Robert Mueller como abogado especial para investigar la interferencia rusa en las elecciones y posibles nexos con la campaña de Trump de 2016.
En otras palabras, la imputación no es particularmente clara. Es posible que la ciudadanía bien informada pueda malinterpretar a cuál testimonio se refiere. Tampoco puede Comey, como acusado, discernir por qué conducta se le imputa al simplemente leer la acusación. El gobierno no logra ser específico sobre cuál fue el falso testimonio que supuestamente dio Comey o qué evidencia tiene para asegurar que él tenía conocimiento de que cualquier parte de su testimonio de 2020 era falso.
Aun en el mejor de los casos para el gobierno, si la imputación fuera sobre McCabe, no se establece que hubo una “autorización”, lo que significa dar el visto bueno por adelantado. Y, presuntamente, Comey es lo suficientemente hábil para saber que, si él quería que Richman diera información a la prensa, no lo habría “autorizado”. El término “fuente anónima” también está sujeto a la interpretación. Hay huecos tan grandes en la imputación que un hábil abogado penalista puede atravesarlos con un camión.
Nuestro sistema de justicia penal no permite un “juicio sorpresa”. Las Reglas Federales de Procedimiento Penal requieren que una “imputación o información sea una declaración sencilla, concisa y definitiva por escrito de los hechos esenciales que constituyen el delito imputado”. Una imputación que no sea clara a primera vista puede ser jurídicamente insuficiente.
Los abogados para la defensa puede que tomen medidas para desestimar el caso o por lo menos solicitar al juez una “exposición de los hechos”, lo cual requeriría que el gobierno divulgue más detalles sobre los hechos. Pero aquí, las fallas en la imputación también apuntan a una dificultad sustancial que enfrenta el gobierno si el caso llega ante un jurado. No es claro que Comey mintió a sabiendas, algo para lo cual el gobierno debe presentar evidencias convincentes para lograr una sentencia.
Cuando Cruz cuestionó a Comey, no lo hizo como si fuera un fiscal intentando acorralar a un testigo. Fue parte de una audiencia del Senado diseñada para sacar provecho político. Las preguntas eran imprecisas y Comey no solicitó clarificación. Él simplemente reafirmó su testimonio de 2017 de que no había “autorizado” a nadie a actuar como una “fuente anónima”. Será un trabajo pesado para el gobierno convencer a los jurados del juicio, más allá de cualquier duda razonable, de que Comey entendió que se le estaba cuestionando sobre Richman, a quien Cruz nunca mencionó, en medio de repetidas menciones al nombre de McCabe.
El segundo cargo en la imputación no está diseñado con mejor habilidad. Se alega que Comey “se esforzó corruptamente por influenciar, obstruir e impedir el debido y apropiado ejercicio del poder de investigación bajo el cual se estaba llevando a cabo una investigación ante el Comité Judicial del Senado al hacer declaraciones falsas y engañosas”.
Nótese que se refiere a declaraciones en plural, aunque el primer cargo de la imputación solo hace referencia a una sola presunta declaración falsa. Y, otra vez, no es claro cuáles son las declaraciones implicadas. Tampoco es claro qué evidencia tiene el gobierno para sugerir que Comey tenía una mente “corrupta” y la intención de interferir con el trabajo del comité, como tendrán que comprobar los fiscales ante el tribunal.
En suma, la imputación no parece ser el trabajo de fiscales experimentados que entienden el escrutinio al que cualquier imputación, y ciertamente esta, será sometida. Los fiscales federales utilizan un sistema robusto de revisión para descubrir debilidades en una imputación antes de presentarla ante un gran jurado. Eso parece que no sucedió aquí.
Hay mucho que cuestionar sobre el proceso que llevó a la imputación, además de su contenido, empezando con el inusual reemplazo del fiscal federal del Distrito Este para obtenerla. Fue una movida apresurada, que no sorprende, ya que el estatuto de prescripción que ampara el testimonio de Comey del 2020 estaba a punto de vencerse. El juez que aceptó el auto de procesamiento del gran jurado recalcó que nunca se habían reunido tan tarde como el día en el que se imputó a Comey, empezando las labores a las 6:47 p.m.
El gran jurado solo necesitaba evaluar si había causa probable para emitir el auto de procesamiento. Eso significa que los jurados debían tener una convicción razonable de que se cometió un delito y que el acusado es la persona responsable. En el caso de Comey, aun ese voto del gran jurado con tan poca carga probatoria estuvo reñido.
Los grandes jurados federales consisten en 23 jurados. Se necesitan 12 votos para logar una imputación. No sabemos cuántos jurados estaban presentes durante la sesión en la que Comey fue imputado. Pero sólo 14 de ellos votaron a favor de imputar por dos acusaciones por los cuales presentaron cargos. Hubo, según reportes, un cargo adicional que se negaron a imputar.
Ese margen tan escaso es inusual. Aunque no están obligados a hacerlo, los grandes jurados frecuentemente se pronuncian en unanimidad o algo muy cercano a ello. La ausencia de consenso no augura nada bueno para los fiscales que deben comprobar culpabilidad más allá de toda duda razonable —un estándar mucho más alto del que se requiere para imputar— por un voto unánime del jurado durante el juicio. Durante el gran jurado, la defensa no tiene la oportunidad de contar su versión de los hechos. Durante el juicio, el equipo legal de la defensa tendrá la oportunidad de exponer las fallas y debilidades en los argumentos del gobierno, presentar evidencia y argumentar a nombre de su cliente.
La cuestión ahora es: ¿habrá un juicio y qué tan rápido se sostendrá? Después que la noticia de la imputación se divulgó públicamente, Comey dijo que quería un juicio. Parece que lo dice en serio. Pero elegir llegar a un juicio puede significar renunciar a ciertas defensas jurídicas que se tienen que hacer antes del juicio. Es poco probable que su hábil equipo legal, el cual incluye al exfiscal general de EE. UU. Patrick Fitzgerald, se muestre entusiasta con esa estrategia.
El equipo de Comey puede intentar que se desestime el caso al argumentar que él es víctima de una judicialización selectiva (que Comey ha sido señalado con cargos por la aversión que le tiene Trump) o que hay una acusación vengativa (que se le procesa jurídicamente en retaliación del ejercicio de sus derechos jurídicos, como la Primera Enmienda). Estos argumentos rara vez tienen éxito. Pero si hay algún momento en el que tendrían éxito, sería este el caso, dadas las declaraciones de Trump antes y después de su “orden” pública a la fiscalía general de que lo llevara a cabo.
Si este caso llega a juicio con jurado, la carga probatoria de culpabilidad más allá de cualquier duda razonable que tiene que cumplir el gobierno será demasiado grande. Para que el jurado ordene una condena, los fiscales están obligados a mostrar pruebas sobre cada elemento del delito más allá de cualquier duda razonable y convencer a cada miembro del jurado. Si el jurado encuentra que es probable que el acusado no haya hecho lo que se le acusa en la forma en la que se le acusa, eso debe resultar en una absolución. El gobierno no tendría una segunda oportunidad debido a la Quinta Enmienda que protege contra el doble enjuiciamiento, una protección que previene enjuiciar a alguien dos veces por el mismo delito.
Aquí el gobierno no tiene un camino claro para seguir adelante, y esa es probablemente la razón por la que los fiscales experimentados del Distrito Este de Virginia se pronunciaron en contra de la acusación. Los Principios en el Enjuiciamiento Federal obligan a los fiscales a presentar una acusación solo si creen que la conducta de un sujeto supone un delito federal por el cual los fiscales pueden obtener y mantener una condena con evidencia admisible que tengan a su disposición. Entonces los fiscales deben mirar más allá del umbral técnico mínimo para obtener una imputación.
No es claro que Halligan, apenas a pocos días de empezar a trabajar y sin experiencia procesal penal, supiera sobre los Principios en el Enjuiciamiento Federal. Ella ciertamente no los cumplió. Como mínimo, la observación del magistrado Jackson a los fiscales debería servir como un faro: “La seguridad de la ciudadanía está en las manos del fiscal que contrala sus impulsos con bondad humana, quien busca la verdad y no víctimas, quien sirve a la ley y no la ejerce en función de una facción”. Pero no fue así. Nos quedamos con una judicialización que innegablemente está manchada de política, y eso no es justicia.
Traducción de Laura Gómez
