- En esta época, se está haciendo cada vez más evidente que la gran cuestión constitucional gira en torno al poder de la presidencia. Cuando el jefe del poder ejecutivo actúa ilegalmente o abusa de su autoridad, ¿el sistema de frenos y contrapesos prevalecerá?
- Todo esto presenta una prueba de fuego para la Corte Suprema, y no todos los pronósticos son buenos.
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La semana pasada en la Oficina Oval, el presidente se molestó cuando una periodista mencionó una sigla que, al parecer, se está usando en Wall Street: TACO. Trump Always Chickens Out, o en una versión creativa en español, Trump se Acobarda en Cada Ocasión. Pero la verdadera pregunta no es si Trump se va a acobardar; es si lo hará la Corte Suprema.
Muchas decisiones importantes sobre los derechos individuales o el poder federal frente al estatal definieron eras constitucionales pasadas. En esta época, se está haciendo cada vez más evidente que la gran cuestión constitucional gira en torno al poder de la presidencia. Cuando el jefe del poder ejecutivo actúa ilegalmente o abusa de su autoridad, ¿el sistema de frenos y contrapesos prevalecerá?
Hasta ahora, los tribunales federales inferiores se han mantenido firmes. Han dictado docenas de fallos para ponerle un freno al abuso, por lo menos 185 hasta ahora, según algunas cifras. Ha sido una demostración reconfortante de la fortaleza de la Constitución.
El dictamen más decisivo de este último tiempo provino de un tribunal ubicado a unas pocas calles del Brennan Center en Manhattan. El Tribunal de Comercio Internacional se encarga de resolver disputas sobre prácticas comerciales y aranceles aduaneros. El pasado miércoles, un panel de tres jueces —nombrados por los presidentes Reagan, Obama y Trump— anuló la mayoría de los aranceles impuestos por Trump.
Tal como hemos argumentado, el presidente no puede imponer este tipo de aranceles unilateralmente. La Constitución le da ese poder de manera explícita al Congreso. La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) le da al presidente muchas herramientas específicas, pero no esa.
Unas horas después, otro tribunal federal llegó a una conclusión parecida. Sin embargo, un tribunal de apelaciones mantuvo los aranceles vigentes, por ahora. Sin dudas, el tema llegará pronto a la Corte Suprema. Eso me preocupa.
En momentos como estos, las alianzas tradicionales se reconfiguran. El Brennan Center presentó un escrito de amicus curiae (amigos de la corte) para otro caso, Emily Ley Paper v. Trump,que fue iniciado por la Nueva Alianza de Libertades Civiles, una organización conservadora respaldada por los hermanos Koch y Leonard Leo de la Federalist Society. En el Brennan Center, disentimos con este grupo en muchos aspectos, pero nos orgullece luchar junto a ellos contra este abuso constitucional inequívoco.
Esta disputa es parte de una oleada de casos que se dirigen hacia la Corte Suprema para disputar la ola de transgresiones presidenciales. Muchos tribunales inferiores han emitido una serie extraordinaria de dictámenes —en casos presentados por muchos de nuestros aliados como Democracy Forward y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otros— y no porque esos jueces se estén convirtiendo indebidamente en activistas, sino porque la Casa Blanca está violando leyes y normas indebida y agresivamente.
Ahora viene la parte aún más difícil. A medida que las causas judiciales avanzan hacia a los tribunales de apelaciones y luego a la Corte Suprema, serán evaluadas por jueces que son más ideológicos, más partidistas y, a menudo, más permisivos con el poder presidencial. Existe el riesgo de que la postura valiente adoptada por los jueces de principios de 2025 termine siendo solo un grato recuerdo.
Allí es donde aparecemos nosotros. Nuestro Proyecto de Litigios para Crisis Constitucionales coordina y redacta escritos de amicus curiae en muchos casos que probablemente lleguen a la Corte Suprema y transformen el rol de la presidencia. Juristas, exfuncionarios del gobierno, líderes corporativos y otros grupos les recordarán a los jueces sus obligaciones con la ley y la Constitución. Haremos que el poder rinda cuentas.
Todo esto presenta una prueba de fuego para la Corte Suprema, y no todos los pronósticos son buenos. Hace menos de un año, la supermayoría dictó uno de los peores fallos de la historia, que le da al presidente una amplia inmunidad penal si argumenta que sus acciones son “oficiales”.
Ahora, estos mismos magistrados tendrán que evaluar el intento de Trump de apoderarse personalmente del gobierno. Parecen nerviosos, como queriendo evitar un conflicto directo.
En los alegatos orales del mes pasado, los magistrados parecieron estar de acuerdo con que el presidente no puede acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una garantía explícita de la Decimocuarta Enmienda que dice que toda persona nacida en los Estados Unidos es ciudadana.
Sin embargo, también podrían quitarles a los jueces su capacidad de emitir órdenes a nivel nacional para bloquear una ley o medida ejecutiva inconstitucional. Es un tema complicado. Pero no hay dudas de que, en este momento, un dictamen desacertado podría abrirle paso a un régimen presidencial personal en gran parte del gobierno.
También está la cuestión de si el presidente puede despedir a líderes de agencias independientes, como la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.
A fines del mes pasado, la supermayoría de la Corte emitió una orden de dos páginas y sin firmar que le permitía al presidente despedir a líderes de organismos, mientras las causas judiciales que disputaban su remoción del cargo seguían en curso. La revista The National Review lo describió como “una enorme victoria provisional” a favor de Trump. Hacemos hincapié esperanzados en la palabra “provisional”: cuando, por fin, los magistrados oigan los casos con todos los alegatos, quizá intenten establecer una regla más estricta.
Si la Corte elimina efectivamente la independencia de este tipo de agencias, ¿qué pasa con la Reserva Federal? Bueno, la Fed es… es diferente, expresó el autor de la orden sin firmar. “Es una entidad cuasiprivada con una estructura singular que sigue la tradición histórica definida del Primer Banco y Segundo Banco de los Estados Unidos”. ¿Eh?
Se vienen importantes dictámenes y causas judiciales: preguntas del trillón de dólares que transformarán el gobierno y la economía. ¿Puede el presidente cerrar unilateralmente una agencia creada por ley, como la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)? ¿Puede negarse, así como así, a gastar el dinero ya asignado por el Congreso?
Durante los últimos años, los magistrados plantearon una nueva teoría que supuestamente salvaguarda la función del Congreso: la doctrina de las “cuestiones importantes”. ¿Se aplica solo a los presidentes demócratas o también a los republicanos? Además, está el abuso de la Ley de Enemigos Extranjeros, la ley de tiempos de guerra que Trump ahora está usando para deportar a inmigrantes en tiempos de paz.
Trump puede “acobardarse en cada ocasión”. Pero en 2025, la Corte Suprema de los EE. UU., no.
Traducción de Ana Lis Salotti.
