- La reintroducción del proyecto de Ley para Proteger Nuestra Democracia es un comienzo prometedor.
- Las restricciones constitucionales sensatas no son meras obligaciones contraproducentes impuestas desde arriba, son una parte clave de lo que hace fuerte a nuestra república.
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La presidencia ha tenido su buena cuota de venganzas políticas y beneficios personales. John Adams procesó a disidentes políticos. Richard Nixon tenía una lista de enemigos. Joe Biden indultó a su hijo.
Todo esto puede parecer insignificante en comparación con lo que hemos visto en los últimos días.
Tuvimos el pedido público del presidente Trump para que la fiscal general procesara a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, al exdirector del FBI, James Comey, y al senador Adam Schiff (D-CA). Cuando un fiscal federal de alto rango no presentó cargos contra James ni Comey, Trump pidió su partida.
Mientras tanto, también supimos de la noticia de MSNBC sobre Tom Homan, el actual “zar” de inmigración, donde se lo vio en un video, el año pasado, aceptando $50,000 de unos agentes encubiertos del FBI en una bolsa de la cadena de restaurantes CAVA de comida rápida mediterránea. (Un bol de ensalada para mí, por favor). El gobierno de Trump canceló la investigación. Ayer, Homan no negó el incidente, pero insistió: “No hice nada ilícito”.
Ni qué hablar del informe del New York Times sobre el negocio de la Casa Blanca con los Emiratos Árabes Unidos y la inversión de $2 mil millones en la firma de criptomonedas de la familia Trump. Y un nuevo análisis del Brennan Center expuso cómo los grandes donantes políticos han recibido indultos y favores especiales en los últimos meses.
Hace unos 50 años, el escándalo Watergate también incluyó bolsas de dinero y el despido de un fiscal. Pero fue un proceso que tomó dos años, no una semana.
A menudo, pero no siempre, las reformas surgen tras un escándalo. Después de Watergate, el Congreso aprobó legislaciones para detener el abuso y colocarle frenos a una presidencia imperial. Se promulgaron desde leyes de nombramiento de fiscales especiales hasta nuevos poderes presupuestarios para el Congreso.
El sucesor republicano de Nixon, Gerald Ford, estableció la tradición de que el Departamento de Justicia debía tener un nivel considerable de independencia para evitar un ciclo repetitivo de procesamientos judiciales por motivos políticos.
Medio siglo erosionó esas limitaciones. La Corte Suprema desmanteló las leyes de financiación de campañas y restringió la definición del término “soborno”. Durante el primer mandato de Trump, quedó claro que las salvaguardas eran débiles. En este mandato, es posible que ni siquiera existan.
¿Se convertirán estas nuevas transgresiones en un problema grave? Una cacofonía interminable puede distraernos del escándalo. ¿Quién puede llevar la cuenta siquiera? Pero el electorado sí parece comprender el vínculo entre el beneficio personal, el abuso de poder y la violación de sus derechos. En apenas unos meses, la corrupción volvió a surgir rápidamente como un tema candente.
Sin embargo, no bastará con que la clase política simplemente dé sermones sobre cómo restaurar el estado de derecho. Un electorado desconfiado piensa: “Todos lo hacen”. La única forma de superar ese escepticismo es a través de la acción.
Por eso es alentador ver cómo algunos congresistas han comenzado a moverse.
La semana pasada, Schiff volvió a presentar la Ley para Proteger Nuestra Democracia (Protecting Our Democracy Act). Este proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes en 2021, limitaría el contacto entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.
Aportaría más transparencia en el otorgamiento de indultos. Crearía normas claras para hacer cumplir las cláusulas de emolumentos de la Constitución, es decir, las disposiciones, de clara importancia para los fundadores de la Constitución, que le prohíben al presidente recibir sobornos de gobiernos extranjeros.
Recuperaría la función del Congreso como mecanismo de control contra este tipo de abusos presidenciales de los poderes de emergencia, que se han convertido en el sello distintivo de esta administración. Reforzaría el rol de supervisión que desempeña el Congreso y fortalecería su poder de controlar la cartera federal. Fue una excelente medida para ponerle freno al abuso de poder.
El proyecto de ley se basa en una serie de recomendaciones clave de un grupo de tareas no partidista organizado por el Brennan Center en 2017 —liderado por el exfiscal federal Preet Bharara y la exgobernadora de Nueva Jersey, Christine Todd Whitman,— y otras recomendaciones del Brennan Center para reformar la Ley de Emergencias Nacionales (National Emergencies Act).
La reintroducción de este proyecto de ley es un comienzo prometedor. Pero las reformas deben seguir evolucionando y fortaleciéndose para responder a la magnitud de esta nueva Edad Dorada de hoy.
Un ejemplo: se deberían establecer reglas más estrictas para prevenir la instrumentalización política del Departamento de Justicia cuando se usa para atacar a enemigos políticos. Es ilegal que un presidente ordene una auditoría impositiva contra una persona; del mismo modo tampoco debería poder ordenar un procesamiento penal. Quizá también se podría dar a la persona legitimación procesal activa si se la ha procesado específicamente por motivos políticos.
Mientras una era reformista va tomando impulso, todos ahora debemos confrontar un nuevo factor alarmante: una Corte Suprema que antes le ponía freno al ejecutivo mediante la doctrina de las “cuestiones importantes” ahora parece más dispuesta que nunca a expandir el poder presidencial. Después de todo, la impunidad de esta administración le sigue al dictamen del año pasado que le dio al presidente una enorme impunidad de procesamiento penal. Ahora vemos las consecuencias de un territorio sin ley creado por el poder judicial.
Podría ser tentador que quienes se horrorizan ante los abusos actuales se quejen por lo bajo, pero se nieguen a actuar bajo la teoría de que no quieren limitar su propio poder cuando lo tengan. “Después de todo, Trump lo hizo, ¿por qué no debería hacerlo también su sucesor?”. Esa postura cínica parece inteligente, pero está equivocada.
La Ley para Proteger Nuestra Democracia no logró aprobarse aun cuando la Casa Blanca y el Congreso estaban los dos bajo el poder del partido demócrata. Los funcionarios de la Casa Blanca de Biden dejaron en claro que no estaban muy contentos con un proyecto de ley que les hubiera atado las manos, aun cuando fuera solo un poco. Considerémoslo como un fracaso más a la hora de fortalecer el sistema contra posibles abusos futuros.
Las restricciones constitucionales sensatas no son meras obligaciones contraproducentes impuestas desde arriba. Son una parte clave de lo que hace fuerte a nuestra república. Si se establecen correctamente y se aplican con vigor, restringen los posibles abusos no solo en la actualidad sino también en el futuro.
Cuando termine esta era de abusos (¡si es que termina!), los líderes de los dos partidos deberán promulgar nuevas reformas para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir más. Al asumir su cargo, el presidente Ford dijo que el final de la crisis Watergate era prueba de que “nuestra Constitución funciona” y que “nuestra gran República es un gobierno de leyes y no de hombres”. Debemos asegurarnos de que sea así también hoy en día.
Traducción de Ana Lis Salotti.
