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- El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictó que el uso de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) fue ilegal.
- Otro tribunal federal de apelaciones sostuvo la semana pasada que los aranceles del “día de la liberación” de Trump fueron ilegales e inconstitucionales.
Se está empezando a vislumbrar ahora el gran enfrentamiento sobre el poder presidencial.
En los últimos días, dos tribunales de apelaciones emitieron dictámenes rotundos en los que sostuvieron que muchas de las movidas de gran trascendencia del presidente Trump sobre los aranceles a las importaciones y temas de inmigración fueron ilegales.
Estos dos casos pronto estarán bajo la consideración de la Corte Suprema. Y después de haberle dado la razón a Trump por lo bajo sobre tantas cuestiones, a menudo sin firmar sus órdenes con nombre y apellido, los magistrados de la Corte Suprema no tendrán más opción que decidir a plena luz del día si defienden la Constitución o se rinden ante Trump.
Este martes, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictó que el uso de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) fue ilegal. Esa ley es la última parte que queda de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798. Es una ley de tiempos de guerra. Antes se usó durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y, en el caso más notorio, durante la Segunda Guerra Mundial para detener a enormes cantidades de personas extranjeras inocentes.
Aquí, recién publicado, está el dictamen judicial. Vale la pena leerlo.
Trump ha intentado utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para detener y deportar a personas venezolanas sin el debido proceso. La administración alega que son parte de una fuerza invasora que le está haciendo la guerra a Estados Unidos.
Los jueces del tribunal de apelaciones no se lo creyeron. Aun suponiendo que fueran ciertas las alegaciones de Trump de que Venezuela está liderando un esfuerzo masivo de inmigración y violencia pandillera en los Estados Unidos —alegaciones rechazadas por líderes nacionales en cuestiones de seguridad e informes de inteligencia de la propia administración Trump—, los jueces sostuvieron que no existe ninguna “invasión o incursión predatoria” por parte de una potencia extranjera, tal como exige la ley.
“Que un país aliente a sus residentes y ciudadanos a entrar ilegalmente a este país no es el equivalente moderno de enviar una fuerza armada organizada para ocupar, perturbar o perjudicar de alguna otra forma a los Estados Unidos”, señaló el tribunal. “No hay ningún indicio de que esta inmigración masiva haya sido una fuerza armada organizada o fuerzas armadas organizadas. Es una acción que podría haber ocurrido cuando se elaboró la ley AEA [Ley de Enemigos Extranjeros], y la ley AEA no la habría abarcado. La ley AEA no se aplica tampoco en la actualidad”.
Este fue el primer dictamen en el que un tribunal federal de apelaciones aborda directamente si la Ley de Enemigos Extranjeros se puede usar de esta forma. Cabe señalar que el dictamen fue emitido por el Tribunal del Quinto Circuito, ampliamente considerado como el tribunal federal de apelaciones más conservador del país.
Mientras tanto, otro tribunal federal de apelaciones sostuvo la semana pasada que los aranceles del “día de la liberación” de Trump fueron ilegales e inconstitucionales. Este dictamen amenaza con revertir la guerra comercial que ha sacudido a los mercados internacionales, avivado la inflación y distanciado a países tradicionalmente aliados a los EE. UU.
Después de todo, la Constitución le da al Congreso el poder de establecer aranceles. El presidente no puede hacerlo de forma unilateral, del mismo modo que tampoco puede establecer por sí solo las tasas del impuesto sobre el ingreso. Algunas leyes le dan al presidente facultades específicas, y Trump alega que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, por sus siglas en inglés) le permite gravar impuestos sobre las importaciones a su antojo.
Eso es ridículo, dictaminó el Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito Federal con un voto de 7 a 4.
“La ley le concede una importante facultad al presidente para llevar a cabo varias acciones como respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de esas acciones incluye explícitamente el poder de imponer aranceles, derechos o tasas equivalentes, ni el poder de gravar impuestos”, indicó el tribunal. “Parece improbable que el Congreso haya tenido la intención, al promulgar la ley IEEPA, de abandonar su práctica del pasado y otorgarle al presidente la facultad ilimitada de imponer aranceles”.
Tal comoseñaló el Wall Street Journal, “en tres tribunales distintos, 15 jueces se han pronunciado sobre las maniobras arancelarias de Trump, de los cuales 11, nombrados por presidentes de los dos partidos políticos, dictaron que Trump actuó sin ningún respaldo legal”.
Trump dice que su gobierno va a apelar ante la Corte Suprema y alegará que, si los aranceles se anulan, sería “un desastre para Estados Unidos”. En efecto, su argumento parece estar diciendo: “Miren el desastre que hicimos. Limpiarlo va a ser peor”.
Entonces, ¿qué viene ahora?
Este año, la Corte Suprema ha estado muy lejos de cubrirse de gloria. Ante la expansión más agresiva del poder presidencial en tiempos de paz en toda la historia de la nación, los magistrados han tratado de esquivar y escabullirse —con muy pocas excepciones notables— para evitar un enfrentamiento con la Casa Blanca. Por lo general, han apoyado las movidas de Trump, pero lo han hecho por lo bajo, mediante órdenes sin firmar de la lista de casos de emergencia.
Pero estos casos ahora tendrán todas las debidas presentaciones de escritos y alegatos en cuanto a sus méritos, serán dirimidos a plena luz del día, bajo el ojo público.
Están en juego aspectos centrales del derecho estadounidense. ¿Puede un presidente establecer aranceles unilateralmente, una facultad que ningún otro jefe de gobierno nunca antes se ha adjudicado? ¿Puede un presidente detener y deportar a inmigrantes unilateralmente bajo la sola alegación, sin pruebas, de que son miembros de una pandilla que está invadiendo a los Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero?
En 1776, la Declaración de Independencia criticó al rey Jorge de Inglaterra por “interrumpir nuestro comercio con todas las demás partes del mundo:
“Por gravar impuestos sobre nosotros sin nuestro consentimiento:
“Por privarnos, en muchos casos, de los beneficios de un juicio con jurado:
“Por trasladarnos fuera del país para enjuiciarnos por presuntos delitos”.
En ese entonces, Thomas Paine escribió en el folleto político Common Sense, que no teníamos una monarquía. “En los Estados Unidos, la ley es el rey”. En los próximos meses en la Corte Suprema, sabremos si sigue siendo verdad.
Traducción de Ana Lis Salotti
