- Grupos itinerantes de agentes federales enmascarados han estado saliendo de vehículos sin identificar y deteniendo agresivamente a cualquiera que encaje con el perfil de un inmigrante latino.
- La creciente federalización de la policía local y estatal ha erosionado la capacidad que tienen los funcionarios locales y estatales para mantener los controles democráticos sobre sus oficiales de policía.
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¿Qué pueden hacer las autoridades estatales y locales para proteger a sus comunidades cuando las agencias federales de seguridad se descontrolan? Desafortunadamente, esta pregunta no es hipotética.
Grupos itinerantes de agentes federales enmascarados han estado saliendo de vehículos sin identificar y deteniendo agresivamente a cualquiera que encaje con el perfil de un inmigrante latino. Luego se comprobó que algunos de los detenidos eran ciudadanos estadounidenses. Cuando los miembros de la comunidad se reunieron para manifestar contra estos operativos ilegales, los agentes federales ejercieron fuerza excesiva para suprimir su protesta, respaldados por los marines de EE. UU. y las tropas de la Guardia Nacional, que fue llamada a prestar servicio sin la autorización del gobernador del estado.
La situación está empeorando. Agentes federales equipados para el combate urbano están haciendo redadas en granjas y acechando a tribunales, escuelas y estacionamientos de Home Depot en todo el país, aterrorizando a comunidades vulnerables. El presidente Trump federalizó el departamento de policía de Washington D. C. y desplegó unidades de la Guardia Nacional de varios otros estados para vigilar las calles de la ciudad. Documentos filtrados revelan que el Departamento de Seguridad Nacional está buscando apoyo militar para redadas migratorias en Illinois.
La pregunta sobre qué pueden los líderes locales hacer se planteó en una reunión del consejo municipal de Los Ángeles, en junio, sobre la fuerte e indiscriminada situación y la respuesta de la policía municipal a las protestas en contra de las redadas migratorias. Un concejal de la ciudad preguntó cómo puede el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) contener los abusos de la administración Trump durante la implementación de las leyes migratorias.
El jefe del LAPD, Jim McDonnell, respondió que es ilegal obstruir a las fuerzas federales que implementan la ley. Cuando se le cuestionó si la violenta respuesta de sus oficiales a las manifestaciones era un apoyo indebido a las redadas migratorias federales, en violación de las leyes santuario locales, McDonnell dijo que el LAPD estaba obligado a responder a llamados de asistencia de sus “compañeros” federales.
Si bien es cierto que las policías estatales y locales no pueden obstruir operativos federales con fines legítimos para implementar la ley, estos acuerdos de cooperación conjunta no suponen una barrera para el control estatal y local sobre las políticas o prácticas policiacas federales.
Al contrario, estos acuerdos proveen mecanismos clave para que las autoridades estatales y federales hagan contrapeso frente a los abusos federales al ejercer su facultad de establecer las condiciones para su cooperación y terminar con los acuerdos si estas son rechazadas. Pero lo cierto es que las agencias federales de seguridad son mucho más dependientes de sus compañeros de policía local y estatal que viceversa.
La federalización de la policía estatal y local
La Constitución establece que el gobierno federal tiene facultades limitadas. La Décima Enmienda les cede explícitamente a los estados y al pueblo las facultades no delegadas al gobierno federal ni prohibidas por la Constitución. Este sistema federal divide el poder del gobierno en dos soberanías que compiten para que cada una pueda ser contrapeso de la otra. El poder policial —o sea, la facultad de promulgar leyes que promueven la seguridad pública y el bienestar general— está reservado a los estados, excepto cuando han sido expresamente delegadas al gobierno federal y está limitado tanto por la ley estatal como la Constitución.
En el Federalista n.º 45, James Madison argumentó que los estados tendrían una ventaja clara sobre el gobierno federal en una competencia entre soberanos. Madison se basó en su presunción de los poderes limitados otorgados al gobierno federal, en la conexión más fuerte de los estados a las poblaciones locales, y en su interés colectivo por resistir la intromisión federal en los derechos estatales.
Conforme creció el tamaño y poder del gobierno federal durante del trascurso de la Guerra Civil, el New Deal y la era de derechos civiles, el federalismo competitivo que concibieron los redactores de la Constitución tomó la forma de un nuevo paradigma en el cual el gobierno federal indujo a los estados a respaldar iniciativas federales por medio de la prestación de fondos financieros, imponiendo mandatos y expandiendo las leyes penales federales. Con el tiempo, la policía estatal y local se entrelazaron con las agencias federales de seguridad de formas que pueden usurparle el poder a las ciudades y los estados, y retan su control sobre sus propios oficiales de policía.
Expansión de la policía federal
La guerra contra las drogas del presidente Nixon durante la década de los 70s sirvió como plataforma para la expansión de las agencias federales de seguridad y su cooptación de las policías estatales y locales. Funcionarios federales buscaron la cooperación de las policías estales y locales, quienes podían comprometer sus significativos cuerpos policiales al operativo, además de proveer más conocimiento sobre las comunidades y redes delictivas locales.
Estos funcionarios establecieron grupos de trabajo conjuntos de policías antinarcóticos, los cuales designaban a oficiales de policía locales y estatales como agentes federales. Esto permitió a los agentes designados a trabajar por fuera de los límites de su habitual jurisdicción y les otorgó mayor financiación, autorizaciones de seguridad y acceso a entrenamiento, equipos y sistemas federales de inteligencia clasificada.
A pesar de no tener éxito en frenar el narcotráfico, el modelo de grupos de trabajo federales se expandió en los 80s y 90s para estar al servicio de otras iniciativas federales, incluyendo los grupos de trabajo destinados a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico; grupos de trabajos sobre el delito violento, pandillas y calles seguras; el grupo de trabajo sobre fugitivos de los Marshals de EE. UU.; las fuerzas conjuntas antiterrorismo del FBI; y los grupos de trabajo en seguridad fronteriza.
Los grupos de trabajo proliferaron porque son una forma fácil para que el gobierno federal aumente su personal de seguridad, desarrolle estrategias unificadas, agilice operativos y expanda su alcance en las localidades participantes. Las agencias de policía estatales y locales se benefician de los acuerdos con estos grupos de trabajo al recibir recursos adicionales, oportunidades de entrenamiento mejorado y acceso a equipos y sistemas de inteligencia federales.
Pero estos beneficios a menudo se obtienen a costa de la rendición de cuentas de la ciudadanía. Un informe de 2014 del Servicio de Investigación del Congreso evaluó los grupos de trabajos federales y centros de fusión en la frontera suroeste y encontró que “no hay una nómina oficial, o censo de los grupos de trabajo, ni tampoco un inventario de esos grupos de trabajo que atienden amenazas específicas”. Esta falta de transparencia permanece hoy en día.
Lo más controversial es que el gobierno federal ha instado a la policía local y estatal a colaborar en sus esfuerzos para implementar leyes migratorias, lo cual es netamente una función federal. Por medio del programa voluntario bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el Departamento de Seguridad Nacional puede designar a oficiales de policía locales y estatales en las jurisdicciones partícipes y facultarlos para implementar las leyes migratorias federales.
Donde las agencias estatales y locales han optado por no entrar en estos acuerdos formales, los oficiales de policía han encontrado otros medios para compartir información migratoria rutinariamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En ciertas ocasiones, lo han hecho directamente violando las leyes estatales y ordenanzas locales.
Un sinnúmero de otros mecanismos facilita el compartir de información y la cooperación entre las agencias federales, estatales y locales. La más expansiva es la red nacional de inteligencia estatal y regional de los centros de fusión, los cuales se crearon después de los ataques terroristas del 9/11. Originalmente concebidos como un sistema para compartir información antiterrorismo, los centros de fusión han expandido sus misiones para abarcar todos los delitos, amenazas y riesgos. Estos son conformados por representantes del estado y de la policía local, agencias de emergencia y salud pública, la Guardia Nacional, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y entidades privadas.
A pesar del respaldo continuo que provee a los centros de fusión, el gobierno federal niega tener propiedad o control de estas entidades y no regula la red que estableció, como ha documentado el Brennan Center. Sin embargo, los legisladores estatales y locales a menudo tienen poca capacidad de indagar sobre las actividades de los centros de fusión y no tiene el acceso, personal o la experticia necesaria para supervisar de manera efectiva sus operativos. Así entonces permanecen estos centros y su red más amplia, en gran medida, sin regulación.
No sorprende entonces que los abusos de los centros de fusión, dirigidos a diversas comunidades minoritarias y a disidentes políticos de todo el espectropolítico, hayan proliferado a lo largo de las décadas sin control alguno. La presencia de funcionarios del DHS en los centros de fusión y el acceso de esta agencia a la información recolectada y compartida por los centros de fusión regularmente generan serias preocupaciones sobre la red nacional que crea un mecanismo para evadir limitaciones para que la policía comparta información con ICE, violando así las leyes y políticas santuario.
Preocupaciones sobre los convenios entre la policía estatal y federal
Sin duda, existen beneficios para los gobiernos locales y estatales a través de la colaboración eficiente y el compartir información de inteligencia criminal entre las agencias de orden público federales, estatales y locales de manera oportuna. Obviamente, nadie quiere que un criminal violento pase desapercibido o no sea detenido porque una agencia de policía no compartió con otra información de inteligencia legítimamente obtenida. Pero los convenios de colaboración existentes entre las agencias federales, estatales y locales de seguridad continúan siendo opacos y con frecuencia han dado lugar a abusos.
Tampoco hay mucha evidencia que demuestre que son efectivos. Una investigación del Servicio de Investigación del Congreso de 2014 a los grupos de trabajo y centros de fusión federales determinó que a “nivel federal, no existe métrica uniforme para evaluar ni los grupos de trabajo ni las estrategias federales que puedan emplear”.
Una investigación de 2012 del Congreso encontró que los “centros de fusión reenviaban ‘inteligencia’ de calidad irregular —a menudo deficiente, rara vez es oportuna y a veces ponen en riesgo las libertades civiles de la ciudadanía y las protecciones de la Ley de Privacidad, ocasionalmente tomadas de fuentes que ya son públicas y, la mayoría de las veces, sin relación alguna con el terrorismo”.
Mientras tanto, la creciente federalización de la policía local y estatal ha erosionado la capacidad que tienen los funcionarios locales y estatales para mantener los controles democráticos sobre sus oficiales de policía. Al unirse a los grupos de trabajo federales y tener designación de agente federal, los oficiales de policía estatal y local pueden evadir leyes estatales y locales que restringen las actividades de orden público con mayor rigor que las políticas y leyes federales.
El secretismo con el cual operan estos convenios federales a menudo previene a funcionarios estatales y locales de siquiera saber qué están haciendo sus oficiales cuando son asignados a estos grupos de trabajo, obstaculizando la supervisión adecuada.
Reivindicar el poder estatal como un contrapeso al abuso federal
Cuando las fuerzas de orden público federales operan en formas que violan las leyes estatales, ordenanzas locales o valores comunitarios, la policía estatal y local aún está obligada a defender estas leyes y proteger a la comunidad del abuso federal. Los gobiernos estatales y locales pueden reafirmar su autoridad sobre las agencias de policía e influir en las políticas públicas y prácticas de orden público federales al establecer condiciones bajo los cuales sus fuerzas de policía participarán en estos convenios.
En 2004, el FBI le negó al alcalde de Portland, Oregón, quien ejerce como comisionado de policía, autorizaciones de seguridad que le hubiesen permitido supervisar las actividades de los oficiales de policía de Portland asignados a un grupo de trabajo conjunto contraterrorismo. En respuesta, el consejo de la ciudad de Portland votó en 2005 para retirar a los oficiales de policía de Portland asignados al grupo de trabajo.
Diez años después, Portland reasignó a sus oficiales al grupo de trabajo, con base a promesas de mayor transparencia y garantías de que los oficiales de Portland cumplirán con las leyes de Oregón, las cuales tienen límites más estrictos para la recolección de inteligencia que los estándares federales. En 2018, el consejo de la ciudad de Portland otra vez votó para retirar del grupo de trabajo a sus oficiales, luego de que este indebidamente se enfocara en comunidades musulmanas y fracasara en cumplir con las promesas de operar con más trasparencia.
En 2012, el consejo municipal de San Francisco aprobó una ordenanza requiriendo al Departamento de Policía de San Francisco (SFPD, por sus siglas en inglés) presentar informes públicos anuales sobre sus labores con el FBI. El grupo de trabajo conjunto contraterrorismo se resistió a los intentos de cumplir a cabalidad con este requisito.
En 2017, el SFPD suspendió su participación en el grupo de trabajo. El consejo municipal de Oakland luego aprobó, de forma unánime, una ordenanza requiriendo a los oficiales del Departamento de Policía de Oakland, asignados al grupo de trabajo, a cumplir con la leyes estatales y locales y presentar informes anuales públicos. Tras considerar que los informes del grupo de trabajo eran insuficientes, el consejo municipal de Oakland suspendió la relación entre su departamento de policía y el grupo de trabajo en 2020.
Las consecuencias de un tiroteo policial en Atlanta ofrecieron un ejemplo de cómo la negativa de los policías estatales y locales de participar en unidades especiales federales puede impulsar cambios en la política pública federal. Un oficial de policía de Atlanta asignado a un grupo de trabajo de fugitivos del FBI no llevaba una cámara corporal —en violación de las leyes locales— cuando le disparó a un fugitivo no armado en 2019. Las políticas federales, en ese momento, no permitían a los oficiales miembros de ese grupo de trabajo utilizar cámaras corporales.
Funcionarios de Atlanta solicitaron que se les permitiera a los oficiales de policía de Atlanta asignados al grupo de trabajo utilizar las cámaras, pero el gobierno federal se negó. Entonces, Atlanta retiró a aproximadamente 35 oficiales de policía de todos los grupos de trabajo federales.
En respuesta a la política sobre las cámaras corporales, varias agencias de policía en Minnesota también retiraron a su cuerpo de policía del grupo de trabajo de fugitivos de los Marshals de EE. UU. Otros departamentos en todo el país también contemplaron hacer lo mismo públicamente. Al cabo de un año, el Departamento de Justicia cambió sus políticas, permitiéndole a los oficiales de grupos de trabajos utilizar cámaras corporales mientras realizaban detenciones y ejecutaban ordenes de registro, siempre que fuera un requisito de sus departamentos de policía.
Como entidades estatales, los centros de fusión ofrecen otra vía para que las autoridades estatales controlen las ambiciones inapropiadas del gobierno federal. Sin embargo, pocos gobiernos estatales han tomado las medidas necesarias para proteger a sus residentes de la vigilancia ilegal.
Después de que un patrullero estatal divulgara prácticas internas y una masiva filtración de datos por parte de un contratista de un centro de fusión expusiera el abuso generalizado en un centro de fusión de Maine, la Cámara de Representantes de Maine aprobó una propuesta de ley que habría retirado su financiamiento. La propuesta no avanzó en el senado estatal.
Pero un año después, ambas cámaras legislativas aprobaron una propuesta que creaba un auditor estatal para supervisar las operaciones del centro de fusión y emitir informes públicos. La propuesta no fue financiada, sin embargo, y no se convirtió en ley. Aun así, estas propuestas de ley proveen modelos para futuras iniciativas estatales que reafirmen su facultad de supervisar y regular adecuadamente las actividades de los cuerpos de policía estatales y locales.
La Cláusula de Supremacía de la Constitución deja claro que los estados no pueden anular leyes federales ni obstruir los operativos policiacos federales debidamente autorizados. Esta salvaguarda ha comprobado ser históricamente útil: durante la era de los derechos civiles, el gobierno federal intervino correctamente para prevenir que los estados privaran a las personas afroamericanas de sus derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución. Pero eso no significa que los estados no tienen la potestad de tomar acción cuando el gobierno federal priva a sus residentes de los mismos derechos y privilegios o cuando agentes federales violan las leyes estatales.
Un convenio implica un compromiso mutuo de cooperación en función de objetivos compartidos. Si el gobierno federal se rehúsa a cooperar conforme a lo que exigen los residentes del estado, por medio de sus representantes electos, los estados tienen el derecho de restringir su participación. La obligación principal de los oficiales de policía estatales y locales no es apoyar a los federales con quienes se asocian. Su deber es hacer cumplir las leyes estatales y defender a las comunidades que juraron proteger.
Traducción de Laura Gómez
