La propuesta en el plan presupuestario de congelar las actuales y futuras regulaciones a la IA en los estados pone en riesgo al público y a la democracia.
Las personas encarceladas son particularmente vulnerables durante las olas de calor y los desastres relacionados con el clima. Los activistas deberían considerar soluciones a través de las constituciones estatales.
Los tribunales han reconocido un “derecho privado a la acción judicial” en la Ley de Derecho al Voto desde su creación.
El ataque requería la autorización del Congreso.
Cuando los magistrados programan sus salidas para que coincidan con una presidencia en particular, se socava la confianza en la imparcialidad jurídica.
El Congreso quiere impedir las regulaciones estatales sobre la IA durante diez años.
Los beneficios tributarios del proyecto de ley para los ultrarricos representa una historia ya conocida sobre la desmedida influencia de los grandes donantes políticos.
La administración Trump ha detenido a múltiples miembros del Congreso que intentaban ejercer sus funciones de supervisión.
Estas directrices les otorgan a funcionarios de ciudadanía e inmigración de los EE. UU. una importante libertad de acción para rechazar distintos tipos de solicitudes de inmigración según un lenguaje que no está arraigado en la ley o que es ambiguo por otros motivos.
El despliegue militar es una maniobra política arriesgada e innecesaria.
