- El preocupante incidente en Los Ángeles refleja la alarmante tendencia de esta administración a utilizar agentes federales para silenciar a las voces disidentes.
- En este país, un principio fundacional de la Primera Enmienda es que la expresión no violenta de las opiniones políticas, incluida la disidencia pública enérgica frente a las políticas de una administración en particular, está protegida.
Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
Agentes federales retiraron a la fuerza a un senador de los Estados Unidos de una conferencia de prensa en Los Ángeles el jueves. Lo tiraron boca abajo en el piso y lo esposaron —todo en repuesta a su intento de hacer una pregunta durante un acto público que sostuvo la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.
Esto no es un uso normal o legal de la fuerza. Y aunque claramente va en contra de la tradición estadounidense a la libertad de expresión tampoco se trata de un error aislado. Es simplemente uno de los últimos abusos de poder de la administración Trump, que ha convertido en una práctica el uso de la fuerza gubernamental contra sus oponentes políticos.
El preocupante incidente en Los Ángeles refleja la alarmante tendencia de esta administración a utilizar agentes federales para silenciar a las voces disidentes, incluyendo a funcionarios electos quienes están cumpliendo con su deber al expresarse públicamente. Un gobierno descarado que reprime a la disidencia por la fuerza ignora el compromiso con el discurso político libre que define la legislación y las tradiciones estadounidenses. Llevada al extremo, esta estrategia sigue el camino que tomaron regímenes que se definen no por la democracia sino por el autoritarismo.
Las imágenes grabadas en video desde California muestran que el senador Alex Padilla, quien representa al estado, intentaba hacer una pregunta sobre el despliegue de tropas y su impacto en las comunidades que representa. Específicamente, el senador Padilla intentaba cuestionar la justificación planteada por la secretaria para el despliegue de tropas militares. Esto no fue un acto de desobediencia civil, y no suponía un peligro para Noem.
El senador Padilla no solo representa al estado de California, sino que además es miembro líder de la minoría en el Subcomité Judicial de Inmigración del Senado, que tiene la función de supervisar al Departamento de Seguridad Nacional. Padilla se encontraba en el edificio para asistir a una reunión informativa de las fuerzas militares sobre el despliegue en California y estaba cumpliendo con su rol dentro de nuestro sistema constitucional de pesos y contrapesos.
Sin embargo, agentes federales sacaron a Padilla a la fuerza y lo expulsaron de la sala, incluso cuando repetidamente se identificó como senador por California. Afuera de la sala, los oficiales lo tiraron al piso y lo esposaron.
El senador Padilla es el más reciente en una larga lista de funcionarios públicos que han sido sometidos por la fuerza o arrestados por agentes federales. En Newark, Nueva Jersey, un miembro del Congreso y el alcalde de la ciudad fueron arrestados por agentes de ICE mientras insistían en obtener respuestas sobre las condiciones de confinamiento en un centro de detención local —algo que los miembros del Congreso tienen el derecho estatutario de hacer.
Y, en Nueva York, agentes federales allanaron una oficina en el Congreso para detener a un empleado del equipo de un legislador acusado de albergar a manifestantes. Ninguno de estos reportes sugiere con credibilidad que cualquiera de estas personas estaba demostrando comportamiento violento o amenazante. Pero cada uno de estos reportes sí indica que el despliegue de la fuerza se dirigió contra funcionarios debidamente electos por voto popular que esta administración percibe como opositores a su punto de vista político.
La administración Trump está considerando ir más lejos. Trump ha amenazado con arrestar a Gavin Newsom, el gobernador democráticamente electo de California, aunque no ha sido capaz de articular bajo qué fundamentos lo haría. (No queriendo quedarse atrás, el presidente de la Cámara Mike Johnson sugirió que a Newsom deberían “cubrirlo de alquitrán y plumas”).
Justo antes de que agentes federales esposaran al senador Padilla, Noem afirmó que los agentes federales estaban en California para “liberar a esta ciudad de los socialistas”. Este tipo de declaraciones sugieren que el despliegue de soldados no tiene como objetivo mantener el orden.
Este uso de la fuerza no es normal en la política, especialmente en los Estados Unidos. En este país, un principio fundacional de la Primera Enmienda es que la expresión no violenta de las opiniones políticas, incluida la disidencia pública enérgica frente a las políticas de una administración en particular, está protegida. Nuestros líderes electos fortalecen este intercambio de ideas y opiniones por medio de sus labores oficiales, por lo cual la Constitución de EE. UU. también protege específicamente a los miembros del Congreso de ser arrestados durante una sesión legislativa.
La escena en Los Ángeles demuestra, más allá de cualquier duda, que hemos entrado en una problemática era del uso del poder federal para silenciar ese debate. Aun en los capítulos más retadores de nuestra historia, los presidentes se han abstenido de utilizar la fuerza para controlar a funcionarios que se oponen a sus puntos de vista.
El presidente Eisenhower federalizó a la guardia nacional no para arrestar a Orval Faubus, el ferviente gobernador segregacionista de Arkansas, sino para implementar una orden judicial y proteger a los jóvenes estudiantes que integraban las escuelas de Little Rock.
El presidente Kennedy no arrestó al gobernador George Wallace, quien era aún más desafiante, y físicamente bloqueó a sus conciudadanos de Alabama que intentaban inscribirse en universidades estatales como lo había ordenado un tribunal federal.
George W. Bush se abstuvo de utilizar la fuerza en contra de aquellos que fuertemente protestaron la decisión de la Corte Suprema que le otorgó la presidencia. Y, más recientemente, el presidente Obama terminó su discurso del Estado de la Unión en lugar de ordenar la expulsión de un miembro del Congreso que lo interrumpió fuertemente y llamó mentiroso. Ninguno de estos presidentes recurrió a la autoridad federal —y mucho menos al uso de la fuerza— para acosar o detener a personas por oponerse a sus políticas públicas.
Utilizar el poder público para silenciar a la disidencia es una práctica de los adversarios de los Estados Unidos: dictaduras, juntas militares y estados fuera de la ley. La sola presencia de la oposición en estos países es un crimen. Utilizar el poder para silenciar a los funcionarios cuya labor es alzar su voz y, cuando sea necesario, exigirle cuentas al gobierno, va más allá de lo político. Implica desconocer su autoridad para representar a su ciudadanía. Además, envía un claro mensaje antidemocrático al público en general: el poder demanda lealtad absoluta, y la disidencia será castigada. Las narrativas de regímenes como los de China, Hungría, Myanmar y Rusia muestran con claridad los peligros que conlleva el uso desmedido del poder.
Traducción de Laura Gómez
