- La Cámara de Representantes aprobó su proyecto de ley presupuestario anual, un paquete enorme de cambios de políticas que muchos analistas han señalado que beneficiará muchísimo más a la clase más rica de los Estados Unidos.
- Para compensar parte de los ingresos que se pierden por estos recortes impositivos, el proyecto de ley propone recortes en los cupones para alimentos y en Medicaid.
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A medida que los conflictos de intereses y otros escándalos de corrupción en el gobierno federal acaparan la atención de los medios, en el Congreso se está desenvolviendo una historia más conocida sobre el rol del dinero en la política: donar dinero a miembros de la Cámara de Representantes tiene sus ventajas.
El mes pasado, la Cámara de Representantes aprobó su proyecto de ley presupuestario anual, un paquete enorme de cambios de políticas que muchos analistas han señalado que beneficiará muchísimo más a la clase más rica de los Estados Unidos, al tiempo que recortará beneficios para las clases más pobres. Los impuestos y los beneficios gubernamentales siempre han sido temas en los que los mayores donantes políticos tienen un impacto gigante sobre la política, y, sin duda, este proyecto de ley no es la excepción.
El proyecto de ley amplía varias de las prioridades incluidas en el presupuesto de 2017, que recortó algunos impuestos para la clase media y trabajadora de los Estados Unidos, pero, en general, inclinó la balanza decididamente a favor de las clases con mayores ingresos. Esa legislación se aprobó, en parte, porque algunos de los donantes más importantes del partido republicano le dejaron en claro al Congreso que, si querían seguir recibiendo su apoyo financiero, tenían que aprobar la ley.
El paquete de 2025 conserva las tasas tributarias más bajas para las categorías más ricas, exime otro millón de dólares de riqueza del impuesto inmobiliario (que solo se aplica a las personas multimillonarias) y aumenta la deducción para entidades que transfieren sus ingresos directamente a sus propietarios (pass-through), una exención tributaria para ciertos propietarios de negocios que beneficia muchísimo más a las clases ricas.
A pesar de la oposición declarada del presidente Trump, el proyecto de ley no resuelve el vacío legal de la participación en las ganancias de fondos de inversión, una categoría tributaria que favorece a los administradores de fondos de inversión de alto riesgo.
El proyecto de ley sí incluye ciertas promesas populistas, tal como los recortes tributarios para propinas y horas extra, al igual que una pequeña ampliación del crédito tributario por hijo. Pero el impacto de estos cambios se contrarresta por una marcada inclinación a favor de las clases más ricas de Estados Unidos.
Este favoritismo se hace más evidente en uno de los componentes más comentados del proyecto de ley: para compensar parte de los ingresos que se pierden por estos recortes impositivos, el proyecto de ley propone recortes en los cupones para alimentos y en Medicaid.
Al igual que ocurre con el vacío legal en torno a la participación en las ganancias de los fondos de inversión, algunas voces en la coalición republicana se han expresado en contra de los recortes a Medicaid.
Las encuestas demócratas han señalado que los recortes a estos programas plantean grandes problemas electorales para el partido republicano, pero la Cámara de Representantes igualmente aprobó la ley.
Hay diferentes motivos que explican por qué un legislador o una legisladora podría hacer algo tan ampliamente controversial, pero la clave está en la magnitud en que nuestro sistema de financiación de campañas, tan poco regulado, impulsa los intereses de las clases adineradas.
Sin duda, esta dinámica no se limita a un solo partido político. Hace poco, por ejemplo, tanto demócratas como republicanos han atraído las donaciones de grandes empresarios de la industria de las criptomonedas con promesas de una regulación favorable.
A nivel humano, los grandes donantes son simplemente las personas con las que muchos líderes electos deben hablar con más frecuencia, y eso influye en las opiniones de todo legislador. Tal como señaló un representante: “Los dos partidos les han indicado a sus nuevos congresistas que debían pasarse 30 horas por semana haciendo llamadas en los ‘call centers’ republicanos y demócratas”. Además de simplemente ayudar a ciertos candidatos a ganar las elecciones, los donantes compran acceso para abogar por las políticas que desean.
La mera tarea de presentarse a elecciones para ocupar un cargo también plantea importantes obstáculos económicos: las personas candidatas no solo deben recaudar fondos en sus círculos, sino que también deben afrontar sus gastos personales mientras hacen campaña. Por eso, es frecuente que los funcionarios electos sean también adinerados y se asocien con las clases donantes.
El resultado es que las personas estadounidenses que usan cupones para alimentos o dependen de Medicaid poseen mucho menos poder político que quienes deben pagar un impuesto a la herencia, y eso se refleja en la legislación.
Los estudios demuestran, una y otra vez, que las preferencias políticas de la clase trabajadora estadounidense se correlacionan menos con los resultados políticos que las preferencias de las clases de mayores ingresos, a pesar de que la clase trabajadora estadounidense sea mucho más numerosa.
Este desequilibrio no es nuevo. El científico político E.E. Schattschneider escribió en 1960 que, en la democracia estadounidense, “el defecto del paraíso pluralista es que el coro celestial canta con un fuerte acento de clase alta”.
No nos faltan estructuras políticas participativas, como las elecciones y las legislaturas, tampoco nos falta diversidad en nuestro pensamiento político. Pero las políticas que emanan de nuestro sistema están forjadas por la riqueza.
Schattschneider hablaba de la tensión fundamental de las instituciones participativas que coexisten con la desigualdad económica, una tensión que, en la actualidad, se pone de manifiesto en las leyes sobre financiación de campañas.
Nuestros tribunales de justicia y legislaturas han desregularizado, en gran medida, la financiación de las campañas políticas, lo cual ha hecho que el coro del paraíso pluralista esté más deseoso de cantar sobre vacíos legales de la participación en las ganancias y recortes a Medicaid.
El objetivo de una reforma en esta área debe consistir en garantizar que los intereses de todo el pueblo estadounidense estén representados en las políticas federales, más allá de cuánto dinero tengamos.
Traducción de Ana Lis Salotti
