Los cambios propuestos en las formas en que las fuerzas militares adquieren y ponen a prueba las armas provocan más despilfarros del dinero de los contribuyentes y, encima, socavan la seguridad y eficiencia de las capacidades militares.
La Corte Suprema está considerando desechar una herramienta que desde hace décadas combate la discriminación racial en cuestiones de representación justa.
El gobierno federal está desplegando fuerzas militares en ciudades gobernadas por demócratas con la excusa de frenar la delincuencia
Las tropas militares son para la defensa nacional, no para demostraciones del poder presidencial.
Durante años, las compañías de prisiones privadas han sido aliadas importantes de ICE a la hora de ejecutar la agenda de inmigración del gobierno.
Mientras los magistrados vuelven a subirse el estrado, tambalea nuestro sistema de frenos y contrapesos.
Viola los derechos individuales y es un uso inadecuado de las fuerzas militares.
Los dos partidos políticos han abusado del poder presidencial. El Congreso debe actuar para detenerlo.
Los planes de la administración para combatir el delito dictando políticas estatales de fianza o desplegando la Guardia Nacional no garantizan la seguridad a largo plazo, pero hay muchas otras formas comprobadas de reducir la delincuencia.
Como era de esperar, una investigación estatal reveló que solo las personas ciudadanas estadounidenses son las que votan en Luisiana.
