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Análisis

La preocupante disposición sobre inteligencia artificial en el proyecto de ley presupuestario

El Congreso quiere impedir las regulaciones estatales sobre la IA durante diez años.

junio 17, 2025
  • Este proyecto de ley, aunque parezca mentira, prohibiría a los estados establecer reglas sobre IA durante toda una década, con muy pocas excepciones.
  • La IA tiene la capacidad de imitar a autoridades y funcionarios electorales, candidatos políticos y figuras públicas con el objetivo de divulgar información errónea e influenciar las elecciones.

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El proyecto de ley presupuestario del presidente Trump, que está avanzando lentamente en el Congreso, está cargado de gastos innecesarios y problemas, tal como suele ocurrir con este tipo de medidas.

Dejaría a millones de personas sin acceso a Medicaid, lo cual lo convierte en el recorte de salud más grande de la historia. Mantiene los recortes impositivos para la clase rica. Aumenta a niveles siderales los fondos para ICE, que se sale cada vez más de control. Además impondría fuertes obstáculos económicos a toda persona que quiera presentar demandas contra medidas ilegales del gobierno.

Estas disposiciones han aparecido en todos los titulares. Pero otras, que se deslizaron sigilosamente dentro del denso lenguaje de este proyecto de ley de 1,000 páginas, podrían tener un impacto más profundo y amplio de lo que se cree.

Una de ellas es preocupante: ¿sabían que este proyecto de ley desregularizaría la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial (IA) está transformando la economía, la vida social y la política. Alterará o eliminará millones de puestos de trabajo. Podría transformar la medicina y la ciencia. Los estados están promulgando leyes que rigen todo tipo de temas, desde cuestiones de privacidad y los contenidos ultrafalsos (deepfakes) hasta las reglas de seguridad para los autos autónomos.

Qué hacer con respecto a esta tecnología prometedora, pero convulsiva es un gran desafío para las políticas públicas. La IA puede parecer un ser mágico con vida propia, pero la IA es una elección.

Este proyecto de ley, aunque parezca mentira, prohibiría a los estados establecer reglas sobre IA durante toda una década, con muy pocas excepciones. Impediría la aplicación de leyes que limitan o regulan los sistemas de IA, modelos de IA y “sistemas automatizados de toma de decisiones”. Parece una de las alucinaciones de ChatGPT, si le hubieran dado la instrucción de “escribir una novela distópica de ciencia ficción, combinada con una crítica a los esfuerzos de lobby que ocurren en K Street, Washington DC”.

¿Cómo llegamos a este punto? Al parecer, Google se sintió con suerte, al igual que Meta y OpenAI. Todos presionaron para elaborar políticas federales que les dieran una amplia inmunidad con respecto a la regulación estatal. Resulta que sentarse entre la familia Trump y su gabinete durante la inauguración tiene sus beneficios.

Citemos… este… a la representante Marjorie Taylor Greene: “Estoy totalmente EN CONTRA de esto; es una violación a los derechos de los estados, y habría votado que NO si hubiera sabido que tenía este contenido. No tenemos idea de lo que puede ser capaz la IA en los próximos 10 años; darle rienda suelta y atarles las manos a los estados es potencialmente peligroso. Esto debe eliminarse en el Senado”.

La verdad es que no comprendemos por completo el poder y el potencial de la IA, ni siquiera cómo funciona.

Un pronóstico sombrío, conocido con el nombre de AI 2027, presenta una línea del tiempo posible para el desarrollo de la IA en los próximos años. (El vicepresidente JD Vance dice que lo leyó). Predice un futuro de empleados de IA, carreras armamentistas de IA y, a la larga, el dominio total de la IA. “Predecimos que el impacto de una IA superhumana a lo largo de los próximos diez años será enorme, mayor que el de la Revolución Industrial”, advierten los autores.

Por otro lado, Apple desacreditó hace poco la afirmación de que estamos a unos pocos meses de desarrollar una “inteligencia artificial general”. La complejidad ocasiona un “colapso completo de la precisión”, informan sus ingenieros.

Los pronósticos pesimistas pueden estar equivocados. Pero muy pocos pueden dudar de que esta tecnología vaya a producir una “destrucción creativa” de magnitudes épicas.

Hay una política sobre la que en el Brennan Center sabemos mucho: la relacionada con las elecciones. La IA tiene la capacidad de imitar a autoridades y funcionarios electorales, candidatos políticos y figuras públicas con el objetivo de divulgar información errónea e influenciar las elecciones.

Y, a medida que más funcionarios electorales incorporan la IA a su trabajo, nuestros sistemas electorales corren el riesgo de volverse más sesgados, más susceptibles a estar plagados de errores y menos transparentes.

En respuesta, Washington oscila entre el titubeo y la adulación. El presidente Biden impuso algunas reglas mediante una orden ejecutiva, pero Trump las revirtió: nombró a David Sacks, inversionista en IA, para guiar la elaboración de políticas. Sam Altman de ChatGPT se mantiene al acecho.

Cuando el gobierno federal se queda en silencio o se paraliza, es muy sensato que los estados intervengan: para ser los “laboratorios de experimentación” descritos por el magistrado Louis Brandeis en una época de cambios tecnológicos parecidos.

De hecho, la invalidación de las reglas estatales que impulsa este proyecto de ley puede ser ilegal. La Corte Suprema ha señalado que este tipo de “prelación” solo ocurre cuando esta resuelve un conflicto entre la ley federal y la estatal. Ante una tecnología que podría generar una disrupción social y económica, el gobierno federal no puede simplemente negarse a actuar, ni mucho menos prohibírselo a los estados.

¿Por qué este plan universalmente trascendental se metió subrepticiamente en un proyecto de ley presupuestario? Porque este tipo de medidas requieren tan solo 51 votos para aprobarse. Son tan grandes que los miembros de un partido siguen la misma línea, todos deben votar ya sea a favor o en contra.

En un intento cuestionable por ganar la aprobación necesaria según las reglas presupuestarias del Senado, los republicanos del Comité de Comercio del Senado han sugerido que la versión de la moratoria del comité se aplicaría a los estados que reciben fondos para el acceso a la banda ancha. (Pero, en realidad, podría aplicarse a todos los estados). Mientras tanto, los lobistas de la industria están llegando a tropel.

A comienzos del desarrollo de internet, el gobierno eligió permanecer al margen. Se temía que la regulación sofocara la innovación. Claro que eso produjo muchos beneficios. Pero ahora vemos los daños: un sistema político inundado de desinformación, una concentración masiva de riqueza, unas redes sociales que exacerban el aislamiento, el enojo y la depresión.

Esta vez, no tenemos por qué esperar a ver qué ocurre. Los riesgos de la inacción legislativa, la destreza de los lobistas y el orgullo desmesurado del sector tecnológico ya están a la vista.

Traducción de Ana Lis Salotti.