- El “derecho privado a la acción judicial” es un término jurídico que significa que las personas u organizaciones afectadas tienen la capacidad de presentar una demanda judicial.
- En los últimos años, una teoría jurídica extrema que se ha ganado el aval de un puñado de jueces está amenazando esta vía crucial de acción legal que tiene el electorado.
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En 1966, una controversia por un cargo dentro del consejo escolar en el interior de la región conocida como el Cinturón Negro (Black Belt) de Luisiana provocó una de las primeras demandas ganadas contra la discriminación racial conforme a la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act)de 1965, presentada no por el gobierno, sino por un grupo de votantes.
En este caso inicial, presentado de conformidad con la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, un grupo de votantes ejerció su “derecho privado a la acción judicial”, un término jurídico que significa que las personas u organizaciones afectadas tienen la capacidad de presentar una demanda judicial. Al hacer esto, el caso Brown v. Post estableció las bases para décadas de litigios presentados conforme a la Sección 2 para proteger y ampliar el poder político de las minorías de votantes.
Pero, en los últimos años, una teoría jurídica extrema que se ha ganado el aval de un puñado de jueces está amenazando esta vía crucial de acción legal que tiene el electorado.
Una demanda pionera contra la discriminación electoral
Un año después de la promulgación de la Ley de Derecho al Voto, un candidato negro al Consejo Escolar de Madison Parish derrotó en las elecciones primarias demócratas a la consejera blanca que ya estaba en el cargo. La victoria de Harrison Brown sobre Dorothy Provine preparó el terreno para lo que se suponía que sería su triunfo inevitable en las elecciones generales, ya que no se había presentado ningún candidato republicano.
La victoria de Brown en las elecciones primarias y su victoria prevista en las elecciones generales habrían sido muy importantes en un momento en el que la capital del distrito, Tallulah, seguía siendo una ciudad segregada: las personas negras vivían en la zona oeste, y las personas blancas, en el este. Las elecciones al consejo escolar también marcaron la primera vez en que las personas afroamericanas elegibles pudieron votar sin las restricciones de la era Jim Crow del sur del país.
Pero, llegado noviembre, un candidato blanco, J.T. Fulton, que se presentó a último momento, al parecer, logró una ajustada victoria sobre Brown por unos escasos 269 votos en este distrito de mayoría negra. Pero hubo un problema: de las 512 boletas emitidas en ausencia, 510 fueron a favor de Fulton y todas provenían de votantes blancos. Los resultados hicieron que Brown, junto con un grupo de votantes negros del distrito, acudieran a la justicia.
En lugar de tácticas que, en apariencia, eran neutrales en la contienda, pero que, en la práctica, eran claramente discriminatorias, como impuestos para votar y pruebas de alfabetismo, el electorado negro de este distrito ahora se enfrentaba a métodos más insidiosos.
La demanda judicial de Brown reveló que el secretario local Jerome C. Post y dos subsecretarios les habían dado boletas de voto en ausencia a votantes blancos sin que se las hubieran pedido en una plantación cercana y en un hogar de ancianos donde todos eran personas blancas, pero no habían ofrecido la misma oportunidad a ninguna persona votante negra.
Brown impugnó la negación del voto conforme a la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe leyes y prácticas electorales que diluyan o restrinjan el derecho al voto por cuestiones de raza o color de piel.
Un tribunal federal de primera instancia en 1968 determinó que este proceso de voto en ausencia, presuntamente realizado en “buena fe”, privó al electorado negro de su derecho al voto conferido por la Constitución y la Sección 2 y declaró esas elecciones inválidas. Se llamó a una nueva elección especial para el 9 de abril de 1968, que Fulton volvió a ganar por un pequeño margen, aunque una purga de votantes registrados también menoscabó esa elección.
La ruptura radical de décadas de precedentes judiciales
Desde los inicios de la Ley de Derecho al Voto, los tribunales federales admitieron casos presentados por votantes según la Sección 2. Sin esta capacidad de acción judicial, no se habrían admitido muchas de estas demandas contra políticas electorales racialmente discriminatorias, cuando no todas, y se habría dado lugar a un proceso electoral mucho más injusto e imperfecto.
Para que Brown y los otros votantes de su distrito pudieran acceder a la justicia, primero se tenía que resolver la cuestión más profunda de si tenían o no el derecho a demandar. Este derecho fue afirmado tácitamente en el caso Brown v. Post y reafirmado una y otra vez en cada uno de los cientos de casos presentados conforme a la Sección 2 por personas y organizaciones, y admitidos por los tribunales federales.
Hasta 2021. En la opinión concurrente de un importante dictamen sobre la Ley de Derecho al Voto, el magistrado Neil Gorsuch clasificó el derecho privado a la acción judicial de la Sección 2 como “una cuestión abierta”, lo cual rompió con décadas de consenso judicial.
Esta invitación al debate fue aceptada en 2022, cuando un tribunal de primera instancia, seguido en 2023 por el Tribunal de Apelaciones para el Octavo Circuito, aceptó con los brazos abiertos esta teoría radical. Estos dos tribunales concluyeron que las personas votantes y organizaciones afectadas no podían presentar demandas conforme a la Sección 2.
El mes pasado, un segundo dictamen de un panel de jueces del octavo circuito restringió aún más el poder de aplicación de la ley al impedirle al electorado presentar demandas contra violaciones de la Sección 2 según otra ley federal que prohíbe, en sentido general, violaciones a los derechos civiles por parte del gobierno.
El resultado de todo esto es que, en el octavo circuito, solo el Departamento de Justicia puede presentar una demanda judicial conforme a la Sección 2, lo cual va en contra de una práctica estándar que se remonta a los inicios de la Ley de Derecho al Voto en la década de 1960. Este resultado es aún más desastroso dada la actual resistencia del Departamento de Justicia a defender y hacer cumplir los derechos del electorado.
A menos que se revoque ese dictamen, el electorado no blanco en siete estados, mayormente en el Medio Oeste del país, no tendrá la capacidad de impugnar prácticas electorales discriminatorias que les perjudican. Esto forma parte de un patrón más amplio en el que los tribunales, liderados por la Corte Suprema, están llevando a cabo un ataque concertado contra la Ley de Derecho al Voto, sección por sección.
Los tribunales y el Congreso apoyan el derecho privado a la acción judicial
Si bien el texto de la ley de derechos civiles no menciona explícitamente a las personas privadas cuando designa quiénes pueden hacer cumplir la Sección 2, las raíces de esta interpretación implícita y casi universal se extiende a lo largo de décadas de dictámenes judiciales y en los propios informes del Congreso sobre la Ley de Derecho al Voto.
Cuando el Congreso enmendó la Ley de Derecho al Voto en 1982, un par de informes del Congreso detallaron el propósito de los congresistas de ese momento. “La intención es que las personas ciudadanas cuenten con una causa privada de acción judicial… conforme a la Sección 2”, señala el informe del Comité de la Judicatura de la Cámara de Representantes.
El informe de sus contrapartes en el Senado dice: “El Comité reitera la existencia del derecho privado a la acción judicial conforme a la Sección 2, tal como ha sido claramente la intención del Congreso desde 1965”.
Incluso antes de la promulgación de la Ley de Derecho al Voto, un informe de 1961 de la Comisión sobre Derechos Civiles de EE. UU., creada por la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1960, explicó por qué, en primer lugar, es necesaria la aplicación privada de la ley: “Aunque la División de Derechos Civiles ha incrementado su tamaño y presupuesto varias veces… no ha podido preparar ni presentar todas las demandas que parecen justificadas… No hay ningún recurso generalizado que resuelva lo que aún constituye una discriminación generalizada”.
Lo que ocurría en 1961 sigue siendo una realidad hoy en día: ante instancias evidentes de discriminación, son las personas votantes, no el gobierno, quienes, por lo general, solicitan alguna reparación de la justicia.
En los últimos 40 años, las personas y las organizaciones han sido los principales impulsores de demandas para hacer cumplir la Ley de Derecho al Voto, ya que han presentado el 93 por ciento de los casos según la Sección 2. De las más de 400 demandas conforme a la Sección 2 presentadas en tribunales federales, se ganaron al menos 197.
De estos casos, al menos 11 llegaron a la Corte Suprema, donde los magistrados explícitamente permitieron que las personas ciudadanas afectadas pudieran presentar demandas.
En 1996, la opinión de la mayoría en el caso Morse v. Republican Party of Virginia citó parte del informe del Senado al señalar que “si bien [la Sección] 2, al igual que [la Sección] 5, no estipula ningún derecho a la demanda en su sentido literal, ‘la existencia del derecho privado a la acción judicial conforme a la Sección 2… ha sido claramente la intención del Congreso desde 1965’”.
Incluso en la decisión del caso Shelby County v. Holder de 2013, donde la Corte Suprema desmanteló la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto, el presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, reconoció el derecho privado de las personas a la acción judicial según la Sección 2: “Tanto el gobierno federal como las personas individuales han presentado demandas para hacer cumplir [la Sección] 2… y tienen disponible el recurso del interdicto… para bloquear la aplicación de leyes electorales”.
Más recientemente, en 2022, la Corte Suprema tomó partido a favor de las personas votantes negras y organizaciones comunitarias cuando anuló un mapa congresional de Alabama por violar la Sección 2 en la causa Allen v. Milligan, donde reafirmó implícitamente que, en primer lugar, el electorado puede presentar demandas.
Esta historia, estos precedentes judiciales y las propias palabras del Congreso confirman que el derecho privado a la acción judicial no solo es necesario para hacer cumplir la Sección 2, sino que siempre fue la intención.
Cuando se promulgó, la Ley de Derecho al Voto —considerada, en palabras del representante John R. Lewis, como el “logro máximo” del movimiento por los derechos civiles— se convirtió en una herramienta poderosa y exhaustiva para garantizar la igualdad en la participación política, y el electorado no blanco ha liderado las iniciativas para hacerla cumplir.
Los tribunales no pueden entorpecer el camino. La fuerza de la Ley de Derecho al Voto depende de ello.
Traducción de Ana Lis Salotti.
