- Un estudio reveló que, durante los meses calurosos, aproximadamente el 13 % de las muertes tras las rejas en Texas pueden ser atribuidas al calor extremo.
- Las personas encarceladas han acudido a los tribunales federales, argumentando que las temperaturas extremas suponen un “castigo cruel e inusual” según la Constitución.
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Este artículo fue publicado inicialmente en State Court Report
Durante las mortales olas de calor —como la casi histórica oleada que afectó a gran parte de los Estados Unidos esta semana— hay una población que es particularmente vulnerable: las personas encarceladas.
Durante las últimas dos décadas, el calor extremo, sumado a la ventilación inadecuada e infraestructura anticuada, han agravado las ya precarias condiciones para los más de un millón de estadunidenses recluidos en instalaciones carcelarias.
Un estudio reveló que, durante los meses calurosos, aproximadamente el 13 % de las muertes tras las rejas en Texas pueden ser atribuidas al calor extremo. Otro informó que un índice de calor peligroso —o sea la “sensación térmica”— puede incrementar los intercambios violentos en las prisiones en un 20 %.
Las altas temperaturas también están correlacionadas a un incremento del 30 % en los incidentes diarios de observación por riesgo de suicidio, según expertos. Aun los estados del medio oeste y noroeste pacífico, reconocidos por sus climas más fríos, están lidiando con calores sofocantes en las cárceles ya que sus instalaciones frecuentemente no tienen la infraestructura apropiada para enfrentar el calor extremo.
Mientras el planeta se calienta a un “ritmo sin precedentes”, las temperaturas extremas ahora son comunes en algunas partes del país. El año pasado fue el año más caluroso en la historia, según la NASA, y cada vez hace más calor.
Pero las temperaturas extremas no son la única fuente de peligros relacionados al clima para las personas encarceladas. El otoño pasado, un huracán tras otro—exacerbados por el cambio climático— resultó en órdenes de evacuación para millones de personas y devastó a gran parte del sureste estadounidense.
Mientras las comunidades aledañas buscaron sitios seguros, las personas encarceladas en Carolina del Norte estaban atrapadas en celdas inundadas, sin electricidad ni sanitarios funcionales durante cinco días después del huracán Helene.
Los funcionarios en Florida decidieron no evacuar las prisiones y cárceles cerca de Tampa, la parte más vulnerable a las mortales inundaciones del huracán Milton, aun cuando la alcaldesa de Tampa les dijo a los residentes, “Si deciden quedarse, van a morir”.
Durante los catastróficos incendios forestales en California —avivados por las condiciones calurosas y secas que los científicos atribuyeron al cambio climático— muchos reclusos enfrentaron planes de evacuación y seguridad inciertos mientras casi 800 personas encarceladas fueron desplegadas como bomberos para combatir el fuego por una paga mínima.
Muchos factores agravan los riesgos para las personas encarceladas. Las prisiones en muchos estados fueron construidas en zonas particularmente propensas a emergencias relacionadas con el clima. Las personas tras las rejas presentan altas tasas de enfermedades de salud mental y crónicas como la diabetes, problemas cardiovasculares, inmovilidad física —factores que hacen que el calor extremo sea más peligroso.
Y a medida que las sentencias son cada vez más largas, mantienen a las personas en situaciones en entornos carcelarios hasta una edad avanzada, la proporción de personas encarcelados que tienen 55 años o más se ha disparado a aproximadamente cinco veces en comparación con hace tres décadas.
“Los adultos de edad avanzada tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades y muerte relacionadas con el calor”, señala el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento.
Las medidas de la actual administración para frenar iniciativas climáticas e incrementar el fracking (fracturación hidráulica) y las exportaciones de petróleo suponen un duro golpe a los esfuerzos para combatir el cambio climático en su totalidad —y probablemente empeorarán las condiciones de las personas encarceladas.
Escasas protecciones federales
Las personas encarceladas han acudido a los tribunales federales, argumentando que las temperaturas extremas suponen un “castigo cruel e inusual” según la Constitución. La gran mayoría no han tenido éxito.
Algunos han buscado que los tribunales ordenen a las prisiones instalar aire acondicionado o que tomen otras medidas para aliviar el calor y prevenir la enfermedad o muerte. Un caso en curso, por ejemplo, sostiene que las personas encarceladas en Texas están “siendo cocinadas vivas” en unidades sin aire acondicionado.
Un juez reconoció recientemente que el estado probablemente está violando la Octava Enmienda, pero negó la solicitud de emitir una medida cautelar que ordene instalar aire acondicionado. El caso está programado para juicio en marzo de 2026.
Mientras tanto, las personas encarceladas en Texas han dicho que se echan agua de los sanitarios sobre ellos mismos para refrescarse y hasta han fingido tener episodios de salud mental para obtener un traslado a la unidad psiquiátrica donde hay aire acondicionado.
Los demandantes encarcelados que desafían las temperaturas extremas en tribunales federales han tenido algunas victorias notables a lo largo de los años. El Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, por ejemplo, sostuvo que albergar a personas con enfermedades preexistentes “en celdas muy calientes sin suficiente acceso a formas de aliviar el calor sabiendo que la persona sufre de condiciones que lo hacen extremadamente vulnerable a serios daños relacionados al calor, es una violación de la Octava Enmienda”.
El Tribunal Federal de Apelación del Séptimo Circuito dijo que detener a un hombre en una gélida celda por más de cuatro días e “ignorar sus solicitudes de arreglar la ventana o disponer de cobijas, un abrigo o cualquier forma para protegerse del frio extremo” sería inconstitucional.
Y un tribunal federal de distrito en Tennessee sostuvo que funcionarios violaron los derechos protegidos por la Octava Enmienda de un hombre que fue detenido en una cárcel del condado por una semana durante una ola de calor, en una celda con una puerta de acero y sin aire acondicionado. La celda llegaba a temperaturas de por lo menos 110 grados durante el día y alcanzó los 103 grados en la noche. El hombre murió de un golpe de calor.
Sin embargo, es más común que las personas encarceladas pierdan las demandas. Cuando un grupo de personas tras las rejas en el delta del Misisipi demandaron por las agobiantes temperaturas de verano en sus celdas, el Tribunal Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito les recordó que “la Constitución no exige prisiones cómodas”, citando una causa de 1981 de la Corte Suprema.
El tribunal recalcó que “la temperatura se registró en 95 grados o más solo en siete ocasiones” en un período de tres meses y que muchos factores mitigaron el calor: Los demandantes “no estaban obligados a usar mucha ropa”, cada uno tenía “un lavamanos con acceso a agua fría y caliente” y “un vaso para beber”. Además, no se les forzaba a ejercitarse o hacer trabajos penitenciarios.
De hecho, las victorias son minúsculas comparadas con el número de demandas presentadas y la urgencia del problema. Los litigios federales que denuncian el calor excesivo en las cárceles como una violación a la Octava Enmienda se han incrementado conforme se incrementan las temperaturas.
Desde 1980 a 2019, se presentaron poco más de 1,200 demandas federales alegando que las temperaturas extremas en las prisiones son un castigo cruel e inusual. En los últimos cinco años, según archivos judiciales, se han presentado más de 500 de estos casos —un incremento de más del 300 % en comparación con la tasa de demandas presentadas en los 40 años anteriores.
Los tribunales federales han hecho que sea muy difícil para los demandantes encarcelados prevalecer en sus argumentos de que sus condiciones son inhumanas. Se les otorga bastante consideración a los operadores de prisiones y cárceles. También han anunciado estándares que deben cumplir los demandantes y son una sobrecarga. Por ejemplo, se requieren pruebas de que los funcionarios de la prisión tenían conocimiento y d el riesgo excesivo de daño y lo ignoraron.
Los tribunales han respaldado la doctrina de la inmunidad calificada, la cual protege a los funcionarios públicos de la rendición de cuentas por violaciones, excepto por algunas muy graves. Los tribunales también desestiman con frecuencia demandas con mérito por no cumplir con los requisitos onerosos de la Ley de Reforma del Litigio Penitenciario, como la obligación de que las personas encarceladas hayan agotado todas las complejas vías administrativas antes de presentar su demanda ante la corte.
¿Hay esperanza a nivel estatal?
Hay razones para creer que las demandas contra las condiciones relacionas con el clima en las prisiones pueden tener mejores probabilidades de éxito por medio de las constituciones estatales que las vías federales. O por lo menos en algunos estados.
A diferencia de sus contrapartes federales, las cortes estatales están en libertad de interpretar sus propias constituciones y entenderlas como más proteccionistas. En particular, muchas constituciones estatales difieren del texto de la Octava Enmienda, lo cual indica que puede haber una lectura más amplia.
Dieciséis estados prohíben el “castigo cruel o inusual” —a diferencia de la prohibición de la Octava Enmienda a ambos el “castigo cruel e inusual”. Otros seis estados simplemente prohíben los castigos crueles. En algunos estados, entonces, los castigos que son meramente crueles, pero no inusuales, deberían ser inconstitucionales.
Otras constituciones estatales tienen cláusulas que tratan las condiciones carcelarias de modo más explícito—para las cuales no existe un equivalente federal. Por ejemplo, cinco constituciones estatales disponen que “ninguna persona arrestada o confinada en una cárcel debe ser tratada con rigor innecesario”.
La de Delaware exige “una consideración apropiada” a “la salud de los prisioneros” durante la “construcción” de las instalaciones carcelarias. La de Georgia garantiza que nadie “será abusado en el transcurso de una detención, cuando esté bajo arresto o en prisión” y la de Montana proclama que “la dignidad del ser humano es inviolable”.
Además, algunos estados no tienen un equivalente a la Ley de Reforma del Litigio Penitenciario o han rechazado extender el privilegio de inmunidad calificada a demandados del estado en situaciones en las cuales sí estaría disponible este recurso en un tribunal federal.
Múltiples cortes supremas estatales ya fallaron que sus constituciones garantizan derechos más amplios que la Octava Enmienda, aunque la mayoría de estas causas consideraron protecciones en contra de sentencias excesivas, no condiciones inhumanas. Pero también hay decisiones estatales prometedoras en el contexto de las condiciones carcelarias.
El tribunal supremo de Washington, por ejemplo, explícitamente rechazó el estándar federal que solicita a los demandantes encarcelados comprobar que los funcionarios penitenciarios tuvieron la intención de hacerles daño. En su lugar, el tribunal instruyó a las cortes considerar si las condiciones generaban objetivamente un riesgo significativo de daños graves. Al aplicar este estándar, el alto tribunal determinó que negarle a un hombre en silla de ruedas el fácil acceso a instalaciones sanitarias y de baño violaba la constitución estatal.
Las personas encarcelas en Oregón, mientras tanto, han dependido exitosamente de las disposiciones constitucionales del estado que prohíben un rigor innecesario y castigos crueles e inusuales para desafiar una serie de injusticias.
Las cortes en Oregón han ordenado a las prisiones sacar del confinamiento solitario a alguien con condiciones de salud mental. También ha ordenado proveer cuidado afirmativo de género a las personas trans. El alto tribunal ha dejado claro que demandas judiciales sobre rigor innecesario requieren de un análisis “puramente objetivo”.
Estos fallos apuntan a que algunos tribunales estatales también podrían estar dispuestos a extender las protecciones constitucionales del estado a casos que desafíen calores sofocantes o condiciones gélidas. Pero hasta donde sabemos, ninguna corte suprema estatal ha considerado directamente si las temperaturas extremas en las cárceles violan su constitución estatal.
Hemos descubierto solo un caso que abordó el tema: en 1982, el alto tribunal de Massachussets rechazó denuncias de que pasar tiempo en celdas de aislamiento con puertas de acero sólido que impedían el flujo de aire —y que entonces resultaban en temperaturas en las celdas de hasta 90 grados— violaban la Octava Enmienda o el equivalente estatal.
Tal vez la falta de casos a nivel estatal en este ámbito se deba a una cuestión de inercia —cuando las personas encarceladas que investigan denuncias potenciales solo encuentran causas federales, pueden no ver otra alternativa al tribunal federal. O puede que escojan las cortes federales porque creen que tendrán mejores posibilidades de que se les asigne un abogado, ya que hay programas federales que asignan abogados pro-bono a demandantes sin representación legal.
Además, la ley federal permite que se cobren honorarios legales en causas de derechos civiles. Puede que algunos no estén seguros de qué vía pueden tomar para presentar una demanda basada en la constitución estatal. Después de todo, muy pocas legislaturas estatales han promulgado leyes que autoricen demandas privadas por violaciones a la constitución estatal, como hizo el Congreso con la Sección 1983 de 1871.
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Con el alza continúa de las temperaturas, las batallas jurídicas sobre las condiciones penitenciarias recalcan la necesidad urgente de reforma. Las legislaturas estatales deben aprobar leyes para proteger a las personas encarceladas, y las prisiones deben adoptar políticas conscientes del clima. Además, cuando no lo hagan, los activistas deben considerar litigios basados en la constitución estatal para rendir cuentas —y salvar vidas.
Samson Tu contribuyó investigación a esta nota.
Ava Kaufman es asistente especial de la dirección del programa de justicia del Brennan Center for Justice.
Brianna Seid es abogada del programa de justicia del Brennan Center.
Kathrina Szymborski Wolfkot es abogada senior del programa judicial del Brennan Center y editora general del State Court Report.
Traducción de Laura Gómez
