- La disposición no permitiría a los estados durante la próxima década aplicar leyes estatales que limiten o regulen modelos y sistemas de IA y sistemas automatizados de toma de decisiones, con algunas excepciones.
- Obstaculizar la habilidad que tienen los estados para responder rápida y responsablemente a las amenazas emergentes de la IA expone a nuestras elecciones en tiempos críticos.
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Actualización: El primero de julio, el Senado votó 99 a 1 para eliminar la prohibición del plan presupuestario conciliatorio.
El Senado se está moviendo rápidamente para aprobar una peligrosa prohibición de 10 años a las regulaciones estatales a la inteligencia artificial. Lo hace sin un plan para reemplazarlas con mecanismos de control federal. La disposición, la cual forma parte de una enorme propuesta presupuestaria que el Congreso está considerando, no permitiría a los estados durante la próxima década aplicar leyes estatales que limiten o regulen modelos y sistemas de IA y sistemas automatizados de toma de decisiones, con algunas excepciones.
Según la versión de la disposición que divulgó el comité de comercio del Senado el miércoles, los estados que no cumplan con el congelamiento regulatorio podrían perder miles de millones en fondos federales destinados a desarrollar infraestructura de IA y expandir el acceso a servicios de internet de alta velocidad en comunidades rurales.
La parlamentaria del Senado ha dictaminado desde entonces que, para que la medida se apruebe por una mayoría absoluta, la disposición solo puede afectar hasta $500 millones en nuevos fondos asignados por la propuesta de conciliación referente a la IA.
Los republicanos del Senado se han comprometido a aprobar la mega propuesta presupuestaria antes del 4 de julio, lo que significa que se acaba el tiempo para que las y los senadores eliminen la disposición sobre la IA.
Una vez aprobado, la propuesta se devolverá a la Cámara para su evaluación. Si se promulga, podría frenar la aplicación de más de 149 leyes vigentes aprobadas desde 2019 en más de 40 estadosmás el Distrito de Columbia. Estas leyes son respaldadas decisivamente por legislativos liderados tanto por republicanos como demócratas.
La disposición sobre la IA ha generado, con razón, una seria oposición. Grupos de activistas, fiscales generales estatales y legisladores estatales de todo el espectro político han alertado colectivamente sobre los graves peligros de restringir las regulaciones a la IA. Los estados tendrían, efectivamente, una prohibición de proteger a sus residentes de las amenazas de las tecnologías de IA emergentes, sin virtualmente ninguna ley federal en su lugar para contrarrestar estos daños.
Es difícil predecir el papel que la IA jugará en los próximos años —y mucho menos en la década siguiente. Ya está reconfigurando muchas áreas de la cotidianidad, incluyendo la educación, el uso de redes sociales, la salud y el gremio jurídico.
Pero como el Brennan Center ha alertado en años recientes, esta tecnología supone un riesgo significativo para nuestras elecciones, desde facilitar la difusión de desinformación hasta posibilitar ataques a funcionarios e infraestructura electoral. Detener las regulaciones a la IA dejaría a las elecciones vulnerables y tendría consecuencias muy graves para la democracia estadounidense.
El estado actual de la regulación a la IA
El Congreso hasta ahora ha sido lento en regular la IA. Recientemente aprobó la Ley Retírelo, la primera ley federal destinada a proteger a personas de la difusión de imágenes íntimas no consensuadas generadas por la IA. Pero el Congreso aún no ha sido capaz de aprobar una legislación federal integral para regular la IA.
Ante la ausencia de regulación federal eficiente, los estados empezaron a llenar ese vacío. Desde 2019, los estados han aprobado cientos de leyes que crean salvaguardas en respuesta a las amenazas de la IA.
Casi 100 propuestas relacionadas a la IA se aprobaron en 2024, y más de 1,000 proyectos de ley relacionados a la IA han sido presentados en todo el país durante las sesiones legislativas de 2025. Y otros 25 estados han aprobado leyes que controlan el uso de la IA en campañas políticas y elecciones, incluyendo leyes que frenan contenido mediático engañoso y ayudan a detener la diseminación intencional de contenidos ultrafalsos con gran potencial para suprimir el voto.
La prohibición a las regulaciones que propone el Congreso detendría del todo cualquier progreso estatal, haciendo que aún las más modestas regulaciones sean imposibles de aplicar.
Narrativas engañosas en contra de las regulaciones
Quienes avalan el congelamiento a las nuevas regulaciones argumentan que es necesario para “prevenir múltiples normativas disonantes” que imponen obstáculos de cumplimiento a personas y compañías que desarrollan IA, haciendo que sea más difícil para los Estados Unidos “ganar la carrera mundial por la IA” contra China. Estas posturas, sin embargo, se basan en evidencia engañosa y débil.
Los estados por mucho tiempo han sido laboratorios para la experimentación y la regulación de tecnologías emergentes. Por ejemplo, California lideró el camino de la privacidad de datos con la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018 e Illinois implementó la Ley de Privacidad de Datos Biométricos en 2008. Ambas leyes instituyeron estándares estatales sin descarrilar la innovación.
Y en el contexto de la IA, los estados no han desalentado la innovación, sino que han formulado políticas en respuesta a los cambios que fortalecen la democracia estadounidense sin sobrecargar a los desarrolladores.
Hemos analizado leyes clave sobre la IA que la Conferencia Nacional de Legislativos Estatales ha rastreado desde 2019. Encontramos que la mayoría regulan el abuso por parte de usuarios de la tecnología de IA en vez de enfocarse en el desarrollo y diseño de la IA. Mientras que los estados deberían aprobar robustas regulaciones dirigidas a desarrolladores y compañías de IA, congelar los controles por una década haría poco para aliviar las cargas regulatorias que a los proponentes les preocupa.
Sin embargo, esto no ha impedido que las fuerzas antiregulatorias promuevan esta disposición. Una de las voces que lideran la campaña para desregular la IA es el inversionista de capital de riesgo David Sacks, quien ejerce como el primer zar de la IA y criptomonedas de la Casa Blanca. Es también el cofundador de Glue, una compañía de herramientas de IA.
Sacks declaró que la regulación de la IA es perjudicial para los intereses de EE. UU. y apoya asociarse con los Emiratos Árabes Unidos para prevenir que esta nación “sea empujada hacia los brazos de China”. Durante una audiencia en el Senado sobre la IA en mayo, el senador Ted Cruz, republicano de Texas, enfatizó que “la manera de vencer a China en la carrera mundial por la IA es superándolos en innovación, no cargando a los desarrolladores de IA con regulaciones al estilo europeo", dijo en referencia a la robusta política regulatoria sobre la IA de la Unión Europea.
Sin embargo, enmarcar el debate como una batalla entre perdedores y ganadores en contra de China y otros países simplifica demasiado los serios riesgos y beneficios potenciales de una tecnología emergente. Pone en riesgo truncar el control legitima al tachar las regulaciones como antipatriotas y depende de narrativas que históricamentehan escondido posturas xenofóbicas.
Batallas jurídicas futuras
Como está actualmente prevista, la disposición se presta para bastantes ambigüedades jurídicas que probablemente resulten en un caudal de demandas mientras las cortes desesperadamente buscan interpretar la legislación federal y cómo estas interactúan con la autoridad estatal.
A primera vista, la disposición sobre IA en la propuesta presupuestaria parece encajar perfectamente con el principio de preferencia expresa, en el cual la ley federal se sobrepone a la regulación estatal. Pero el moratorio de IA se extralimita atípicamente.
Previamente, el Congreso se ha sobrepuesto frente a regulaciones estatales en áreas como medios audiovisuales, aviación, derechos de autor, etiquetado de productos y seguridad de dispositivos médicos. En cada caso, creó nuevas reglas federales para gobernar estas áreas, reemplazando las regulaciones estatales a las que estaba desplazando. Aquí, sin embargo, el Congreso virtualmente no ha promulgado regulación sustancial sobre la IA. Entonces, prohibir actuar a los estados simplemente crearía un vacío regulatorio.
Adicionalmente, es incierto el alcance de la disposición sobre la IA. Mientras busca prevenir a grandes rasgos la regulación estatal a modelos y sistemas de IA, y sistemas automatizados de toma de decisiones, no es claro si la prohibición principalmente afectará a leyes dirigidas a desarrolladores y proveedores de IA, o alcanzará a afectar las leyes que gobiernan a los usuarios de la IA, como leyes que limitan la diseminación intencional de contenidos ultrafalsos generados por la IA.
Una lectura amplia de la disposición concede protecciones de gran alcance a las grandes compañías de tecnología, los desarrolladores y proveedores de IA y a personas que abusan de la tecnología de IA. Si la disposición se implementase, los desarrolladores en su mayoría serían intocables frente al control federal eficiente.
Eso no es un accidente —la disposición expresamente permite la aplicación de leyes estatales que facilitan el lanzamiento u operación de la IA, y forman parte de un gran esfuerzo por parte de la administración Trump y sus aliados para debilitar las normas de seguridad de la IA.
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Sin un marco regulatorio integral federal establecido, una prohibición a la regulación estatal de la IA efectivamente cede el campo a actores privados con poca rendición de cuentas. Las consecuencias pueden ser variadas.
Mientras que el uso de la IA converge más con nuestras elecciones —en áreas desde contactos directos con el votante hasta las campañas deliberadas de desinformación— los riesgos para nuestra democracia crecen exponencialmente. Los estados tienen tanto la autoridad constitucional como el deber de asegurar nuestras elecciones.
Obstaculizar la habilidad que tienen los estados para responder rápida y responsablemente a las amenazas emergentes de la IA expone a nuestras elecciones en tiempos críticos. El Congreso debe remover la disposición de moratorio a la IA del plan presupuestario para proteger a la ciudadanía.
Traducción de Laura Gómez
