- Ya que los magistrados tienen nombramientos vitalicios, ellos tienen el poder de decidir cuándo dejan del estrado.
- El Congreso tiene el poder de abordar las jubilaciones estratégicas, incluyendo la aprobación de una propuesta de ley que establezca límites al periodo de mandato.
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Las especulaciones sobre si un magistrado de la Corte Suprema se jubilará o no suelen aumentar cuando se acerca el cierre de junio, mes en el cual el alto tribunal da a conocer sus últimas opiniones de ese término y empieza el receso de verano. El momento en que un magistrado se jubila del Supremo puede impactar la ley y la vida de las personas por décadas.
Ya que los magistrados tienen nombramientos vitalicios, ellos tienen el poder de decidir cuándo dejan del estrado. El partido político del presidente se ha convertido en un indicador de la ideología de los magistrados que nominan. Por lo que los magistrados que desean tener sucesores afines tienen el incentivo de jubilarse cuando un presidente con sus mismas posturas está en el poder.
Pero este tipo de jubilaciones estratégicamente programadas van en contra de la idea de que los magistrados deciden sobre los casos de forma imparcial con base en la ley, no en sus valoraciones personales. El Congreso puede poner fin a estas jubilaciones calculadas estableciendo límites al periodo de mandato de los magistrados y limitando a dos los nombramientos por cada mandato presidencial.
Los efectos de los nombramientos a la Corte Suprema pueden ser inmensos. El surgimiento de una supermayoría conservadora en el Supremo en 2021, por ejemplo, resultó en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, fallo en el cual la corte arrebató el derecho constitucional al aborto al derrocar Roe v. Wade.
Según la Constitución, los jueces federales —incluyendo los magistrados de la Corte Suprema— retienen el cargo de por vida o hasta que decidan retirarse. Esta estructura existe porque se supone que los magistrados basan sus decisiones en la ley y la Constitución, y no en las exigencias del electorado o los políticos. Pero un nombramiento vitalicio supone un vasto poder y, como cada vez más los magistrados viven hasta los 80 o más, el poder ahora tiene una duración mucho más prolongada que antes, especialmente en comparación al siglo XVIII.
Dicho en simples términos: Una jubilación estratégicamente programada le permite a un magistrado ejercer control sobre el futuro del Supremo —o por lo menos crear la percepción de que lo están haciendo. Con respecto a las nominaciones a la Corte Suprema, el partido político del presidente es cada vez más un fuerte factor predictor de la ideología del magistrado.
El partido en control del Senado también es relevante para la probabilidad de que un nominado sea confirmado. Una jubilación estratégica le permite a un magistrado planear el momento de su retiro para que un jurista de su agrado tenga buena probabilidad de tomar su lugar, generalmente al tomar en cuenta el partido del presidente que nominará a su reemplazo y el partido en control del Senado que votará para confirmar al nominado.
Las jubilaciones estratégicas no son exclusivas a los jueces de una ideología en particular o ni siquiera a los magistrados de la Corte Suprema. La última vez que un magistrado de la Corte Suprema se retiró cuando su vacante probablemente iba a significar el nombramiento de un magistrado de una ideología opuesta fue hace más de 30 años, cuando el magistrado Thurgood Marshall se retiró debido a su debilitada condición de salud durante la presidencia de George H.W. Bush. Marshall fue reemplazado en el Supremo por el magistrado Clarence Thomas.
En los tribunales federales de primera y segunda instancia, académicos encontraron que desde la elección del presidente Ronald Reagan los jueces nombrados por los demócratas parecen tener más probabilidades de jubilarse estratégicamente. Sin embargo, también encontraron que los jueces más conservadores también tienden a jubilarse estratégicamente, mientras que los de tendencia moderada, designados por republicanos, posponen su jubilación durante presidencias que perciben como demasiado conservadoras.
Las jubilaciones estratégicas les permiten a los magistrados efectivamente escoger a sus sucesores, o por lo menos las filosofías jurídicas de sus sucesores y, por lo tanto, extender su influencia en la Corte Suprema. Esto a su vez refuerza la creencia de que el Supremo es un cuerpo político en el cual los magistrados hacen el trabajo a favor de los políticos y los intereses que respaldaron su nombramiento, o que avanzan su agenda política personal. Esto socava el principio de que el estado de derecho controla el futuro de la jurisprudencia estadounidense.
Las jubilaciones estratégicas también pueden ser utilizadas para darle a un presidente en particular una gran influencia sobre el futuro del Supremo, ya que el número de magistrados que un presidente nominará depende solo de la suerte o las jubilaciones. Algunos presidentes, como Donald Trump y Reagan, han podido escoger a múltiples magistrados de la Corte Suprema, mientras que Jimmy Carter no nombró a ninguno.
Ya que la legitimidad de la Corte Suprema depende, en parte, de la confianza del público en su toma de decisiones legales con base a los valores constitucionales y jurídicos, no a las preferencias políticas de sus miembros, abordar el daño de las jubilaciones estratégicas es vital.
La confianza en la Corte Suprema continúa desplomándose a los niveles más bajos jamás registrados. Entre los factores que contribuyen están la polarización política entre los miembros del público, varios escándalos éticos involucrando a los magistrados, acérrimas batallas durante el proceso de confirmación y decisiones que se perciben como la concesión de victorias a un partido que respaldó la confirmación.
También preocupan las percepciones de que los magistrados están en negociaciones con los presidentes para decidir sus sucesores. Hubo reportes periodísticos, por ejemplo, de que durante el primer mandato de Trump y más o menos un año antes de que el magistrado Anthony Kennedy se retirara en 2018, Kennedy sostuvo una reunión secreta con Trump en la cual recomendó al presidente considerar a uno de sus exsecretarios judiciales para la próxima vacante.
Otros informes encontraron que la Casa Blanca de Trump “impulsó una campaña discreta” para persuadir a Kennedy de retirarse del puesto, resultando en su reemplazo por Brett Kavanaugh, el exsecretario judicial de Kennedy.
También puede haber movidas públicas para convencer a un magistrado a retirarse. Por ejemplo, reportes mediáticos rastrearon la “extraordinaria campaña de un año” y la “iniciativa sorprendentemente pública” para convencer al magistrado Stephen Breyer de jubilarse, lo cual eventualmente sucedió, resultando en la confirmación de su exsecretaria judicial, Ketanji Brown Johnson.
La decisión de no retirarse puede tener sus propias consecuencias. Cuando el magistrado Antonin Scalia murió inesperadamente en febrero de 2016, el entonces presidente del Senado Mitch McConnell anunció, menos de una hora después de que el fallecimiento de Scalia se conociera públicamente, que el Senado no consideraría a ningún nominado del presidente Barack Obama. Se justificó diciendo que hay que “dejar que el pueblo decida” después de las elecciones presidenciales de ese noviembre.
La nominación de Obama, el juez Merrick Garland de la corte de circuito de D. C., permaneció adormecida en el Senado sin siquiera una audiencia. En consecuencia, la batalla sobre qué nominado llenaría el escaño se volvió un foco de la contienda electoral de 2016. Trump hizo campaña con una lista de personas que prometió nominar a la Corte Suprema. Tres veces cumplió su palabra, nombrando a Neil Gorsuch como reemplazo de Scalia, a Kavanaugh por Kennedy y a Amy Comey Barret como reemplazo de Ruth Bader Ginsburg. (McConnell revertió su estándar de “dejar que el pueblo decida” cuando apresuró el proceso de confirmación de Barret. El voto final en su nombramiento se sostuvo la semana antes de las elecciones de 2020).
Esto no tiene que ser así. El Congreso tiene el poder de abordar las jubilaciones estratégicas, incluyendo la aprobación de una propuesta de ley que establezca límites al periodo de mandato y limite a dos los nombramientos por mandato presidencial.
Recientemente, miembros del Congreso han presentado versiones de esta propuesta tanto en el Senado como en la Cámara. El concepto cuenta con el respaldo de muchos expertos en derecho constitucional y de jueces estatales y federales retirados, quienes enviaron una carta de apoyo al Congreso en 2024. Todos los estados, con excepción de Rhode Island, límitan los periodos de mandatos judiciales en los tribunales superiores, al igual que todas las otras democracias importantes del mundo.
Bajo tal sistema —el cual puede ser implementado por medio de un estatuto y no requiere una enmienda constitucional— cada magistrado ejercería por sólo un periodo de 18 años de servicio activo y luego permanecería en la sala como un magistrado sénior que puede atender casos de los tribunales de primeras y segundas instancias, y participar si otro magistrado se tiene que ausentar por recusación o enfermedad. Un sistema similar ya se implementa hace mucho tiempo en las cortes federales inferiores.
Al compaginar límites al periodo de mandato con nombramientos regulares al tribunal de nueve magistrados, la ciudadanía puede saber que cada presidente nombrará a dos magistrados a la Corte Suprema cada cuatro años. Si un magistrado fallece o deja el estrado inesperadamente, el más reciente magistrado sénior temporalmente llenaría el cargo hasta que surja una nueva vacante.
Juntas, estas reformas pueden proteger la equidad y reducir la percepción pública de que el control de décadas en la Corte Suprema se basa en cuándo sale un magistrado del estrado, sin recurso alguno para aportar previsibilidad y estabilidad al proceso de confirmación.
Traducción de Laura Gómez
