- La situación en Los Ángeles es mala. Lo que podría venir después puede ser peor.
- El despliegue de las fuerzas militares en contra de la población civil solo debería usarse en los casos más extremos y como recurso de última instancia.
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Hace años que alertamos sobre el peligro de que un presidente sin controles despliegue tropas militares en contra de la población civil estadounidense.
En una extraordinaria demostración de fuerza, el presidente Trump ha federalizado 4,000 miembros de la Guardia Nacional de California y desplegado a 300 de ellos, además del despliegue de 700 marines, para contener las protestas que están ocurriendo en el área de Los Ángeles. Todo, en contra de las objeciones del gobernador Gavin Newsom.
¿Por qué esta escalada abrupta y lista para las cámaras? El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, publicó un video de una protesta pacífica. “Si no solucionamos esto, no tenemos país”, se estremeció. “Hay que aprobar la ley BBB”, el proyecto de ley conocido en inglés como Big Beautiful Bill, o Gran y Hermosa Ley, que ahora está enfrentando dificultades en el Congreso.
La administración está buscando pelea. Saca declaraciones de emergencia como un dispensador de caramelos Pez. Además, se está basando en justificaciones legales dudosas, como ya han señalado mis colegas.
Los presidentes anteriores han desplegado fuerzas militares para controlar disturbios civiles tan solo 30 veces en toda la historia de los EE. UU. En términos generales, la Ley Posse Comitatus prohíbe a las fuerzas militares federales participar en las funciones civiles de orden público. Los soldados están entrenados para derrotar al enemigo, no para frenar la escalada de protestas.
La última vez que un presidente envió a la Guardia Nacional sin un pedido claro del gobernador de un estado fue en 1965, cuando se usaron tropas militares para proteger una marcha por el derecho al voto de Selma a Montgomery. (Pero, incluso en ese caso, George Wallace se mostró vacilante).
Cabe aclarar que las protestas violentas no son aceptables ni productivas. No se debe obstruir al gobierno federal cuando efectúa sus deberes legítimos. Claro que la presencia espectral de agentes de ICE enmascarados acechando los pasillos de los tribunales migratorios, como pasó aquí en la ciudad de Nueva York, es, en sí, un acto adrede y provocativo.
De hecho, las protestas en Los Ángeles, en su gran mayoría, han sido pacíficas. La policía de Los Ángeles (LAPD) —que dista mucho de ser indulgente— ha declarado con firmeza que tiene la situación bajo control. Como era de esperar, la presencia militar no ha hecho más que agitar las protestas. Newsom pidió formalmente que la administración retire el despliegue y señaló que está “exacerbando las tensiones y, al mismo tiempo, quitando recursos de donde realmente se necesitan”.
La situación en Los Ángeles es mala. Lo que podría venir después puede ser peor.
La orden ejecutiva de Trump autoriza el despliegue de la Guardia Nacional “en sitios donde estén ocurriendo o vayan a ocurrir protestas en contra de [las] funciones [de ICE]”. ¿Dónde podría ser eso? “Vamos a tener tropas en todas partes”, anunció Trump.
Tal como señala mi colega Elizabeth Goitein, “Ningún presidente en la historia ha federalizado a la Guardia Nacional con el propósito de responder a posibles disturbios civiles futuros en todo el país. Un despliegue preventivo es literalmente lo opuesto a un despliegue como recurso de última instancia. Sería un tremendo abuso de poder y de la ley”.
La herramienta represiva más poderosa sería la Ley de Insurrección (Insurrection Act), que permite al presidente desplegar fuerzas militares para reprimir una rebelión o insurrección, o frenar la violencia dentro del país en circunstancias extremas.
Trump amenazó con invocarla contra las ciudades con gobiernos demócratas durante su campaña de 2024.
Desafortunadamente, la Ley de Insurrección es una ley demasiado difusa. No define términos clave como “rebelión” e “insurrección”. La justicia le ha dado al presidente un amplio margen de aplicación. Trump insinuó su invocación cuando llamó a los manifestantes “insurrectos”.
Pero, hasta ahora, ha elegido basarse en otra ley, una que nunca se había utilizado para contener disturbios civiles sin estar acompañada por una invocación de la Ley de Insurrección.
La administración alega que está invocando esta otra ley solo para proteger al personal y la propiedad del gobierno federal. Pero la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem solicitó que los soldados estén autorizados a detener y registrar a manifestantes, funciones normalmente prohibidas por la Ley Posse Comitatus.
Es evidente que Trump quiere usar este enfrentamiento para ampliar los poderes de ordenamiento público.
Una semana antes de que organice un desfile militar al estilo autocrático a lo largo de National Mall —con tanques, misiles, aviones militares y todo—,Trump se ha atribuido el derecho de autorizar el despliegue preventivo de las fuerzas militares a lo ancho de todo Estados Unidos.
Eso debería ser motivo de preocupación para la mayoría de los estadounidenses, que hemos disfrutado de un límite bien definido entre la policía y los militares, como un componente esencial de nuestra democracia.
El despliegue de las fuerzas militares en contra de la población civil solo debería usarse en los casos más extremos y como recurso de última instancia. De lo contrario, como lo indica Elizabeth Goitein, “un ejército que se despliega dentro de un país puede convertirse rápidamente en el instrumento de una tiranía”.
Muchos especialistas ya han descrito los peores escenarios posibles. David Frum, funcionario de la administración de George W. Bush, ha hecho sonar la alarma sobre la posibilidad de que Trump intente usar la fuerza militar para influir en las elecciones de 2026.
Si quieren conocer más sobre todo esto, hemos publicado varios informes en los últimos años sobre los poderes de emergencia, la Ley de Insurrección, la Ley Posse Comitatus, la Ley de Enemigos Extranjeros y la ley marcial.
Una vez más, ante un poder ejecutivo transgresor, los tribunales ahora deben intervenir. Es posible que la Corte Suprema quiera evitar un conflicto, pero, en este caso, no tiene opción. Es imprescindible que defienda el sistema de frenos y contrapesos en contra del uso de la fuerza militar contra civiles.
Y ahora que sabemos que las leyes existentes pueden usarse, por más tendencioso que sea, para justificar una acción militar provocativa, debemos reparar esas leyes, para que no puedan volver a prestarse al abuso.
El Brennan Center ha propuesto reformas a la Ley de Insurrección, por ejemplo, para definir los términos más importantes de la ley y aplicar más controles sobre su uso. Asimismo, hemos propuesto reformas para fortalecer la Ley Posse Comitatus. El pueblo estadounidense también debe reafirmar con contundencia que, incluso con las leyes existentes, los presidentes no tienen el poder de declarar la ley marcial.
Este es un momento crítico para la historia de los EE. UU. y exige que nos mantengamos firmes en nuestra oposición al uso ilegítimo e irresponsable de la fuerza militar por parte de la administración en Los Ángeles y a lo ancho de todo el país.
Traducción de Ana Lis Salotti.
