Las autoridades electorales locales están preocupadas por la pérdida de apoyo federal para la seguridad electoral y esperan que los gobiernos estatales y locales intervengan para llenar ese vacío.
La ofensiva militarizada de la administración contra la inmigración está erosionando las libertades civiles, y ocurre en medio de la resistencia de ICE a la supervisión legal del Congreso.
Mientras los estados y las ciudades pueden elegir si asisten en la implementación de las leyes federales, la Décima Enmienda establece que el gobierno de EE. UU. no puede obligarlos a colaborar.
Este flujo de dinero llega en el mismo momento en que la administración se niega a permitir que los congresistas inspeccionen las condiciones de las instalaciones de ICE.
La Corte Suprema le ha dado aún más vía libre a un presidente que no respeta la ley.
Fue el movimiento de activistas y pensadores afroamericanos del siglo XIX abogó para que todas las personas nacidas en el país fueran consideradas ciudadanos naturales de los Estados Unidos.
Utilizar soldados para tareas rutinarias de aplicación de la ley amenaza la democracia estadounidense.
El análisis más exhaustivo hasta la fecha demuestra la magnitud del gasto político en las cuatro plataformas digitales más importantes, así como las marcadas diferencias de estrategia entre los distintos candidatos, partidos políticos y grupos externos.
La propuesta en el plan presupuestario de congelar las actuales y futuras regulaciones a la IA en los estados pone en riesgo al público y a la democracia.
Las personas encarceladas son particularmente vulnerables durante las olas de calor y los desastres relacionados con el clima. Los activistas deberían considerar soluciones a través de las constituciones estatales.
