- Esta ley financia un aparato gigantesco de detención de inmigrantes que probablemente sea difícil de desmantelar durante las siguientes presidencias.
- Estos fondos nuevos llegan en el mismo momento en que la administración obstaculiza los intentos de varios congresistas de inspeccionar las condiciones de detención.
Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
La ley presupuestaria del presidente Trump formalizará gran parte de su agenda inmigratoria y cambiará drásticamente el panorama del control migratorio y las detenciones. Fundamentalmente, esta ley financia un aparato gigantesco de detención de inmigrantes que probablemente sea difícil de desmantelar durante las siguientes presidencias.
Estos fondos nuevos llegan en el mismo momento en que la administración obstaculiza los intentos de varios congresistas de inspeccionar las condiciones de detención, y al mismo tiempo intensifica la crueldad sin precedentes contra las personas inmigrantes indocumentadas.
Esta legislación convierte al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. en la agencia policial federal más grande del país al otorgarle $45 mil millones para construir centros de detención nuevos, además de $14 mil millones para llevar a cabo operaciones de deportación. También incluye $3.5 mil millones para reembolsar a los gobiernos estatales y locales por costos relacionados con el control migratorio y las detenciones.
La ley financia la expansión aproximadamente al doble de la capacidad de detención de inmigrantes, ya que aumenta la capacidad de unas 56,000 camas a posiblemente más de 100,000.
Las firmas privadas propietarias y administradoras de prisiones —muchas de las cuales brindaron un importante apoyo financiero a candidatos republicanos para el Congreso y también para la campaña electoral del presidente— obtendrán grandes beneficios económicos gracias a esta financiación, ya que casi el 90 por ciento de las personas bajo custodia de ICE están actualmente detenidas en centros administrados por estas compañías.
En mayo, el CEO de la compañía de prisiones CoreCivic informó a sus inversores: “Nunca, en los 42 años de nuestra historia corporativa, hemos tenido tanta actividad y demanda de nuestros servicios como las que estamos viendo ahora”. Esta ley presupuestaria solidificará esa visión para CoreCivic, GEO Group y otras firmas que administran y son propietarias de centros de detención de inmigrantes y subsidiarias de transporte.
De hecho, en anticipación a la financiación otorgada por el nuevo presupuesto, la administración ya ha comenzado a firmar contratos lucrativos con GEO Group y CoreCivic. Y lo ha hecho sin pasar por el proceso competitivo con el pretexto de que hay una “urgencia imperiosa” de aumentar la capacidad de detención.
Los contratos incluyen la reanudación de las operaciones en el Centro Dilley de Procesamiento de Inmigración de 2,400 camas en Dilley, Texas, operado por CoreCivic; la posible reactivación de un centro de detención en Leavenworth, Kansas, para alojar hasta 1,033 personas; y la reapertura de Delaney Hall, un centro de detención de 1,000 camas en Newark, Nueva Jersey, propiedad de GEO Group. Además, ha habido modificaciones contractuales que le permiten a ICE utilizar más camas de diferentes instalaciones privadas.
El presidente Trump ha justificado su agenda de inmigración en parte mediante alegaciones falsas de que las personas inmigrantes son quienes impulsan la criminalidad violenta en los Estados Unidos. Pero, tal como el Brennan Center lo puso de manifiesto, las investigaciones demuestran que, en realidad, las personas inmigrantes cometen menos delitos que las nacidas en Estados Unidos. De hecho, el 72 por ciento de las personas detenidas por ICE no tienen antecedentes penales. Y de las personas detenidas que sí tienen antecedentes penales, muchos son por delitos menores como infracciones de tránsito.
Este tipo de mentiras ayuda a justificar la hostilidad de esta administración contra las personas inmigrantes, sean documentadas o no. Por ejemplo, esta ley impone tarifas de inmigración inauditas para toda persona que solicite un estatus de protección temporal (TPS) ($550) o asilo ($100).
Las niñas y niños que viajan sin una persona adulta tendrán que pagar $250 para obtener un recurso de protección, y el costo de apelar una decisión judicial de inmigración sube de los $110 a la desorbitante suma de $900. Estas tarifas básicamente crean un sistema de dos niveles donde solo quienes pueden pagar estas tarifas de solicitud podrán participar en el proceso inmigratorio en los EE. UU. o recibir el debido proceso.
Pero no hay justificación posible, ni real ni ficticia, para la construcción apresurada del centro de detención con una capacidad de 5,000 inmigrantes en los Everglades de Florida, apodado despiadadamente “Alligator Alcatraz” por el fiscal general de Florida James Uthmeier y otros funcionarios de la Casa Blanca. Florida planea solicitar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el reembolso de los costos de construcción de este centro improvisado, pero Uthmeier señaló que la seguridad será barata porque este sitio remoto está rodeado de caimanes, serpientes pitones y otros animales peligrosos.
Lejos de Capitol Hill, Trump puso de relieve su agenda de control migratorio cuando esta semana visitó el centro improvisado en los Everglades. Se han planteado serias preguntas y dudas sobre cómo las personas detenidas tendrán acceso a abogados y a personal médico y contacto con familiares y amigos, además de la falta de claridad sobre la inspección de las condiciones de detención de este centro.
El plan de colocar cientos de miles de personas más en centros de detención de ICE llega en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está bloqueando los intentos de inspección de esas instalaciones. Además, han aumentado los informes sobre condiciones inseguras, peligrosas e insalubres. Al menos 10 personas han muerto en los centros de detención de inmigrantes en lo que va del año, una cifra casi tres veces más alta que el número de muertes de los últimos cuatro años.
Quizá lo más preocupante es la rotunda negación de la administración a la inspección por parte de los congresistas. ICE les ha negado a numerosos congresistas el acceso a los centros de detención y a las oficinas locales para verificar las condiciones en que tenían a las personas detenidas, aun cuando la ley federal estipula que todo miembro del Congreso tiene el derecho legítimo de hacerlo.
La ley dice que a los miembros del Congreso y a su personal se les debe permitir “entrar, con el propósito de realizar una inspección, a cualquier instalación operada por o para el Departamento de Seguridad Nacional y utilizada para detener o alojar a inmigrantes por cualquier otra razón”.
La ley también dice que no se necesita ninguna notificación de antemano. Pero, en junio, ICE publicó una política nueva que solicita una notificación con al menos 72 horas de anticipación para permitir una visita. También afirma que las oficinas locales de ICE no se rigen por esa ley, a pesar de que muchas oficinas locales se están usando para detener a personas durante varios días.
Todo esto ocurre luego de que el departamento haya eliminado la Oficina del Defensor de Inmigrantes y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, que realizaban funciones esenciales de inspección de las detenciones de inmigrantes.
Este nivel de financiamiento para aplicar un mayor control migratorio y alojar a personas inmigrantes indocumentadas que no presentan ninguna amenaza contra la seguridad pública no tiene precedentes. Este enorme flujo de fondos es muy alarmante, dada la anulación de la poca inspección de las detenciones de inmigrantes que existía para garantizar condiciones de detención dignas.
Traducción de: Ana Lis Salotti
