El uso de la Guardia Nacional en redadas antidrogas representa una alarmante escalada

• Este suceso representa una alarmante escalada de los esfuerzos del presidente de usar las fuerzas armadas como una agencia policial nacional.
• En base a la información disponible hasta ahora, parece ser ilegal.

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La semana pasada, tropas federalizadas de la Guardia Nacional movilizadas a Los Ángeles en respuesta a las manifestaciones contra las redadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE, por sus siglas en inglés) ayudaron a la Dirección de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA, por sus siglas en inglés) a realizar un operativo antinarcóticos rutinario 130 millas al este de la ciudad.

Este suceso representa una alarmante escalada de los esfuerzos del presidente Donald Trump de usar las fuerzas armadas como una agencia policial nacional. Además, en base a la información disponible hasta ahora, parece ser ilegal.

¿Qué sabemos sobre el operativo y el papel de la Guardia Nacional?

Alrededor de 315 integrantes de la Guardia fueron desplegados para ayudar a la DEA a ejecutar una orden de registro federal como parte de una investigación sobre tres grandes operaciones de cultivo de marihuana en el este de la región del valle de Coachella. Un vocero de la DEA dijo que la agencia solicitó respaldo debido a la “magnitud y topografía” del operativo, que abarcó 787 acres y se realizó bajo una temperatura de hasta 112 grados.

También participaron en el operativo la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation); el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection); ICE; la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives); el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service); y el Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service). Durante la redada, agentes de ICE arrestaron de 70 a 75 trabajadores que se creía carecían de documentación y a un ciudadano de Estados Unidos por obstaculizar la labor de las agencias de la ley.

En respuesta a las indagaciones de un reportero, NORTHCOM declaró que los efectivos de la Guardia Nacional habían “apoyado un operativo de la DEA a pocas horas de Los Ángeles” y que su función en el operativo fue “proteger al personal federal durante la realización de funciones policiales federales”.

El vocero de la DEA definió la función de la Guardia más extensamente: “Debido a la gran magnitud del operativo, necesitábamos aliados para proteger no solo a nuestro personal, sino también a las personas que trabajan o viven en las instalaciones”.

El poder ejecutivo no ha dado a conocer al público qué actividades específicas el personal de la Guardia estaba autorizado a realizar. Imágenes publicadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos al Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa (Defense Visual Information Distribution Service) muestran a soldados con escudos antidisturbios en perímetros de seguridad junto a Humvees en diversos lugares.

¿Existe autoridad legal para este uso de la Guardia Nacional?

NORTHCOM afirmó que su uso de la Guardia es una continuación de las actividades autorizadas por el memorando del 7 de junio del presidente. Como declaró NORTHCOM, “[L]a orden del [7 de junio] del presidente y la misión de NORTHCOM no están limitadas por la geografía del sur de California”. Si bien es cierto que la autorización de la movilización en el memorando no se limita a Los Ángeles, sí se limita a “lugares donde se producen o es probable que ocurran manifestaciones contra funciones [federales] según las actuales evaluaciones de amenazas y operativos planeados”.

NORTHCOM no hizo ningún intento de sugerir —y, francamente, es improbable— que se planearan manifestaciones contra la redada antidrogas del valle de Coachella. De igual manera, las declaraciones de la DEA no hicieron mención alguna de actividades de protesta. Por lo tanto, parece que la movilización no estuvo autorizada, ni siquiera por el memorando presidencial.

Tampoco existe autoridad legal correspondiente para federalizar a la Guardia Nacional para este fin. Varios miles de miembros de la Guardia Nacional de California están federalizados actualmente bajo 10 U.S.C. § 12406, que permite la federalización bajo tres circunstancias: cuando hay una invasión o amenaza de ella; cuando hay una rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos o amenaza de ella; o cuando el presidente “es incapaz con las fuerzas usuales de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos”.

Aplicando un criterio sumamente deferente, el Noveno Distrito decidió recientemente que era probable que se haya cumplido con el tercer aspecto en base a declaraciones gubernamentales que detallan múltiples actos de violencia por personas en las manifestaciones contra las redadas de ICE en Los Ángeles.

Sin embargo, es innecesario señalar que no es posible movilizar a los guardias federalizados con esta lógica para circunstancias distintas que no abarca la ley. No se mencionó para nada que hubo protestas —y mucho menos, protestas violentas— en la región donde se realizó la redada. Realmente no se puede alegar seriamente que el hecho de que la operación de cultivo de marihuana cubriera muchos acres y que hacía calor ese día eran impedimentos para que el presidente pudiera hacer cumplir las leyes sin ayuda militar.

El poder ejecutivo tampoco puede depender de una afirmación de autoridad constitucional inherente para proteger la propiedad y las funciones federales. Esta supuesta facultad se ha usado durante toda la historia de Estados Unidos para justificar ciertos usos de las fuerzas federales, pero no es fundamento independiente para federalizar a la Guardia Nacional.

Para la federalización, se requiere autoridad legal. Es más, como Ryan Goodman ha señalado, el Departamento de Justicia ha opinado que esta autoridad entra en vigor solamente en casos en que las autoridades civiles no están dispuestas a ofrecer la protección necesaria o no pueden hacerlo. No hay motivo para pensar que este sea el caso. Finalmente, al parecer, la Guardia Nacional no solo protegía personal y funciones federales; como ya se señaló, un vocero de la DEA indicó que también protegía “a las personas que trabajan o viven en las instalaciones”.

Finalmente, el poder ejecutivo quizá mencione el capítulo 15 de 10 U.S.C. , que autoriza el uso de las fuerzas armadas federales para prestar apoyo logístico a agencias civiles de la ley. Pero el capítulo no autoriza la federalización de la Guardia Nacional. Es más, incluso bajo la disposición que autoriza específicamente la asistencia en operativos antidrogas, las fuerzas federales están limitadas a actividades como mantener y reparar equipo, trasportar personal, construir vías y cercos, y realizar reconocimiento aéreo y terrestre. El capítulo 15 no faculta a las fuerzas federales a realizar funciones de seguridad como las que la Guardia Nacional aparentemente realizó durante la redada antidrogas.

¿Este uso de la Guardia Nacional incumple la Ley Posse Comitatus?

La Ley PosseComitatus prohíbe que fuerzas federales, entre ellas la Guardia Nacional federalizada, participen en actividades policiales civiles a no ser que un acto del Congreso o la Constitución “lo autoricen expresamente”. Los tribunales han interpretado que la ley se aplica a la participación de efectivos militares en actividades policiales, pero no cuando simplemente prestan apoyo logístico indirecto a operativos policiales.

Hay muy poca información pública sobre qué actividades realizó la Guardia Nacional o si estaba autorizada a realizarlas. Hasta ahora, sabemos solamente que miembros de la Guardia crearon un perímetro de seguridad alrededor del operativo.

Bajo las directrices del Departamento de Defensa, tales “funciones de seguridad” se consideran asistencia policial directa y no se suelen permitir, probablemente porque dan pie al tipo de interacción cara a cara con civiles que se pretendía que evitara la Ley Posse.

Sin embargo, bajo la jurisprudencia, no está claro si las cortes fallarían que esta actividad va en contra de la Ley Posse Comitatus. Si sale a relucir que miembros de la Guardia participaron en detenciones temporales, pesquisas apuradas o confiscaciones, la Ley Posse Comitatus estaría directamente involucrada. Y se puede argumentar que hacer que 315 miembros de la Guardia Nacional participen en un operativo policial —más guardias que agentes civiles— sí cruza el límite legal, ya que los tribunales han dictaminado que la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso de fuerzas militares de manera que “se extienda a las actividades de las autoridades civiles”.

Es probable que el poder ejecutivo argumente, como lo hizo en un juicio contra la movilización en Los Ángeles, que la Ley Posse Comitatus simplemente no se puede aplicar cuando se moviliza a las fuerzas federales para proteger la propiedad y las funciones federales.

Si bien esta es una teoría que el poder ejecutivo alega desde hace tiempo, carece de fundamento justificado. Los tribunales han decidido que entra en juego la Ley Posse Comitatus cuando se somete a civiles a fuerzas militares que son “de carácter normativo, prescriptivo u obligatorio”. Esta prueba no depende del fin de la movilización. Incluso si el propósito fuera solo la movilización, sería un sofisma legal afirmar que proteger la “función federal” de realizar redadas antidrogas —en otras palabras, proteger actividades policiales— no constituye un propósito relacionado con el cumplimiento de la ley.

¿Cuáles son las preocupaciones más amplias?

La falta de algún tipo de autorización legal para este uso de la Guardia Nacional federalizada, por supuesto, es muy preocupante de por sí. Pero el uso de fuerzas federales para asistir en redadas antidrogas también representa un cambio enorme en el uso interno de las fuerzas armadas por parte de Trump y una expansión de este.

La movilización de efectivos federales en Los Ángeles se basó en una afirmación de que existía una crisis urgente en la ciudad, causada por grandes disturbios civiles. Según encargados de verificar datos y testigos, la afirmación no correspondía a la realidad; la violencia que hubo fue mucho menor que el nivel que llevó a la movilización en casos previos de disturbios civiles, como en las revueltas que sucedieron en Detroit en 1967 o en Los Ángeles en 1992. Pero por lo menos hubo una afirmación de una necesidad extraordinaria. En este caso no se ha ofrecido ninguna razón que pueda justificar el uso de fuerzas militares, ni siquiera superficialmente. Esto no es sino el uso de las fuerzas armadas para fines policiales rutinarios.

Independientemente de si los actos de la Guardia involucran técnicamente la Ley Posse Comitatus, el Departamento de Justicia ha observado que la intención de [esta] es prohibir el uso de personas sujetas a la disciplina militar para forzar o amenazar a civiles en el curso normal de procedimientos penales o civiles…. La intención del Congreso fue eliminar la amenaza potencial de la fuerza militar en sí en ocasiones ordinarias de compulsión por las autoridades civiles.

La participación militar en funciones rutinarias de aplicación penal como redadas antidrogas es precisamente el tipo de actividad que la Ley Posse Comitatus está destinada a evitar. De hecho, si las cortes fallaran a favor de este uso de las fuerzas armadas, no está claro qué impediría que Trump movilice a las fuerzas federales para acompañar prácticamente cualquier operativo policial federal —civil o penal— en todo el país, fundamentado en justificaciones tan mundanas como la temperatura o topografía.

En resumen, no se debe considerar que este acontecimiento es apenas un capítulo más de la historia de la movilización en Los Ángeles. Este uso de las fuerzas federales es diferente a la movilización de efectivos para proteger redadas de ICE en respuesta a actos violentos durante manifestaciones. Ambos son igualmente alarmantes.

Pero mientras que usar a las fuerzas armadas para controlar manifestaciones atenta con socavar las libertades otorgadas por la Primera Enmienda, usarlas para realizar actividades policiales rutinarias amenaza con volver al país en un estado policial.

Este artículo se publicó inicialmente en Just Security.