- El presidente pretende ilegalmente acabar con la ciudadanía por nacimiento, y lo hace como otro frente de ataque contra las comunidades de inmigrantes indocumentadas del país.
- Historiadores, como Martha Jones y Kate Masur, esclarecen cómo llegó Estados Unidos a acoger constitucionalmente a toda persona nacida en su suelo como ciudadana de la nación.
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Del escrito de amicus curiae realizado por las historiadoras Martha Jones y Kate Masur en el caso New Hampshire Indonesian Community Support; League of United Latin American Citizens; Make the Road New York v. Trump
En los años 1800, cuando la esclavitud sostenía la economía y el poder político de muchos estados, las personas negras de Estados Unidos se armaron de argumentos basados en los principios con los que se fundó la nación para abogar por la Decimocuarta Enmienda, que consagró en 1868 el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.
¿Qué tienen que ver la esclavitud, el movimiento de activistas afrodescendientes del siglo XIX y el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento? Tienen todo que ver.
Fue el movimiento de activistas y pensadores afroamericanos del siglo XIX el que abogó para que todas las personas nacidas en el país, sin importar su ascendencia o color de piel, fueran consideradas ciudadanos naturales de los Estados Unidos.
Este derecho ahora está bajo ataque. El presidente Donald Trump pretende ilegalmente acabar con la ciudadanía por nacimiento. Lo hace como otra agresión contra las comunidades de inmigrantes indocumentadas del país. Según su orden ejecutiva, ningún bebé nacido en Estados Unidos de padres con condición migratoria irregular será ciudadano.
En las cortes, los abogados de la administración defienden la postura del presidente. Su principal argumento: que la ciudadanía por nacimiento fue un derecho que tuvo como único propósito “otorgar la ciudadanía a esclavos recientemente liberados” que no tenían otra nación a la cual debían su lealtad. Su lógica es, entonces, que el ejecutivo puede determinar que los hijos de los inmigrantes indocumentados aún están aliados a un gobierno extranjero. En ese orden de ideas, el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento pierde su función.
Historiadores, como Martha Jones y Kate Masur, han alzado su voz para corregir esta lectura. Ellas esclarecen cómo llegó Estados Unidos a acoger constitucionalmente a toda persona nacida en su suelo como ciudadana de la nación, sin importar, como en otros países, la ciudadanía de los padres.
El contexto histórico se remonta a los años posteriores a la independencia de Estados Unidos, en 1776. Según un escrito legal de “amigo de corte” presentado por Jones y Masur en dos causas federales, en la primera mitad de los años 1800 había aproximadamente medio millón de estadounidenses con ascendencia africana que no habían sido esclavizados, por lo tanto, eran libres, pero tampoco gozaban de los mismos derechos que otros ciudadanos.
De hecho, vivían en un limbo legal y enfrentaban ataques violentos. Por ejemplo, la Ley de Esclavos Fugitivos de 1793 permitía a las autoridades de los estados sureños capturar a afrodescendiente libres para luego esclavizarlos.
Además, leyes racistas en varios estados “libres”, como los Códigos Negros de Ohio, no permitían a personas “negras o mulatas” asentarse o residir en el estado a menos de que presentaran pruebas de su libertad y portaran permisos de trabajo. Tampoco se les expedía pasaportes para viajar al extranjero. Viajar entre estados significaba un riesgo y, como en Maryland, necesitaban un permiso firmado por tres personas blancas para validar su movimiento. Si no lo portaban, eran multados, encarcelados o hasta esclavizados.
Propuestas racistas formuladas por políticos y la población adinerada de la Sociedad Americana de Colonización (ACS, por sus siglas en inglés) concluían que las y los afroamericanos libres “no son, y no pueden ser, ni útiles ni felices entre nosotros” y que sería “mejor, para todas las partes interesadas, que haya una separación”. O sea, la expatriación. La ACS propuso entonces establecer una colonia llamada Liberia, en África occidental, y dotar barcos para que los afroamericanos salieran de Estados Unidos hacia allá.
Hoy en día, Trump pretende instrumentalizar la Constitución para atacar a las personas indocumentadas, quienes, según la administración, “presentan significativas amenazas a la seguridad nacional y pública”.
En vez de salir del país donde nacieron, pensadores, líderes religiosos, abolicionistas y otros activistas afroamericanos se reunieron en el movimiento político conocido como el Movimiento de Convenciones de Personas de Color (Colored Conventions Movement). Allí, lucharon por un reconocimiento federal. Argumentaron que los padres de los Estados Unidos no forjaron un país con sistemas de exclusión, sino que audazmente proclamaron: “Que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
En 1857, la Corte Suprema emitió una sentencia en la famosa causa Dread Scott. El presidente del tribunal, el magistrado Roger Taney, dijo que los líderes políticos tienen la autoridad para decidir cuáles bebés nacidos en el país merecen ser ciudadanos. Según Taney, la ciudadanía no surge por nacimiento, sino por parentesco y consentimiento del cuerpo político. Dijo que incluir a las personas negras, esclavizadas o libres, bajo la palabra “ciudadano” nunca fue la intención de los fundadores. La única razón por la cual podían permanecer en el país era por la buena voluntad de la comunidad blanca, a quienes consideraba la “raza dominante”.
Pero dentro del tribunal hubo desacuerdos. Magistrados como Benjamin Curtis condenaron la sentencia de Taney. Curtis recalcó que cuando se fundó el país, en cinco de los 13 estados originales las personas no blancas ya podían votar y la Constitución se estableció para ellas también.
El rechazo y repudio a la sentencia Dread Scott abrió el camino para que los legisladores, con el respaldo de la administración entrante de Abraham Lincoln en 1861, ratificara en 1868 la Decimocuarta Enmienda.
Sin el derecho a la ciudadanía consagrado en la Constitución, escriben Jones y Masur, “los caprichos de las autoridades políticas podrán gobernar la ciudadanía, y grandes grupos de personas nacidas en Estados Unidos podrán ser denominadas no ciudadanas y, por ende, sujetas a la expulsión o destierro del país sin proceso o causa, a detenciones arbitrarias, a exclusión de los tribunales y a otros abusos”.
Retroceder en este derecho, como pretende Trump, podría devolvernos a un país donde no hay un estado de derecho. Donde las leyes protegen a unos sí y a otros no.
Lo que sabían muy bien los pensadores y activistas afroamericanos que se reunieron regularmente en sus convenciones, los magistrados que retaron la decisión Dread Scott y los congresistas que impulsaron con éxito la Decimocuarta Enmienda es: Estados Unidos se fundó en principios constitucionales y universales que guían el curso de la nación, no en actores políticos que buscan moldear el país a la semejanza de sus caprichos. Esperemos que una vez más, en pleno siglo XXI, triunfe otra vez esta verdad.
