- La encuesta revela que la mayoría de las autoridades electorales están preocupadas por los recientes recortes federales a la asistencia electoral, incluidos los programas de seguridad electoral.
- También en la lista de sus principales preocupaciones están los posibles intentos de interferencia en su capacidad para administrar las elecciones, inclusive por medio de investigaciones con motivaciones políticas.
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La reducción del apoyo federal para las elecciones este año representa nuevas dificultades para las autoridades electorales. Durante las últimas dos décadas, el rol de las autoridades electorales locales ha evolucionado para enfrentar nuevos retos en la administración electoral, incluyendo las crecientes amenazas en ciberseguridad, la proliferación de rumores falsos sobre las elecciones y el incremento de las amenazas contra la seguridad de las personas votantes y los trabajadores electorales.
Lo que antes era un trabajo administrativo y tras bastidores —el cual se hacía combinado con otras responsabilidades como suministrar actas de matrimonio— se ha vuelto más complejo, especializado y sujeto a un intenso escrutinio público.
Ahora, los recortes drásticos a los recursos y apoyo federales, de los que por mucho tiempo han dependido las oficinas electorales locales para financiar y proteger las elecciones, han generado alarma.
La encuesta realizada por el Brennan Center entre autoridades electorales locales en 2025 revela que la mayoría están preocupadas por los recientes recortes federales a la asistencia electoral, incluidos los programas de seguridad electoral.
El 87 % de los encuestados considera que es importante que los gobiernos estatales y locales intervengan para compensar el vacío dejado por los recortes. También en la lista de sus principales preocupaciones están los posibles intentos de interferencia en su capacidad para administrar las elecciones, inclusive por medio de investigaciones con motivaciones políticas.
Aún se mantienen las preocupaciones identificadas en nuestras encuestas anuales previas, como los reportes de amenazas, acoso y abuso. Además, aun cuando las autoridades reportan que sus oficinas han incrementado la cooperación con las autoridades estatales y locales para reforzar la capacidad de resiliencia frente a estos y otros obstáculos, siguen insistiendo en la necesidad de más recursos para atender problemas a largo plazo, como por ejemplo, reemplazar maquinaria anticuada y la insuficiencia de personal y trabajadores de las urnas.
Otra revelación fue que un creciente número de autoridades electorales declararon haber sido contactados por compañías que venden productos de inteligencia artificial para asistirles en su trabajo. Aunque solo un pequeño número de funcionarios reportó utilizar herramientas de inteligencia artificial, el grupo de autoridades encuestadas que dijo querer más orientación por parte de las agencias de gobierno sobre cómo utilizar la IA en su trabajo aumentó significativamente en comparación con 2024.
Preocupaciones por los recortes federales
El gobierno federal por mucho tiempo se ha aliado con las oficinas electorales locales para financiar y proteger las elecciones, especialmente desde que el Departamento de Seguridad Nacional designó a los sistemas electorales como infraestructura crítica en 2017. En particular, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés), encargada de coordinar las protecciones de ciberseguridad con los estados, ha ofrecido recursos clave a las autoridades electorales. Por ejemplo, compartió informes sobre amenazas de inteligencia y evaluaciones en ciberseguridad y seguridad física.
La administración del presidente Trump congeló todo el apoyo a la seguridad electoral justo después de asumir el cargo y suspendió a los asesores de seguridad electoral de la CISA. La administración también redujo la financiación del Centro de Análisis e Intercambio de Información de Infraestructura Electoral, una red conjunta que facilitaba el intercambio de información sobre riesgos en seguridad y mejores prácticas entre las autoridades electorales y los proveedores privados de logística electoral, entre otros. En 2024, esta red alertó que oficinas electorales de todo el país recibieron sobres con polvo blanco en su interior.
La nueva encuesta del Brennan Center revela que muchas autoridades electorales locales están preocupadas por la pérdida de la asistencia federal. El 60 % de los encuestados dijo estar muy o algo preocupados por los recortes federales a los servicios en seguridad electoral. Entre los que reportaron haber “escuchado” sobre estos recortes federales, el índice de preocupación fue mucho mayor (el 90 % dijo sentirse preocupado). Un 62 % expresó preocupación específica por los cambios o recortes en los servicios de la CISA dirigidos a los funcionarios electorales.
Pese a los recortes de asistencia federal, las autoridades electorales locales continúan fortaleciendo su resiliencia a nivel local. El 94 % de los encuestados trabajó con una agencia o departamento local o estatal para preparar elecciones seguras y protegidas en 2024, y el 80 % reportó colaborar con agencias de policía.
En medio de las continuas amenazas hacia las personas votantes y funcionarios electorales locales, desde 2024 se ha producido un incremento en la colaboración con las agencias de orden público en temas como intercambiar información de contacto o compartir detalles sobre los comicios. Entre las autoridades que enfrentaron amenazas por hacer su trabajo, el 62 % reportó la amenaza a la policía, una cifra mayor al 54 % que se registró el año pasado. El número de oficinas locales que trabajaron en coordinación con la policía para garantizar unas elecciones seguras y protegidas se incrementó del 65 % al 84 %.
A pesar de esta mayor colaboración a nivel federal, estatal y local, la gran mayoría de las autoridades electorales creen que hay más trabajo por hacer para fortalecer la resiliencia a nivel local y estatal: El 87 % dijo que es muy o algo importante que los gobiernos locales y estatales compensen la falta de financiación que dejaron los recortes federales.
Preocupaciones por interferencias
Las autoridades electorales también enfrentan nuevas amenazas de investigaciones o demandas en su contra. En abril, el presidente Trump atacó a Christopher Krebs, a quien él mismo designó para liderar la CISA en 2018. Una orden ejecutiva acusó a Krebs de mala conducta por refutar las falsas acusaciones de fraude en las elecciones de 2020. Antes de las elecciones de 2024, la Junta Electoral del Estado de Georgia solicitó una segunda investigación contra los funcionarios electorales del condado de Fulton luego de que una primera investigación no halló pruebas de fraude.
Muchos funcionarios dijeron estar preocupados por la intromisión de la política en su trabajo: al 46 % les preocupan las investigaciones contra las autoridades electorales motivadas por la política, y el 59 % teme la interferencia de los líderes políticos en su trabajo.
Estas preocupaciones generalizadas han estado presentes incluso antes del informe del New York Times (publicado después de que el Brennan Center recolectó las respuestas a la encuesta) indicando que el Departamento de Justicia está evaluando la posibilidad de presentar cargos penales contra oficiales electorales que “no han protegido suficientemente sus sistemas informáticos”.
Esta noticia fue precedida por las radicales solicitudes de información por parte de fiscales del Departamento de Justicia, y otras solicitudes a otros estados sobre sus leyes de votación y políticas públicas. En junio, el Departamento de Justicia demandó al condado Orange, en California, luego de que el condado se rehusó a entregar información personal sobre los votantes.
Muchas de estas solicitudes y acciones aparentemente están fundadas en rumores sin fundamento de que las personas no ciudadanas con frecuencia votan en elecciones federales o que los equipos electorales han sido hackeados. La encuesta del Brennan Center reveló que el 81 % de los funcionarios locales están preocupados por la información falsa sobre las elecciones que se difunde en las redes sociales.
Amenazas, acosos y agresiones
Los reportes de amenazas, acosos y abusos permanecen estables respecto a la encuesta del año pasado. El 36 % de los funcionarios dijeron enfrentar acosos o agresiones, y el 16 % dijo que han sido amenazados por hacer su trabajo. De este grupo, el 63 % fue amenazado en persona —y estas amenazas tuvieron lugar mayormente en sus oficinas. En total, el 38 % dijo haber sido objeto de amenazas, acosos o abusos, coincidiendo con la cifra del año pasado.
Poco más de la mitad de los funcionarios dijeron que estaban muy o algo preocupados por la seguridad de sus colegas o del personal, y 1 de cada 4 expresó preocupación de que sus familiares o seres queridos sean víctimas de amenazas o acoso.
Inteligencia artificial
El uso registrado de la IA en la administración electoral sigue siendo bajo. Entre el 8 % de las autoridades que reportó utilizar la IA en su trabajo, la emplea para tareas rutinarias como redactar borradores de contenido para las redes sociales o generar gráficas. Este número podría aumentar en los próximos años: aproximadamente el doble de esa cifra (el 15 %) han sido contactados por proveedores que venden productos que utilizan la IA. El Brennan Center ha abogado por una mayor orientación para los funcionarios electorales sobre cómo y cuándo utilizar la IA en su trabajo, ya que esta tecnología es cada vez más común.
Finalmente, el número de autoridades locales que desean recibir más orientación por parte de las agencias del gobierno sobre cómo utilizar la IA en la administración electoral aumentó del 31 % en 2024 al 40 % en 2025. El 39 % dijo que no estaban seguros qué tan útiles podrían ser esas recomendaciones y el 21 % consideró que tal recurso no sería de mucha ayuda.
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La encuesta de este año demuestra que aún permanecen muchos de los retos de años anteriores. Las autoridades locales electorales están trabajando para proteger las elecciones, el fundamento de una democracia saludable, en medio de un ambiente cada vez más politizado y turbulento.
La pérdida del apoyo federal para las elecciones agrava las limitaciones en estas oficinas locales, las cuales a menudo operan con escasos recursos humanos. Los estados y la sociedad civil deben actuar para cubrir las brechas que dejó el gobierno federal. De cara a las próximas elecciones de medio término en 2026, esta labor debe comenzar ahora.
