Usar a abogados militares como jueces de inmigración no es recomendable y posiblemente sea ilegal
Viola los derechos individuales y es un uso inadecuado de las fuerzas militares.
Viola los derechos individuales y es un uso inadecuado de las fuerzas militares.
Los dos partidos políticos han abusado del poder presidencial. El Congreso debe actuar para detenerlo.
Los planes de la administración para combatir el delito dictando políticas estatales de fianza o desplegando la Guardia Nacional no garantizan la seguridad a largo plazo, pero hay muchas otras formas comprobadas de reducir la delincuencia.
Como era de esperar, una investigación estatal reveló que solo las personas ciudadanas estadounidenses son las que votan en Luisiana.
El apoyo de la administración Trump a la agenda de la industria del petróleo y el gas ofrece otro ejemplo de cómo los intereses especiales de los ricos influyen en las políticas.
La batalla por redibujar los distritos electorales en los estados sólo profundiza más el verdadero problema: La manipulación de los mapas para favorecer a un partido político.
La línea entre el servicio público y la ganancia privada sigue difuminándose mientras que las élites financieras obtienen indultos y flexibilidad regulatoria luego de contribuir a campañas políticas.
Hay estrategias comprobadas que reducen el delito. No se necesitan soldados.
Interferir en el censo es parte de los esfuerzos más amplios de la administración Trump de manipular datos e instituciones para inclinar las elecciones a favor de su partido.
La Corte Suprema debe ahora hacer su parte.