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- Se ha dado a conocer públicamente que el DOJ ha solicitado información o reuniones sobre la administración electoral en por lo menos 26 estados.
- Esta apuesta del gobierno federal por recolectar registros del electorado de todo el país causa preocupación y supone un riesgo para las personas votantes y autoridades electorales.
Meses de acciones sin precedentes son una señal de que la administración Trump está llevando a cabo una estrategia concertada para socavar las próximas elecciones. Una parte de ese esfuerzo es el intento actual por recolectar en muchos estados los archivos de votantes.
En mayo, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) empezó a exigir copias de las bases de datos estatales de sus listas de votantes, o padrones electorales, incluyendo información sensible como los números de licencia de conducir y los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del votante.
Se ha dado a conocer públicamente que el DOJ ha solicitado información o reuniones sobre la administración electoral en por lo menos 26 estados, y en por lo menos 21 de esos estados solicitó copias de sus padrones electorales. El número actual de solicitudes puede ser más alto. El Brennan Center está utilizando los informes públicos para seguirle la pista a las solicitudes del DOJ y las respuestas de los estados.
Pocos estados han enviado al DOJ sus archivos de votantes, y aquellos que lo hicieron —por lo menos 11— parecen haber compartido solo las versiones públicamente disponibles de sus archivos de votantes. Cada archivo puede variar de estado a estado, pero puede incluir información como los nombres de las personas votantes, direcciones, afiliaciones partidistas e historial electoral.
A principios de agosto, el DOJ intensificó sus esfuerzos por recolectar los archivos de los votantes al enviarle una nueva ronda de misivas —esta vez firmadas por el jefe de la División de Derechos Civiles— reiterando sus exigencias de que se le expidieran copias de las bases de datos completas de los padrones electorales, incluyendo números de licencia de conducir y de seguro social.
Mientras que esto es inusual, el DOJ sí ha enviado anteriormente comunicados masivos a los estados con preguntas sobre la administración de las elecciones. Solicitar las bases de datos de los padrones electorales de un número tan grande de estados, sin embargo, no tiene precedentes. Esta apuesta del gobierno federal por recolectar registros del electorado de todo el país causa preocupación y supone un riesgo para las personas votantes y autoridades electorales.
En primer lugar, el gobierno federal no juega ningún papel en el mantenimiento de los padrones electorales. Son los estados y gobiernos locales los que administran nuestras elecciones y, como parte de esta responsabilidad, las autoridades electorales estatales y locales mantienen los archivos de los votantes, lo cual incluye añadir a votantes recién inscritos y remover a votantes que ya no son elegibles para votar (por ejemplo, porque se mudan).
Las exigencias del DOJ por los archivos de votantes son un elemento del intento de toma federal de los comicios federales. Si las solicitudes tienen éxito, el departamento podrá acumular una base de datos federal de la información personal de cada votante registrado en el país.
La administración Trump podría utilizar ese tipo de base de datos para seguir promoviendo afirmaciones falsas de fraude electoral, para atacar a opositores políticos o intentar obligar a los estados a remover a los votantes de los padrones basándose en información incompleta. Esta vasta colección de información personal también podría ser divulgada fácilmente o utilizada de manera indebida por parte de individuos no autorizados, además de convertirse en un objetivo principal para los hackers.
En segundo lugar, las exigencias del DOJ no están justificadas como un intento de hacer cumplir las leyes electorales federales. En cambio, la orden ejecutiva de marzo de 2025 del presidente Trump sobre las elecciones —que actualmente enfrenta varias demandas jurídicas— instruye al gobierno federal a recopilar archivos de votantes de todos los estados.
Según la Ley de Derechos Civiles de 1960, la cual el DOJ cita en sus misivas de agosto como base para exigir los archivos de votantes, se le permite al departamento solicitar registros “relacionados a cualquier solicitud, inscripción, pago del impuesto de capitación u otro requisito para ejercer el voto en dicha elección”. Sin embargo, la ley requiere que el DOJ tenga una “base y propósito” para hacer dicha solicitud. Muchas de sus cartas a los estados no parecen cumplir con este requisito.
Por ejemplo, algunas de las cartas aseguran que el departamento necesita acceder a los archivos de votantes para garantizar que el estado está cumpliendo con la Ley Nacional de Registro del Votante, la cual requiere a los estados regularmente realizar programas de mantenimiento de las listas para remover de los padrones a votantes que se mudaron, fallecieron o que, por alguna otra razón, ya no sean elegibles. Esta lógica se queda corta, sin embargo, ya que un único panorama de los padrones electores no provee suficiente información para evaluar las practicas estatales de mantenimiento de las listas de votantes.
En otras solicitudes, el DOJ asegura que está verificando el cumplimiento estatal de la Ley Ayude a los Estados Unidos a Votar, que exige a los encargados del registro de votantes solicitar cierta información a las personas votantes durante ese proceso, como números de la licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. Pero, de nuevo, revisar los archivos de votantes por sí solos no le permite al DOJ evaluar si las jurisdicciones solicitaron cierta información de identificación a la hora de hacer el registro.
Finalmente, las solicitudes de información del DOJ también pueden violar leyes federales y estatales de privacidad. La Ley de Privacidad regula el acceso federal a los registros de datos de las personas, con una preocupación particular por el tratamiento de la información relacionada a actividades protegidas por la Primera Enmienda.
Aun si existiera una excepción a la Ley de Privacidad que le permitiera al DOJ recolectar datos de los padrones electorales estatales —lo cual no está claro— el gobierno aún tendría que cumplir con varios procedimientos antes de hacerlo, por ejemplo, publicar una notificación en el Registro Federal y establecer un plazo para que la ciudadanía pueda comentar y participar. El DOJ no ha cumplido con estos requisitos.
Además, muchos estados tienen leyes que les prohíben divulgar esta información sensible del votante, algo que algunos estados han recalcado en sus respuestas a funcionarios federales. El DOJ necesitaría obtener una orden judicial federal para obligar a los estados a violar sus propias leyes de privacidad, y no lo ha hecho.
La rama ejecutiva no tiene la facultad de administrar nuestras elecciones, ni ninguna autoridad para compilar una base de datos masiva con la información personal de los votantes. Las iniciativas del DOJ amenazan la privacidad individual y son otra manera más en la que el gobierno federal busca interferir con la facultad que la Constitución les otorga a los estados de administrar las elecciones.
Traducción de Traducción de Laura Gómez
