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- Esta orden ejecutiva no puede hacer demasiado para impedirles a los estados promulgar y hacer cumplir las leyes de seguridad de la IA, y los tribunales y los gobiernos estatales deben saberlo.
- La orden ejecutiva sobre la IA no es más que un teatro político.
La Constitución no le concede al presidente el poder de invalidar regulaciones estatales sobre la inteligencia artificial (IA) mediante órdenes ejecutivas, y el Congreso tampoco ha delegado esa facultad. Pero eso no le ha impedido al presidente Trump firmar una orden ejecutiva que intenta forzar a los estados a abandonar sus propias leyes sobre la IA.
La orden que firmó Trump la semana pasada parece tener el objetivo de intimidar a los estados para que dejen de promulgar y hacer cumplir leyes que protegen a la población estadounidense de los daños relacionados con el uso de la IA —desde anuncios publicitarios engañosos hasta contenidos ultrafalsos diseñados para engañar al electorado—, sin que exista ninguna regulación a nivel federal que venga a llenar el vacío.
No es coincidencia que esta retribución a la industria de la IA venga después de que este sector haya inyectado millones de dólares el año pasado en numerosas campañas y donaciones a supercomités de acción política, o súper-PAC, a favor del presidente y varios congresistas. Pero la realidad es que esta orden ejecutiva no puede hacer demasiado para impedirles a los estados promulgar y hacer cumplir las leyes de seguridad de la IA, y los tribunales y los gobiernos estatales deben saberlo.
La orden ejecutiva de Trump le ordena al Departamento de Justicia reunir a un grupo de tareas encargado de disputar leyes estatales consideradas “engorrosas” o que protegen contra casos de discriminación. Obliga al Departamento de Comercio a anunciar que va a retener ciertos fondos de apoyo a la banda ancha a estados que aprueben fuertes regulaciones sobre la IA. También les ordena a otras agencias a realizar diferentes “evaluaciones” y “estudios” con el objetivo de desalentar a los estados de aprobar leyes sólidas sobre la IA.
Ante la inacción del Congreso, resulta injustificable que la administración amenace con presentar demandas y retener ciertos fondos de banda ancha en contra de los estados simplemente por estar protegiendo a sus residentes.
El Brennan Center señaló en julio que al menos 40 estados habían promulgado más de 149 leyes clave para regular la IA o minimizar sus riesgos de otras formas desde 2019. Estas medidas se aprobaron en estados con gobiernos tanto republicanos como demócratas y abordan distintas áreas, tales como los riesgos de utilizar la IA en la atención de salud y la contratación de personal.
Según la Cláusula de Supremacía de la Constitución, las leyes estatales deben respetar la Constitución y las leyes federales, más allá de las directivas que provengan de la Casa Blanca. Si bien los estados pueden disputar la orden sobre la IA ante la justicia, esta no le concede ninguna facultad legal nueva ni al Departamento de Justicia ni a las otras agencias federales.
El gobierno federal no puede hacer cumplir directamente la orden ejecutiva en contra de leyes estatales sobre la IA a través de procesos de litigación, porque las ordenes ejecutivas presidenciales no le dan al gobierno la capacidad de presentar demandas. Para disputar regulaciones estatales sobre la IA ante la justicia, el departamento tendría que basar su demanda en una ley federal o una disposición constitucional, no meramente en la orden ejecutiva.
Casi todas las leyes estatales sobre la IA vigentes hoy en día probablemente tengan justificaciones jurídicas sólidas. Por lo general, los legisladores estatales se aseguran de que sus leyes respeten la Constitución y las leyes federales.
La multimillonaria industria tecnológica ha disputado varias regulaciones estatales en los tribunales durante los últimos tres años; por lo tanto, las leyes que quedan en pie hasta ahora han sobrevivido al escrutinio de los abogados del sector.
Como otro factor que restringe el poder de la administración Trump en este sentido, la Corte Suprema hace poco derribó una larga doctrina conocida con el nombre de deferencia de Chevron. Como consecuencia, la judicatura ya no puede remitirse a las interpretaciones de las leyes de las agencias federales que administran.
Las instrucciones de la orden ejecutiva a agencias como la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio no cambian ese hecho. Y en cuanto a la amenaza del retiro de los fondos de financiación, la administración Trump no puede modificar unilateralmente los términos de financiación que fueron establecidos por el Congreso, ya que eso violaría las leyes federales. Cuando la administración intentó retener fondos ilegalmente en otras áreas, se ha encontrado con una fuerte resistencia en la justicia.
La orden ejecutiva sobre la IA no es más que un teatro político. Ante la ausencia de directrices federales sobre el tema, los estados deben seguir protegiendo a la ciudadanía de los riesgos de la desregulación de la IA, más allá de las excepciones que quiera conseguir la industria.
Traducción de Ana Lis Salotti
