La campaña de la administración Trump para socavar las próximas elecciones

• La administración Trump ha lanzado un esfuerzo concertado para socavar las elecciones estadounidenses. Estas acciones no tienen precedentes y, en algunos casos, violan las leyes.
• Incluyen ataques afirmativos contra instituciones democráticas, la revocación y eliminación de protecciones para el electorado y movidas simbólicas o demostrativas.

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En 2020, 2022 y 2024, nuestra nación celebró elecciones federales. A pesar de la pandemia, las amenazas de violencia, el negacionismo de resultados electorales y una presión extraordinaria, las elecciones fueron seguras y precisas. Las autoridades electorales trabajaron en equipo más allá de sus afiliaciones políticas. El sistema resistió.

Pero este año ha surgido una nueva amenaza contra las elecciones libres y justas: el propio gobierno federal.

La administración Trump ha lanzado un esfuerzo concertado para socavar las elecciones estadounidenses. Estas acciones no tienen precedentes y, en algunos casos, violan las leyes. Comenzaron con el indulto a los acusados del ataque del 6 de enero que intentaron anular los resultados de las elecciones de 2020. Incluyen ataques afirmativos contra instituciones democráticas, la revocación y eliminación de protecciones para el electorado y movidas simbólicas o demostrativas. Se observa un patrón evidente que sugiere un esfuerzo cada vez mayor. A medida que se acercan las elecciones de medio término de 2026, ese esfuerzo probablemente gane impulso.

Este recurso ofrece la primera crónica de las acciones de la administración Trump de este año para socavar la integridad de las elecciones. Entre ellas, se incluyen:

• los intentos de modificar reglas electorales para dificultar la votación y usurpar el control de los sistemas electorales;
• ataques o amenazas de ataques contra autoridades y funcionarios electorales y otros que trabajan para que las elecciones sean libres y justas;
• el apoyo a personas que perjudican la administración electoral; y
• el abandono del rol del gobierno federal a la hora de proteger al electorado y el proceso electoral.

¿Por qué llegamos a la conclusión de que esto refleja una estrategia concertada? Entre otras cosas, porque el presidente Trump ya lo intentó antes. Fue el primer presidente en tratar de anular los resultados de una elección presidencial y utilizó el poder federal para hacerlo. Varias instituciones y funcionarios clave se lo impidieron. Pero estos controles internos ya no están en pie, y muchos funcionarios públicos seguramente cumplan con la voluntad del presidente.

Esta campaña para socavar las elecciones viola la Constitución de los EE. UU. Solo el Congreso y los estados pueden establecer las reglas electorales. La rama ejecutiva, en especial el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), está a cargo de hacer cumplir las leyes federales. Pero ni el presidente ni el DOJ tienen la facultad de establecer las reglas que rigen las elecciones o supervisar a los funcionarios estatales y locales que las administran.

Es cierto que otras elecciones ya fueron entorpecidas por reglas y prácticas que obstaculizaron la plena participación de la ciudadanía. Las leyes electorales restrictivas (algunas de las cuales ya habían sido declaradas inconstitucionales), la manipulación de mapas electorales y las amenazas de bomba en sitios de votación impidieron la libertad de votar. Los funcionarios federales desempeñaron un papel fundamental a la hora de contrarrestar la desinformación y combatir la discriminación racial. Es posible que esta protección federal para garantizar unas elecciones justas ya no exista.

Este esfuerzo federal sin precedentes colocará nuevas presiones sobre las elecciones estadounidenses, y quienes están decididos a defender la integridad de las elecciones deberán permanecer vigilantes y tomar cartas en el asunto.

En marzo de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que busca modificar drásticamente y controlar de manera parcial importantes aspectos de los sistemas electorales de la nación. La orden incluye varias disposiciones; aquí resaltamos tres.

En primer lugar, la orden le indica a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés) —un organismo independiente y bipartidario que presta asistencia a los estados para la administración de las elecciones— que exija a todas las personas votantes mostrar un pasaporte u otro documento similar para demostrar su ciudadanía cuando se registran para votar con el formulario federal de registro de votantes.

En segundo lugar, intenta obligar a la EAC a modificar sus directrices para invalidar todas las certificaciones anteriores de los equipos de votación que siguen las normas anteriores y, si corresponde, volver a certificar los sistemas de votación siguiendo directrices modificadas, que deben incluir las disposiciones de la orden ejecutiva.

Once estados y Washington, D.C., requieren que sus sistemas tengan la certificación federal. E incluso los estados que no exigen la certificación federal suelen incorporar directrices y pruebas federales y utilizan sistemas de votación que han sido certificados a nivel federal. Sin embargo, en la actualidad, solo un sistema de votación disponible cumple con las normas emitidas antes de la orden ejecutiva, y fue certificado apenas el 7 de julio de 2025. Remplazar estas máquinas podría costar a los estados billones de dólares.

El intento del presidente de interferir con los sistemas de votación no es ninguna novedad. Durante su primer mandato, trató de obligar al fiscal general, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a confiscar máquinas de votación. No tuvo éxito. Pero ahora, hay indicios que sugieren que es posible que el gobierno federal ya esté intentando interferir con los sistemas de votación, más allá de lo expresado en la orden ejecutiva. Un funcionario del DHS y una persona que dijo trabajar para la administración han solicitado a funcionarios electorales de Colorado acceso a sus equipos de votación.

Tercero, la orden le pide al nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de la administración y al DHS obtener los archivos estatales de votantes y otros registros en poder de las autoridades electorales, como los registros de mantenimiento de las listas de votantes, o padrones electorales.

El DOJ ya ha solicitado las listas de votantes de al menos nueve estados, y al menos dos se las dieron. Los archivos de votantes y registros de mantenimiento de las listas de votantes sin expurgar pueden contener información privada sensible sobre personas ciudadanas estadounidenses. Otros registros pueden contener información sujeta a determinados permisos de acceso por motivos de seguridad.

Del mismo modo, la orden también exige a los estados tener acceso a datos federales sobre la ciudadanía de las personas para realizar sus tareas de mantenimiento de las listas de votantes; y el DHS hace poco modificó drásticamente y amplió el alcance de su programa para que los estados identifiquen en los padrones electorales a personas supuestamente no ciudadanas.

Ahora analizamos cada una de estas tres disposiciones.

Intentos de imponer sobre el electorado el requisito de “mostrar sus papeles”

Impacto: Si se implementa, el requisito de mostrar un documento de ciudadanía para registrarse para votar con el formulario federal menoscabaría la votación y perjudicaría la administración de las elecciones de muchas maneras. La disposición sobre el requisito de “mostrar los papeles”, que coincide significativamente con la política presentada en la Ley SAVE (SAVE Act), fuertemente criticada y que se encuentra demorada en el Senado de los EE. UU., podría impedirles votar a millones de personas ciudadanas estadounidenses. Según un estudio realizado por el Brennan Center, más de 21 millones de ciudadanos no tienen su certificado de nacimiento, un pasaporte ni papeles de naturalización fácilmente a mano.

¿Por qué está mal?: El presidente no tiene ningún derecho a modificar las reglas electorales del país ni regular las elecciones federales por su cuenta. Tal como lo señaló hace poco un tribunal federal, “la Constitución no le concede al presidente ninguna de estas facultades”. Al emitir la orden, el presidente asumió una extraordinaria facultad unilateral de regular las elecciones federales y usurpar los poderes del Congreso, los estados y la EAC, una agencia federal independiente y bipartidaria. 
Situación actual: Se presentaron cinco demandas judiciales contra la orden ejecutiva en todo el país. Mientras estos litigios siguen su curso, dos tribunales han bloqueado algunas de sus disposiciones, como la que le ordena a la EAC agregar el requisito de mostrar un pasaporte o un documento de naturalización para registrarse para votar en las elecciones federales. Se aplicaría el mismo razonamiento —de que el presidente no tiene ninguna facultad para obligar a la EAC a hacer nada— a otras partes de la orden que aún no se han aplicado. Los litigios siguen en curso.

Intentos de manipular los equipos de votación

Impacto: La directiva de la orden ejecutiva del presidente debilita la confianza del pueblo en las elecciones y en las máquinas de votación y brinda un pretexto para que quienes niegan los resultados de las elecciones desacrediten cualquier resultado en el futuro. Cualquier intento de la administración de obtener acceso a las máquinas de votación intensifica este riesgo. También puede alentar a los estados a decidir contar boletas manualmente, un proceso propenso a errores que puede producir demoras en la certificación de los resultados.

¿Por qué está mal?: El presidente no tiene la facultad de regular las elecciones ni modificar las directrices de los equipos de votación. Tampoco tiene el poder de darle órdenes a la EAC, un organismo independiente, de ninguna forma, tal como afirmó hace poco un tribunal federal. Si bien ciertas agencias federales pueden ofrecer asistencia técnica o emitir directrices para los equipos de votación, ninguna tiene la facultad de obtener el custodio exclusivo de los equipos de votación para su inspección. Los estados también tienen reglas sobre quiénes pueden conseguir el acceso a los equipos. En Colorado, por ejemplo, si alguien que no sea un funcionario electoral u otra persona autorizada tiene acceso a un sistema de votación, se puede prohibir el uso de ese equipo.

Situación actual: Washington y Oregón han presentado demandas contra las disposiciones de la orden que buscan modificar las directrices para los sistemas de votación. Ese litigio sigue en curso. Y, si bien la EAC ha elaborado directrices para los sistemas de votación que cumplen con la orden, la agencia aún debe seguir varios pasos estipulados por la ley federal antes de implementarlas, por ejemplo, debe consultar a juntas asesoras de expertos no partidarios y publicar las directrices para recibir comentarios del público.

Intentos de acceder a datos sensibles en los registros de votantes

Impacto: La administración podría abusar de su acceso a los registros de votantes para alegar casos de fraude electoral y erosionar la confianza del público en las elecciones; también podría presionar a los gobiernos estatales para perjudicar a determinados grupos de votantes y llevar a cabo purgas de votantes injustificadas. Cualquier divulgación de información personal sensible coloca a cualquier persona o grupo de la población en riesgo de convertirse en objeto de intimidación o divulgación malintencionada de sus datos. Además, la incorrecta manipulación de datos de los archivos de votantes podría exponer a las elecciones federales a posibles interferencias políticas y extranjeras.

¿Por qué está mal?: DOGE ya se ha visto envuelto en varios casos de mal manejo de datos sensibles. Por ejemplo, a los pocos minutos de haber obtenido acceso a los sistemas de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo en marzo de 2025, alguien con una dirección de IP rusa realizó varios intentos de acceder a la base de datos con una de las cuentas nuevas que había creado el departamento. Esos intentos fueron bloqueados, pero el hecho de que un adversario extranjero enseguida pudo efectuar esos intentos indica que los sistemas electorales y los datos que contienen corren el riesgo de ser amenazados si llegan a las manos de DOGE. Por su parte, el DHS ya ha incumplido con sus obligaciones en materia de privacidad.

Situación actual: Según la forma en la que DOGE o el DHS usen o divulguen los datos, puede violar varias leyes federales, como la Ley de Privacidad (Privacy Act) y la Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedure Act). En algunos estados, otorgar los registros de votantes al gobierno federal sin obtener el consentimiento de las personas votantes por escrito también violaría las leyes estatales; y en otros, se requeriría la expurgación de los datos confidenciales.

La administración Trump, al alegar falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 fueron un robo, ya ha atacado a organizaciones y personas que considera adversarias con represalias injustificadas o inadecuadas. Ahora amenaza con hacer lo mismo contra ciertas autoridades electorales, grupos cívicos que movilizan al electorado y otras personas y entidades que protegen las elecciones y el estado de derecho. Este tipo de acciones pueden ser herramientas de represalias, intimidación o coerción.

La instrumentalización política de las agencias federales

Varios grupos de tareas nuevos a nivel federal —el Grupo de Trabajo de Instrumentalización Política del DOJ, el Grupo de Tareas para la Integridad Electoral de la fiscalía federal de Nueva Jersey y la Unidad Especial: Rendición de Cuentas sobre Elecciones de la fiscalía en Washington, D.C.— representan un enfoque judicial federal con respecto a las elecciones que se concentra en atacar al electorado, a las autoridades electorales, a adversarios políticos percibidos y a la prensa. Estos grupos de tareas asignan recursos para detectar un presunto fraude electoral generalizado —un problema que no existe— y penalizar ataques contra oponentes políticos.

Varios funcionarios nombrados políticamente que han difundido falsedades sobre los resultados de las elecciones de 2020, como la fiscal general federal Pam Bondi, la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, y el director del FBI Kash Patel, han empoderado y facultado a estos grupos de tareas. Bondi, Dhillon y Patel también han dejado en claro que están dispuestos a usar el poder federal para investigar y procesar a personas que consideran responsables de un supuesto fraude electoral. Patel afirmó: “Vamos a perseguir a las personas que en los medios mintieron sobre ciudadanos estadounidenses, ayudaron a Joe Biden a manipular las elecciones presidenciales… vamos a perseguirlos”.

Bondi, en una de sus primeras medidas como fiscal general, creó el Grupo de Trabajo de Instrumentalización Política, cuyo propósito consiste en “revisar las actividades de todos los departamentos y agencias que ejercen un poder de procesamiento penal o civil en los Estados Unidos durante los últimos cuatro años”.

La administración le ha encomendado al grupo investigar a algunos de los enemigos percibidos del presidente, como el exfiscal especial Jack Smith y su personal por haber investigado los disturbios del 6 de enero, el fiscal del distrito de Manhattan y la fiscal general del estado de Nueva York por su participación en el procesamiento judicial contra Trump y sus negocios, y a cualquiera que haya investigado o procesado a los atacantes del 6 de enero.

Impacto: Durante la primera presidencia de Trump, algunas agencias y departamentos federales, de vez en cuando, sirvieron de freno contra sus medidas ilegítimas. Por ejemplo, cuando el presidente le pidió al fiscal general que confiscara máquinas de votación después de su derrota en las elecciones de 2020, el entonces fiscal general Bill Barr se negó a hacerlo. Pero, en su segundo mandato, es muy posible que las personas nombradas por el presidente no ofrezcan la misma resistencia. Al contrario, se muestran dispuestos a facilitar una interferencia en las elecciones al investigar a adversarios percibidos, atacar a autoridades electorales y sembrar la duda sobre los sistemas electorales.

¿Por qué está mal?: El DOJ puede y debe procesar los casos de fraude en las elecciones de los EE. UU., pero estos grupos de tareas se basan en nociones falsas de que, en los EE. UU., se manipulan las elecciones y existe un fraude electoral desenfrenado. En lugar de garantizar la integridad de las elecciones, estos grupos de tareas la menoscaban, como parte del grave giro que está realizando el departamento al dejar de proteger el derecho al voto.

Situación actual: La Constitución y la ley colocan límites sobre lo que pueden hacer estas personas nombradas políticamente. De hecho, los tribunales ya han anulado los intentos de esta administración de subvertir la ley. Por ejemplo, múltiples tribunales han declarado que las órdenes ejecutivas del presidente contra ciertas firmas de abogados violan la Primera Enmienda, y dos tribunales por ahora le han impedido al presidente ordenarle ilegítimamente a una agencia independiente y bipartidaria que agregue el requisito de presentar documentos de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes.

Penalización de firmas de abogados

El presidente firmó varias órdenes ejecutivas para revocar las autorizaciones federales de seguridad de seis firmas de abogados y prohibirle al gobierno federal contratarlas. Estas firmas han participado en litigios que buscan proteger el derecho al voto y tienen vínculos con personas que presentaron demandas por el ataque del 6 de enero contra el Capitolio, por los intentos de anular las elecciones de 2020 y por casos de interferencia en las elecciones de 2016. El presidente citó específicamente estos vínculos como un motivo para atacar a las firmas.

Por ejemplo, la orden contra Paul Weiss se basó, en parte, en el hecho de que la firma empleó a una abogada que demandó a una persona que había participado en la insurrección del 6 de enero. La orden contra Perkins Coie estipuló que la firma había representado a un oponente político del presidente, presentado demandas contra leyes electorales restrictivas de identificación de votantes que hacían más difícil votar a ciudadanos elegibles y, tal como lo indicó el tribunal que bloqueó la orden, presentó “demandas relacionadas con las elecciones… en contra de acciones impulsadas por el presidente o su campaña”.

Jenner & Block fue otra firma perjudicada porque empleó a Andrew Weissman, que, tal como afirmó el tribunal que bloqueó la orden, “provocó el desprecio del presidente” por criticarlo y haber participado “en una investigación legítima de un caso de interferencia en las elecciones”, es decir, la investigación y el procesamiento judicial contra el equipo de campaña del presidente por delitos relacionados con la interferencia extranjera en las elecciones de 2016. El vínculo con Weissman “extendió ese desprecio hacia la firma”, agregó el tribunal.

Y la firma Covington & Burling, según la orden ejecutiva, “asistió al exfiscal especial Jack Smith”. La firma le había brindado a Smith asesoramiento legal gratuito cuando el fiscal estaba investigando los disturbios del 6 de enero.

Impacto: Al estar propiciando estos ataques contra firmas de abogados por brindar servicios legales —incluso gratuitos— a favor de causas que la administración desaprueba, como la de proteger la libertad de votar, estas órdenes han tenido un efecto intimidante sobre muchas firmas de abogados, aun cuando no hubieran sido atacadas directamente, lo cual disminuye los recursos legales disponibles para la población estadounidense cuando se viola su derecho al voto.

En cierto sentido, las organizaciones sin fines de lucro y las fiscalías generales estatales han intervenido para brindar la asistencia legal necesaria, pero sigue habiendo carencias. Este efecto intimidante no afecta solo a las firmas de abogados. Puede hacer que, por ejemplo, las fiscalías eviten presentar cargos contra casos de interferencia en las elecciones. Y el intento de la administración de castigar a algunas de las instituciones jurídicas más poderosas y mejor provistas del país envía un poderoso mensaje a toda persona que esté considerando adoptar una postura contraria a la administración.

¿Por qué está mal?: Tal como lo han declarado muchos tribunales, estas acciones son ilegales. La Primera Enmienda le prohíbe al gobierno tomar represalias por ejercer el derecho protegido a la libertad de expresión y asociación, incluso represalias contra firmas de abogados que representan u ofrecen servicios legales a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión o asociación, sean del agrado o no del presidente.

Situación actual: Cuatro de las firmas legales atacadas presentaron demandas contra sus respectivas órdenes ejecutivas, y los tribunales han bloqueado de manera permanente las órdenes por violar la Primera Enmienda. A pesar de la clara ilegalidad de las órdenes, nueve firmas han firmado acuerdos con la administración. Como parte de esos acuerdos, estas firmas acordaron brindar servicios legales gratuitos a favor de causas del agrado del presidente.

Amenazas contra las autoridades electorales y organizaciones sin fines de lucro

El presidente y sus funcionarios nombrados para ocupar cargos políticos en el DOJ han amenazado una y otra vez con demandar a varias autoridades electorales que administraron las elecciones de 2020. Durante un discurso que dio el presidente Trump el 14 de marzo de 2025, dijo: “Qué diferencia tuvo sobre nuestro país una elección sucia y manipulada. La gente que nos hizo esto debería ir presa. Debería ir presa”.

El presidente también ha lanzado amenazas contra grupos de defensa de derechos sin fines de lucro que desempeñan un rol importante a la hora de aumentar la participación del electorado, monitorear las elecciones y presentar litigios para proteger la libertad de voto.

Estas amenazas coinciden, a grandes rasgos, con una propuesta del Proyecto 2025, la controversial agenda de políticas conservadoras creada por la Heritage Foundation, para acusar de delitos federales a personas que protegieron las elecciones de 2020. El Proyecto 2025 propuso acusar a autoridades electorales de conspiración penal para violar derechos civiles por su supuesto incumplimiento de la leyes estatales cuando estaban ayudando al electorado a votar en las elecciones de 2020.

No queda claro en qué medida la administración cumplirá con este plan, pero ya ha comenzado a atacar a funcionarios que protegieron las elecciones de 2020 y crear una infraestructura de grupos de tareas y grupos de trabajo que intensifican la amenaza de un procesamiento penal. En una orden ejecutiva, el presidente le indicó al DOJ que revisara las acciones de Chris Krebs, a quien el propio presidente había nombrado para liderar la Agencia federal de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) en 2018, porque Krebs “negó que las elecciones de 2020 hubieran sido manipuladas y robadas”.

Además del Grupo de Trabajo de Instrumentalización Política del DOJ, se supo que el departamento está evaluando formas de acusar penalmente a autoridades electorales por no garantizar una correcta ciberseguridad, no sobre la base de pruebas, sino de supuestos impulsados por falsas alegaciones de un fraude electoral desenfrenado.

Impacto: Las investigaciones y procesamientos penales impondrían una fuerte carga personal y financiera sobre las autoridades electorales o el personal de las organizaciones sin fines de lucro por el simple hecho de estar cumpliendo con su trabajo de ayudar a tener elecciones libres y justas. Pero, más allá de eso, los daños que se ocasionan por atacar a funcionarios y grupos de la sociedad civil que hacen que nuestras elecciones funcionen son enormes y variados.

Aun cuando la administración nunca acuse penalmente a ningún funcionario, la mera amenaza de una investigación o procesamiento penal seguramente exacerbe el éxodo de autoridades electorales que están abandonando sus puestos.

En 2024, el 33 por ciento de los funcionarios electorales locales conocía por lo menos a un colega que había renunciado al menos en parte por temor a su seguridad, al incremento de amenazas o a posibles actos de intimidación; y el 21 por ciento dijo que era improbable que continuara en su puesto de trabajo para las elecciones de medio término de 2026.

En 2025, el 59 por ciento de los funcionarios señaló sentir miedo a sufrir una interferencia política en su capacidad de hacer su trabajo. El 46 por ciento estaba muy o un poco preocupado por la posibilidad de que ellos o sus colegas sean objeto de investigaciones por motivos políticos. A fin de cuentas, que tantos funcionarios experimentados abandonen sus puestos en la administración de las elecciones en los EE. UU. terminará perjudicando a los votantes.

La amenaza de investigaciones penales también puede hacer que las organizaciones de la sociedad civil abandonen su misión de aumentar la participación del electorado. Cuando Florida aprobó hace poco una ley que amenazaba a las organizaciones que realizan campañas de registro de votantes con sanciones penales y civiles por violar una serie de nuevas regulaciones restrictivas, algunas organizaciones redujeron sus tareas o directamente dejaron de registrar a votantes.

La administración también puede usar la amenaza de un procesamiento penal para presionar a las autoridades electorales y hacerlas cumplir con pedidos irrazonables o ilegítimos. Es posible que la administración ya esté efectuando acuerdos similares de quid pro quo, tal como quedó demostrado cuando el DOJ abandonó los cargos de corrupción contra el alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams en la primavera de 2025.

Si bien el tribunal al final ordenó desestimar el caso con perjuicio (es decir, con la prohibición de presentar otra demanda en el futuro sobre los mismos hechos), el DOJ había pedido la desestimación sin perjuicio, lo cual habría dejado la oportunidad abierta para volver a presentar el caso en cualquier momento en el futuro y, por lo tanto, le habría permitido al DOJ seguir usando la amenaza de procesamiento contra Adams si este no accediera a cualquier pedido que le haga la administración.

La fiscal federal responsable del procesamiento, que había sido nombrada por el presidente, renunció como señal de protesta y alegó que la decisión estuvo motivada por un deseo de obtener la cooperación política de Adams sobre cuestiones no relacionadas con el caso.

Cualquier autoridad electoral, por miedo a una acusación penal, podría sucumbir a la presión y terminar purgando una enorme cantidad de votantes de los padrones electorales o cometiendo subversión electoral abiertamente.

Cuando el presidente intentó anular las elecciones presidenciales de 2020, él y sus aliados presionaron a muchas autoridades electorales locales y estatales —como en la famosa llamada telefónica al secretario de estado de Georgia Brad Raffensperger— para ayudar a sus planes. Raffensperger y otros funcionarios se negaron a subvertir los resultados, pero cualquier funcionario o autoridad electoral, ante la posibilidad de un procesamiento penal, ahora podría no demostrar la misma firmeza de principios.

¿Por qué está mal?: Amenazar con presentar cargos penales sobre la base de mentiras con respecto a las elecciones de 2020 no tiene ninguna justificación jurídica ni real. No hay ninguna prueba que demuestre que las elecciones de 2020 estuvieron afectadas por cualquier tipo de fraude o deshonestidad en la administración de las elecciones. El Proyecto 2025 propone utilizar una ley diseñada para proteger los derechos civiles, incluido el derecho al voto, a fin de procesar a funcionarios estatales que ayudaron a ejercer ese derecho, una teoría legal que seguramente sea difícil de defender ante la justicia.

La Primera Enmienda protege a los funcionarios electorales y grupos de defensa del electorado de cualquier represalia por su expresión o asociación, al igual que protege la libertad de expresión y asociación de las firmas de abogados.

Si la administración ataca a funcionarios o grupos por declarar públicamente que las elecciones son legítimas, seguras y transparentes o por registrar o alentar a la participación de votantes, las partes atacadas pueden ser capaces de bloquear cualquier investigación o procesamiento judicial antes de que prosigan, tal como lo hicieron las firmas de abogados que bloquearon con éxito las órdenes ejecutivas en su contra.

Además, las leyes federales y estatales prohíben a toda persona, incluidos los funcionarios federales, intimidar al electorado y a quienes lo asisten o alientan a votar, como hacen las autoridades electorales o las organizaciones de participación cívica. Y si bien es infrecuente que los votantes presenten demandas, sí pueden demandar a los funcionarios del DOJ en tribunales federales, conforme a las leyes que protegen contra la intimidación.

Situación actual: Hasta el momento, estas amenazas no han sido más que eso. Por ejemplo, a los abogados del DOJ encargados de encontrar maneras de procesar a autoridades electorales supuestamente por no garantizar una correcta ciberseguridad, se supo que les está costando encontrar alguna legislación penal que se lo permita.

El gobierno federal ha recompensado a personas que difunden teorías conspirativas sobre fraude electoral y continúan negando la legitimidad de las elecciones de 2020, incluso tras recurrir a la violencia. Muchos de los funcionarios nombrados por esta administración para ocupar cargos políticos han cuestionado una y otra vez los resultados de las elecciones de 2020 o han socavado las elecciones de alguna otra forma. Al menos cuatro miembros del gabinete del presidente son negacionistas de elecciones.

El indulto a los atacantes del 6 de enero

Los atacantes del 6 de enero arremetieron con violencia contra el Capitolio de los EE. UU. en un intento por mantener al presidente Trump en el poder después de haber perdido las elecciones presidenciales de 2020. El primer día de su segundo término, el presidente indultó a unas 1,500 personas que habían sido enjuiciadas y conmutó la sentencia de 14 personas que habían sido condenadas por su participación en los ataques.

Impacto: Esta movida le da el visto bueno a cualquier esfuerzo parapolicial de anular elecciones en el futuro, incluso de los propios atacantes del 6 de enero, porque indica que quienes cometan actos de violencia política e interfieran con el traspaso pacífico del poder presidencial no solo pueden evadir las consecuencias judiciales, sino que también pueden ser tratados como héroes.

El presidente y otros aliados han presentado a estos atacantes como “guerreros” y “prisioneros políticos”. Numerosos eventos del partido republicano en todo el país han honrado a estos atacantes. Algunos de los insurrectos han mencionado o declarado públicamente sus planes de reagruparse después de los indultos, y algunos han intentado o están considerando presentarse a elecciones para ocupar cargos públicos, incluso en el Congreso.

¿Por qué está mal?: Los indultos y las conmutaciones de pena son un mal uso del poder de clemencia del presidente y un intento de redefinir uno de los delitos más públicos de la historia estadounidense.

Situación actual: El presidente no puede indultar a personas condenadas por delitos según la ley estatal. Si bien los acontecimientos del 6 de enero de 2021 ocurrieron en Washington, DC, bajo jurisdicción federal, cualquier acto parecido que ocurra en otras partes del país estaría regido por las leyes estatales, que prohíben todo acto de violencia, insurrección e intimidación de votantes y autoridades electorales.

De hecho, como parte de la respuesta a recientes instancias o amenazas de violencia política, varios estados han fortalecido estas leyes. Por ejemplo, desde 2020, 13 estados han aprobado leyes que prohíben el uso de armas o amplían las prohibiciones de armas en el interior o los alrededores de los sitios de votación o buzones de devolución de boletas. Además, varias autoridades electorales locales se han asociado con agencias policiales para formar el Comité para Elecciones Seguras a fin de proteger al electorado y a los trabajadores electorales contra la violencia, amenazas e intimidación.

Mientras el presidente envía el mensaje de que su administración recompensará a quienes menoscaban las elecciones, muchos líderes estatales y locales están tomando en serio estas amenazas y han reforzado la seguridad y transparencia de las elecciones.

Intentos de socavar el procesamiento de la subversión electoral

En 2021, Tina Peters, una secretaria electoral de Colorado, le dio a un hombre sin autorización el acceso a equipos de votación; ese hombre estaba vinculado a Mike Lindell, presidente de My Pillow y uno de los mayores propulsores de teorías conspirativas falsas sobre la manipulación de las elecciones de 2020. Peters fue condenada por cuatro delitos mayores según la ley estatal y sentenciada a nueve años de prisión. La administración Trump está tratando de ponerla en libertad.

En marzo de 2025, el DOJ presentó una declaración de interés a favor de su petición de habeas corpus, una demanda federal que busca su liberación mientras apela su caso. Esta declaración dice que el DOJ está evaluando si la fiscalía estatal, liderada por un fiscal electo republicano, tuvo motivos políticos. El 5 de mayo, el tribunal federal a cargo de la petición de habeas corpus de Peters dictó que varias de sus alegaciones eran prematuras y sugirió que hasta podría desestimar su caso por completo. El mismo día, el presidente salió a las redes sociales a decir que Peters era una “prisionera política inocente” y ordenarle al Departamento de Justicia a “tomar todas las medidas necesarias para obtener” su liberación.

Impacto: Estas acciones pueden envalentonar a otros funcionarios electorales deshonestos para amenazar las elecciones desde adentro. El presidente y el DOJ están enviando el claro mensaje de que darán apoyo a sus funcionarios si comenten actos de subversión. Al anunciar que están evaluando a la fiscalía estatal, el DOJ también está indicando a los fiscales estales que presentar cargos contra funcionarios electorales que apoyan los intentos de Trump de subvertir las elecciones serán objeto de investigaciones.

¿Por qué está mal?: Ni el presidente ni el DOJ tienen el poder de anular una condena estatal. Peters violó múltiples leyes estatales a favor de una teoría conspirativa. Un jurado la declaró culpable. El presidente Trump está socavando esa declaración de culpabilidad al decir públicamente que Peters es inocente.

Situación actual: A pesar de todas estas amenazas, los funcionarios estatales siguen defendiendo su procesamiento contra Peters en la justicia y en los medios de comunicación, y Peters continúa cumpliendo su sentencia. 

La administración Trump está abandonando su responsabilidad de proteger las elecciones en los EE. UU. Las autoridades electorales estatales y locales ya no tienen a un aliado confiable en el gobierno federal. Y el electorado ya no puede contar con que el DOJ reivindique su derecho al voto.

Desmantelamiento de la CISA

La CISA, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, es un componente del DOJ responsable de ayudar a proteger la seguridad física y cibernética de la infraestructura crítica de la nación, lo cual incluye a los sistemas electorales. La agencia brinda servicios, capacitaciones y evaluaciones de forma voluntaria y de bajo costo o sin costo a funcionarios electorales locales y estatales de todo el país y les ayuda a comprender mejor las amenazas de seguridad que enfrentan sus sistemas.

La administración Trump debilitó gravemente la estructura y misión de la CISA durante los primeros meses de la presidencia de Trump. En febrero de 2025, la CISA suspendió temporalmente a 17 de sus empleados encargados de la seguridad electoral. Y, además, DOGE despidió a 130 personas de la CISA; luego, un juez los reincorporó a sus cargos, pero enseguida fueron suspendido temporalmente.

Ese mismo mes, la CISA suspendió todas sus actividades en materia de seguridad electoral mientras realizaba una revisión interna. La revisión finalizó en marzo, pero la administración Trump se niega a publicar sus conclusiones. No queda claro qué servicios de la CISA se han restablecido, si es que alguno se ha restablecido, a pesar de haber recibido varias solicitudes de información de algunos congresistas encargados de supervisar a la agencia. Según se supo en abril, la CISA está planeando nuevos recortes masivos.

En marzo de 2025, la CISA eliminó unos $10 millones de fondos para el Center for Internet Security, una organización sin fines de lucro con programas que benefician a las autoridades electorales estatales y locales. Como consecuencia, se eliminaron los fondos para el Centro de Análisis de Información de la Infraestructura Electoral, una red que facilita el intercambio de información sobre riesgos de seguridad y de mejores prácticas entre los proveedores electorales y las autoridades electorales locales y estatales, y se redujeron los fondos para el Centro de Análisis e Información Multiestatal, una red similar que atiende a todas las entidades gubernamentales locales y estatales.

Impacto: Reducir la pericia de la CISA y recortar los fondos fundamentales que esta agencia provee a los funcionarios locales y estatales para la seguridad electoral vuelve a la infraestructura electoral de los EE. UU. más vulnerable a posibles ataques físicos y cibernéticos y deja a las autoridades electorales con menos apoyo para anticipar o recuperarse de estos ataques y administrar elecciones con seguridad y sin riesgos.

¿Por qué está mal?: El desmantelamiento de la CISA ocurre en un momento en el que surgen fuertes amenazas contra nuestro sistema electoral de parte de actores extranjeros y nacionales. Además, los ciberataques pueden volverse más efectivos con la evolución de la inteligencia artificial.

Asimismo, un tribunal federal dictaminó que el despido del personal de la CISA fue ilegítimo, según la Ley de Procedimientos Administrativos, por no cumplir con las leyes y regulaciones federales. Los empleados fueron reinstituidos. Pero, a pesar de este dictamen, la CISA logró el mismo resultado, la disminución de su personal, porque enseguida suspendió temporalmente a los mismos empleados que había reincorporado.

Situación actual: Ante la ausencia de la asistencia federal, los gobiernos estatales y locales pueden crear nuevos grupos de trabajo entre distintas agencias en materia de seguridad electoral —iniciativas que los estados ya han realizado en otros ciclos electorales— y expandir las redes de intercambio de información entre los estados. Los estados también pueden aprobar y aplicar leyes que protejan al personal y a la infraestructura electoral.

Directivas al DOJ para amenazar el derecho al voto, en lugar de protegerlo

Al poco tiempo de haber sido nombrada para liderar la división de derechos civiles del DOJ, la fiscal general adjunta Dhillon anunció e implementó un “cambio de paradigma” que evade la responsabilidad del departamento de proteger el derecho al voto. Mientras Dhillon describe el “enfoque frecuente” de otras administraciones republicanas de trabajar para “detener el tren”, ella prevé una división que, bajo su liderazgo, “dé la vuelta al tren y se dirija a la dirección contraria”.

Al poco tiempo de asumir el cargo, también publicó una nueva declaración de su misión que indica que la división dejaría de proteger los derechos de los grupos marginados y se dedicaría más a otros esfuerzos, como el de erradicar el fraude electoral, que, en realidad, es extremadamente raro. El Proyecto 2025 había propuesto este cambio, también plasmado en la orden ejecutiva del presidente sobre las elecciones.

Desde entonces, el DOJ ha abandonado todos los casos en materia de votación que había presentado como demandante al comienzo de esta administración y ha eliminado su participación en varias otras demandas sobre cuestiones de votación y distribución de distritos electorales. También echó al personal de carrera de la división de derechos civiles.

Hacia fines de mayo de 2025, unos 250 abogados que componen aproximadamente el 70 por ciento de los abogados de la división habían abandonado el departamento. El personal de la sección sobre votación de la división se redujo de unos 30 abogados a tan solo 6. Pero la división ha comenzado a contratar nuevos abogados.

La sección sobre votación ahora está liderada por la abogada Maureen Riordan, antigua empleada del DOJ que se reincorporó al departamento tras su puesto en la Public Interest Legal Foundation (PILF), una organización conservadora que, durante años, ha demandado a funcionarios electorales para tratar de presionarlos a realizar purgas agresivas de los padrones electorales.

Bajo la dirección de Riordan, el DOJ demandó a varios administradores de elecciones en Carolina del Norte en un claro intento de provocar la purga de miles de votantes elegibles de los padrones. El departamento también demandó a un funcionario electoral del condado de Orange, California, por no brindarle al departamento información privada sin expurgar sobre los votantes que había eliminado de los padrones; el funcionario ya había provisto registros expurgados para proteger la privacidad de los votantes, pero el departamento no estuvo de acuerdo con la expurgación de la información privada.

El DOJ también presentó declaraciones de interés en Oregón e Illinois a favor de otras demandas de una organización activista conservadora que desea purgas más agresivas de los padrones electorales. Y envió cartas a varios administradores electorales estatales en al menos otros seis estados —Alaska, Arizona, Colorado, Minnesota, Pensilvania y Wisconsin—, donde identificaba supuestas violaciones de las leyes federales sobre el mantenimiento de las listas de votantes.

Impacto: La administración Trump ha indicado que es muy improbable que haga cumplir las leyes para proteger el derecho al voto. Esto deja al electorado muy vulnerable, en particular en los siete estados del centro del país que componen el Octavo Circuito, donde el tribunal de apelaciones hace poco declaró que solo el DOJ puede presentar demandas para hacer cumplir la prohibición central de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) contra la discriminación de minorías raciales y lingüísticas. Este dictamen les prohíbe presentar demandas a demandantes privados, como las personas votantes y los grupos de defensa de derechos, que históricamente han presentado la enorme mayoría de estos casos.

A menos que la Corte Suprema anule ese dictamen, las personas votantes de estos siete estados (Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur) básicamente se quedarán sin las protecciones principales de la histórica ley de derechos civiles.

Al mismo tiempo, el énfasis que ahora pone el departamento sobre el litigio para presionar y lograr purgas más agresivas plantea una nueva amenaza tanto contra la administración electoral como contra el electorado. Las purgas agresivas amenazan con privar del derecho al voto a votantes elegibles, tal como lo demuestra la demanda del departamento en Carolina del Norte.

A unos 200,000 registros de votantes en Carolina del Norte les falta el número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos del número de seguridad social, como consecuencia del mal diseño del formulario estatal de registro de votantes y probablemente de otros errores en el manejo de datos. Estos son errores cometidos por el estado, no por la persona votante; además, la omisión de estos números en los registros de votantes no indica nada sobre la elegibilidad de estas personas para votar. Pero la demanda del DOJ contra Carolina del Norte, supuestamente presentada para solucionar los errores del estado, pide un recurso que provocaría la eliminación de muchos de estos votantes de los padrones.

La fundación PILF y otros grupos han intentado presionar para que se efectúen purgas de votantes mediante demandas judiciales, pero la justicia se lo ha impedido una y otra vez. Esto se debe a que, si bien la ley federal exige a los funcionarios electorales realizar un mantenimiento “razonable” de las listas de votantes, no requiere ningún programa en particular para eliminar a votantes, ni obliga a eliminar a votantes por errores en sus registros que no son culpa de la persona votante y que no indican nada sobre su elegibilidad.

Sean exitosas o no, estas demandas también avivan una narrativa falsa de que las elecciones en los EE. UU. están plagadas de fraude, e incentivan los intentos de anular resultados electorales. La demanda del DOJ en Carolina del Norte ocurre luego del intento de varios meses de un candidato a la Corte Suprema de Carolina del Norte que perdió las elecciones y quiso revertir su derrota usando la misma información faltante de los padrones del estado para justificar la invalidación de los votos legítimos de decenas de miles de votantes elegibles. El procesamiento del DOJ de casos como este podría otorgarles legitimidad a esfuerzos similares de subversión electoral en el futuro.

Este tipo de demandas también podrían servir de pretexto a funcionarios electorales para efectuar acciones de mala fe que podrían privar a votantes de su derecho al voto. Hay docenas de funcionarios electorales en todo el país que son negacionistas de elecciones. Podrían usar una demanda del DOJ como justificación para purgar miles de votantes de los padrones o darle a una ley federal una interpretación extrema.

¿Por qué está mal?: El DOJ tiene el deber estipulado por la ley de hacer cumplir las leyes federales que garantizan un mayor acceso a las urnas para todas las personas estadounidenses que pueden votar, y ello incluye los deberes establecidos por las Leyes de Derechos Civiles (Civil Rights Acts), la Ley de Derecho al Voto de 1965 (Voting Rights Act), la Ley de Accesibilidad para Ancianos y Discapacitados de 1984 (Voting Accessibility for Elderly and Handicapped Act), la Ley de Voto en Ausencia de Ciudadanos Uniformados y en el Exterior de 1986 (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act), la Ley de Registro Nacional de Votantes de 1993 (National Voter Registration Act) y la Ley Ayudar a América a Votar de 2002 (Help America Vote Act).

Situación actual: La administración aún está regida por la Constitución y las leyes. Las leyes ya mencionadas siguen en plena vigencia y, a pesar del dictamen reprochable del Octavo Circuito sobre la Ley de Derecho al Voto, muchas de estas leyes permiten su ejecución privada a través de demandas presentadas por votantes y grupos de defensa de derechos. Los demandantes privados pueden y deben presentar demandas judiciales conforme a la ley federal.

Además, ninguno de los casos presentados por la sección sobre votación del DOJ ha avanzado hasta una decisión judicial, pero organizaciones como el Brennan Center están interviniendo cuando sea necesario para garantizar que, cuando los tribunales sí se pronuncien, los intereses de las personas votantes estén representados.

La Constitución establece un sistema de frenos y contrapesos para garantizar elecciones libres y justas. El poder de regular las elecciones está en manos de los estados y el Congreso. Los tribunales y los grupos de defensa de derechos complementan este sistema a fin de defender la Constitución y las leyes federales.

La infraestructura electoral de los EE. UU. no le da al presidente ningún espacio para intervenir. Sin embargo, eso es exactamente lo que ahora quiere hacer Trump: ordenar, desmantelar y utilizar políticamente a las agencias para que su administración pueda evadir la responsabilidad de garantizar la seguridad de las elecciones y la libertad de voto.

En cambio, la administración está preparando el terreno para una subversión electoral. Esta jugada de poder crea una grave amenaza para el futuro de la infraestructura electoral de los EE. UU. En muchos aspectos, es también una movida ilegal.

Las distintas instituciones y actores que operan el sistema constitucional de frenos y contrapesos que salvaguardan las elecciones estadounidenses —tales como los tribunales, el Congreso, las agencias federales independientes, las legislaturas estatales, las autoridades electorales locales y estatales y el propio pueblo estadounidense— deben impedir que este arrebato de poder de la administración Trump tenga éxito.

Traducción de Ana Lis Salotti