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Para esos años, la confianza del público en la Corte Suprema había estado relativamente estable por décadas.
Una encuesta de 2025 encontró que solo el 20 por ciento de las personas estadounidenses ahora ven a la Corte Suprema como un ente “políticamente neutral”.
Las personas que visitan el Smithsonian en Washington pueden maravillarse con muchos artefactos que reflejan el relato de esta nación. Un objeto allí exhibido cambió la historia misma: la “boleta electoral mariposa” del condado Palm Beach en Florida que se utilizó en las elecciones presidenciales del 2000. En diciembre de ese año, la Corte Suprema detuvo el reconteo estatal, otorgándole la presidencia a George W. Bush.
Pero si no hubiera sido por esa boleta electoral mal diseñada —y el resultante fallo de 5 a 4— Al Gore hubiese sido el presidente. Además, Bush v. Gore cambió la trayectoria del derecho electoral y dio a entender, como nunca antes, que el Tribunal Supremo tenía un toque partidista.
Todo comenzó con la famosa boleta electoral. Los candidatos presidenciales de los partidos principales y secundarios aparecían a ambos lados de una línea que dividía el tarjetón por la mitad en la cual los votantes perforaban los orificios con un bolígrafo con punta de aguja para indicar su elección. A la izquierda, los primeros dos nombres eran los del republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore. Sin embargo, para confusión de muchos, estos correspondían al primer y tercer orificio.
Además del problema con el diseño, existía un inconveniente en la forma en que se registraban los votos: Algunos votantes perforaron el orificio completo, mientras que otros dejaron solo orificios chicos que después fueron examinados con lupas por trabajadores electorales para establecer cuál había sido la intención del votante. El problema con algunas papeletas era que tenían un pedacito de papel aún colgado del borde del hueco por uno o dos puntos. (El Smithsonian también tiene una bolsa de estos).
Las investigaciones indicaron que por lo menos 2,000 votantes del condado Palm Beach accidentalmente seleccionaron al candidato Pat Buchanan del Partido Reformista cuando en realidad quisieron votar por Gore, quien perdió en Florida —y por consiguiente el Colegio Electoral— por tan sólo 537 votos.
El fallo de la Corte Suprema expuso cómo la “controversia parece girar en torno a las papeletas diseñadas para ser perforadas con un bolígrafo con punta de aguja pero que, ya sea por error u omisión deliberada, no fueron perforadas con la suficiente precisión para que la máquina registre las perforaciones”. Eso fue cierto. Pero la mayoría de los magistrados crearon una tormenta sin precedentes cuando decidieron revertir el fallo de la Corte Suprema de Florida ordenando un reconteo con base a la ley electoral de Florida, suspendiendo esos esfuerzos por preocupaciones sobre la pronta resolución de las elecciones.
Dos de los magistrados que se opusieron estaban de acuerdo con que hubo problemas constitucionales con los diferentes estándares que se utilizaron para determinar la intención del votante a raíz del mal diseño de la boleta electoral, pero sostenían que aún había suficiente tiempo para permitir que el reconteo procediera. “El contexto extraordinario de este caso ha ocultado el principio ordinario que dicta su apropiada resolución,” escribió la magistrada Ruth Bader Ginsburg en su disentimiento. “Los tribunales federales ceden al alto tribunal estatal las interpretaciones de las propias leyes del estado”.
Para esos años, la confianza del público en la Corte Suprema había estado relativamente estable por décadas. La popularidad era del 62 por ciento cuatro meses antes del fallo en Bush v. Gore. Luego disminuyó levemente, pero tuvo un alza durante varios años. Aún después del amargo y contencioso proceso poselectoral, el Tribunal Supremo gozaba de una fuente de popularidad que aún no se acaba. La transición pacífica de poder prosiguió, y como vicepresidente, Gore presidió la sesión conjunta del Congreso que certificó a Bush como ganador del Colegio Electoral el 6 de enero de 2001.
Sin embargo, las semillas del escepticismo ya se habían plantado. Después del fallo, surgió una división partidista entre los republicanos y demócratas. Cuando Bush asumió la presidencia, el 80 por ciento de los republicanos veían favorablemente a la Corte frente al 62 por ciento de los demócratas.
La brecha creció y menguó un poco durante las dos décadas siguientes. Dos nombramientos del presidente George W. Bush a la Corte Suprema en su segundo mandato jugaron papeles esenciales en la desarticulación de la Ley de Derecho al Voto, la eliminación de las regulaciones a las leyes de financiación de campañas y la autorización de la manipulación partidista de los distritos electorales. El fallo en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que arrebató el derecho constitucional al aborto, amplió mucho más la brecha.
Hoy en día, la aprobación de la Corte Suprema entre los demócratas se ha desplomado a un 26 por ciento, mientras que entre los republicanos se mantiene en un 71 por ciento. Además, una encuesta de junio de 2025 encontró que solo el 20 por ciento de las personas estadounidenses ahora ven a la Corte Suprema como un ente “políticamente neutral”, con mayorías entre republicanos y demócratas en desacuerdo con esa afirmación.
Sin embargo, la crisis en Florida sí resultó en algunas reformas constructivas. Inspiró la aprobación de la ley Ayude a América a Votar, un proyecto bipartidista que estableció estándares nacionales básicos en ciertos aspectos de la administración electoral, como requerir ciertas características en los sistemas electorales para mejorar los reconteos y auditorías. La ley también logró varias mejoras al proceso de inscripción de las personas votantes.
Recientemente, después de que los simpatizantes de Trump intentaron revertir los resultados de las elecciones del 2020 al explotar algunas vulnerabilidades de una ley de hace 135 años que gobierna los procesos del Colegio Electoral, el Congreso aprobó la reforma a la Ley de Conteo Electoral y eliminó varias lagunas jurídicas para clarificar ambigüedades de la antigua ley. Estos pasos críticos fortalecieron la ley que regula cómo se certifican las elecciones presidenciales, pero no eliminó la posibilidad de que otra disputa electoral llegue a la Corte Suprema.
Si llegara a sus puertas una contienda presidencial con mínimas diferencias en el conteo, la Corte Suprema tendrá que lidiar con la difícil tarea de convencer a un público altamente polarizado de que su decisión se basó en el derecho y no en la política. El escrito de disidencia del magistrado John Stevens en el fallo Bush v. Gore sigue siendo profético: “Aunque es posible que nunca sepamos a ciencia cierta la identidad del ganador de la elección presidencial de este año, la identidad del perdedor es perfectamente clara. Es la confianza de la nación en el juez como un guardián imparcial de del estado de derecho.”
Veinticinco años después, esa advertencia resuena.
Traducción de Laura Gómez
