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- La ciudadanía simplemente se siente defraudada, económicamente desconcertada y descontenta con el gobierno que debería atendernos.
- Lo que importará más no es a lo que nos enfrentamos, sino lo que defendemos. Por eso, se necesita una agenda de reformas nuevas y audaces.
La confianza en el gobierno se ha derrumbado a un mínimo histórico, una tendencia que comenzó mucho antes de Donald Trump. Según la firma Pew Research, solo el 17 por ciento de las personas estadounidenses confía en que el gobierno federal hará lo correcto siempre o casi siempre.
Las elecciones de 2024 fueron las primeras desde el siglo XIX en las que el partido político gobernante perdió la Casa Blanca tres veces seguidas. Hay una profunda intranquilidad. La ciudadanía simplemente se siente defraudada, económicamente desconcertada y descontenta con el gobierno que debería atendernos.
Los políticos populistas y nacionalistas se han aprovechado de esta indignación. Quienes queremos una democracia estable y multirracial debemos responder con la misma audacia. Lo que importará más no es a lo que nos enfrentamos, sino lo que defendemos. Por eso, se necesita una agenda de reformas nuevas y audaces.
Cuando la Constitución y el estado de derecho están en peligro, ¿será realmente el momento de pensar en el futuro? Cuando los bárbaros nos golpean a la puerta, ¿será hora de ocuparnos del planeamiento urbano? Yo creo que la respuesta es un enfático sí. Señalar un futuro mejor es parte esencial de la resistencia al nihilismo y los abusos. Las crisis pueden generar innovación. Tal como lo dijo Lincoln, es ahora cuando debemos “renovar el pensamiento”.
Por eso, el Brennan Center está lanzando una serie de iniciativas políticas destinadas a mejorar la rendición de cuentas de nuestros líderes y la capacidad de respuesta de nuestro gobierno.
Comenzamos hoy con “Nueve soluciones para enfrentar la corrupción política”. Hace años, la política en Estados Unidos estuvo marcada por los sobornos y el beneficio personal (pensemos en la sociedad Tammany Hall a comienzos del siglo XIX). Luego, estuvo dominada por la corrupción sistémica del sistema de financiación de campañas políticas.
Ahora, todo eso ha vuelto a surgir con mucha más fuerza. Estamos enfrentando una mezcla de riqueza privada y poder público no vista desde la Edad Dorada, o quizá nunca antes vista. Todo eso refuerza la sensación de que la política atiende a los intereses de una élite, en vez de resolver los problemas que le importan a la gente en su vida diaria.
Por eso, esta nueva agenda política incluye grandes cambios en el rol del dinero en la política. Urgimos a la aprobación de una enmienda constitucional para desandar el medio siglo de dictámenes desacertados de la Corte Suprema, como el del caso Citizens United, que ha destrozado el sistema de financiación de campañas políticas.
Proponemos una nueva ley para poner freno a las contribuciones de campaña que provienen de las compañías contratistas del gobierno federal. Presentamos propuestas para acabar con los fondos anónimos de financiación en las elecciones que no divulgan la identidad de sus donantes, e implementar un sistema de financiación pública mediante pequeñas donaciones para que las personas candidatas puedan presentarse a elecciones sin tener que depender de grandes donantes.
Nada de todo esto está fuera de las posibilidades. La Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act), que habría prohibido las contribuciones anónimas en las elecciones, estuvo desesperadamente a punto de ser aprobada en 2022.
Washington D.C. también ha visto el regreso de formas antiguas de corrupción, exorbitantes ganancias personales, sobornos y abusos. Según la revista Forbes, el patrimonio neto del presidente Trump se ha incrementado unos $3 mil millones desde que volvió a la presidencia.
Sus enredos financieros podrían ser legales, porque el presidente —al igual que los miembros del Congreso y la Corte Suprema— está exento de cumplir las reglas de ética que rigen sobre la mayoría de los otros funcionarios del gobierno federal. Este vacío patente en las leyes le permite a Trump beneficiarse de la presidencia. Esto debe solucionarse.
Nuestra nueva agenda plantea ideas para reformar drásticamente las leyes de ética. El presidente debe estar obligado a desprenderse de sus activos. Los miembros del Congreso no pueden comprar y vender acciones en la bolsa de valores. Los magistrados de la Corte Suprema deben cumplir con un código de ética obligatorio. Y debemos establecer una agencia de ética gubernamental nueva, independiente y encargada de hacer cumplir las reglas de ética. Nadie es tan sabio como para ser el juez en su propio juicio.
Además, planteamos otro enorme cambio constitucional que consideramos razonable. El poder ilimitado de conceder indultos es un poder que proviene de la época del rey Jorge III. No nos equivoquemos: debe haber lugar para la compasión en un sistema federal de justicia penal que suele ser injusto y racialmente discriminatorio. Pero, en los últimos años, el poder presidencial desenfrenado de conceder indultos se ha convertido en una máquina de corrupción.
Ya era bastante grave que el presidente Biden indultara a su hijo. Ahora Trump ha indultado a donantes de su campaña, a los insurrectos del 6 de enero... básicamente a todo delincuente de guante blanco que conoce. Todo eso, combinado con la decisión de la Corte Suprema de otorgarle al presidente una amplia inmunidad de procesamiento, genera infinitas oportunidades para el abuso.
Por lo tanto, debemos enmendar la Constitución para quitarle al presidente el poder ilimitado de conceder indultos. Creo que la mejor respuesta sería estructural, crear una junta de indultos que evalúe los indultos o darle al Congreso esa responsabilidad. Pero algo drástico hay que hacer
En los meses siguientes, propondremos formas de fortalecer el voto y la representación. Abordaremos cuestiones sobre la Corte Suprema. Detallaremos estrategias para poner freno a los abusos del poder ejecutivo. Analizaremos los modos en que podemos devolverle el rol correspondiente al Congreso dentro de nuestro sistema. Y propondremos cambios en la Constitución.
Hoy en día, el mayor riesgo no es la exageración, sino que terminemos quedándonos cortos. En la larga historia de nuestro país, al escándalo le ha seguido la reforma, a menudo, pero no siempre. Ocurrió después de la Edad Dorada, con los profundos cambios que caracterizaron la Era Progresiva. Ocurrió también luego del escándalo Watergate, cuando se promulgaron muchas leyes, desde las nuevas reglas de financiación de campañas políticas hasta las restricciones sobre los poderes de guerra del presidente.
Esas primeras épocas tuvieron varias cosas en común. La ciudadanía veía la conexión entre la decadencia política y el desorden económico. La respuesta surgió de todos los niveles de gobierno y, por lo general, de los dos partidos políticos. Los medios de comunicación de aquel entonces cumplieron un rol importante (lo cual sería complicado hoy en día). Y fue una ciudadanía activa la que presionó para que la clase política en el poder pusiera manos a la obra.
Si hacemos nuestra parte, podemos hacer de este difícil momento el comienzo de una nueva era de renovación para nuestro país.
Traducción de Ana Lis Salotti
