¿Qué es la corrupción política y qué podemos hacer al respecto?

• A pesar de sus usos frecuentes y variados, el término “corrupción política” tiene una definición ampliamente aceptada: es el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados.
• La administración Trump ha adoptado una postura radical y desenfrenada sobre el poder ejecutivo y, al mismo tiempo, está desmantelando deliberadamente las entidades de control y los mecanismos de cumplimiento anticorrupción.

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Una corrupción política en aumento pone de manifiesto la necesidad de adoptar reformas estructurales para fortalecer las instituciones federales y poner un freno a las conductas que perjudican a las personas ciudadanas en los Estados Unidos.

Varias decisiones dañinas de la Corte Suprema, la erosión de las normas y el descaro cada vez peor de los funcionarios públicos han creado este momento. Pero el público y el Congreso pueden tomar medidas inmediatas para frenar la corrupción política y, a la larga, impulsar reformas fundamentales que le devuelvan el poder democrático al pueblo estadounidense.

La palabra “corrupción” se suele utilizar para describir un comportamiento determinado de la clase política, pero casi nunca se define. En el discurso político, la palabra a veces se usa en términos amplios para referirse a cualquier conducta que se considere disfuncional o perjudicial al interés público por otros motivos. Al mismo tiempo, la Corte Suprema ha delimitado considerablemente la definición jurídica del término “corrupción”, porque ha restringido el alcance las leyes penales anticorrupción y la capacidad de quienes elaboran políticas de regular el rol del dinero en la política.

A pesar de sus usos frecuentes y variados, el término “corrupción política” tiene una definición ampliamente aceptada: es el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados. Cabe resaltar que, si bien los “beneficios privados” incluyen no solo beneficios económicos como dinero y bienes materiales, sino también otras ventajas injustas, este análisis se centra principalmente en los ejemplos de enriquecimiento económico.

Cuando las personas que ocupan cargos públicos toman decisiones motivadas por el dinero u otras formas de beneficios privados indebidos, ello afecta las políticas y perjudica al público. Aspectos como la educación pública, la atención de salud, la infraestructura y la seguridad pública salen desfavorecidos cuando se desvían fondos públicos y disminuye la calidad de los servicios gubernamentales.

Estados Unidos ha tenido corrupción y ha sufrido sus resultados en muchas ocasiones durante su historia. Por ejemplo, en la Edad Dorada a fines del siglo XIX, la clase política recibía con frecuencia sobornos de muchas corporaciones en negocios que, a la larga, permitieron que los más ricos —los grandes empresarios de esa época llamados “barones ladrones” y los conglomerados industriales— evadieran regulaciones y devoraran los recursos públicos bajo términos que les favorecían. Mientras tanto, la clase trabajadora, por lo general, soportaba largas jornadas, hacía trabajos peligrosos y recibía míseros sueldos con muy pocas protecciones legales. También era común ver viviendas superpobladas, malas condiciones de saneamiento y contaminación de alimentos.

Además, la corrupción ha desempeñado un rol preponderante en diferentes crisis financieras. La falta de regulación propiciada por los grandes magnates de la Edad Dorada facilitó el fraude y la especulación, lo cual provocó crisis bancarias y bursátiles que le costaron al público los ahorros de toda su vida.

Un siglo después, la desregulación fomentada por el sector bancario y la clase política a la que respaldaba produjo la crisis de ahorros y préstamos de los años 80, un colapso bancario que les costó a los contribuyentes más de $130 mil millones de dólares.

Pero, incluso después de ese escándalo, el Congreso y las agencias reguladoras sucumbieron a la presión de los lobistas y donantes de campaña del sector bancario para que revocaran leyes que buscaban garantizar la estabilidad de los mercados, evitaran la regulación de nuevos productos financieros arriesgados y debilitaran las agencias de control. Estos esfuerzos prepararon el camino para la crisis de hipotecas de alto riesgo, o subprime, que provocó el colapso económico más grande desde la Gran Depresión.

Más allá de las pérdidas tangibles, la corrupción erosiona la confianza del público en el gobierno. Cuando la gente siente que el sistema está siendo manipulado en su contra, muchas personas se desvinculan de la vida pública y eligen no votar, lo cual vuelve al gobierno menos representativo e incluso menos receptivo a las necesidades del pueblo.

La confianza del público en el gobierno cayó estrepitosamente en la década de los 70, después de que el escándalo Watergate expuso los abusos de poder en la Casa Blanca durante la presidencia de Nixon, y nunca se ha recuperado por completo. Hoy en día, muchas personas que no votan siguen diciendo que no van a votar porque no confían en el gobierno.

Los comportamientos que vemos en la actualidad reflejan y profundizan la erosión generalizada de las normas que ha contaminado a todas las ramas del gobierno federal. Si bien la corrupción ha crecido y disminuido desde la fundación de los Estados Unidos, los peores abusos del pasado —los sobornos desenfrenados que potenciaron la Edad Dorada y el escándalo de Teapot Dome en los años 20, que mandó a la cárcel al entonces secretario del Interior— consistieron en instancias de enriquecimiento personal individual.

Las posteriores reformas disminuyeron en gran medida este tipo de corrupción al mejorar la administración pública, aumentar la transparencia del gobierno e imponer nuevas reglas de ética y anticorrupción. Sin embargo, a partir de la mitad del siglo XX, comenzaron a surgir formas más estructurales de corrupción, impulsadas por un rol cada vez más preponderante del dinero en la política.

Los intentos de frenar este nuevo tipo de corrupción han sido mucho menos exitosos, debido, en parte, a la interferencia de la Corte Suprema. Ahora, con las condiciones propicias para el abuso, la corrupción personal vuelve a estar en aumento.

Tanto las administraciones demócratas como las republicanas han tenido su cuota de escándalos de corrupción en las últimas décadas. El presidente Bill Clinton fue criticado por haber recompensado a grandes donantes de campaña con invitaciones a pasar la noche en la Casa Blanca y por una serie de indultos controversiales al final de su mandato.

La administración de George W. Bush también enfrentó alegaciones de amiguismo en torno a los contratos con Haliburton durante la Guerra de Irak, entre otros escándalos. Y el presidente Joe Biden recibió críticas por los negocios de su hijo cuando este último utilizó el cargo de vicepresidente de su padre para sacar ventaja, y también por su decisión de emitir indultos preventivos para miembros de su familia, en incumplimiento de las normas, antes de terminar su presidencia.

Sin embargo, el presidente Trump ha intensificado y normalizado una mezcla extrema de dinero, poder y conflictos de intereses con su estilo inconfundiblemente transaccional y personalista de gobernar, ya que ha fusionado su identidad política con sus intereses empresariales personales.

Trump destrozó las normas durante su primer mandato cuando se negó a desprenderse de sus hoteles y otros negocios, lo cual produjo numerosos conflictos de intereses cuando gobiernos extranjeros y lobistas trataban de ganar el favor de la administración gastando generosas sumas en las propiedades de Trump. Tal como lo demuestran los siguientes ejemplos, sus acciones han sido más graves durante su segundo mandato.

Durante la mayor parte de la historia moderna de la política estadounidense, en especial desde el dictamen de la Corte Suprema en el caso Citizens United v. Federal Election Commission en 2010, se ha vuelto frecuente que los líderes políticos de los dos partidos les den a sus grandes donantes acceso e influencia, a cambio de enormes contribuciones a sus campañas políticas.

Esta práctica puede traducirse en la adopción de políticas favorables para los donantes que persisten en el tiempo, a pesar de ser criticadas por el público, tal como el vacío legal sobre la participación en las ganancias de los fondos de inversión que le ahorra a Wall Street miles de millones de dólares en impuestos cada año. Además, otros presidentes, por lo general, han recompensado a sus donantes con cargos simbólicos o ceremoniales en la administración pública, en especial cargos en embajadas de sitios deseables.

El presidente Trump ha llevado la influencia de los donantes a niveles sin precedentes. Trump presionó abiertamente a ejecutivos de la industria petrolera para donar mil millones de dólares a su campaña de reelección con la promesa de eliminar regulaciones ambientalistas y echar atrás las iniciativas de energías limpias de la administración Biden.

También creó la administración más rica de la historia, ya que nombró a una cantidad nunca antes vista de donantes multimillonarios para ocupar cargos clave en su gabinete y en organismos donde dirigen la elaboración de políticas, posiblemente sobre cuestiones que afectan sus propios intereses económicos.

Tan solo Elon Musk gastó casi $300 millones para ayudar a Trump a ganar las elecciones de 2024 y, durante un tiempo, se convirtió en uno de los asesores más cercanos al presidente, cuando la administración llevó a cabo una serie de medidas que beneficiaron a las compañías de Musk.

Además, a diferencia de otros políticos que organizan costosos eventos privados de recaudación de fondos, Trump está usando sus eventos para sacar ventaja personal, en lugar de recaudar dinero para una campaña. Desde las elecciones de 2024, Trump ha vendido acceso en cenas donde el plato costaba $1 millón de dólares en su mansión de Mar-a-Lago, reuniones privadas con líderes empresariales por $5 millones y una cena privada con las 220 personas que más gastaron comprando la criptomoneda de Trump, lo cual le generó casi $400 millones en total.

También es notoria la cantidad de donantes que, desde entonces, ha recibido importantes beneficios, como indultos y medidas de aplicación favorables emitidas por agencias regulatorias como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

Trump está fusionando los poderes de la presidencia con sus empresas y finanzas personales en magnitudes nunca antes vistas, por ejemplo, al promover la empresa de criptomonedas de su familia y firmar extraordinarios acuerdos inmobiliarios internacionales. Trump logró seguir vinculado a su imperio corporativo luego de negarse a colocar sus activos en un fideicomiso ciego, una precaución que han tomado todos los presidentes desde la década de los 70, menos Trump, para preservar la confianza del público y evitar hasta la apariencia de corrupción.

Hay otros ejemplos además de los negocios de Trump Organization. Trump ha aceptado al menos un opulento regalo de un gobierno extranjero: un avión de lujo de parte de Qatar valuado en $400 millones que, según se supo, se transferirá a la biblioteca del presidente cuando termine su mandato.

También hay otros funcionarios de la administración que salen beneficiados, dada su lista de conflictos extraordinariamente larga y la falta de disuasión real por el débil cumplimiento de las normas y la eliminación de las salvaguardas existentes contra la corrupción. Por ejemplo, el enviado especial de Trump en el Medio Oriente, Steve Witkoff, está negociando acuerdos en representación de la administración, junto con sus muchos intereses empresariales personales en la región. Otros como el secretario de Comercio Howard Lutnick, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y el administrador de Medicare y Medicaid Mehmet Oz están manejando temas que podrían beneficiar sus propias inversiones o las de sus familias.

Pero el enriquecimiento personal no es un problema exclusivo de la rama ejecutiva. Congresistas siguen beneficiándose de la información privilegiada que tienen para comprar o vender acciones, debido al débil cumplimiento de las reglas existentes, y se niegan a aprobar reformas populares, como una ley propuesta que les prohibiría por completo invertir en acciones.

Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema aceptan regalos extravagantes, por ejemplo, de personas implicadas en casos considerados por la Corte. Esto ocurre casi sin transparencia y ninguna rendición de cuentas, ya que los magistrados no se rigen por un código de ética vinculante.

Coerción y estafas

Trump también ha hecho un uso agresivo de sus demandas judiciales personales para obtener pagos de las compañías que le provocan ira, algo que ningún otro presidente ha hecho en la historia moderna de los Estados Unidos. ABC, Meta y Paramount, por ejemplo, han acordado pagar decenas de millones de dólares cada una al fondo de la biblioteca presidencial de Trump para resolver las alegaciones de Trump en su contra.

Si bien los expertos han desestimado estas alegaciones por carecer de mérito, los ejecutivos corporativos parecieron preferir negociar acuerdos con Trump para seguir cayéndole en gracia, en lugar de darle batalla en los tribunales. En el caso de Paramount, esta decisión surgió cuando la compañía solicitaba la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) por una fusión posiblemente lucrativa con Skydance Media.

Los motivos que crearon este momento

Varios factores clave han preparado el terreno para llegar a este momento, entre ellos, distintas decisiones perjudiciales de la Corte Suprema, el cinismo en el discurso público y la hostilidad que la administración Trump demuestra por el sistema de frenos y contrapesos.

Decisiones de la Corte Suprema que permiten que reine la corrupción

Durante décadas, la Corte Suprema ha deteriorado las regulaciones sobre el financiamiento de campañas políticas y restringido la definición legal de cómo la influencia del dinero puede considerarse corrupción. Estas decisiones, comenzando por el caso Buckley v. Valeo en 1976 y terminando con el caso Citizens United, entre otras, han provocado una explosión de donaciones políticas.

Esta inundación de dinero proviene, en particular, de supercomités de acción política, o súper-PAC, que pueden recaudar y gastar sumas ilimitadas de dinero. Ello ha permitido que donantes ultrarricos dominen la política de modos que eran ilegales antes del caso Citizens United y serían inaceptables en otros países.

En otra serie de casos, la Corte debilitó las leyes penales federales anticorrupción aceptando tácitamente que la corrupción es un aspecto inevitable de la política. La Corte también eliminó varios de los controles sobre el poder presidencial, inclusive las reglas para despedir a funcionarios de la rama ejecutiva y la capacidad de las fiscalías de hacer que el presidente rinda cuentas por comportamientos indebidos mientras ocupa su cargo.

Al recortar una enorme cantidad de comportamientos por los que antes se debía rendir cuentas, al restringir el alcance de lo que se considera corrupción y al reducir gravemente las herramientas disponibles para frenarla, estas decisiones crean un entorno que incentiva los comportamientos indebidos en la administración pública.

Una perspectiva cínica sobre la corrupción

Durante años, actores partidistas se han aprovechado del panorama legal que creó la Corte Suprema, han empujado los límites de lo que se considera una conducta aceptable y han diluido el discurso público en torno a la corrupción. El auge de una política despiadada de ganar a toda costa de fines de los años 80 hizo que las acusaciones de corrupción se vuelvan ataques partidistas.

La práctica de señalar como corrupto cualquier cosa que haga el otro partido ha contribuido al cinismo público sobre el sistema político y le ha robado significado al término. Lo mismo ha pasado con la cobertura de las elecciones por parte de los medios de comunicación como si fueran una carrera de caballos y su usual costumbre de mostrar un falso equilibrio.

Si bien no es el único con comportamientos que transgreden las normas, el presidente Trump ha acelerado estas tendencias con su estilo abiertamente transaccional de ejercer el poder. Hizo campaña prometiendo recompensar a amigos y castigar a enemigos y ahora hace alarde de sus favores o desfavores y sus consecuencias. Este descaro altera las percepciones de qué comportamientos se consideran corruptos, lo cual refuerza la creencia del público de que la corrupción es una parte normal de la política en los Estados Unidos y crea un precedente de mala conducta para el futuro.

Eliminación de las salvaguardas contra la corrupción

La administración Trump ha adoptado una postura radical y desenfrenada sobre el poder ejecutivo y, al mismo tiempo, está desmantelando deliberadamente las entidades de control y los mecanismos de cumplimiento anticorrupción. Por ejemplo, la administración:

• destituyó al director de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE, por sus siglas en inglés);
• destituyó o bajó de categoría a por lo menos 20 inspectores generales de agencias gubernamentales;
• redujo drásticamente el personal de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), que procesa a funcionarios públicos acusados de corrupción;
• desbandó al equipo del FBI que investiga la conducta indebida en el Congreso y el fraude en las agencias federales;
• debilitó la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act), que obliga a las compañías a informar sobre la identidad de sus “propietarios efectivos” al gobierno, ya que ha disminuido la transparencia y protege a donantes que usan empresas nacionales fantasma para ocultar sus identidades o realizar contribuciones políticas ilegales;
• desbandó al Grupo de Tareas sobre Influencia Extranjera del DOJ;
• restringió el procesamiento penal de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act) y la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (Foreign Corrupt Practices Act);
• amplió significativamente el uso de los indultos para beneficiar a aliados políticos y menoscabar sus condenas por corrupción.

Cómo frenar la corrupción

La historia en los Estados Unidos ha demostrado que la reacción del público puede provocar reformas importantes. En uno de los casos más recientes, la indignación del público por el rescate al sector bancario después de la crisis financiera de 2008 se tradujo en la adopción de nuevas salvaguardas para proteger la estabilidad económica.

Después del escándalo Watergate que dio lugar a la renuncia del presidente Richard Nixon, la subsiguiente inundación de llamadas y cartas del electorado obligó al Congreso a aprobar históricas leyes de reforma ética y financiamiento de campañas diseñadas para aumentar la transparencia y restringir la influencia del dinero en la política.

Y durante la Edad Dorada, la cólera del público generó manifestaciones masivas y grandes movimientos políticos, que se tradujeron en una ola de reformas de la Era Progresiva que mejoraron las condiciones de vida, disolvieron monopolios y le pusieron un freno a la influencia de las corporaciones en las elecciones.

Al negarse a aceptar la corrupción como un componente inevitable de la política y exigir una correcta rendición de cuentas —a través de denuncias de corrupción, denuncias de irregularidades por parte del personal y la presión política— las personas ciudadanas pueden generar cambios reales.

La creciente amenaza presentada por la concentración de riqueza y poder que domina nuestro sistema político exige una fuerte respuesta y la aplicación de reformas de sentido común. En el corto plazo, el Congreso debe restituir el sistema de frenos y contrapesos y las salvaguardas contra la corrupción que la actual administración ha desmantelado, y ampliar las reformas federales en materia de ética para cerrar los vacíos legales que exceptúan al presidente y a otros altos funcionarios de cumplir hasta las normas más básicas sobre conflictos de intereses.

También debe reformar las reglas sobre la financiación de campañas políticas para contrarrestar los peores efectos de las decisiones erradas de la Corte Suprema y ofrecerles a las personas candidatas una forma viable de financiar sus campañas sin tener que depender de donantes ultrarricos.

El sistema también necesita cambios a un nivel más fundamental. La normalización de la corrupción en la política de los Estados Unidos ha erosionado las bases de la gobernanza democrática. Como respuesta, el país necesita una agenda de reforma audaz que le devuelva el poder al pueblo estadounidense y recupere la confianza y la integridad del gobierno.

Ello implica revitalizar la capacidad del Congreso como la primera rama de gobierno de los Estados Unidos para contener a un poder ejecutivo que se ha salido de control y reformar a un poder judicial que está cada vez más desconectado de la realidad del pueblo.

Para cumplir con esta visión, el público debe hacer que sus líderes electos rindan cuentas y exigir que estas reformas se conviertan, de ahora en más, en una prioridad de gobierno.

Traducción de Ana Lis Salotti.