- Aunque han ocurrido escándalos en administraciones pasadas, destacan la escala y el descaro de los indultos politizados y otros tratos jurídicos favorables bajo esta segunda presidencia de Trump —y parece ser probable que empeoren.
- Una reforma que incluya nuevos estándares éticos, límites a la influencia de grandes donantes políticos, y más transparencia, nunca ha sido tan urgente.
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El patrón de la administración Trump de recompensar a sus donantes políticos adinerados con indultos y otros tratos benévolos genera urgentes cuestionamientos sobre la corrupción política. El abuso de un cargo público para obtener una ganancia propia erosiona la confianza del público en las instituciones del gobierno y puede perjudicar directamente a personas inocentes.
Una reforma —por medio de estándares éticos más sólidos, límites a la influencia que tienen grandes donantes políticos y más transparencia (inclusive en el proceso de indulto)— es necesaria de manera urgente para garantizar que las decisiones de gobierno se tomen en función del interés público, no por ganancia propia.
El diciembre pasado, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) demandó al operador de pagos electrónicos Zelle y a tres de los bancos más grandes del país por no proteger a los consumidores del desenfrenado fraude en la plataforma que significó pérdidas de más de $870 millones.
Según el despacho, Bank of America, Wells Fargo y JPMorgan Chase abandonaron a los consumidores a su propia suerte para lidiar con el fraude, no investigaron las quejas recibidas ni entregaron reembolsos. Incluso les dijeron a algunos clientes que contactaran directamente a los estafadores para recuperar su dinero. Para ese entonces, Bank of America donó $500,000 al comité inaugural de Donald Trump. JPMorgan Chase contribuyó con $1,033,057. La Coalición de Pagos Electrónicos —que cuenta con la membresía de los tres bancos— donó $1 millón. A principios de marzo, no sólo se desistió de la demanda, también se ordenó el cierre total de la CFPB.
Este ejemplo es consistente con el patrón más generalizado de donantes a favor de Trump que reciben resultados jurídicos favorables luego de hacer contribuciones. Consideremos los casos de dos ejecutivos de corporaciones: Paul Walczak y Trevor Milton. Walczak fue condenado por desfalcar más de $10 millones de los impuestos de nómina descontados a sus empleados. Milton fue hallado culpable de fraude de valores y electrónico por engañar a inversionistas poco experimentados, muchos de los cuales eran personas comunes que empezaron a invertir luego de la pandemia del COVID-19 para lograr llegar a fin de mes.
Ambos recibieron un indulto luego de que Trump recibió contribuciones realizadas a nombre de ellos. La madre de Walczak atendió un evento de recaudo de fondos en Mar-a-Lago donde cada entrada costaba $1 millón. La solicitud de indulto de Walczak recalcó esta donación. Milton donó $920,000 al Comité Trump 47 en octubre pasado. El indulto de Milton lo libera de tener que pagar $661 millones en restitución que debía a los inversionistas que defraudó, muchos de los cuales perdieron sus ahorros de jubilación o el dinero de préstamos que sacaron para invertir en su compañía.
Trump dista mucho de ser el primer presidente en otorgar resultados jurídicos favorables a sus donantes después de recibir contribuciones. El presidente Bill Clinton notoriamente indultó a Marc Rich, un trader de materias primas y fugitivo, quien fue acusado de 65 cargos penales, incluyendo fraude tributario y hacer negocios con Irán mientras esta nación tenía secuestrados a estadounidenses. Rich fue indultado poco después de que su exesposa donó $450,000 a la biblioteca presidencial de Clinton.
La administración de George W. Bush también tuvo un escándalo similar cuando Bush indultó al condenado defraudador Isaac Toussie en 2008, aunque Bush luego revirtió el indulto luego de rechazos públicos, diciendo que no sabía que el padre de Toussie había donado a políticos republicanos y que su indulto “aparentaba ser una conducta impropia”. Más recientemente, el expresidente Joe Biden recibió críticas públicas generalizadas por indultar a su propio hijo, Hunter —quien no fue un donante a la campaña, pero cuya relación personal con su padre influyó claramente en la decisión del presidente.
Aunque han ocurrido escándalos en administraciones pasadas, destacan la escala y el descaro de los indultos politizados y otros tratos jurídicos favorables bajo esta segunda presidencia de Trump —y parece ser probable que empeoren.
Un factor notable que impulsa esta tendencia es la aceptación por parte de la administración de las criptomonedas, una industria llena de escándalos, fraude y abuso. Cuatro grandes protagonistas de la industria —Robinhood Markets, Coinbase, Ripple y Kraken— han donado cada uno desde $1 millón a $5 millones al fondo inaugural de Trump.
En los primeros meses de la administración Trump, casos en contra de estas compañías en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) fueron desestimados, librándolas de la rendición de cuentas por alegadas malas prácticas comerciales, como vender valores sin registro y proveer servicios financieros regulatorios sin la aprobación de la SEC.
También está el tema del propio negocio de criptomonedas de Trump. Los negocios conocidos como World Liberty Financial (WLF) y el memecoin$TRUMP representan unos de los más obvios conflictos de interés jamás asociados a un presidente en función o expresidente, ya que individuos y entidades con negocios ante el gobierno de los Estados Unidos pueden gastar dinero directamente en el negocio familiar del presidente. En mayo, Trump hizo sonar las alarmas cuando sostuvo una gala privada para los mayores titulares de su memecoin.
Una de las personas que atendió la gala fue el multimillonario chino Justin Sun. En 2023, la SEC presentó cargos civiles por fraude contra Sun, alegando la venta sin registro de valores cripto, manipulación de mercado y prácticas engañosas, como pagarles a los famosos para promover tokens sin divulgar que estaban siendo compensadas por ello.
En enero, Sun compró $75 millones en $TRUMP con el 75 % de las ganancias (o sea, $56.25 millones) beneficiando directamente a la familia Trump. Al mes siguiente, documentos de un tribunal demostraron que la SEC había acordado pausar el caso mientras participaban en charlas con Sun para resolver los alegatos.
En julio, Sun anunció su intención de comprar $100 millones más de $TRUMP. Recientemente, Sun se quejó en redes de que su moneda $WLFI (una moneda diferente vendida por World Liberty Financial) había sido “congelada sin razón”, pero luego anunció que compraría aún más tokens de $WLFI. Su caso aún está pendiente, pero no hay indicios de que la SEC lo esté investigando activamente.
Estos ejemplos dan la impresión de un favoritismo jurídico a los donantes y otros benefactores. Además, llegan durante una época marcada por la baja confianza en el gobierno estadounidense. En 2024, investigaciones de Pew revelaron que la confianza en el gobierno federal había disminuido consistentemente en los últimos 60 años, de 77 % a 22 %. NORC, un centro de investigación no partidista de la Universidad de Chicago, reveló que 7 de cada 10 estadounidenses creen que las corporaciones y los más ricos controlan el gobierno y que los políticos solo están en la política para su beneficio propio.
Repartir indultos y favores jurídicos a donantes hace menos clara la división entre el deber público y la ganancia privada. Además, probablemente va a erosionar aún más la confianza del pueblo estadounidense en el gobierno. Una reforma que incluya nuevos estándares éticos, límites a la influencia de grandes donantes políticos, y más transparencia, nunca ha sido tan urgente.
Traducción de Laura Gómez
