Actos del gobierno que podrían beneficiar a donantes y aliados
La nueva administración no carece de herramientas a su disposición para distribuir beneficios financieros caídos del cielo a los favorecidos. Uno de los vehículos principales son los contratos federales, los aranceles, las decisiones regulatorias y los impuestos y subsidios. Otras maneras menos convencionales, que también pueden emerger, incluyen negociaciones sobre el presupuesto del gobierno y el límite de la deuda, las investigaciones y decisiones penales y el uso de los indultos. En muchos casos, la administración podrá seleccionar a individuos o compañías específicas para recibir estos beneficios.
Contratos federales
Las decisiones sobre contratación del gobierno son quizás la vía más directa a través de la cual la administración puede recompensar a sus donantes, y los salvaguardas para prevenir abusos son escasos.
Aunque las reglas en la adjudicación de los contratos por lo general requieren ofertas competitivas y otras salvaguardas procesales, los presidentes tienen un control significativo sobre cómo se estructuran los contratos, inclusive la habilidad de imponer condiciones para avanzar en objetivos políticos específicos, como los requisitos de “comprar lo estadounidense” que Trump impuso en su primer mandato.
El presidente Trump prometió en su discurso de posesión llenar las reservas estratégicas de petróleo “al tope”, lo cual podría significar más de $20 mil millones en ganancias para los vendedores de petróleo.
Trump también prometió impulsar las exportaciones de gas y aumentar las extracciones en tierras federales. Además, firmó una orden ejecutiva en su primer día de mandato para disponer de grandes extensiones de tierras y aguas federales para las extracciones petroleras.
Trump cortejó agresivamente a ejecutivos petroleros durante su campaña.
Otras industrias a las cuales hay que prestarle atención incluyen defensa, tecnología y construcción, las cuales están en fila para obtener grandes contratos si la administración se enfoca en la seguridad fronteriza e infraestructura de IA.
Aranceles
Amenazar con imponer aranceles parece ser una de las tácticas de negociación favoritas del presidente.
Las tarifas pueden ser un vehículo especialmente potente para los favores políticos porque el presidente tiene autoridad sustancial para imponerlas —o para conceder excepciones— sin involucrar al Congreso. El presidente puede imponer políticas tarifarias para ayudar o perjudicar a compañías o industrias específicas al atacar a sectores o países específicos. Y decisiones sobre excepciones le permiten a la administración excluir a compañías particulares con precisión quirúrgica.
Regulaciones
La familia Trump continúa invirtiendo en la tenencia de valores de criptomonedas, incluso a través de su plataforma de operaciones bursátiles World Liberty Financial, y los memecoin $TRUMP y $MELANIA. Además, Cantor Fitzgerald, el fondo de cobertura que por muchos años ha administrado el nuevo secretario de comercio Howard Lutnick, supuestamente tiene una participación de $600 millones en la firma de criptomonedas Tether.
A pesar de su posible conflicto de interés, Lutnick, quien donó casi $11 millones a los súper-PACs de Trump, desempeñará un papel central en la formulación de regulaciones federales de criptomonedas. Eso podría incluir la desregulación e instar a la Administración a adoptar políticas públicas de implementación y cumplimiento menos estrictas.
También podría significar avanzar en la propuesta de Trump de crear una reserva estratégica de bitcoins y trabajar con el nuevo Congreso en una nueva legislación que formalice un marco regulatorio favorable para proteger a las monedas digitales de las leyes sobre el mercado de valores tradicional. Anticipando estos cambios regulatorios, los precios de las criptomonedasse han disparado desde las elecciones.
Medidas regulatorias como estas le dan a la administración Trump lo que es tal vez el camino más amplio para repartir favores políticos. Al aprobar nuevas regulaciones, eliminar algunas existentes o implementarlas selectivamente, la administración Trump tiene un inmenso poder para moldear la fortuna empresarial en las economías de Estados Unidos y el mundo, incluyendo el sector de servicios financieros y las industrias de petróleo y gas.
Abundan otros ejemplos de cambios regulatorios que podrían ayudar a los aliados de Trump, incluido el amplio mandato del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para revisar las acciones de las agencias en todo el gobierno federal. Por ejemplo, DOGE despidió a empleados de la administración de Alimentos y Medicamentos que estaban revisando a la compañía de Musk de implantes cerebrales, Neuralink.
DOGE podría recomendar cambiar o eliminar las protecciones ambientales, las cuales Musk ha abiertamente criticado por frenar el desarrollo de SpaceX. Podría intentar socavar el programa de larga data de la Comisión Federal de Comunicaciones para financiar la expansión de servicios de banda ancha a zonas rurales, lo cual compite con Starlink, una compañía en servicios de internet por satélite de Musk.
O podría influir en el gasto de la administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la cual actualmente está investigando incidentes que involucran a la tecnología de conducción autónoma de Tesla. Decisiones sobre regulaciones favorables a lo largo de estas agencias podría significar enormes ganancias para las empresas de Musk.
Impuestos y subsidios
Los recortes fiscales de 2017 de Trump le ahorraron cientos de millones de dólares a sus simpatizantes más adinerados. Dueños de negocios como Hendricks y los Uihleins estuvieron entre los beneficiarios más grandes de las deducciones a las llamadas empresas de paso establecidas en la ley —una provisión que originalmente se promovió como un alivio para los pequeños negocios— permitiéndoles drásticamente reducir sus ingresos tributarios.
Extender las deducciones y el resto de los recortes fiscales de 2017, los cuales están programados para expirar a fines de este año, fue un eje central en la campaña de Trump.
Según reportes, prometió hacer permanentes los recortes durante galas para recaudar fondos en dónde recibió sumas muy altas de donantes como el magnate del petróleo Harold Hamm y la heredera de Johnson & Johnson, Woody Johnson.
Los recortes fiscales para los estadounidenses más ricos son un pilar de los gobiernos republicanos, pero la administración Trump también podría adelantar políticas fiscales más puntuales para beneficiar a empresas e industrias específicas representadas por los donantes más grandes de Trump.
Musk, por ejemplo, busca deshacerse de los créditos fiscales para individuos que compran vehículos electrónicos. Aunque estos créditos fueron cruciales para la supervivencia de una Tesla emergente, permitiéndole a la compañía vender vehículos electrónicos a un precio más alto y evitar la quiebra, ahora fomentan la competencia.
Trump priorizó eliminar los incentivos para vehículos eléctricos como una de sus primeras órdenes ejecutivas. La administración también podría incrementar los incentivos para las industrias de petróleo y gas, las cuales ya reciben aproximadamente $700 mil millones en apoyo financiero anualmente.
Además, podría eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital de las criptomonedas y ampliar las deducciones para las empresas manufactureras, como la depreciación adicional por inversiones de capital y los gastos de intereses.
La fuente principal de información sobre las nuevas exenciones fiscales serán las propuestas legislativas que avancen o las medidas que el Congreso apruebe, las cuales estarán disponibles para que el público las examine.
Investigaciones, acciones penales e indultos
Durante la campaña, Trump juró tomar represalias contra sus adversarios. Ahora en el poder, puede ordenar a las agencias iniciar investigaciones o procesos penales en contra de aquellos que lo enojen.
El Servicio de Impuestos Interno puede iniciar auditorias en contra de personas, compañías y organizaciones que critiquen a la administración. La Comisión Federal de Comercio puede obstruir negocios. Y la Comisión Federal de Comunicaciones puede amenazar con quitarles la licencia a compañías de comunicaciones que la administración percibe como no objetivas.
Otras acciones acentúan la estrategia cada vez más transaccional en procesos penales de la administración. El presidente firmó una orden ejecutiva pausando la implementación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, la cual prohíbe sobornar a funcionarios de un gobierno extranjero. Trump se justificó en parte diciendo que requerir a compañías estadunidenses cumplir las provisiones anti-corrupción afectaba sus negocios.
La administración también ordenó a fiscales federales desistir de los cargos por corrupción en contra del alcalde Eric Adams de Nueva York, basándose en parte en el aparente acuerdo con Adams de colaborar con prioridades federales de inmigración.
Estas decisiones sugieren que hay un potencial nivel sin precedentes de interferencia política en materia de procesamiento penal.
