Ocho soluciones para proteger el derecho al voto y mejorar la representación

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• Todos los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho a elecciones libres, justas y seguras.
• Necesitamos una representación plena en la gobernanza para que las políticas públicas logren atender las necesidades de todos.

Las instituciones públicas de los Estados Unidos necesitan urgentemente reparación y renovación. Las elecciones de 2024 marcaron la primera vez desde el siglo XIX que el partido en el poder perdía la presidencia por tercera vez consecutiva. La confianza de la ciudadanía en el gobierno ha caído a mínimos históricos. Es evidente que la ciudadanía se siente abandonada, económicamente desamparada e insatisfecha con el gobierno que está para servirles.

La crisis puede dar lugar a la innovación. Como insistió Lincoln, debemos “pensar de nuevas formas”. Lo que importará más no es aquello a lo que nos oponemos, sino aquello que defendemos.

Esta es la cuarta entrega de una serie sobre agendas políticas. El Brennan Center empezó con propuestas para combatir la corrupción y reformar la Corte Suprema, y pronto comenzará a presentar soluciones centradas en el poder ejecutivo. También propondremos ideas de reformas constitucionales, entre otras iniciativas.

Nuestras soluciones deben estar a la altura de la magnitud de los desafíos. Estas buscan abordar los problemas de hoy, no los de hace 10 años o de 1975. El proyecto de reforma debe involucrar a personas de ambos partidos, así como aquellas sin vínculo partidista. Las mejores ideas no son ni de izquierda, ni de derecha: recogen el deseo urgente de un sector central descontento.

A lo largo de la historia, las reformas suelen surgir tras los escándalos y las crisis, a menudo, aunque no siempre es así. Si actuamos, de los enfrentamientos actuales puede surgir una etapa de renovación y renacimiento democrático.

Michael Waldman

Presidente y CEO

Brennan Center

El voto es el corazón de la democracia y es la esencia del autogobierno. Todos los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho a elecciones libres, justas y seguras. Necesitamos una representación plena en la gobernanza para que las políticas públicas logren atender las necesidades de todos. Las elecciones deben ser modernas y libres de injerencias extranjeras. 

El sistema electoral estadounidense ha sido por mucho tiempo un referente para el mundo. Hace dos siglos y medio, la Declaración de Independencia afirmó que el gobierno sólo es legítimo cuando se basa en el “consentimiento de quienes son gobernados”. En aquel entonces, solo los hombres blancos propietarios de bienes podían votar. Desde entonces, los estadounidenses han ampliado el círculo de la democracia. En cada etapa, hubo resistencia. Pero con el tiempo, quienes lucharon por expandir y proteger el derecho al voto, en gran medida, lograron prevalecer.

Las elecciones en Estados Unidos han demostrado tener una notable resiliencia. En los últimos años, a pesar de la pandemia, las amenazas de violencia y la desinformación, el sistema resistió. Las últimas dos elecciones presidenciales registraron una participación electoral récord: 66 por ciento en 2020 (la cifra más alta desde 1908) y 64 por ciento en 2024. La ciudadanía estadounidense quiere votar.

Sin embargo, el sistema ha sido golpeado por un ataque político diseñado para restringir el voto y socavar la democracia. Las personas votantes enfrentan ataques no vistos desde hace medio siglo, provenientes de la Corte Suprema, el presidente y los estados.

La Corte Suprema de EE. UU. ha desmantelado efectivamente la Ley de Derecho al Voto. La sentencia en la causa Shelby County v. Holder, en 2013, eliminó una parte fundamental de la ley que ayudó a bloquear políticas y prácticas electorales discriminatorias. En 2021, Brnovich v. DNC hizo prácticamente imposible demandar ante la justicia dichas prácticas.

Desde entonces, la brecha de la participación entre votantes blancos y no blancos ha crecido rápidamente. Las legislaturas en más de la mitad de los estados han aprobado más de cien nuevas leyes restringiendo la votación y suprimiendo el voto.

La causa Louisiana v. Callais, a principios de año, hizo que fuese prácticamente imposible aplicar la prohibición de la Ley de Derecho al Voto contra la discriminación racial en la redistribución de los distritos electorales. Así, la ley quedó convertida en letra muerta.

 Al mismo tiempo, la manipulación de los distritos electorales ha empeorado. En 2025, el presidente Trump desató una oleada de manipulación partidista de los distritos electorales que empezó en Texas y pronto se extendió por todo el país. Luego, la sentencia Callais y otros fallos de la corte legitimaron la discriminación racial y condujeron a la eliminación de los distritos con mayorías de raza negra en todo el Sur.

Ambos partidos se encuentran ahora inmersos en un espiral de represalias con el visto bueno de la Corte Suprema. Estas guerras en el rediseño de los distritos electorales probablemente continuarán año tras año. Este nuevo statu quo limitará aún más la influencia de los votantes en las políticas públicas, anulará la competencia y agudizará la polarización en el Congreso.

Mientras tanto, actores malintencionados ––incluidos gobiernos extranjeros–– amenazan con comprometer la integridad de las elecciones. Agentes extranjeros intentaron activamente influir en las últimas elecciones en los Estados Unidos. En 2016, por ejemplo, agencias de inteligencia rusa hackearon la infraestructura de las juntas electorales (aunque no lograron acceder a los sistemas de la tabulación de votos). Es posible que enemigos extranjeros vuelvan a intentarlo este año. 

Y ahora, por primera vez, el propio gobierno federal está trabajando para socavar la confianza en las elecciones. La administración Trump ha intentado reescribir las normas electorales para imponerle trabas a las personas votantes y usurpar el control de los sistemas electorales.

Circulan en línea acusaciones de fraude infundadas, ahora con el respaldo de la Casa Blanca. Estas mentiras llevan a los estadounidenses a cuestionar la integridad electoral y sirven de pretexto a políticos cínicos que buscan sacar provecho de las políticas restrictivas en materia de voto. Desde 2020, los estados han aprobado más de 100 leyes que dificultan el ejercicio del voto.

El Congreso debe actuar. Puede responder al razonamiento jurídico basado en las premisas falsas de la Corte Suprema. Puede prevenir la manipulación de los distritos electorales a nivel nacional, tanto en los estados “rojos” como en los “azules”. Puede construir un sistema electoral moderno y participativo para un país cambiante y diverso.

Según la cláusula de elecciones de la Constitución, tanto los estados como el Congreso establecen las normas electorales. Los estados las administran. Los presidentes no juegan papel alguno en administrar las elecciones ni en formular las normas que las rigen.

Sin embargo, en repetidas ocasiones se ha comprobado que las leyes nacionales son necesarias para garantizar que los gobiernos estatales y municipales (y ahora el gobierno federal también) no vulneren los derechos de su propio pueblo. También han sido necesarias para reforzar la igualdad de oportunidades para la participación política en todo el país.

Reiteradamente el Congreso ha utilizado ese poder constitucional para aprobar leyes de alcance nacional. La Ley Nacional de Registro del Votante, promulgada en 1993, obligó a los gobiernos a ampliar las maneras en las que las personas pueden inscribirse para votar.

La Ley Ayude a Estados Unidos a Votar de 2002 financió nuevas tecnologías de votación tras el recuento electoral en Florida en el año 2000. La Ley de Reforma al Conteo Electoral de 2022 aclaró y fortaleció los procedimientos para certificar el ganador de las elecciones presidenciales. Y el Congreso está muy cerca de aprobar dos proyectos de ley que hubieran evitado muchos de los problemas actuales relacionados con la votación.

Elementos de la Ley de Libertad para Votar y la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis están incorporados como soluciones aquí. Además, algunas políticas, ya funcionan con éxito en varios estados. Estos éxitos deberían extenderse a nivel nacional.

Las soluciones que se exponen a continuación no pretenden ser exhaustivas. Seguiremos impulsando reformas más allá de las aquí mencionadas. No obstante, su consecución haría que el voto fuera más justo y accesible para la ciudadanía, además de mitigar los daños causados por los estados, el poder ejecutivo y la Corte Suprema.

Las personas ciudadanas realmente tienen el derecho al voto solo si pueden hacer valer ese derecho ante los tribunales frente a los ataques para socavarlo. Hoy en día, ninguna ley federal establece un derecho al voto explícito y afirmativo.

El Congreso tiene la facultad, según la Cláusula Electoral de la Constitución y la Decimocuarta Enmienda, de aprobar una ley que haga precisamente eso y, posteriormente, darle a la ciudadanía las herramientas jurídicas que necesitan para hacer valer ese derecho.

Una serie de decisiones erróneas de la Corte Suprema (y de algunos tribunales inferiores) ha limitado considerablemente la capacidad de los votantes para hacer valer sus derechos electorales ante los tribunales. Dichos fallos dificultan impugnar con éxito las trabas al ejercicio del voto. Además, al aceptar alusiones infundadas sobre un posible fraude, los tribunales han permitido que los estados implementen políticas electorales restrictivas.

Asimismo, han hecho que sea extremadamente difícil para los votantes y los defensores de los derechos demostrar que existe una discriminación racial intencionada. De hecho, mediante el fallo Callais y otras sentencias, la Corte Suprema ha determinado efectivamente que una legislatura estatal puede justificar la discriminación racial alegando que actúa basándose en motivos partidistas.

Paralelamente, y no por coincidencia, muchos estados han promulgado leyes que restringen el voto. Además, los negacionistas electorales han intentado socavar o subvertir las elecciones.

El Congreso debería ejercer su autoridad legislativa para consagrar un derecho al voto explícito que esté respaldado por un mecanismo claro para que los votantes impugnen cualquier vulneración a ese derecho. Tal proyecto debería establecer expresamente que cualquier ley o práctica que dificulte el ejercicio del voto quedará sujeta al más estricto nivel de escrutinio judicial.

Asimismo, el Congreso debería definir un estándar claro y más razonable para impugnar la discriminación racial intencional que impacte el ejercicio del voto. Debe establecer explícitamente que los estados y el gobierno federal no pueden eludir demandas alegando inmunidad, argumentando que sus objetivos eran partidistas en lugar de raciales, o solicitando a los tribunales que presuman su buena fe.

Cualquier ley de esta índole debería estipular claramente que todo votante cuyos derechos hayan sido vulnerados ––o los grupos que representen a dichos votantes–– tienen la facultad de presentar demandas.

Los tribunales deberían estar facultados para cambiar o anular las normas estatales cuando sea necesario para defender los derechos constitucionales, evitando así que los estados recurran a tácticas dilatorias o a otras maniobras procesales para impedir que los estadounidenses ejerzan su derecho al voto.

A pesar de una participación electoral relativamente alta en las elecciones recientes a nivel nacional, los índices de participación tienen un amplio margen de mejora. Casi 90 millones de estadounidenses en edad de votar no participaron en los comicios de 2024. Eso representa una cifra superior a la cantidad de votos recibidos por cualquiera de los candidatos presidenciales de los principales partidos.

Además, aproximadamente una cuarta parte de las personas estadounidenses que cumplen los requisitos para votar ni siquiera están inscritos como electores. Y las tasas de participación son mucho más bajas en ciertos grupos demográficos, incluidos los votantes jóvenes y los no blancos.

El Congreso tiene el poder de fomentar una mayor participación electoral. Si bien son los estados los encargados de formular los “tiempos, espacios y formas” de las elecciones, el Congreso puede promulgar o modificar leyes para establecer estándares nacionales en materia de votación.

El Congreso debe crear estándares nacionales básicos para los procedimientos de votación, como la votación anticipada y la votación por correo. Un conjunto de normas nacionales reduciría la confusión administrativa y de los votantes causada por las prácticas electorales que difieren enormemente entre los estados. Y más importante aún, evitaría que los estados aplicaran cambios que supusieran una carga desproporcionada para las personas no blancas o para quienes pertenecen a grupos socioeconómicos más desfavorecidos.

El Congreso también debería exigir procesos de inscripción fáciles para los votantes. Y hay precedentes de su intervención en este ámbito: la Ley Nacional de Registro del Votante obliga a los estados a darle la oportunidad a la ciudadanía de registrarse para votar cuando solicitan o renuevan su licencia de conducir.

Hoy en día, más de 20 estados han adoptado el registro automático de votantes. Se trata, en esencia, de una versión más fluida de aquella ley de 1993: cuando las personas ciudadanas que reúnen los requisitos para votar interactúan con agencias, como el Departamento de Vehículos Motorizados, quedan automáticamente registrados para votar o se actualiza su inscripción actual, siempre con sólidas medidas de protección para garantizar que solo puedan inscribirse quienes reúnen los requisitos.

Es una reforma rentable que mantiene actualizados los padrones electorales y, como han demostrado las investigaciones del Brennan Center, aumenta considerablemente las tasas de inscripción. Como medida complementaria, la ciudadanía que no está en los padrones electorales debería poder registrarse para votar en persona y emitir su voto el mismo día, una política ya ampliamente implementada en varios estados.

La manipulación partidista de los distritos electorales les permite a los políticos elegir a sus votantes, en lugar de que ocurra lo contrario. Reduce la competencia dentro de los distritos. De los 435 escaños de la Cámara de Representantes que se someterán a votación en 2026, solo unos 20 se consideran disputados o inciertos. A menudo, las elecciones primarias son más decisivas que las generales, lo que obliga a los legisladores a ganarse el favor de quienes tienen posturas más extremas.

Solo una legislación nacional puede frenar el frenesí de la manipulación partidista de los distritos electorales. Dicha ley se aplicaría tanto en los estados dominados por los republicanos como en aquellos dominados por los demócratas por igual.

La actual oleada de distribución partidista de los distritos electorales a mitad de la década comenzó el año pasado en Texas y California, y se intensificó luego del fallo Callais, el cual permitió a los estados utilizar el partidismo como defensa en las demandas de discriminación racial, provocando que estados como Alabama y Tennessee se apresuraran a socavar el poder electoral de las minorías.

Este caos se pudo evitar. La Corte Suprema de EE. UU., que durante mucho tiempo sostuvo que la redistribución partidista de los distritos electorales vulnera la Constitución, pudo haber prohibido esta práctica en la causa Rucho v. Common Cause de 2019. En cambio, la mayoría conservadora dictaminó que los tribunales federales carecen de facultades para abordar el asunto.

Los estados ahora pueden actuar a su antojo. Algunos prohíben o restringen esta manipulación partidista de los distritos electorales, pero la mayoría no. Por ende, actores partidistas en los estados tienen un incentivo perverso para trazar límites ventajosos o, de lo contrario, perder terreno.

Una legislación nacional que prohíba la manipulación partidista de los distritos electorales debería impedir que los estados utilicen cualquier plan de distribución trazado con intención o efecto discriminatorio, evaluados a nivel estatal. La Ley de Libertad para Votar incluía disposiciones para lograr esto.

Al igual que ocurre con las restricciones al derecho al voto, los ciudadanos deben poder impugnar ante los tribunales aquellos mapas electorales que resulten injustos. Asimismo, cualquier nueva legislación debería limitar la distribución de los distritos sólo al año posterior a la publicación del censo nacional, a menos que un tribunal disponga lo contrario.

Los redactores de la Constitución comprendían que los legisladores debían mantener un contacto estrecho con sus electores. Durante la Convención Constitucional, a George Washington le preocupaba que la proporción propuesta (de no más de un representante por cada 40,000 habitantes) significara, según se dice, “una garantía insuficiente para los derechos e intereses del pueblo”. La cifra se redujo a 30,000.

Durante gran parte de la historia del país, la Cámara de Representantes se amplió a medida que crecía la población. Luego, en 1929, el Congreso impuso un límite máximo al número de miembros. Hoy en día, la población promedio de un distrito electoral de la Cámara supera las 750,000 personas.

Para permitir que los diputados representen mejor a sus electores, el Congreso debe ampliar la “casa del pueblo”. Esta idea cuenta con el apoyo de todo el espectro político.

Los distritos más pequeños brindarían a los electores mayores oportunidades para obtener servicios y asistencia. Asimismo, fomentarían la diversidad en el Congreso —ideológica, racial, étnica e incluso partidista. También tienen la capacidad de vincular más directamente a las comunidades y los legisladores. Además, podrían reducir el costo de las campañas para el Congreso, lo que impulsaría aún más la diversidad.

Tal como ha sugerido el Brennan Center, una opción consiste en ampliar la Cámara siguiendo un fenómeno observado en otras grandes democracias, donde el número total de legisladores equivale aproximadamente a la raíz cúbica de la población nacional.

En el caso de la población de los Estados Unidos, esto significaría una Cámara con unos 600 miembros, además de los 100 senadores. Algunos modelos utilizan la regla de la raíz cúbica como referencia únicamente para la cámara baja, lo que daría lugar a 700 miembros en la Cámara de Representantes.

Durante 120 años, a medida que se amplió el derecho al voto en Estados Unidos, el ganador del voto popular se convertía en presidente. Sin embargo, en 2000 y 2016, el candidato que perdió el voto popular resultó elegido presidente. El Colegio Electoral, que en su momento se consideró una peculiaridad de la política estadounidense, ahora amenaza la gobernanza basada en la regla de la mayoría. De hecho, el sistema presenta profundas deficiencias incluso cuando el resultado del voto popular y el del Colegio Electoral coinciden.

Actualmente, una pequeña proporción de la ciudadanía en unos pocos estados pendulares determina, en esencia, quién gana la presidencia. Los candidatos presidenciales suelen ignorar a los más de 40 estados restantes, excepto cuando los visitan para recaudar los fondos de los donantes adinerados. Esto significa que los votantes republicanos en California y los votantes demócratas en Texas quedan relegados y pierden su voz.

El Colegio Electoral también puede afectar negativamente la participación electoral ––no solo en la contienda presidencial, sino también en las elecciones para otros cargos–– cuando las personas en los estados que no son pendulares deciden no salir a votar porque creen que su voto para presidente carece de peso. Los datos demuestran que la participación en los estados pendulares es consistentemente mayor que en los estados que no lo son.

Es necesario abolir el Colegio Electoral o despojarlo de su poder. Una opción consiste en aprobar una enmienda constitucional que elimine el Colegio Electoral y establezca que el ganador del voto popular es también el ganador de la elección presidencial.

Otra posibilidad es que más estados decidan adherirse al Pacto Interestatal por el Voto Popular Nacional. Los estados participantes se comprometen a asignar sus votos electorales al ganador del voto popular a nivel nacional, una obligación que solo entra en vigor una vez que el pacto sea adoptado por estados que suman al menos 270 votos electorales, o sea, la cifra necesaria para ganar la presidencia. Maryland fue el primer estado en adoptar el pacto en 2007. Hasta la fecha, un total de 18 estados y Washington, D. C. —que en conjunto suman 222 votos electorales— se han adherido a la iniciativa.

Un principio electoral que goza de un raro consenso bipartidista es que nuestras elecciones deben ser seguras, confiables y libres de fraude e injerencia externa. Los estados son los responsables de la administración de las elecciones, pero el gobierno federal los asiste y apoya, incluso proporcionando financiación y apoyo técnico y de ciberseguridad. Idealmente, la política debería estar al margen del proceso de financiación de la seguridad electoral.

En 2002, el Congreso aprobó la Ley “Ayude a América a Votar” (HAVA) en respuesta a los errores e inconsistencias en la administración electoral que provocaron la privación del derecho al voto. La ley incluía estándares mínimos para los sistemas de votación y exigía que cada estado creara una base de datos centralizada de registro de votantes. Fundamentalmente, el Congreso proporcionó más de $3 mil millones en financiación para ayudar a los estados a cumplir con estos requisitos.

Las elecciones han cambiado significativamente desde entonces, con un aumento en el registro de votantes por medios digitales, automáticos y durante el mismo día de las elecciones, así como la expansión del voto anticipado y por correo. Si bien estos cambios benefician a los votantes, también han ejercido una presión considerable sobre los sistemas electorales que en ocasiones tienen décadas de antigüedad.

Los estados también están respondiendo a los primeros nuevos estándares para los sistemas de votación en décadas. Estos estándares aumentarán la seguridad y la accesibilidad, pero demasiados estados carecen de los recursos para implementar y aprovechar las nuevas tecnologías. Desde que se aprobó la Ley “Ayude a América a Votar”, la financiación del Congreso ha sido esporádica: Tras importantes inversiones en 2018 y 2020 ($380 millones y $425 millones, respectivamente), la financiación federal no ha superado los $75 millones en ningún año posterior. 

La falta de financiación para las elecciones constituye, por sí misma, una amenaza para la seguridad electoral. Sin los recursos adecuados, los estados podrían carecer de capacidad para prevenir los ciberataques, suplir las necesidades modernas de inscripción de votantes o realizar auditorías poselectorales rigurosas que garanticen la precisión de los resultados.

El Congreso debe proporcionar otra importante inversión de recursos para ayudar a garantizar que todos los estados logren estar a la par de los estándares modernos. Esto implica crear una fuente de financiación certera e innegociable (probablemente alrededor de unos $400 millones anuales) que atienda una parte significativa de lo necesario para actualizar y mantener al día los sistemas de seguridad electoral.

Los ciudadanos de Washington D. C. y de Puerto Rico carecen de representación, lo que vulnera sus derechos como ciudadanos estadounidenses. Sujeto a la voluntad de sus residentes, D. C. y Puerto Rico deberían ser admitidos como estados.

Casi 700,000 ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos servidores públicos en diversas agencias gubernamentales, residen en la capital de la nación. Sin embargo, ningún miembro del Congreso vota en su nombre. La Constitución facultó a los legisladores para establecer un distrito federal como capital, pero los fundadores limitaron los escaños con capacidad de voto en el Congreso a solo los estados.

Esto también significó que los ciudadanos de D. C. no pudieron votar en las elecciones presidenciales hasta la ratificación de la Vigésima Tercera Enmienda en 1961. Además, la ciudad y sus residentes carecen de autonomía, ya que el Congreso tiene amplias facultades sobre su presupuesto y se reserva el derecho de revisar y anular la legislación aprobada por su gobierno local.

Por su parte, Puerto Rico cuenta con una población de más de 3 millones de personas, cuya única representación en el Congreso es un único delegado que no puede votar en la aprobación final de las leyes. Los residentes de Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales generales.

Además, en Washington D. C. (con una población mayor a la de Vermont y Wyoming) más del 40 por ciento de sus habitantes son de raza negra. La población de Puerto Rico es, por supuesto, mayoritariamente latina. Negar a estos ciudadanos una representación plena en el Congreso es otra forma en la cual los votantes no blancos son privados de sus derechos políticos.

El Congreso tiene la facultad de admitir a D. C. y a Puerto Rico como estados y debería seguir el proceso en línea con el modelo utilizado para la admisión de los 37 estados posteriores a los 13 originales, lo cual incluye el consentimiento de la población del posible nuevo estado. (En 2016, el 86 por ciento de los votantes de D. C. se pronunció a favor de la estadidad. Entre los puertorriqueños, el apoyo a la estadidad es menos claro; una mayoría de los votantes puertorriqueños eligió la opción de convertirse en estado entre tres alternativas en 2024, aunque la opción de permanecer como Estado Libre Asociado no figuró en la medida).

Algunos republicanos se han opuesto a que D. C. se convierta en estado debido a que el distrito vota mayoritariamente por el Partido Demócrata. Es imposible saber cómo votaría Puerto Rico en las elecciones presidenciales. No obstante, por quiénes votan las personas no justifica negarles sus derechos como ciudadanos. Como dijo el presidente Richard Nixon sobre los residentes de Washington, D. C. en 1968, su falta de voz en el Congreso “debería ofender el sentido democrático de esta nación”.

La Corte Suprema a menudo ha descrito el voto como un derecho que «preserva todos los demás derechos». Sin embargo, sus decisiones recientes han socavado profundamente este derecho, empoderando a los legisladores a promulgar políticas y prácticas electorales discriminatorias y restrictivas, al tiempo que hacen prácticamente imposible impugnar dichas prácticas de manera efectiva y oportuna. Y aunque la Constitución reiteradamente menciona y protege el derecho al voto, lamentablemente no incluye un derecho afirmativo a votar.

Una enmienda constitucional que establezca un derecho al voto explícito, afirmativo y claramente aplicable es la vía más segura para revertir el rumbo y evitar que la Corte erosione este derecho en el futuro.

La Constitución debería enmendarse para establecer que todos los ciudadanos estadounidenses de 18 años o más tienen derecho a votar en todas las elecciones y que los gobiernos federales, estatales y locales tienen prohibido vulnerar o negar ese derecho, ya sea de forma intencionada o no.

La enmienda debería dejar claro que cualquier política o práctica que obstaculice el acceso al voto o diluya su poder es, como mínimo, cuestionable y, por tanto, está sujeta a un escrutinio estricto. La enmienda debería anular la sentencia del caso Callais y dejar explícito que la discriminación racial en el voto, incluso si es involuntaria, está prohibida. Además, debería anular el fallo del caso Rucho y prohibir la manipulación partidista de los distritos electorales. Por último, debería otorgarle al Congreso y a los tribunales amplias facultades para remediar las violaciones del derecho al voto.

La Constitución es notoriamente difícil de enmendar, pero ha sido actualizada en repetidas ocasiones para ampliar el acceso a las urnas y prohibir la discriminación. En 1870, la Decimoquinta Enmienda declaró que el derecho al voto no podía negarse por motivos de raza, color o condición previa de esclavitud.

La Decimonovena Enmienda, ratificada en 1920, prohibió negar el voto por motivos de sexo y permitió así que las mujeres votaran en todo el país. La Vigésima Sexta Enmienda, ratificada en 1971, redujo la edad mínima para votar a los 18 años.

Dichas enmiendas demuestran la importancia y el impacto de los cambios proactivos para proteger y ampliar el electorado. No obstante, el desmantelamiento de la Ley de Derecho al Voto por parte de la Corte Suprema, así como el debilitamiento de las prohibiciones contenidas en las enmiendas Catorce y Quince, también evidencian los límites de definir de manera fragmentaria quién puede votar y de prohibir únicamente la negación del voto, en lugar de incluir protecciones afirmativas para los votantes.

Si bien el Congreso también debería aprobar una ley que reafirme el derecho al voto, una enmienda constitucional aporta el carácter permanente que merece la libertad de voto de los ciudadanos estadounidenses.

Traducción de Laura Gómez