- Está saliendo más a la luz otra estrategia: un esfuerzo sin precedentes de socavar las elecciones, justo a tiempo para las elecciones legislativas de medio término de 2026.
- Estos esfuerzos se ven reflejados en la Ley SAVE (SAVE Act), que, de promulgarse, sería la peor ley electoral aprobada por el Congreso en su historia.
Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
Los primeros cien días de la presidencia de Donald Trump han estado marcados por arrebatos de poder, intentos agresivos, aunque caóticos, de desbaratar el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución. Ahora, está saliendo más a la luz otra estrategia: un esfuerzo sin precedentes de socavar las elecciones, justo a tiempo para las elecciones legislativas de medio término de 2026.
Y también está apareciendo una respuesta feroz, una defensa del derecho al voto que consiguió una primera victoria importante. La forma en que se desarrolle esta lucha determinará si tendremos elecciones libres y justas en 2026 y en los años que vendrán.
El 25 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva con la que buscaba controlar personalmente las elecciones federales. A partir de ese momento, Trump declaró que toda persona ciudadana estadounidense tendría que presentar un pasaporte u otro documento que demuestre su condición de ciudadanía para registrarse para votar mediante el formulario federal de registro de votantes. Pero aproximadamente la mitad de la población estadounidense no tiene pasaporte.
La “orden” estaba repleta de otras nociones erradas. Por ejemplo, le ordenaba a una agencia independiente anular la certificación federal de las máquinas de votación ya certificadas y hasta les decía a los estados que debían darle al equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk acceso a los padrones electorales para buscar casos de “fraude”. (Mmm, ¡¿qué podría salir mal con eso?!).
El Brennan Center acudió a la justicia federal. En representación de la Liga de Mujeres Votantes y otras organizaciones aliadas, nuestros abogados argumentaron que esto era ilegal e inconstitucional. La semana pasada, la jueza Colleen Kollar-Kotelly nos dio la razón.
En una contundente opinión de 120 páginas, la jueza señaló: “Nuestra Constitución les confía al Congreso y a los estados —no al presidente— el poder de regular las elecciones federales”. La jueza emitió un interdicto preliminar que bloquea los aspectos claves de la orden ejecutiva. (Los demás elementos siguen bajo litigio).
La jueza se concentró en la Cláusula de Elecciones de la Constitución, que estipula el deber de establecer las reglas para los “momentos, sitios y modo” en que se desarrollan las elecciones y le da al Congreso el poder de determinar las leyes nacionales de votación.
Esa disposición constituye las bases de la Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act), un proyecto de ley democrático de profundas repercusiones que, por solo dos votos, no se llegó a aprobar hace tres años. No le da al presidente ninguna facultad personal sobre las elecciones y ciertamente tampoco le da la autoridad para actuar como si fuera un rey.
Esta orden ejecutiva surgió como parte de un esfuerzo más amplio que busca socavar el voto. Tal como señalan mis colegas Sean Morales-Doyle y Lauren Miller Karalunas, gran parte de esta estrategia está expuesta en el manual de políticas Proyecto 2025 de la Heritage Foundation y avanza según el calendario previsto. El próximo paso en la agenda es utilizar al Departamento de Justicia para aplacar cualquier esfuerzo futuro de salvaguardar las elecciones.
Este lunes pasado, The Guardian informó que líderes del Departamento de Justicia “removieron a todos los funcionarios públicos que ocupaban cargos gerenciales sénior en la sección del departamento que se ocupa de las elecciones y les ordenó a sus abogados desestimar todos los casos activos, como parte de un ataque más amplio contra la división de derechos civiles del departamento”.
El propio departamento fue fundado en gran parte para proteger el derecho al voto de las personas negras esclavizadas después de la Guerra Civil, y la División de Derechos Civiles se considera una joya de la corona.
Ahora, a la policía ya no la dejan patrullar la zona.
La administración ya había despedido a los expertos en ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional que trabajaron para proteger los sistemas de votación. Trump incluso le ordenó al Departamento de Justicia que investigara a Chris Krebs, el prestigioso experto que Trump nombró para liderar la oficina de ciberseguridad durante su primer mandato. ¿La infracción de Krebs? Haber afirmado la integridad de las elecciones de 2020.
Krebs alzó la voz entre aplausos ensordecedores durante una conferencia sobre tecnología celebrada en San Francisco en lo que fue su primer comentario público desde los ataques en su contra. “La ciberseguridad es una cuestión de seguridad nacional”, declaró y agregó: “Ver lo que está pasando con la comunidad de la ciberseguridad dentro del gobierno federal es indignante. Totalmente indignante”.
Estos esfuerzos se ven reflejados en la Ley SAVE (SAVE Act), que, de promulgarse, sería la peor ley electoral aprobada por el Congreso en su historia. Obligaría a todas las personas ciudadanas a presentar su pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse o incluso volver a registrarse para votar, pero, tal como lo demuestra la investigación del Brennan Center, 21 millones de personas estadounidenses no tienen fácil acceso a esos documentos.
La Ley SAVE se aprobó en la Cámara de Representantes de forma casi totalmente partidista. Ahora se encuentra en el Senado. Resulta alentador que muchos senadores se han comprometido a bloquear la medida y, si se mantienen firmes, tienen los votos necesarios para hacerlo.
El senador Jon Ossoff (D-GA) lo definió como un “proyecto de ley elaborado de mala fe y con la intención de privarles de su derecho al voto a millones de votantes elegibles”. La senadora Elissa Slotkin (D-MI) reiteró su oposición en Fox News y dijo: “Les hace más difícil votar a las mujeres, lo hace más difícil votar si no tienes pasaporte”.
Si la Ley SAVE es derrotada —si, en efecto, nunca llega al recinto para su votación—, no podemos conformarnos con eso. Esta sería una victoria insignia.
La historia no se repite, pero rima. La lucha por el voto ha sido una batalla definitoria a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Siempre, el pueblo ha tenido que presionar para tener o no perder su participación en la democracia y, con la misma frecuencia, algunos han tratado de achicar ese círculo.
Aquí en el Brennan Center, vamos a tomarnos un momento la semana que viene para celebrar nuestro trabajo y el trigésimo aniversario de la organización. Nuestra cena anual de entrega de los premios Brennan Legacy Awards le rendirá homenaje al gobernador Wes Moore de Maryland. Y celebraremos y oiremos el musical de Broadway Suffs, que cuenta la historia de cómo las mujeres consiguieron el derecho al voto en los Estados Unidos. Presentará la entrega de premios Celina Stewart, CEO de la Liga de Mujeres Votantes, nuestro cliente en la demanda judicial que presentamos hace poco.
Durante gran parte de la obra, vemos el enfrentamiento entre las estrategias internas y las protestas callejeras, las estrategas tras los escenarios y las figuras públicas llenas de carisma como Inez Milholland. El racismo que intentó evitar que Ida B. Wells marchara con sus compañeras sufragistas por la Pennsylvania Avenue y los poderosos líderes políticos que trataron de impedir la ampliación del derecho al voto.
El musical termina con un toque contemporáneo. Un grupo de activistas actuales se une a las sufragistas en reconocimiento de la necesidad de luchar por la igualdad, aun cuando “no vivas para ver el futuro por el que luchas/Quizá nadie llegue a ese día perfecto”. El título de esa canción es un buen recordatorio de lo que debemos continuar haciendo en este momento de desafíos: “Seguir marchando”.
Traducción de Ana Lis Salotti.
