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- Los intentos de actores extranjeros o sus representantes de influir en las elecciones estadounidenses no justifican la intervención del presidente en la administración de las elecciones.
- La Constitución dice claramente que el poder de establecer las reglas de las elecciones les corresponde únicamente a los estados y al Congreso.
Según ha trascendido, la administración Trump, de la mano de muchos activistas que niegan los resultados de las elecciones, está evaluando las formas de usar el poder del gobierno federal para arrebatarles a los estados el control de las elecciones. Una de las justificaciones de esta intervención se basa en las alegaciones de la interferencia extranjera en la campaña presidencial de las elecciones de 2020.
Numerosos expertos concuerdan en que no ha habido ninguna prueba de interferencia extranjera en 2020, aunque sí existieron instancias de influencia extranjera de parte de países como Rusia e Irán. Las siguientes elecciones también estuvieron sujetas a una serie de maniobras de influencia extranjera.
La influencia y la interferencia no son lo mismo, pero el presidente Trump y sus partidarios combinan los dos conceptos cuando evocan el fantasma de la intervención extranjera en las elecciones de los EE. UU. Esta confusión se ve con claridad en una supuesta orden ejecutiva preliminar que detalla cómo el gobierno podría intentar violar la Constitución y federalizar la administración de las elecciones.
Tal como lo ha señalado el Brennan Center, los intentos de actores extranjeros o sus representantes de influir en las elecciones estadounidenses no justifican la intervención del presidente en la administración de las elecciones. La Constitución dice claramente que el poder de establecer las reglas de las elecciones les corresponde únicamente a los estados y al Congreso. El presidente no tiene ninguna función a la hora de llevar a cabo las elecciones, aun cuando la Casa Blanca afirme que la seguridad nacional la obliga a intervenir.
Si el gobierno federal estuviera verdaderamente interesado en enfrentar las amenazas extranjeras a nuestras elecciones, propondría soluciones muy diferentes. Al contrario, durante el último año, la administración ha hecho que nuestra nación sea más vulnerable tanto a la influencia como a la interferencia de potencias extranjeras.
¿Cuál es la diferencia entre la influencia extranjera y la interferencia extranjera en las elecciones?
Las operaciones de interferencia en las elecciones tratan de menoscabar o alterar la capacidad de quienes administran y trabajan en las elecciones para llevar a cabo elecciones libres y justas, mientras que la influencia extranjera es una categoría mucho más amplia de actividades que pueden realizar los gobiernos extranjeros o sus agentes para influenciar a quienes participan en las elecciones, como las personas votantes y las candidatas.
En 2020, algunas agencias federales comenzaron a definir la interferencia y la influencia en las elecciones como dos acciones distintas con diferentes indicios de alerta y consecuencias legales. Esa distinción cobra particular importancia para el gobierno federal porque su rol en las elecciones se limita principalmente a la tarea de combatir cualquier amenaza a la seguridad nacional, no de llevar a cabo las elecciones.
¿La influencia y la interferencia extranjeras en las elecciones son ilegales?
Por lo general, la interferencia extranjera en las elecciones es ilegal según múltiples leyes federales, pero la legalidad de la influencia extranjera es más ambigua.
Las actividades de influencia pueden girar en torno a la libertad de expresión, por ejemplo, en las publicaciones de las redes sociales, y muchas están diseñadas para influir en la opinión del público destinatario.
Por ejemplo, durante el ciclo electoral de 2024, la comunidad de inteligencia de los EE. UU. observó que varios “actores extranjeros... promueven narrativas de influencia que buscan socavar las instituciones democráticas, fomentar la discordia y/o cambiar la opinión pública”. También señaló que los actores extranjeros dependen de “estadounidenses que, a sabiendas o no, difundan, promuevan y sumen credibilidad a narrativas que favorezcan los intereses de actores extranjeros”.
Conforme a la Primera Enmienda, el gobierno no puede restringir la libertad de expresión o el libre acceso a la información de la población estadounidense, independientemente de la fuente. Pero sí puede divulgar que la fuente de esa información es extranjera cuando cuenta con esa inteligencia y, en algunos casos, también puede acusar a actores extranjeros de violar otras leyes estadounidenses, por ejemplo, si ocultan su participación en la divulgación de narrativas falsas sobre las elecciones y en el lavado de dinero para evadir las sanciones del gobierno de los EE. UU.
¿Los actores extranjeros han sido penalizados por sus operaciones de influencia en las elecciones?
Sí, el gobierno federal ha acusado y sancionado a varias organizaciones y personas individuales por actividades ilegítimas de influencia en las elecciones.
En 2024, el Departamento de Justicia acusó formalmente a dos personas procedentes de Rusia, Kostiantyn Kalashnikov y Elena Afanasyeva, por lavado de dinero a través de una red de compañías extranjeras pantalla para financiar encubiertamente a una empresa estadounidense que creaba contenidos a favor de los intereses del gobierno ruso.
Esa compañía, que los medios noticiosos identificaron como Tenet Media, quiso financiar a varios influencers de redes sociales en los Estados Unidos sin revelar su conexión con la organización RT (antes llamada Russia Today), controlada por el estado ruso y sancionada por los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia acusó a Kalashnikov y Afanasyeva de los delitos de conspiración a efectos de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act) y conspiración a efectos de lavar dinero. Además, el Departamento del Tesoro los sancionó por sus lazos con el gobierno ruso.
También en 2024, varios actores cibernéticos de Irán enviaron un material robado y confidencial relacionado con la campaña de reelección del entonces candidato presidencial Trump a algunas organizaciones de medios estadounidenses y a personas asociadas con la campaña de Biden.
La comunidad de inteligencia, el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por su sigla en inglés) indicaron que Irán procuraba “sembrar la discordia y debilitar la confianza en nuestras instituciones democráticas... incluso mediante el uso de operaciones cibernéticas”. El Departamento de Justicia acusó formalmente a los responsables, y el Departamento del Tesoro los sancionó.
Si bien aún no se ha acusado formalmente a ningún actor chino por actividades de influencia en las elecciones, en 2024 la comunidad de inteligencia concluyó que China había intentado influir en las contiendas electorales para el Congreso, sin ninguna preferencia partidaria y posiblemente con el objetivo de proteger sus importantes intereses con respecto a Taiwán.
El Grupo de Tareas sobre Influencia Extranjera del FBI efectuó varias investigaciones sobre el asunto, incluso sobre un grupo de personas que llevaba adelante un “destacamento policial extranjero” que apuntó contra personas chino-estadounidenses candidatas a ocupar cargos públicos locales e investigó temas relacionados con las elecciones.
¿Ha habido gobiernos extranjeros que interfirieron en las últimas elecciones de EE. UU.?
El único caso confirmado de interferencia en las elecciones ocurrió en 2016, cuando ciertas agencias de inteligencia rusas hackearon la infraestructura de varias juntas electorales, que incluía las bases de datos de registro de votantes. El Departamento de Seguridad Nacional concluyó que las agencias rusas no habían accedido a los sistemas de cómputo de votos.
Por otro lado, la agencia de inteligencia militar extranjera de Rusia, el Directorio Principal de Inteligencia del Alto Estado Mayor (GRU), realizó operaciones cibernéticas contra las cuentas personales de correo electrónico de varios funcionarios del partido demócrata y otros funcionarios políticos y extrajo enormes volúmenes de datos del Comité Nacional Demócrata.
Como respuesta, la administración Obama echó a numerosos oficiales rusos de inteligencia de sus misiones en Washington, y el Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, acusó formalmente a 12 miembros del GRU por el delito de conspiración para cometer fraude informático, lavado de dinero y robo de identidad.
Se ha alegado que Irán y China interfirieron en las elecciones de 2020. Pero, tal como el Centro para la Democracia y la Tecnología resumió en su informe de marzo de 2026, no se ha encontrado ninguna evidencia de interferencia en las elecciones federales de 2020. Pero sí hubo varios casos de influencia en las elecciones por parte de Irán, Rusia y, en menor grado, China.
En julio de 2025, el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley (R-IA), divulgó una serie de correos electrónicos del FBI que indicaban que China había adquirido licencias de conducir falsas con la intención de emitir votos fraudulentos. Luego de la divulgación de esa información, que no formó parte de ninguna conclusión formal del FBI, la comunidad de inteligencia aún no ha modificado su conclusión de 2020 de que “no se identificó ningún intento de China de interferir en la infraestructura electoral ni de proporcionar financiamiento a ningún candidato ni partido político”.
El último informe de la comunidad de inteligencia sobre las elecciones de 2024 recalcó que, si bien varios actores extranjeros siguieron resueltos a usar su influencia para socavar la democracia de los EE. UU., no se había descubierto ninguna operación de interferencia.
A pesar del requisito legal que tiene la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional, esta no ha publicado su evaluación formal y pública sobre las elecciones de 2024, que brindaría un resumen definitivo de la opinión colectiva de la comunidad de inteligencia con respecto a las amenazas extranjeras.
Sin embargo, al poco tiempo de las elecciones presidenciales de 2024, la entonces directora de la CISA, Jen Easterly, se hizo eco de la evaluación positiva de su predecesor, Chris Krebs, sobre las elecciones de los EE. UU., cuando estableció que no había habido “ninguna evidencia de actividades maliciosas que hubieran tenido un impacto considerable sobre la seguridad o integridad de nuestra infraestructura electoral”.
Cabe dejar en claro que la influencia extranjera contra la población estadounidense es extremadamente preocupante, pero esas actividades no justifican los intentos del gobierno federal de tomar el control sobre las elecciones ni de confiscar la infraestructura electoral de los estados ni las boletas de las elecciones anteriores, tal como lo hizo el FBI hace poco en el condado de Fulton en Georgia.
¿Qué se puede hacer para frenar la influencia extranjera?
El gobierno federal tiene más ventaja que los gobiernos estatales o locales a la hora de responsabilizar a los gobiernos adversarios por sus operaciones de influencia extranjera. Sin embargo, la segunda administración Trump ha desmantelado todas las oficinas que antes se dedicaban a detectar y combatir los esfuerzos de influencia extranjera y, con eso, ha dejado solos a los estados y las localidades en esta lucha.
La administración debería restaurar las agencias clave, como el Grupo de Seguridad Electoral de la CISA y el Grupo de Tareas sobre Influencia Extranjera del FBI, que en el pasado han identificado con éxito muchas actividades de influencia y penalizado a sus autores.
A pesar del alto grado de atención que el presidente Trump y muchos de sus partidarios les han dado a las operaciones pasadas de influencia extranjera, la Evaluación Anual sobre Amenazas de 2026 de la comunidad de inteligencia ni siquiera menciona los riesgos de influencia en las elecciones que plantean nuestros adversarios extranjeros, lo cual representa un giro radical con respecto a los años anteriores.
¿Qué se puede hacer para frenar la interferencia extranjera en las elecciones de EE. UU.?
Si bien el sistema electoral de los EE. UU. es un mecanismo muy descentralizado, el gobierno federal puede usar sus fondos y capacidades de inteligencia para aliarse con los gobiernos estatales y locales y garantizar que tengan los recursos necesarios para identificar, responder y recuperarse de intentos de interferencia extranjera, tales como ciberataques contra la infraestructura electoral.
Este apoyo debe incluir el libre acceso a las herramientas y evaluaciones de ciberseguridad, los fondos para reparar vulnerabilidades de seguridad identificadas y mecanismos de intercambio de información sobre las amenazas cibernéticas entre las distintas agencias de inteligencia, los funcionarios gubernamentales locales y estatales, y el sector privado.
Luego de la interferencia rusa en las elecciones de 2016, el gobierno federal creó varias estructuras diseñadas para dar apoyo a las autoridades electorales en la tarea de proteger la infraestructura electoral de los ataques físicos y cibernéticos. En 2017, el Departamento de Seguridad Nacional designó la infraestructura electoral como infraestructura crítica, lo cual les dio a los gobiernos estatales y locales acceso a una amplia serie de servicios federales de ciberseguridad, como monitoreos continuos de amenazas, evaluaciones de vulnerabilidades y directrices de seguridad.
Durante el primer mandato de Trump, se creó la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por su sigla en inglés) dentro del Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de salvaguardar la infraestructura crítica tanto de amenazas físicas como cibernéticas.
Ese mismo año, la CISA fundó el Centro de Análisis e Intercambio de Información sobre Infraestructura Electoral (EI-ISAC, por su sigla en inglés) para ayudar a coordinar el intercambio de información entre las entidades federales, estatales y locales, y así prepararlas mejor para responder a las posibles amenazas de seguridad, entre ellas, los ciberataques extranjeros contra la infraestructura electoral.
Dentro de la comunidad de inteligencia, el Centro de Integración de Inteligencia sobre Amenazas Cibernéticas —establecido en 2015 a raíz de un ciberataque norcoreano de 2014 contra Sony Pictures— coordinó la recopilación y el análisis de información clasificada para contribuir con los esfuerzos de educación y divulgación de información del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI para los funcionarios electorales.
Gran parte de este trabajo ha sido desmantelado por la segunda presidencia de Trump. Por ejemplo, a comienzos de este año, la CISA rescindió la financiación del centro EI-ISAC.
La administración también ha realizado fuertes recortes en los servicios de seguridad física y cibernética que CISA les ofrecía antes a las autoridades electorales, a tal punto que muchas autoridades y funcionarios actuales y retirados de los dos principales partidos políticos han expresado su consternación por la falta de apoyo, y planteado también la preocupación de que se ha erosionado la confianza entre el gobierno federal y las autoridades electorales.
Al mismo tiempo que eliminó el Centro sobre Influencia Extranjera Maligna, la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional también eliminó el Centro de Integración de Inteligencia sobre Amenazas Cibernéticas, lo cual redujo la capacidad de análisis e intercambio de información clasificada sobre ciberamenazas a la infraestructura electoral.
La influencia y la interferencia extranjeras son amenazas graves y reales, pero son problemas distintos que requieren respuestas distintas. Bajo ninguna circunstancia requieren la toma de control sobre la administración de las elecciones por parte del gobierno federal, ni la investigación de las boletas emitidas en elecciones ya decididas hace mucho tiempo.
Si la administración Trump quiere combatir estos peligros para la democracia, debería restaurar las instituciones y agencias creadas y respaldadas durante su primera presidencia, demostrar transparencia con respecto a las acciones de los gobiernos extranjeros y recuperar la confianza de las autoridades y funcionarios electorales.
Kate Lurie es asesora del Brennan Center y anteriormente se desempeñó como directora de seguridad electoral en el Consejo de Seguridad Nacional.
Traducción de Ana Lis Salotti
